Todos los ex prefectos y cívicos de la “media luna” afrontan juicios. Alegan persecución política. Al menos 12 opositores salieron del país por “falta de garantías”.
Savina Cuellar (Chuquisaca), Ernesto Suarez (Beni), Mario Cossio (Tarija) y Ruben Costas (Santa Cruz) son parte del grupo de opositores perseguidos por el gobierno. (foto El Deber)
La Prensa
36 líderes opositores afrontan juicios abiertos por el Gobierno
El Gobierno asegura que no impulsa la persecución de los disidentes políticos.
PROCESOS: Todos los ex prefectos y cívicos de la “media luna” afrontan juicios. Alegan persecución política y argumentan que no hay garantías para un juicio imparcial. El Gobierno rechaza la acusación.
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Más de 36 líderes y activistas de la oposición afrontan juicios abiertos por el Gobierno del presidente Evo Morales y al menos 12 de ellos huyeron del país denunciando que no había garantías para el desarrollo de procesos imparciales.
Entre las autoridades opositoras que salieron del país están el ex candidato presidencial por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) Manfred Reyes Villa, el ex prefecto de La Paz José Luis Paredes, el ex dirigente cívico y ex ministro de Gobierno Guido Nayar; Lorgio Balcázar, ex gerente general del Comité pro Santa Cruz, y personas supuestamente vinculadas con el grupo terrorista del boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, como Hugo Melgar, Alejandro Melgar, Ignacio Villa Vargas, Eva Sara Landau y Mauricio Iturri, entre otros.
La socióloga cochabambina y analista política María Teresa Zegada considera que hay dos maneras de ver el problema: “La parte judicial con lo político, por una parte la razón judicial que está relacionada con la intención del Gobierno de frenar la corrupción, por eso está la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El problema es que esta línea judicial se cruza con la línea política, donde se puede percibir que se mezcla con procesos electorales, por ejemplo el proceso electoral nacional”.
Para la experta, como el país vive en un ambiente electoral, se puede observar una suerte de acción selectiva casualmente con personas que son candidatas y parte de la oposición, y con ello “se está buscando una suerte de tensión, de judicializar esta situación”, con el objetivo de restar votación o de descalificar al adversario.
Empero, para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, es persecución política y “una violación a los derechos de las personas que se oponen a tener un gobierno centralista”. “Los maltratos del Gobierno hacen que nosotros (los de la oposición) defendamos primero el estado de derecho, la justicia y más que todo los derechos humanos de las personas. Por eso vamos a seguir luchando como lo ha hecho siempre la oposición, con todo lo que significa e implica el defender la paz, la tranquilidad y la democracia”.
La presidenta de la entidad cívica tarijeña, Patricia Galarza, también coincide con su colega en sentido de que el Ejecutivo no ofrece garantías para el desarrollo imparcial de los juicios porque “sus tentáculos llegan hasta los administradores de justicia”.
La dirigente cuestionó el hecho de que el Ejecutivo radique los procesos legales en juzgados de La Paz y no permita el desarrollo de éstos en los distritos judiciales de origen.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, afirmó ayer que “el Gobierno no es juez, no persigue. Creo que es una falacia decir que el Órgano Ejecutivo persigue. Los procedimientos judiciales los definen los jueces y fiscales, nosotros no tenemos ninguna atribución sobre ellos”.
Todos los prefectos, cívicos y autoridades que formaron parte del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y que encabezaron las movilizaciones en los departamentos de la llamada “media luna” por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la autonomía departamental en 2008 tienen juicios en pleno desarrollo.
Este bloque estuvo integrado por los entonces prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; Mario Cossío, de Tarija; Ernesto Suárez, de Beni; Savina Cuéllar, de Chuquisaca; Leopoldo Fernández, de Pando; Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, y los dirigentes cívicos Branko Marinkovic (Santa Cruz), Reynaldo Bayard (Tarija), Alberto Melgar (Beni), Ana Melena Suzuki (Pando) y Jhon Cava (Chuquisaca) (ver tabulado).
Formaron parte de esta asociación los ex prefectos de La Paz José Luis Paredes y de Cochabamba Manfred Reyes Villa, pero ambos fueron revocados en el referéndum de agosto de 2008.
Entre los enjuiciados también figuran los líderes cívicos de la “media luna” como Branko Marinkovic, quien fue el más férreo opositor al Gobierno del presidente Evo Morales.
Al menos 12 opositores salieron del país por “falta de garantías”.