Romano PazPese a que el criterio dominante en Bolivia es que la Constitución es vanguardista en la protección de los derechos humanos, el trabajo realizado por el Observatorio de DDHH, ha evidenciado que de enero a noviembre del 2015 se han monitoreado 567 casos de violaciones y potenciales violaciones a los derechos humanos en Bolivia:Suspensión y destitución de autoridades democráticamente elegidas (11 casos), destacando la persistencia de la suspensión de los siete concejales del municipio de Santa Cruz de la Sierra desde julio de 2012 a marzo de 2015, quienes no pudieron reasumir sus curules durante más de la mitad de su gestión, a pesar de la dura batalla legal y las resoluciones judiciales que ordenaron su reincorporación, como el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional.Persecución judicial por motivaciones políticas (217 casos), destacando el caso del candidato a la Alcaldía de Sucre, Luis Ayllón, quien fue condenado por un Tribunal de Sentencia a dos años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, cuando el Ministerio Público y el actual gobernador, Esteban Urquizu lo acusaron de peculado por la supuesta pérdida de una cámara fotográfica en 2010.Él no tuvo derecho de presentar pruebas de descargo y el hecho deriva en una violación del debido proceso, por lo que una apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia dejó sin efecto la sentencia, por haberle vulnerado sus derechos.En discriminación política (284 casos), destacando el caso de Unidad Demócrata-Beni (UD), cuyos miembros comentaron una encuesta interna en contravención a la Ley del Régimen Electoral.La denuncia fue sustanciada por el Tribunal Electoral del Beni, que impuso una multa de Bs 8.588. UD impugnó la sanción impuesta ante el Tribunal Supremo Electoral, instancia que una semana antes de las elecciones confirmó la sanción apelada, canceló la personalidad jurídica de UD e inhabilito a sus 228 candidatos, en una vulneración de los derechos políticos, ya que ninguno de los candidatos cumplía con una de las tres causales, de suspensión de los derechos políticos delimitados en el art. 28 de la CPE.Violencia y acoso político contra la mujer en ejercicio de cargos electivos (21 casos), destacando el caso de la recientemente electa alcaldesa del municipio de El Alto por Unidad Nacional (UN), Soledad Chapetón, autoridad a la que el gobierno del presidente Evo Morales le advirtió que no coordinaría labores debido a las diferencias ideológicas que mantiene con el partido al que ella pertenece.Además, vecinos de tres distritos de ese municipio protagonizaron un cerco a la Alcaldía, exigiendo que se les permita la elección de los subalcaldes por ‘usos y costumbres’, cuando estos principios se aplican solo en algunos municipios de áreas rurales.Suspensión de autoridades judiciales por motivaciones política (cuatro casos), destacando la finalización del juicio a los tres magistrados del TCP, con nefastos precedentes: el Tribunal de Sentencia del Senado excluyó del juicio al magistrado suspendido Gualberto Cusi, sin restituirlo en su cargo, destituyó a Soraida Chánez y remitió el proceso al Ministerio Público, y Ligia Velásquez fue sobreseída porque renunció a su cargo.Esto fue una violación del principio fundamental de independencia de funciones de los órganos de poder, ya que fueron juzgados en una instancia política y sin la posibilidad de apelar el fallo.Restricciones a la Libertad de Expresión y de Prensa, (30 casos), destacando el caso de la periodista de Radio Erbol; Amalia Pando, quien en medio de una controversia renunció a su cargo de conductora de un programa, afirmando que lo hacía para salvar a su medio, ya que las empresas privadas se estarían inhibiendo de entregar publicidad a Radio Erbol para evitar tener problemas con el Gobierno.El balance del 2015 deja en evidencia que el Estado de Derecho democrático no está en plena vigencia en Bolivia. Aún resta mucho por hacer para que esta situación de menosprecio e irrespeto a los DDHH se revierta en los próximos años.El Deber – Santa Cruz