Dos presuntas medidas de represalia, tomadas por entidades que deberían luchar contra la corrupción pero que más bien parecen empeñadas en perseguir a quienes la denuncian, son un síntoma de por qué el régimen evista aparece a nivel latinoamericano como subcampeón en irregularidades.Hablamos, por una parte, del proceso abierto por el Viceministerio Anticorrupción contra un diputado de oposición que se atrevió a ventilar supuestos negociados en la estatal petrolera YPFB, lo que incluiría nada menos que la utilización de los camiones cisterna que transportan combustible para llevar cocaína a la Argentina.Por otro lado, nos referimos a la destitución del fiscal que envió a prisión a un ex diputado del MAS en el caso del latrocinio en el Fondo Indígena, sanción dispuesta nada menos que por la Fiscalía General del Estado.En resumen, el despacho gubernamental encargado de la lucha contra la corrupción y el Ministerio Público, ambos estrechamente ligados a la cabeza del Ejecutivo que es Evo Morales, aparecen como potenciales encubridores de la cleptocracia oficialista…[email protected]