Carlos Miranda PachecoAl futuro de nuestra industria de hidrocarburos, superando la atención oficial, se ha convertido en una preocupación nacional sobre reservas y mercados por la importancia que tienen las exportaciones de gas en nuestra economía.Es por eso que las apreciaciones del saliente embajador de la Argentina que cumplió el 30 de noviembre su misión, han llamado la atención porque augura que el “futuro para la exportación de gas boliviano no es promisorio”, aduciendo que la compra actual por Argentina ha sido “una decisión política para ayudar a nuestro país” y que el futuro gobierno argentino del Sr. Macri, tiene planeada una reducción de compras de gas, y las imprescindibles hacerlas a menor precio del que se nos paga, adquiriendo gas de ultramar de los “barcos gasificadores”, como pintorescamente llama al mercado del LNG, añadiendo que el contrato de compra venta de gas natural vigente entre YPFB-ENARSA “es uno de los acuerdos que más peligra”.Nuestro país tiene una tradición impecable en el cumplimiento de sus contratos de exportación de gas y obviamente se espera un cumplimiento similar de sus compradores. Eso lo veremos en los próximos meses. De todas maneras, es completamente inusual que un diplomático al final de su misión en el país y al ser honrado con nuestra máxima condecoración, emita augurios apocalípticos para nuestra industria petrolera. ¡Qué falta de estilo!Por otro lado, sobre el tema de reservas, nuestra Cámara de Diputados está discutiendo un proyecto de Ley que contiene los varias veces prometidos incentivos a la exploración de hidrocarburos en el país. Este proyecto, tiene por objeto “promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, mismas que se declaran de interés nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.Para esa promoción anunciada, el proyecto de Ley establece incentivos a los precios unitarios de la producción nacional de petróleo, condensado y gas natural. Los incentivos a las producciones en el área no tradicional serian más altos que en la tradicional. Además, el proyecto de Ley contempla el cambio de la delimitación existente entre estas áreas mediante DS. Los incentivos serán otorgados a la producción adicional a la actual y a la proveniente de nuevos contratos.Para financiar el pago de los incentivos, se crea un fondo con el 12% de los ingresos del IDH, antes que se realice la distribución actualmente vigente de este impuesto. Ese 12% estaría conformado por disminuciones de ingresos al TGN, gobiernos departamentales, municipalidades, universidades y fondo indígena y se denominará Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH). Los dineros del fondo serian confiados al Banco Central para su manejo como un fondo soberano e independiente.Los pagos por los incentivos serán solicitados por YPFB al Ministerio de Finanzas, sujetos a un reglamento especial establecido por DS. Estos serán en efectivo y también podrán ser efectuados en Notas de Crédito Fiscal (NOCRES).Como se puede ver, es una ley más dirigida hacia el aumento de producción que a la atracción de inversión para exploración petrolera.El proyecto de Ley, propuesto por el Ejecutivo, muestra que no obstante el control total gubernamental del sector por 10 años, todavía no se alcanzan a comprender los aspectos fundamentales que se consideran para definir nuevas inversiones tales como el riesgo geológico, la política imperante en el país, los precios y el acceso a los mercados de la futura posible producción.El proyecto de ley trata de sustituir el mercado con fondos estatales. Una maniobra que tradicionalmente fracasa y por lo tanto no es atractiva a futuros inversores, aumentando su riesgo político.El proyecto cuenta con la bendición política que garantiza su aprobación. Esto significara el funcionamiento del FPIEEH para beneficio de YPFB, y habilitara la aplicación del artículo final que prevé la extensión de los contratos hasta la terminación de las reservas probadas, encontradas en el área contratada.Finalmente, sería ingenuo pensar que esta Ley solucione el problema de falta de inversiones en el sector, que se ha tornado mucho más difícil por la baja de los precios del petróleo.El Día – Santa Cruz