Gobierno se contradice sobre la suerte de los confinados y da varias versiones.
El Defensor del Pueblo aboga por la liberación de los confinados cuando se levante el estado de sitio.
Los confinados están en un recinto militar paceño. Sólo se los ha mostrado para probar que están bien, pero les prohíben declarar.
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OPINION
Sacha Llorenti acusó al ex mandatario Carlos Mesa por perjudicar el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
La Paz/Agencias
El Gobierno boliviano ratificó, este viernes, su decisión de no negociar las muertes, acciones sediciosas, tomas de instituciones públicas, entre otros y rechazó la sugerencia del ex presidente Carlos Mesa de dictar una amnistía para los dirigentes cívicos que encabezaron revueltas delincuenciales entre agosto y septiembre pasado.
Al mismo tiempo, acusó al ex mandatario de haber perjudicado el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de la muerte de 67 personas.
«Lo que el Gobierno ha dicho claramente, es que en casos que tienen que ver con la tentativa de golpe de Estado, con los ataques a nuestras infraestructuras energéticas, con las golpizas a policías, conciudadanos, con esos ataques a la dignidad humana, esas cosas no se pueden negociar y no van ha ser sometidos a ninguna amnistía ni a ningún indulto», afirmó el viceministro con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Además, el Viceministro especificó que serán las autoridades competentes, (fiscales y jueces), las que van a llevar adelante estos procesos contra los responsables de estos hechos.
De esta manera respondió a la sugerencia de Carlos Mesa de dar amnistía a los cívicos opositores que fueron protagonistas de jornadas violentas en agosto y septiembre pasado.
Ya anteriormente dos parlamentarios chaqueños de oposición, Wilman Cardozo y Edwin Flores, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para declarar amnistía para los cívicos opositores que participaron de las jornadas violentas en Beni, Santa Cruz, Tarija y Pando.
El ex jefe de Estado consideró que la amnistía a cívicos de oposición sería una «señal política» tendiente a consolidar la pacificación en el país.
En opinión de Mesa, esta iniciativa debiera darse sobre los principios de que «es un hecho político que muestra una voluntad de pacificación definitiva del país y la presunción de que actos como los que se produjeron en el pasado en las regiones, serán sometidos al rigor de la ley si vuelven a producirse».
Las protestas violentas de agosto y septiembre pasado, en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, tomaron y saquearon más de 100 entidades del Estado, provocando millonarias pérdidas al Estado.
Durante las movilizaciones -el 10 de septiembre de 2008- en la zona Palmar Grande, Yatebute, un grupo de personas liderados por gente del Comité Cívico de Tarija procedió a cerrar la válvula SDV – 3 del contra el Gasoducto Yacuiba-Río Grande, destruyendo la llave de seguridad y dinamitando el ducto, lo que causó un incendio de proporciones.
Mesa – Goni
Llorenti, en conferencia de prensa en Palacio Quemado, criticó la solicitud de Mesa y afirmó que la amnistía que dio a dirigentes sindicales en su Gobierno después de las jornadas sangrientas de octubre de 2003, perjudicó al juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de la muerte de 67 personas.
«En materia de derechos humanos el gobierno de Carlos Mesa ha perjudicado el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Existen innumerables datos para verificar eso», explicó el Viceministro.
Mesa, cuando asumió el poder en octubre del 2003, dictó una amnistía a favor de los movimientos sociales que participaron de las jornadas de violencia que terminaron con la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Gobierno se contradice sobre la suerte de los confinados
Los Tiempos
POLÉMICA | El Defensor del Pueblo aboga por la liberación de los confinados cuando se levante el estado de sitio. Sobre la situación del prefecto Fernández, señaló que hay una confusión jurídica
Pobladores de Pando en Brasilea, ciudad brasileña, donde se instalaron tras los sucesos violentos del 11 de septiembre. | El Deber
Red Líder y Agencias
Mientras algunas autoridades de gobierno aseguran que ninguno de los confinados será liberado cuando se levante el estado de sitio que rige en el departamento de Pando, otras indican que habrá una liberación, pero «selectiva» o que todos retornarán a sus lugares de origen, pero que continuarán las investigaciones contra los implicados en los sucesos luctuosos del 11 de septiembre.
Estas discrepancias y divergencias emergieron ayer entre los mismos ministros y parlamentarios oficialistas, ante al anuncio del presidente Evo Morales que el estado de sitio vigente en Pando desde el 12 de septiembre pasado será levantado hasta el 23 de noviembre próximo, fecha tope señalada por la Corte Nacional Electoral para que no se paralice el referéndum constitucional.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, informó ayer que las personas confinadas por violar el estado de sitio en Pando, una vez levantada esa medida, retornarán a sus lugares y la Fiscalía General de la República continuará la investigación de las personas acusadas de participar de la masacre de El Porvenir.
«Se levanta el estado de sitio y los confinados tienen que ser devueltos a sus lugares, si todavía existe un confinado antes de 48 horas (antes que cese la medida) tiene que cumplir el confinamiento y luego ser devuelto», sostuvo la ministra, al precisar que no es el caso del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que está acusado por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato, proceso que debe continuar su curso legal.
El diputado masista, René Martínez, quien es presidente de la comisión multipartidaria que investiga los hechos luctuosos sucedidos en El Porvenir, aseveró ayer que la liberación de Fernández, a pesar de que se levante el estado de sitio, es imposible ya que su condición es de detenido preventivo y aún es parte de un proceso penal ordinario.
«Tiene que necesariamente emerger un mandamiento de libertad expreso de una instancia jurisdiccional con competencia para que se modifique la realidad jurídica del señor Leopoldo Fernández», aseguró Martínez, al señalar que en similar situación están varios de los confinados.
«Los confinados debieran ser puestos a consideración de la justicia, para que respondan su grado de implicancia y de responsabilidad en la masacre de El Porvenir, hay algunos casos que no han estado en El Porvenir, y sólo han infringido el estado de sitio y por eso los han confinado y seguramente ellos van a ser liberados», aseguró Martínez.
El senador masista, Ricardo Díaz, planteó el jueves pasado, intensificar las detenciones en Pando antes de levantar el estado de sitio, para no dejar impunes a los presuntos autores de la masacre a campesinos. «El MAS abogará porque se haga la investigación y concluya con la aprehensión de los presuntos autores y acompañen al ex prefecto de Pando, Fernández, en la cárcel de San Pedro», asevero.
Abogan por los confinados
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, abogó a favor de los confinados que cayeron en tal situación por haber vulnerado el estado de sitio en Pando, indicando que éstos deben quedar libres en cuanto termine la medida de excepción que rige desde el pasado 12 de septiembre.
Según la autoridad, la Constitución Política del Estado es clara en este punto, al señalar en el Art. 111 que los detenidos tienen que ser liberados inmediatamente.
Hasta donde se informó, fuerzas del orden aprehendieron a una treintena de personas en Cobija y alrededores, bajo la acusación de haber violado el estado de sitio. Todos se encuentran en el Regimiento Bolívar de Viacha (La Paz).
Con relación al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, detenido en el penal de San Pedro por orden judicial bajo la acusación de genocidio y terrorismo, Albarracín indicó que su situación se complicó porque las autoridades del Poder Ejecutivo y del Judicial provocaron una confusión con su caso, ya que si bien dos ministros ordenaron su aprehensión bajo el argumento de que no obedeció la medida de excepción, después fue entregado a un juez que, atendiendo una denuncia penal en su contra, determinó su detención en un recinto penitenciario.
El senador de la agrupación opositora Podemos, Róger Pinto, insistió tal como lo ha señalado en otras oportunidades, que a Fernández le buscarán cualquier argumento para evitar su liberación en franca afrenta a sus derechos.
Similar el criterio del también senador José Villavicencio (UN), que apuntó que Albarracín debe estar a tono con su cargo y defender la legalidad sin mirar a quién.
Por su parte, el senador oficialista Ricardo Díaz señaló que el Movimiento al Socialismo está de acuerdo con que se abra causa penal contra los sospechosos de haber participado de los hechos del 11 de septiembre en Porvenir y seguir deteniendo a quienes han sido protagonistas de ese día, cuando murieron más de una decena de personas.