El fiscal anunció que pedirá al juez conmine a los militares permitir el ingreso al Cuartel de Miraflores. Y, si no cumplieran la conminatoria, serán enjuiciados. El Ministro de Defensa pidió a la cúpula castrense cumplir la orden judicial. 
EN PUERTAS DEL GRAN CUARTEL • Activistas de los derechos humanos se movilizan en puertas del recinto militar exigiendo justicia para los desaparecidos en la dictadura
La Razón
Las Fuerzas Armadas impidieron la mañana de ayer que el fiscal Milton Mendoza ingrese al Gran Cuartel de Miraflores para revisar archivos de la dictadura. Esta decisión generó críticas y, por la tarde, anunciaron que en ocho días ordenarán y entregarán estos documentos a la Fiscalía y justicia.
Por la noche, Mendoza sostuvo que esta actitud hace pensar que entregarán información “sesgada”, por lo que hoy pedirán al juez 8º de Instrucción en lo Penal, Róger Valverde, “conminar” a la institución armada el acceso a los recintos militares para revisar y secuestrar esos archivos.
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A las 9.30, el fiscal llegó hasta el Gran Cuartel de Miraflores para, en cumplimiento de una orden judicial, revisar los archivos de la dictadura en busca de información que permita dar con los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, Renato Ticona y otros desaparecidos.
La fecha y hora de esta labor fiscal fue fijada y comunicada a las FFAA el 11 de febrero. Trece días antes se solicitó, sin resultados, a las autoridades militares cumplir la orden judicial de abrir sus archivos, que fue dictada por un juez en agosto pasado.
A pesar de que el 12 de febrero, el director de Comunicación del Ejército, coronel Reynaldo Vera, asegurara que “no hay nada que ocultar” y que permitirán el acceso a sus archivos, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, cambió ayer de opinión.
La autoridad militar sólo permitió que Mendoza ingrese al Gran Cuartel, mientras que sus colaboradores, la defensora del Pueblo, Rielma Mencias, activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura esperaban en la puerta del recinto militar.
El fiscal se reunió con De la Fuente y, al cabo de una hora, salió para revelar que se le informó que la institución armada presentó en la mañana memoriales al juez Velarde fijando el 26 de febrero como fecha de entrega de los documentos requeridos, sólo al juez.
“Esto es una obstaculización de la investigación” y un “despropósito”, cuestionó el fiscal, quien advirtió con iniciar un juicio penal a las autoridades militares y recordó que los archivos deben ser revisados por el Ministerio Público y no por un juez.
La Defensora del Pueblo se declaró “muy molesta” por la actitud de los militares. “Sabemos que hay una deuda histórica y las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir, y no tendrían por qué negar la posibilidad de que el fiscal pueda revisar archivos e identificar elementos que le sirvan para su investigación”, afirmó.
Momentos antes, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó en el Palacio de Gobierno que la institución armada recibió la orden judicial y que, “con el espíritu democrático”, no iban a poner ninguna objeción.
A las 13.30, se llamó a una conferencia de prensa en la que De la Fuente aseguró, a diferencia de lo que dijo Mendoza, que se entregará a la Fiscalía y al juzgado los archivos militares de la dictadura el 26 de febrero, previo “ordenamiento” de los documentos.
“Es una información que hay que ordenarla, los archivos son enormes y justamente eso lleva un tiempo. Para facilitar el trabajo es que vamos a ordenarla nosotros”, insistió y añadió que se les pidió el escalafón militar, en primera instancia de julio y agosto de 1980 y, posteriormente, de todo ese año.
Mendoza acusó al jefe militar de manejar dos posiciones sobre este tema y aclaró que no sólo se pidió el escalafón sino todos los documentos que permitan avanzar en la ubicación de los restos de los desaparecidos.
De la Fuente aseguró que el escalafón militar, en función al artículo 98 de su Ley Orgánica, tiene carácter secreto y que, en ese marco, debe ser procesada y manejada por las autoridades judiciales que la requirieron.
En la noche, Mendoza explicó que no están de acuerdo con el hecho de que se les entregue los archivos porque temen recibir información sesgada.
Ante estas dudas, el Ministerio Público presentará hoy un memorial al juez Valverde solicitando se “conmine” a los militares dar paso “al acceso (al recinto militar) y entrega” de esos documentos. El juez debe pronunciarse en 24 horas y, si los conminados se rehúsan a cumplir la instrucción, se iniciará un juicio por desacato, explicó.
Saavedra reiteró en la noche que solicitó al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dar cumplimiento a la orden judicial.
El ex comandante del Ejército y hoy senador opositor, Marcelo Antezana, aseguró que “no existe ese tipo de información o archivos (sobre la dictadura) que se pretenden buscar” en el Ejército.
No obstante, “tal vez sea el tiempo prudente para que se dé a conocer este tipo de información siguiendo el ejemplo de otros Estados que acceden a desclasificar cierta información”, sostuvo el ex jefe militar consultado sobre este tema.
“Tal vez sea tiempo prudente para que se dé a conocer este tipo de información”.
Marcelo Antezana, ex comandante del Ejército.
Antecedentes
Hechos • Durante la dictadura militar desaparecieron al menos 156 personas, entre ellas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Proceso • Familiares de las víctimas de las dictaduras alientan procesos para dar con el paradero de los desaparecidos.
Decisión • La justicia ordena abrir los archivos militares para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos en dictadura.
Demanda • Los familiares de los desaparecidos inician una huelga y piden al Presidente ordene la desclasificación.
Posición • El Ministerio de Defensa instruye a las FFAA cooperar. Se forman equipos de trabajo, que no tienen avances.
Notificación • El fiscal Milton Mendoza, en cumplimiento de la orden judicial, exige a los militares revisar sus archivos.
Respuesta • El comandante de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, no permite el ingreso de la Fiscalía a los archivos militares y dice que ellos enviarán los documentos requeridos a la Fiscalía y al juzgado.
Activistas de los DDHH critican actitud de las FFAA
Reacción • Asofamd, Capítulo Boliviano de DDHH, Defensora del Pueblo y familiares de desaparecidos piden a los militares cooperar.
Familiares de los desaparecidos en dictaduras y autoridades de instituciones de derechos humanos condenaron la falta de predisposición de las Fuerzas Armadas para desclasificar los archivos militares de los gobiernos de facto.
Víctor Vacaflores Pereyra, director ejecutivo del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, consideró que es un imperativo legal que se conozca esa documentación militar clasificada.
“Queremos saber dónde están los cuerpos de Marcelo Quiroga Santa Cruz (político del Partido Socialista 1, quien murió en la dictadura de Luis García Meza en 1980) y de muchos otros. Queremos saber quiénes fueron los responsables, porque tiene que haber un informe escrito de lo que pasó durante los interrogatorios y las torturas”, afirmó.
El comandante de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, negó al fiscal Milton Mendoza el ingreso a los archivos militares, pero poco después informó que serán ellos quienes entreguen estos archivos a la Fiscalía y juzgado donde se tramita este caso.
Vacaflores denunció que la institución armada no tiene predisposición de cooperar en el esclarecimiento de estos casos.
Por su parte, Anita Urquieta, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), demandó a la institución castrense colaborar con la indagación.
“No esperen a que la CIA (Agencia norteamericana de Investigaciones) u otro órgano de Inteligencia sea el que desclasifique esos documentos, esperamos que sean las FFAA”, reclamó.
Loyola Guzmán, familiar de Félix Melgar Antelo, que desapareció en la dictadura del extinto Hugo Banzer (1971-1978), lamentó que los militares estén actuando en contra de la legalidad.
“Las FFAA son parte del Estado boliviano, tienen la obligación de respetar la Constitución y someterse a la ley”, recordó.
La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, pidió a los militares consistencia entre el discurso y sus actitudes.
Situación
Decisión • La justicia instruyó a la institución armada desclasificar sus archivos militares para contribuir a encontrar los restos de los desaparecidos.
Posición • El comandante de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, anunció que entregarán los documentos el 26 de febrero, una vez que la ordenen.
Puntos de vista
Prolongan nuestro sufrimiento
Anita Urquieta.
Presidenta de Asofamd.
“Esta decisión sólo quiere prolongar nuestro sufrimiento. Queremos que los militares entreguen los documentos para ayudar a desclasificar la información y encontrar a nuestros seres queridos. Cuando sepamos quiénes son los culpables, nos querellaremos contra ellos. Pero es necesario investigar”.
Ellos (FFAA) tienen parte de la respuesta
RIELMA MENCIAS.
Defensora del Pueblo.
“Es preocupante que las FFAA sólo se limiten a abrir las puertas de su institución y nada más. Lamentamos la inconsistencia entre el discurso y la práctica, que hace falta en las instituciones. Es necesario transparentar a las FFAA. Hay una deuda que se tiene en Bolivia y ellos tienen parte de la respuesta”.
Juicio, de haberse perdido los archivos
VÍctor Vacaflores P.
Capítulo Boliviano de DDHH.
“Es un derecho de la colectividad y una obligación de los organismos de seguridad dar lugar a la apertura de estos archivos cuando se tiene una orden judicial. No habría ninguna razón para que no se dé lugar a ella. Y si se han perdido esos archivos, eso merecería a un juicio contra los altos mandos militares”.
Es ilegal negarse a dar los archivos
Loyola Guzmán.
Familiar de desaparecido.
“No hay ninguna ley que diga que estos documentos son secretos para siempre y, por lo tanto, creo que esa actitud de los militares, de negarse a la investigación vía un memorial al juez, tal vez para postergar o evitar la investigación, es totalmente ilegal. Ellos tienen que someterse a la Constitución”.