Juan Francisco Gonzales Urgel
El periodista Carlos Valverde Bravo, siempre controversial, siempre cuestionador, acaba de presentar su último libro: “Coca, Territorio, Poder y Cocaína” editado por Editora El País. “El libro tiene tres años de investigación, dentro de ese proceso, fueron leídos 25 a 30 libros sobre el tema y más de 55 páginas visitadas en internet.”, señala Semanario Uno.
Su lectura invita a discutir, analizar, comentar y complementar.
Valverde aporta datos que permiten constatar la relación privilegiada de los cocaleros con el gobierno. En opinión del autor, esto les otorgaría el poder suficiente para establecer las condiciones que rigen sus vínculos empresariales con el narcotráfico en una especie de pax concertada.
En mi entender, tal vez esta fue la finalidad inicial de las partes, pero dudo mucho que el poder político tenga la capacidad de resistirse a la “inversión” de recursos por parte del narcotráfico para aumentar su capacidad negociadora y su autonomía de acción. Personalmente no considero una casualidad que las leyes bolivianas no contemplen el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado y con ello la capacidad de fiscalizar el origen de sus recursos para evitar el compromiso con algún grupo de poder cuyos aportes económicos le permita tener influencia en la selección de candidatos, y en la toma de decisiones.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En todo caso, este acuerdo parece explicar las facilidades con que el narco pasa de la fase de inversión a la de producción de droga sin problema alguno, continúa impune hacia la fase de retorno de capital y sigue hacia la acumulación neta de dividendos. La interdicción parece obedecer un cronograma que no afecta esta secuencia y sirve como válvula de escape para presentar “resultados” cada cierto tiempo, sin detenidos ni mercancía incautada- claro está- y cuando la factoría ha cumplido ampliamente todo el ciclo productivo.
Valverde refiere, con razón, que el mercado de las drogas es el más claro ejemplo del “capitalismo salvaje”. Sin embargo, para entender mejor este fenómeno, se debe reconocer que su dinámica económica está por encima de las leyes de la oferta y la demanda. Absorberá cualquier volumen sin acusar sobre oferta, y los consumidores harán lo que sea necesario para costear cualquier incremento de los precios. Algo que explica el por qué la producción de coca de Yungas sigue campante y creciendo; mientras los cocales chapareños se extienden hacia los parques nacionales Carrasco, Isiboro Sécure y Amboró, recalan en la provincia Ichilo y sus adyacencias, y siguen fagocitando tierras.
Con respecto de la violencia inherente al fenómeno del narcotráfico, y sin restar un ápice de la validez que contienen los argumentos de Valverde, es menester apuntar que si bien la violencia en nuestro país no se manifiesta con la virulencia existente en países como México, ello no obedece exclusivamente a la ausencia de cárteles internacionales -tal como lo afirma el gobierno- sino a la falta de una fuerza capaz de considerarse antagónica del narco, llámese sociedad o Estado. No por ello los “ajustes de cuentas” carecen de utilidad a la hora de ordenar la casa, a la vez que sirven como indicadores de enfrentamientos internos de baja intensidad.
Tema que no podía dejarse sin comentar es la posible legalización de las drogas. El autor fija clara posición contraria bajo argumentaciones principistas y hasta morales (rara muestra de autenticidad en un universo tan farisaico) indudablemente de la mayor valía. Sólo cabe complementar que en Bolivia la realidad práctica es mucho más prosaica. El comercio de bienes está en manos de poco más de un 70% de informales sobre quienes es prácticamente imposible ejercer algún mecanismo de control, y por supuesto, legalizar la droga en esas circunstancias equivaldría a acarrear agua en canastos.
La relación incestuosa del gobierno con los cocaleros pareciera marcar también la agenda internacional. La producción boliviana de cocaína ya no recala en el tradicional mercado estadounidense. La mayor parte parece dirigirse a Brasil, Argentina y Chile, países hasta ahora gobernados por partidos y líderes ideológicamente afines al gobernante MAS de Evo Morales, y pertenecientes al llamado Foro de Sao Paulo, fundado en julio de 1990. El grupo está integrado por las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Partido Socialista de Chile, el Movimiento Bolivia Libre y el Movimiento al Socialismo de Bolivia, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Movimiento Quinta República (MVR) de Venezuela (ahora Partido Socialista Unido de Venezuela–PSUV), entre muchos otros. Lo cual hace pensar que el proyecto de poder continental era ambicioso e incluía roles específicos que sus miembros debían cumplir: Venezuela, caja financiera; Brasil presencia y peso político continental; etc. Saque usted las cuentas del papel encomendado a Bolivia con el jefe de los cocaleros como apadrinado del grupo.
Hasta ahora ha bastado echar los males al imperio, y la tolerancia automática entre afines se ha hecho de la vista gorda. Habrá que ver la geopolítica regional habida cuenta de los vientos de cambio. Algo podría ser diferente en las relaciones regionales pues, a diferencia de los EE.UU.; Brasil, Chile y Argentina son países limítrofes y probablemente con más rápida capacidad de acción ante los flujos de droga.
En lo interno, la sociedad recibe su cuota de producción destinada al consumo local. Demás está referirse al incremento exponencial del consumo, divulgado por algunos medios especializados. Sin embargo, poca información existe respecto del sector rural o periurbano de nuestras capitales. Observaciones personales me permiten afirmar que la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud en las áreas rurales es más que preocupante. El poco de Estado que no se dedica a perseguir adversarios políticos del gobierno es incapaz de proteger a estos sectores de la influencia de los narcos.
En nuestras ciudades principales la riqueza mal habida empieza a tomar cartas de ciudadanía, el capital se “blanquea” en el entramado de los innumerables mercados populares en forma de oferta barata de artículos de contrabando, y de bienes raíces sobre ofertados.
Desmontar este monstruo de mil cabezas podría ser el desafío más importante de los años post gobierno de Evo Morales.
Lo dicho, “Coca, territorio, poder y cocaína”, sirve para la discusión y el análisis. Un libro honesto, necesario y valiente.