Resultaría muy apresurado referirse a los méritos o deméritos de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura nombrados y posesionados este jueves por el presidente Evo Morales. Lo que está en cuestión es que el ahora Órgano Ejecutivo haya tomado el control absoluto del sistema judicial.
El presidente Evo Morales posesionó el jueves a las autoridades interinas del Poder Judicial, en una sesión de honor en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia (Foto ABI).
Uno de los preceptos básicos del sistema democrático es la coordinación y equilibrio entre los poderes del Estado, que ahora en Bolivia, siguiendo el modelo venezolano han pasado a llamarse “órganos”. Con la designación bajada desde el Ejecutivo se rompe este precepto lo cual puede tener nefastas consecuencias para la democracia.
En los hechos, los nuevos miembros de la Justicia tendrán un nivel de dependencia y subordinación respecto al presidente del Estado Plurinacional similar al que tienen los ministros del gabinete del Poder Ejecutivo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Esta situación debiera mover a la mayor preocupación en lo que se refiere al Tribunal Constitucional. Esta instancia es la encargada de velar porque las decisiones y normas adoptadas y aprobadas tanto por el Ejecutivo como el Legislativo, se sujeten al criterio constitucional.
Es fácil de suponer que un Tribunal Constitucional designado directamente por el presidente Evo Morales no podrá declarar inconstitucional ninguna medida dictada por el Ejecutivo o por el Legislativo que también está bajo su control con lo cual su función resultará sencillamente ornamental.
A parte de eso existe el evidente peligro de que el sistema judicial se constituya en un mecanismo de represión en contra no solo de la oposición ya sea esta cívica o política, sino de los ciudadanos y medios de comunicación por el hecho de asumir una lectura de la realidad nacional diferente a la mirada gubernamental. Se tiene varios ejemplos de ello y baste recordar la forma en que el Ejecutivo instrumentó a la Fiscalía paceña como mecanismo de persecución.
Por otra parte resulta hasta grotesco que Evo se refiera a una supuesta lenidad de la justicia cuando durante sus 4 años de gobierno se dedicó de manera sistemática y minuciosa a desmantelar el poder judicial mediante «procesos» por vía del legislativo para amedrentar a sus miembros.
El MAS y Evo Morales han alcanzado su objetivo de concentrar en sus manos los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además es cada vez más evidente que el Órgano Electoral está siguiendo también a pie juntillas las instrucciones que salen del palacio de Gobierno.
Esto significa que en Bolivia se está estableciendo, unas veces de manera sutil y otras más desembozada, un sistema totalitario cuyas expresiones más nítidas se las podrá percibir a breve plazo. Ya existe una larga lista de opositores que deberán ser investigados por presuntas irregularidades cometidas cuando ejercieron la función pública. En la lista está incluido el hasta hace poco aliado de Evo Morales, el alcalde paceño Juan del Granado que no se salvará -a menos que permanezca de rodillas ante el jefazo- y a pesar de que Evo quiso «clonarlo» alguna vez.
El círculo ya está cerrado, la democracia agoniza, y tal vez ha llegado el momento de gritar ¡sálvese quien pueda!