Es deseable –y necesario- que los gobernantes y sus colaboradores den ejemplo público del respeto a las leyes y normas que rigen un país. Sin duda que la propia transparencia de su accionar, en el marco del sistema de derecho, alienta la consolidación de la democracia. Esto resulta más trascendente cuando se trata de los bienes públicos y del uso de los recursos estatales, que al fin y al cabo son propiedad legítima e inalienable de la población. En tal sentido, preocupa sobremanera que surja una denuncia de que se han vulnerado las leyes bolivianas en la compra por excepción del avión presidencial. Sin duda, este tipo de irregularidades socava la credibilidad en el sistema.
El Gobierno está en su pleno derecho de adquirir una aeronave que reúna las condiciones idóneas para las necesidades del Presidente del Estado. Hasta donde se sabe, el actual avión presidencial, un viejo Rockwell Sabreliner, no entraña garantía ni en lo técnico ni en lo que ofrecen sus instalaciones, desde la óptica del oficialismo. De esta manera, reemplazar una vieja aeronave por otra moderna deviene en algo lógico y sensato que el común de la población puede entenderlo. Pero para tener acceso a un aparato de las características que exige el Gobierno deben seguirse las normas y procedimientos que regulan este tipo de adquisiciones. Si de algún modo se saltan las normas, se despiertan las legítimas sospechas.
Todo parece indicar que el nuevo avión presidencial no será el previsto: un Antonov An-74, como tampoco el birreactor comercial de nivel regional AN-148, incluido en las negociaciones para adquirir equipo militar de procedencia rusa, agregando cinco helicópteros medianos de transporte MIL Mi-17 V5, además de un número no especificado de vehículos de otro tipo, como se venía suponiendo. El nuevo avión presidencial sería de fabricación francesa a un costo de casi cuarenta millones de dólares, y que cumple las exigencias mínimas.
Pero lo que se pone sobre el tapete no son precisamente las características del nuevo avión presidencial ni las bondades y ventajas que conlleva, y menos la procedencia de fábrica, sino la forma en que se estaría realizando la adquisición. La diputada de la oposición Piérola insiste en que se han vulnerado las leyes en este caso. Y todo indica que no falta razón. No sólo que se ha promulgado el decreto 4426 del 2 de abril, mediante el cual se da curso a la compra de la aeronave, sino que la adquisición se la hace por la vía de excepción. Esto significa que se han pasado por alto las normas básicas de contratación y la propia ley 1178 que regula la licitación internacional en este tipo de casos, de suyo delicado, donde los detalles importan y pesan.
¿Qué es de los veedores de la adquisición como son el Ministerio de la Transparencia para poner los puntos sobre las íes? Por supuesto que la gravedad de la denuncia amerita una aclaración. Y no sólo corresponde que se ofrezca a la opinión pública las aclaraciones pertinentes por parte del Gobierno sobre una adquisición que estaría vulnerando las leyes del país, sino que habría que dejar en claro el porqué de tanta premura en la adquisición del avión presidencial, y si había necesidad de un decreto que dé curso a su compra por la vía de la excepción. Conviene recordar que la vía de excepción significa que no se atiene a las normas básicas de contratación y de licitación internacional. Sin ser ilegal, este tipo de proceder sólo despierta justificadas sospechas tanto en la opinión pública como en la población.
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Editorial – El Día