Bajo el paraguas del "control social", se hacen lucrativos negocios a cambio de apoyo político y el gobierno distrae la atención persiguiendo a "corruptos" de la oposición.
La gente hace largas esperas por una garrafa y no tiene respuestas del gobierno.
No es muy común que una presidenta de la Aduana reconozca la imposibilidad de luchar contra el contrabando, en este caso de GLP. Lo que dijo Marlene Ardaya muestra de manera descarnada las características de ese “Estado Plurinacional”, de ese “Estado fuerte” del que tanto se jacta el MAS y sobre el que pretende teorizar el vicepresidente Alvaro García Linera.
Todos saben que en realidad el Estado boliviano está siendo desmontado en forma sistemática y minuciosa y en realidad lo único que se ha fortalecido es el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y los aparatos coercitivos. Los otros rubros funcionan (si el término cabe) a las patadas y es más que evidente la ausencia de políticas de Estado en temas como la lucha contra el contrabando y el narcotráfico o en materia de hidrocarburos.
El caso del contrabando de GLP (gas licuado de petróleo) está revestido de algunas características muy particulares. Resulta que en un tiempo se mostraba al control social como la panacea para todos los males. Impolutas e insobornables “organizaciones sociales” encarando una épica lucha contra todos los males que aquejaban al país. Hoy apenas se escucha hablar del “control social”; los dirigentes de las “organizaciones sociales” están muy ocupados en la Asamblea Legislativa haciendo otros negocios.
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Todos deben recordar cuando con bombos y platillos se anunciaba el establecimiento del “control social” en la lucha contra el contrabando, tanto de comestibles como de carburantes, particularmente en las zonas de Achacachi y Desaguadero. Es así que los “comunarios” participaban en las incautaciones particularmente de GLP pero lo incautado nunca llegaba a la Aduana.
Los dirigentes de las “organizaciones sociales”, que no tienen nada de tontos se percataron que era un buen negocio incautar y encargarse ellos mismos de trasladar el GLP y la gasolina hacia el Perú, donde la comercializaban al triple de su precio en el país. Pero ese solo fue el inicio. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que no debían esperar que los contrabandistas vayan hasta ellos sino que muy bien podían obtener concesiones directas y, prescindiendo de los intermediarios, encargarse ellos mismos del traslado del producto hacia el Perú.
Eso lo saben muy bien las autoridades aduaneras y lo sabe muy bien el dirigente de los “ponchos rojos”, ex alcalde de Achacachi y actual senador, Eugenio Rojas, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato o, mejor dicho, nadie quiere ponerle el cascabel al gato por cuanto eso tendría un costo político que el presidente Evo Morales,pese a sus encendidos discursos contra los corruptos, no está dispuesto a asumir.
Mientras tanto, se debe importar GLP para la desabastecida población -porque lo poco que el país produce esta en manos de los nuevos contrabandistas- y venderlo a precios subvencionados que también aprovechara la nueva casta para continuar enriqueciéndose a costa del país y con la aprobación de un gobierno que ha "democratizado" el delito porque ahora los contrabandistas de GLP y otros productos son los dirigentes y comunarios de las llamadas "organizaciones sociales" que sustentan al MAS.
Por tanto la "guerra al contrabando" anunciada por doña Marlene Ardaya y secundada por la ministra Suxo se quedará en discursos y spots de campaña para consumo de los incautos.