Desde el punto de vista del informe de EEUU, la expulsión de la DEA, en enero del 2009, “causó un impacto negativo en los programas antinarcóticos”. El Gobierno boliviano dice lo contrario; pero sería bueno refutar punto por punto las observaciones de dicho informe.
Editorial La Razón
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió al Congreso de su país el informe anual sobre la producción de la hoja de coca y de la elaboración de cocaína. El documento dedica bastante amplitud a Bolivia, por considerar o suponer que en la producción de la materia prima y de la droga tiene índices crecientes, que serían “demostrables”.
Los cuestionamientos que el informe hace al país se sustentan en el hecho de que suscribió tres acuerdos propiciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ellos serían: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.
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Una versión del documento, proveniente de la agencia AFP y publicada en estas páginas, incide en forma particular en la elaboración de cocaína, indicando que desde el 2007 al presente año ésta aumentó en un 50%, lo que atribuye a la “permisividad” en que estarían incurriendo las autoridades bolivianas.
Las reacciones oficiales tienden a rechazar la validez del documento estadounidense. En todo caso, lo mejor sería refutarlo punto por punto, si existen los argumentos suficientes para proceder de esta forma. Así, se lo podría desvirtuar con la solidez y responsabilidad que corresponde a un Gobierno.
En este sentido, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, adoptó una actitud más apropiada. En la medida en que está a su alcance desestimar o admitir algunos de los contenidos del informe, lo está haciendo. Contrapuso la afirmación que se hace sobre la posibilidad de que en el país hubiera habido aquel incremento, en lo que concierne a las extensiones de producción de coca. Reconoció que hubo la expansión, pero que sólo fue de 30.500 hectáreas a 32.000, en nueve meses, lo que determinó que fuera de casi el 7,6%. Estados Unidos dice que el 2009 subió el 10%, al llegar a las 35.000 ha, cuando el 2008 la ONU refirió que abarcaban 32.000 ha.
Respecto de la lucha contra el narcotráfico, Cáceres afirmó que oficialmente no se tienen datos sobre la producción de cocaína, por estimar que eso sería imposible. “Si tuviéramos los datos, dónde y cómo se elabora la droga, mañana realizamos el operativo”, añadió la autoridad.
Un ex viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, subestimó, de su parte, la erradicación de coca que realiza el Gobierno. En declaraciones a este medio, sostuvo que los cultivos, en vez de disminuir, están subiendo. “Cuando erradican 10, siembran 90 hectáreas; no hay erradicación neta”, consideró.
El informe de Obama al Congreso de su país anota que, como resultado de la política gubernamental de “cero cocaína, pero no cero coca”, se estaría permitiendo que los cultivos de coca legal se eleven de 12.000 a 20.000 hectáreas.
Desde el punto de vista del informe, la expulsión de la DEA (agencia antidroga de Estados Unidos), en enero del 2009, “causó un impacto negativo en los programas antinarcóticos”. En cambio, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró que, a partir de la expulsión de la DEA, “se incrementó el decomiso de drogas”.