Exige al Consejo de la Magistratura concretar notificación. Revilla dijo que espera los resultados de la auditoría interna para identificar a los responsables de la demolición que data de 2000.
AMN. Revilla denunció ayer procesos irregulares en el caso Brun.Página Siete / La PazEl Consejo de la Magistratura instruyó el martes la notificación inmediata de la destitución de la jueza que conduce el Caso Brun, Consuelo Chacón, que aún no se concretó, indicó el director jurídico del municipio paceño. Añadió que el débito de 19,5 millones de bolivianos de las arcas ediles debe ser anulado «ya que fue realizado de manera ilegal”.El lunes el Consejo de la Magistratura procedió a la remisión y débito de los 19,5 millones de bolivianos que habían sido retenidos de la cuentas municipales para la indemnización a Juan Brun. El ciudadano ganó una demanda contra el gobierno municipal de La Paz por la demolición de su vivienda el año 2000.La comuna denunció que esa medida fue ilegal debido a que la orden fue dada por la juez Consuelo Chacón. Según el municipio, sobre Chacón pesa una orden de destitución que fue emitida hace seis meses y ratificada el 9 de diciembre.»Hemos observado que la juez continúa en funciones a pesar de estar destituida. A partir de un memorial ayer (martes), hemos obtenido una providencia del Consejo de la Magistratura que indica que se debe notificar la destitución a la brevedad posible. Pero nuevamente nos llama la atención que, sabiendo de la destitución, no se la haya efectivizado y que (Chacón) siga actuando en este y otros procesos”, indicó el director jurídico del municipio, Fernando Velásquez.Señaló que el proceso contra la juez, que concluyó con la determinación de su destitución ,es de carácter disciplinario por «faltas gravísimas”. A su parecer, esto demuestra «el carácter sesgado de los administradores de justicia con la Alcaldía de La Paz”.Otra de las observaciones del director jurídico edil es el hecho de que estas medidas procesales se hayan concretado a pesar de la apelación al fallo que se encuentra en curso en la Sala Tercera en lo Civil . En la misma se cuestiona el proceder de la juez y del perito que fijó el monto de la indemnización. De establecer la ilegalidad de estos actos la remisión y débito de los 19,5 millones de bolivianos se anularía.»Debería anularse, nosotros pedimos que se retrotraiga. Si se da la razón a la Alcaldía no podría haber la retención y mucho menos el débito porque se está cuestionado el monto determinado”, explicó.El monto de la indemnización retenido fue debitado a favor del Consejo de la Magistratura. «Lo que sigue es que el señor Brun pida el desglose del monto para que el cheque sea endosado a su nombre”, indicó la autoridad.Sobre las responsabilidades en el caso, el alcalde Revilla señaló que en junio instruyó una auditoría interna. «La auditoría está en curso para establecer, eventualmente, responsabilidades que alcanzan incluso a los concejales del año 1999 porque las entonces autoridades fueron las que instruyeron la demolición”, aclaró.