Norah Soruco de SalvatierraCon perniciosa frecuencia, los municipios están sufriendo la inmovilidad de sus administraciones por impugnaciones o juicios aplicados a los alcaldes electos por diferentes causas, la mayor parte de las cuales son de responsabilidad de los órganos de control del cumplimiento de requisitos con oportunidad, es decir, antes de las elecciones o de la acreditación. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, corresponden a miembros de la oposición, marcando una fundada sospecha de que pueden responder a un interés político.Por sobre las consideraciones éticas, que al parecer en el plano político han desaparecido, este tipo de acciones, tanto de los órganos del ejecutivo nacional como de los de la justicia, están provocando serios perjuicios a la población correspondiente, pues el congelamiento de cuentas o la suspensión de autoridades determina, ipso facto, la paralización de obras y la falta de servicios, tan básicos como el desayuno escolar, y la provisión de medicamentos e insumos en los hospitales. Desconocemos si los ‘juzgadores’ son conscientes de estas consecuencias y de qué manera se cobra la responsabilidad del daño a quienes incumplieron el oportuno control o cuando resulta infundada la acusación merced a las pruebas presentadas por los involucrados.Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que estos mecanismos resultan impertinentes cuando apuntan y dañan a un conjunto de la población que no tiene nada que ver con la presunta falta. ¿Por qué no se ha pensado ya, después de tanto tiempo, en un mecanismo que garantice el inmediato reemplazo temporal para la continuidad administrativa? ¿Con qué moral se pretende lograr el apoyo para encumbrar al candidato perdedor una vez defenestrado el titular ganador después de tanto detrimento?El argumento de tal despropósito es la preservación del bien común, la transparencia o el cumplimiento de la ley, que, por cierto, no se aplican en otros casos flagrantes y escandalosos que abundan en el país. Ya está bueno de tanta irracionalidad, incongruencia e impunidad en el uso de los mecanismos del poder en el manejo de la cosa pública, porque “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”.El Deber – Santa Cruz