El gobernador interino del departamento boliviano de Santa Cruz, Roly Aguilera, acusó hoy al Gobierno de Evo Morales, ante una misión de la OEA, de perseguir a opositores antes, durante y después del proceso electoral del pasado domingo.
Roly Aguilera, gobernador interino del departamento boliviano de Santa Cruz.
Aguilera y sus asesores se trasladaron hasta La Paz para hablar con el fiscal que investiga el caso de un omando terrorista que las autoridades dijeron haber desarticulado en 2009 y después con delegados de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) que está en Bolivia.
Tras entrevistarse con el jefe de la misión de la OEA, el ex presidente de Panamá Arístides Royo, Aguilera declaró a los periodistas que le ha informado sobre lo que considera una "judicialización de la política" en Bolivia.
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Aguilera acusó al gobierno de promover detenciones y violar los derechos humanos y el debido proceso contra varios acusados antes, durante y después de la elección de gobernadores y alcaldes realizada el pasado domingo.
"Vemos que cada vez que hay coyuntura política, cada vez que hay contiendas electorales se intensifican las detenciones, las amenazas, los amedrentamientos contra ciudadanos", dijo Aguilera.
Puntualmente se refirió a la detención de dos cruceños que fueron trasladados la víspera hasta La Paz para declarar ante un fiscal que investiga su presunta relación con un grupo terrorista desarticulado en 2009, si bien ellos han negado su vinculación.
Uno de los detenidos es Gary Prado Arauz, hijo del general jubilado Gary Prado Salmón, el militar que en 1967 dirigió un pelotón que capturó al guerrillero Ernesto "Che" Guevara en el sureste de Bolivia.
Prado Arauz fue candidato por un partido conservador y opositor a la alcaldía de Santa Cruz, pero logró solo un 2 por ciento de respaldo.
También se encuentra detenido el secretario de Cámara de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio.
Aguilera apuntó además que Royo y sus asesores "han estado muy atentos a la denuncia" y han pedido que sea presentada formalmente por escrito para considerarla en un informe en diez días.
De su parte, el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, defendió, en declaraciones a los periodistas en la localidad andina de Huatajata el curso de la investigación de la fiscalía de La Paz sobre el caso de terrorismo.
"Se está llevando a cabo en el país una de las investigaciones más importantes que tienen que ver con uno de los más serios atentados que ha sufrido el país", dijo Llorenti al subrayar que la organización criminal pretendía la división territorial de Bolivia.
"Esta investigación no se va a detener, hasta encontrar no sólo a los autores materiales e intelectuales, sino también a los financiadores de ese grupo terrorista", sostuvo Llorenti.
Durante la investigación de este caso, el fiscal paceño Marcelo Soza también ha acusado a empresarios cruceños de haber financiado a al grupo armado formados por bolivianos y europeos, cuyos miembros fueron abatidos por la policía o detenidos en abril del 2009.
Aguilera también tiene previsto hacer la misma denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo Comisionado de Derechos Humanos en La Paz pidió hace unos días "investigar con imparcialidad" el caso de la supuesta banda terrorista. La Paz, EFE. (La Razón digital)