Su defensor presentará una denuncia ante la ACNUR. Fue trasladado a La Paz. El colombiano mantuvo cercana relación con Evo y ahora trabaja en Yungas y altiplano con los campesinos. 
Secuestrado: Francisco Cortés, entrevistado, ayer en un juzgado cochabambino
La Prensa
Operativo: El colombiano fue dejado en libertad por la juez cochabambina Vivian Enríquez, pero un cuarto de hora más tarde fue capturado por agentes de Migración.
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Agentes de la Dirección General de Migración secuestraron ayer por la tarde al refugiado político colombiano Francisco “Pacho” Cortés, activista social que trabaja en coordinación con comunidades campesinas de los Yungas y el altiplano de La Paz.
El colombiano fue aprehendido por la Policía el lunes por la noche en el Aeropuerto Jorge Wilstermann, de Cochabamba, bajo el cargo de que fingía ser asesor del Presidente. La orden de su arresto fue impartida, según el abogado Andrés Zúñiga, por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Sin embargo, la juez Vivian Enríquez, de Cochabamba, lo dejó ayer en libertad, pero 15 minutos más tarde, funcionarios de Migración lo interceptaron en vía pública y lo subieron por la fuerza, según denuncia de su abogado, Víctor Gutiérrez, a un vehículo en el que lo trasladaron a la sede del Gobierno.
A través de un comunicado, Migración confirmó anoche “el traslado del señor Francisco Cortés Aguilar de Cochabamba a las oficinas de Migración en La Paz son (sic) con fines de verificación de su estado migratorio”.
El documento da cuenta de que “estos traslados de ciudadanos extranjeros son rutinarios y enmarcados en la normativa legal para la verificación de los documentos migratorios”.
Marco Rasguido, asesor legal del Consejo Nacional del Refugiado (Conare), explicó anoche que “el estatus de refugiado en Bolivia garantiza a la persona dos cosas importantes: primero, desde el punto de vista migratorio, tiene una situación legal en el territorio nacional, y el segundo, es que el refugiado debe tener las garantías necesarias para desarrollarse como cualquier ciudadano”.
El jurista sostuvo que “Migración no tiene la facultad de hacer detenciones. Esa facultad corresponde a la Policía mediante una orden del fiscal o, eventualmente, de un juez”.
Libre y secuestrado
El fiscal cochabambino Eduardo Guzmán, quien investigó la supuesta suplantación de funciones de Cortés, no encontró indicios del delito que se le atribuía, por lo que quedó en libertad.
Después de abandonar la Corte de Justicia, Gutiérrez denunció que su cliente fue introducido por la fuerza a un motorizado de Migración. “Uno de los agentes me informó que mi representado sería llevado a las oficinas para verificar su condición migratoria en Bolivia”.
El abogado admitió que fue engañado, pues en esas dependencias constató que Cortés no se encontraba allá y que su cliente era conducido a la ciudad de La Paz, como se confirmó a través del comunicado oficial emitido por esa dependencia estatal.
Entretanto, en La Paz, el abogado Andrés Zúñiga, quien defiende al activista colombiano desde 2003, cuando fue aprehendido bajo el cargo de preparar una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chapare, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por la desaparición forzada de Cortés.
De forma paralela, junto con otros seis juristas se reunió para preparar una demanda por el aparente delito de abuso de autoridad, contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Sin embargo, aclaró, la presentación formal de la querella deberá ser aceptada por Francisco Cortés.
Miriam Rocha, esposa de Cortés, lamentó anoche la situación de su cónyuge y que “tuvo una amistad con el compañero, ahora presidente, Evo Morales”.
Atribuyó la situación actual de su marido a las agencias estadounidenses CIA o DEA por su condición de activista.
“Pacho” Cortés posee una oficina en una entidad gubernamental.
Cortés trabaja en Yungas y altiplano
En los anteriores meses, el colombiano Francisco Cortés desarrolló un intenso trabajo social con comunidades campesinas asentadas en los Yungas y el altiplano, a grado tal que se ganó el aprecio y la confianza de los dirigentes y trabajadores de base, según pudo averiguar anoche este diario en fuentes policiales, quienes revelaron que su influencia era tan grande que poseía una oficina en una entidad pública.
Otras fuentes del oficialismo revelaron que éste mantuvo una cercana relación con el presidente Evo Morales, quien le solicitaba asesoramiento en temas puntuales. Morales y Cortés desarrollaron amistad mientras el colombiano estuvo encarcelado.
Junto con los cocaleros Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda, Francisco Cortés Aguilar fue aprehendido por agentes de seguridad del Estado el 10 de abril de 2003 en la ciudad de El Alto bajo el cargo de organizar una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el trópico cochabambino y que eran narcotraficantes.
Cortés permaneció 21 meses detenido en los penales de San Pedro y Chonchocoro, pero el 21 de marzo de 2004, el fiscal René Arzabe solicitó el sobreseimiento de los imputados al no encontrar pruebas contra ellos. El caso fue archivado.
22 cocaleros, sobreseídos
En 2003, la detención preventiva del activista colombiano Francisco Cortés abrió una investigación sobre la supuesta formación de una célula irregular del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e involucró a 21 afiliados a las seis federaciones del trópico cochabambino, región en la que aparentemente se organizaba el grupo armado.
Los investigadores del Ministerio Público no encontraron indicios de que se gestaba una organización de esa naturaleza.
Los 22 cocaleros sobreseídos por la Fiscalía en este caso fueron Delfín Olivera, Leonilda Zurita, Vicente Vigabriel, Modesto Condori, Julio César Salazar, Wilde Moscoso, Eusebio Rubios, Asterio Romero, William Condori Quiroz, Isidro Daza, Samuel Chacón, Justino Villca, Tomás Inturias, Martha Gonzales, José Vallejos, Genaro Moscoso, Albino Paniagua, Rimer Ágreda, Leonardo Marca, Domingo Flores, Lino Flores y Máximo Romero.
En ese listado, Leonilda Zurita, Julio César Salazar y Asterio Romero son importantes dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ocupan escaños en la Asamblea.
Para destacar
Francisco Cortés goza del estatus de refugiado político en el territorio nacional.
Una resolución de Migración concede permanencia indefinida en Bolivia a los refugiados.
Esa disposición establece que los refugiados deberán renovar sus documentos cada dos años.
Los refugiados deben realizar esos trámites en forma gratuita en todas las oficinas de Migración.
El refugio cesa por volver a su país, adquirir otra nacionalidad o por cometer un delito.
Si el asilado fuera expulsado del país, se le concederá un plazo razonable para hacerlo.
El Conare podrá gestionar que un tercer país acoja al expulsado en su territorio.
La justicia libera al activista Cortez y Migración lo retiene
Situación. Su defensor presentará una denuncia ante la ACNUR
• El detenido. Cortez aseguró el martes que todo es una confusión.
La Razón – La Paz
Poco después de que la justicia lo dejara en libertad por falta de pruebas, el colombiano y activista de derechos humanos Francisco Pacho Cortez fue nuevamente retenido, esta vez, por Migración. Su abogado informó que denunciarán el hecho a instancias internacionales.
Un comunicado de Migración, enviado a los medios de prensa por el Ministerio de Gobierno, informó que el detenido fue trasladado a La Paz para verificar su estado migratorio, y que estos procedimientos “son rutinarios y enmarcados en la normativa”.
Cortez, quien goza de refugio político concedido en el gobierno de Evo Morales, fue detenido la noche del lunes en Cochabamba, poco después de descender de un avión procedente de La Paz, donde coincidentemente estaba el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
La Policía, a través de un comunicado, reportó el martes que fue detenido por hacerse pasar por asesor del presidente Morales, mientras que la Fiscalía lo acusó, inicialmente, de asociación criminal y, finalmente, de espionaje.
La audiencia de medidas cautelares estaba fijada para las 9.00 de ayer, pero no se instaló por ausencia del fiscal Eduardo Guzmán, informó el abogado del acusado, Andrés Zúñiga. Ante esta situación, la justicia pidió a la Fiscalía un informe sobre el caso para instalar o no la audiencia.
El informe fiscal no llegó y la juez Vivian Enríquez ordenó la libertad “pura y simple” de Cortez. Una vez fuera de los estrados judiciales, fue interceptado por miembros de Migración, que lo detuvieron y le obligaron a abordar un vehículo, relató Zúñiga.
“¿Cómo es posible que al refugiado político, que mostró sus documentos que le dan ese estatus, lo traten así? Él no es indocumentado, tiene una condición de refugiado en Bolivia”, dijo el abogado.
Cortez y tres cocaleros fueron acusados el 2003 por la comisión de varios delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado, espionaje y narcotráfico. Estuvo 21 meses en la cárcel de Chonchocoro y fue puesto en libertad tras el archivo del juicio en su contra.
El colombiano goza de la protección del Estado, porque se benefició con el estatus de refugiado político que le concedió el Consejo Nacional del Refugiado, del cual forma parte el Gobierno. La defensa del acusado informó que no conocen el paradero de su cliente y que denunciarán el caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La directora Nacional de Migración, María René Quiroga, evitó comentar el hecho y sobre el paradero del detenido. “Ahora no puedo decir nada; estamos en investigación y recién voy a recibir el informe de Migración Cochabamba”, explicó escuetamente en un contacto con La Razón.
Llorenti fue responsabilizado por la detención del refugiado. Zúñiga denunció el martes que su cliente fue acusado de seguir y sacar fotografías al Ministro de Gobierno. “Eso es falso, es una conjetura lamentable”, afirmó.
El comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, indicó que no conoce del operativo de Migración y que no recibió denuncias sobre plagio.
Derechos de refugiados
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento, y el derecho al respeto como persona. También tienen derechos económicos y sociales.