Revelación. Miciel Alma Rodríguez, la trabajadora de una gasolinera, declaró ayer que la Cooperativa Sudamérica pagó los $us 400.000 por los terrenos. Ella sólo firmó los papeles. Afirma que no recibió plata
Viviendas. Una comisión de la Fiscalía buscó a Miciel Rodríguez en su domicilio. Declaró y después quedó en libertad
El Deber
Marciana Soliz
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La Cooperativa Sudamérica pagó $us 400.000 al Banco Unión para adquirir los terrenos de la urbanización La Comarca, ubicada en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes, donde se construían las casas del barrio Vallecito I, que hace una semana fueron demolidas por la Alcaldía. Miciel Alma Rodríguez Suárez, trabajadora de la estación de servicios Ametauná, dijo que sólo fue utilizada para firmar los documentos, en las oficinas de la financiera ubicada en la calle René Moreno.
Los datos constan en la declaración que emitió ayer ante la Fiscalía Rodríguez, la mujer que figuraba en los documentos como la persona que el 3 de mayo de 2007 adquirió del Banco Unión 107.112,2 metros cuadrados de tierras en el kilómetro 9 al norte, y que luego fueron vendidas al Gobierno por más de $us 2 millones, para la construcción de casas del Plan Nacional de Viviendas.
Rodríguez emitió su declaración después de que una comisión del Ministerio Público, a la cabeza del fiscal José Centenaro, se presentó ayer por la tarde en su domicilio, en el barrio El Bajío de Santa Cruz de la Sierra.
“Quiero aclarar que hice la compra de los terrenos porque la Cooperativa Sudamérica, en reunión de socios, aprobó adquirir las tierras antes nombrados a nombre de mi persona. Aclaro que el pago de la compra del terreno lo hizo la Cooperativa Sudamérica al Banco Unión, mi persona se limitó a firmar los documentos de compraventa”, señaló la mujer, que el día de la transacción acudió a la sede bancaria acompañada por el gerente de la cooperativa, Miguel Ángel Linares, y por una funcionaria de la cooperativa.
Rodríguez aseguró que no hizo ningún trato previo con Linares Mercado, antes de que se produjera la adquisición de los terrenos. Incluso, dijo que no había recibido dinero por el traspaso de la propiedad.
El caso se hizo público el martes de la semana pasada, cuando la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra demolió 104 casas de interés social en la urbanización La Comarca, ubicada en el kilómetro 9 al norte, porque no contaba con autorización para su construcción. Sin embargo, los propietarios del proyecto tenían el visto bueno de la Alcaldía de Warnes, que reclaman como suya esa jurisdicción, y que estaba registrada como Vallecito I. Por ese caso, fueron despedidos siete ejecutivos de la municipalidad cruceña.
En esa oportunidad se conoció, también, que la Cooperativa Sudamérica era la encargada de financiar las casas a los adjudicatarios del proyecto gubernamental. Se mencionó que la inversión estaba por el orden de los $us 17 millones.
Ayer se intentó conocer la versión de Linares, pero no respondió al celular ni acudió a una reunión que tenía programada en El DEBER, como se acordó el domingo por la tarde.
Según Miciel Rodríguez, ella acudió a los terrenos en compañía de funcionarios y en vehículos de la Cooperativa Sudamérica, pero desconocía el uso de suelo y la jurisdicción en la que se encontraban los lotes. “Los trámites los realizó la Cooperativa Sudamérica”, señaló.
Una vez hecha la declaración, el fiscal, José Centenaro, la dejó en libertad por no encontrar indicios de culpabilidad en su contra.
Partes de la declaración
– Quiero aclarar. Yo hice la compra porque la Cooperativa Sudamérica, en reunión de socios, aprobó los terrenos antes nombrados a mi nombre.
– Utilizada . Que el pago de la compra del terreno antes mencionado lo hizo la Cooperativa Sudamérica al Banco Unión; mi persona sólo se limitó a firmar los documentos de compraventa.
– Sin pago. No tuve ningún trato antes de la reunión con los socios con el gerente de la Cooperativa Sudamérica, el Sr. Miguel Ángel Linares Mercado
– Decisión. Estaban varios socios fundadores de la cooperativa, entre ellos la Sra. Arminda Chávez, mi persona y de los demás no me acuerdo; estaba el señor Miguel Ángel Linares, en su condición de gerente de la cooperativa.
– Adquisición. Fui (al Banco Unión) acompañada de Miguel Ángel Linares y un funcionario de la cooperativa a ejecutar el trámite final de la compraventa.
– Trámite. No conocía el uso de suelo sobre el cual participé de la compra, tampoco conocía la jurisdicción de los terrenos de referencia.
– Negocio. Los trámites posteriores a la compra los hizo la Cooperativa Sudamérica.
– Urbanización. Los trámites de Vallecito I, II y III lo hicieron los funcionarios de la Cooperativa Sudamérica.
– Confesión. Mi persona sólo se limitó a firmar dichos documentos, para tal efecto, la cooperativa realizó los trámites, aclarando que todos los documentos que firmé para dicha inscripción los hice en las instalaciones de la Cooperativa Sudamérica, ubicada en la calle René Moreno.
– Burocracia. No hice ningún trámite personal para que en los terrenos adquiridos del Banco Unión sean construidas viviendas populares con el apoyo del Viceministerio de Vivienda y Plan Social de Vivienda que ejecuta el gobierno.
- Pago. En realidad, quien se encargó de toda la documentación de la transferencia fue la Cooperativa Sudamérica; aclaro que la transferencia la hice directamente con la Cooperativa Sudamérica. No recibí ningún dinero por el traspaso de los terrenos que se compraron a mi nombre, pero para (cederlos a) la cooperativa, en reunión global de socio.
– Empleada. Trabajé hace como cinco años en este surtidor (Ametauná) ubicado en el segundo anillo y calle José Mercado
– Ventaja. No obtuve ningún beneficio económico por todo el trámite de compra y venta de los terrenos mencionados.
– Lotes. No recuerdo el monto de los terrenos, tanto en los trámites de la compra como en la venta de dichos terrenos.
– Bienes. No tengo terrenos ni casa a mi nombre, ni a nombre de mis hijos.
“El daño a la urbanización fue menor”
Informe. Se afectó casas sin acabar en dos de las siete manzanas
Documento. El arquitecto Juan Carlos Cabrera explica en detalle los daños de la demolición de las casas populares
Georgina Arias
Desde el viernes pasado el arquitecto Juan Carlos Cabrera Cuéllar, presidente de la Sociedad de Arquitectos Valuadores y Fiscalizadores, viene realizando una misión por encargo del Colegio de Arquitectos: el peritaje de los daños ocasionados por la demolición de la casas populares del Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria del Gobierno en la urbanización La Comarca, ubicada en el kilómetro 9 al norte. El objetivo es “mostrar la verdad de las cosas y lo que aparentemente parece grande no lo es”, dijo Cabrera.
Empieza con un dato significativo. “El Departamento de Control de Proyectos de la Alcaldía demolió sólo 102 casas semiterminadas, es decir, no contaban con puertas, ventanas, baños, etc. El costo por unidad es de $us 5.741 y una terminada llegaría a un precio de $us 6.926. En total, la afectación es de poco más de $us 500.000”, sostuvo. El Gobierno “habló de urbanizaciones demolidas por un valor de 2 millones de dólares. Eso significa el costo de la inversión más el valor del terreno, pero el daño fue menor”, sostuvo.
En realidad se afectó solamente a dos manzanas de las siete que cuenta la urbanización; 135 viviendas, incluidas las demolidas, se encuentran en diferentes etapas de construcción, de las 238 propuestas para el plan.
Cabrera afirmó que las casas son de 51,1 metros cuadrados. “En la construcción se buscó lo más económico en cuanto a materiales y la mínima calidad”, sostuvo. El sistema de cimientos, señaló Cabrera, está hecho por dados de zapata, que es una técnica nueva y barata. Utilizaron ladrillo de seis huecos, que pueden aguantar, pero no hay garantías.
Las vigas para lograr la resistencia son de 2×6. En este caso, mezclaron vigas de 2×6 y de 2×5. El diseño hace que el living, el comedor y la cocina estén integrados para ahorrar espacio y que se cuente con dos dormitorios para la familia.
El municipio cruceño mantiene un litigio por los terrenos de La Comarca con la Alcaldía de Warnes, que los denomina Vallecito. “La Comarca pertenece a la ciudad de Santa Cruz, está aprobada por el plan regulador y se registra la urbanización en el plano de la ciudad de 1995; inclusive en esos terrenos figura la edificación de áreas terciarias, como hospitales y colegios”, aseveró el arquitecto.
Cabrera explicó que las autoridades del Plan Regulador actuaron conforme a ley, al evitar que continuara construyendo la empresa Eco, que ganó la licitación del Gobierno. “No es necesario pedir permiso al alcalde para cumplir con la ley. Los oficiales y directores que observan que algo está fuera de norma actúan conforme al Código de Obras del Colegio de Arquitectos. Álvaro Mier, María Costas y otros profesionales son personas idóneas; es injusto lo que les hicieron”.
El perito expresó su confianza que la situación se aclare en apego a la ley y solicitó una consultoría que explique la problemática de manera integral en los aspectos económico y legal. Hoy presentará un informe en el Colegio de Arquitectos.
Hechos de la demolición
– El operativo de demolición ocurrió el 28 de octubre, a las 9:30, a la cabeza del Departamento de Control de Proyectos, al mando de Isabel Vera y el fiscal asignado por la Alcaldía cruceña, Alberto Cornejo.
– La empresa Enrom, con una máquina y 20 trabajadores, demolió 102 casas, ubicadas en dos manzanas, en el centro de la urbanización, sin afectar a las restantes cinco manzanas. Las viviendas estaban semiterminadas y eran de sólo dos habitaciones. Fueron valuadas por el Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria en $us 8.000 cada una.
– Los adjudicatarios llegaron a La Comarca e impidieron que se continuara la destrucción de viviendas. El fiscal de Distrito Jaime Soliz anunció la creación de una junta de fiscales para investigar el caso.
– El burgomaestre Percy Fernández emitió una resolución ejecutiva que resuelve la destitución de funcionarios municipales. Ello son los oficiales mayores de Planificación y Defensa Ciudadana, Álvaro Mier y Erland Vhiestrox; la directora de Regulación Urbana, María E. Costas; la jefa de Control de Edificaciones, Isabel Vera; el director de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gómez; y el comandante de la Guardia Municipal Adolfo Gar