Hasta junio de 2014, CAMC había recibido cuatro llamadas de atención de la supervisora que justificaban la resolución del acuerdo. Sin embargo, ésta se hizo efectiva recién en noviembre 2015.
El Gobierno demoró más de un año en resolver el contrato con CAMC
Página Siete / Carla Hannover / La PazEn el caso Bulo Bulo, el Gobierno demoró más de un año en la resolución del contrato con la china CAMC Engineering Co. Ltd. Hasta agosto de 2014, la firma había recibido cuatro llamadas de atención, que -según el informe de minoría- «justificaban la resolución del contrato”.La empresa firmó el contrato por las obras del Tramo I de la vía férrea Bulo Bulo-Montero en octubre de 2013. Debía entregarlas a fines de 2015. Sin embargo, el Gobierno resolvió el acuerdo el 3 de noviembre de ese año, luego de que se registraran más de seis llamadas de atención serias por parte de la Empresa Supervisora Acciona Ingeniería – CPM y más de 20 notas en las que observaba el trabajo de la firma. Entonces, ¿por qué el Gobierno tuvo tanta flexibilidad con la firma china?En los informes de mayoría y de minoría del Legislativo, la resolución del contrato se dio porque CAMC incumplió con el cronograma de trabajo comprometido y porque no logró completar la elaboración del estudio TESA de la vía. Como consecuencia de la resolución del contrato, la empresa china quedó inhabilitada por tres años para adjudicarse obras en el país. Además, los trabajos que inició quedaron varados por más de siete meses, lo que causó su deterioro.La firma supervisora entró a la obra 4 meses después de CAMCSi bien el contrato con CAMC entró en vigencia el 13 de diciembre, el de la empresa supervisora comenzó a regir recién el 9 de mayo de 2014, se lee en el informe de minoría y se constató en el Sicoes. Lo que lleva a consultar: ¿qué hizo CAMC en esos cuatro meses?La primera llamada de atención a CAMC llegó a los seis meses de haber iniciado obras, dos meses después del ingreso de la empresa supervisora Acciona Ingeniería -CPM , que envió el 10 de junio de 2014 una nota «por el incumplimiento de entrega de cronograma” y la «primera llamada de atención” debido a «que no se contaba con el especialista ambiental”.Por la misma causa, seis días después, «el 16 de junio de 2014, emitió la segunda llamada de atención”, se lee en el informe de minoría. El 25 de junio de 2014, la supervisora emitió una nueva llamada de atención, la tercera, «debido a que (CAMC) no presentó estudios TESA”. La cuarta llamada de atención llegó el 12 de agosto de 2014, «por ausencia injustificada del gerente del proyecto y emitió la instrucción de efectuar la sanción correspondiente”. Ese mismo día llegó la quinta llamada de atención «ante la falta de cumplimiento a las instrucciones para la presentación de planes de manejo y licencia de actividades de sustancias peligrosas y PRP”.Por los antecedentes hasta esa fecha, en el informe de minoría se lee que tanto la empresa supervisora como el fiscal de obra «fueron demasiado permisivos con la china CAMC Engineering Co. Ltd.”, por lo que habrían incurrido en el delito de incumplimiento de deberes. «Se benefició a la china CAMC al no rescindir contrato a la tercera llamada de atención…, en conformidad a lo establecido en el contrato”.En el de mayoría no se da cuenta de estos detalles, pues sólo se informa que, tras las entrevistas a las autoridades y al Fiscal de Obras del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, «todos argumentaron” que la primera intención de resolución de contrato se «debió a demoras en el cronograma y la no presentación del TESA completo”.Primera intención de resoluciónLa primera intención de resolución del contrato llegó el 11 de mayo de 2015. Sin embargo, «y ante el compromiso de subsanar las fallas, a través del Plan de Contingencia, q ue -según el informe de mayoría- fue aprobado por la supervisión y el fiscal, en conformidad a las reglas del contrato (cláusula 22.4), tal intención fue levantada considerando, además, que la demora en la presentación del TESA no fue atribuible ni a la empresa contratista ni al Ministerio, sino a la resistencia social de las comunidades, al trazo del proyecto”, se lee.En cambio, en el informe de minoría se detalla que el 4 de julio de 2015 el Ministerio de Obras Públicas retiró la carta de intención de resolución de contrato. Esto «dan a conocer a la supervisión de manera oficial el 14 de agosto de 2015, vía correo electrónico y al no realizarse ninguna acción para la aplicación del plan de recuperación, en el informe jurídico dan a conocer que la empresa fiscalizadora envió seis notas a la CAMC en relación a su incumplimiento del plan de recuperación de julio a septiembre 2015, las últimas dos de fechas 10 agosto de 2015 y 21 de septiembre de 2015 ”.El plan de contingencia debía ser evaluado hasta agosto. Entonces, la empresa supervisora emitió un informe «recomendando la intención de rescindir contrato y estableciendo que CAMC no podrá cumplir con el plazo contractual, ni con el que surja con la aprobación de la compensación de plazo, según comunicación verbal, que fijaba como fecha de terminación de la obra el 5 de mayo 2016”.Segunda intención de resoluciónDebido a estas irregularidades se envió una segunda intención para rescindir contrato el 30 septiembre 2015. «Al no implementarse este plan de contingencia (después de más de dos meses, cuatro notas de incumplimiento y dos llamadas de atención) se envió la segunda intención de resolución de contrato”, detalla el informe de minoría.Sobre este tema, en el informe de mayoría se indica que «ante el nuevo incumplimiento” de la empresa contratada, se procedió a la resolución de contrato . «El procedimiento inició el 30 de septiembre e implicó acciones técnicas (informes de supervisión y fiscalización) y administrativas-jurídicas (defensa de recursos constitucionales y acción penal por incumplimiento de contrato)”.Complementa estos datos el informe de minoría: «transcurridos los 20 días hábiles que se les concede, por contrato, para enmendar las observaciones y al no tener ninguna respuesta de la china CAMC se resuelve el contrato en fecha 4 noviembre de 2015, faltando un solo mes para que se cumpla el plazo de entrega que hubiera habilitado el pago de las penalidades por retraso en el plazo de ejecución, tomando en cuenta que el contrato establece una penalidad por morosidad de 0,3 por mil por día calendario de retraso”, se lee.¿Y el daño económico?Según el informe de minoría, el Gobierno no proporcionó el cronograma de ejecución de cada ítem «por lo que no se puede cuantificar el daño al Estado causado por la morosidad. Además del daño que se causará cuando la Planta de Urea entre en funcionamiento y no exista el transporte necesario para sacar el producto”.En el informe de mayoría, se lee que CAMC recibió un anticipo del 20% del monto del contrato, es decir, de 144.434.116,57 bolivianos. Además de un 25% por el pago de tres planillas, es decir, de Bs 180.614.862,80 . En total se desembolsaron Bs 325.084.979,38.El informe, a su vez, tiene contradicciones. Explica que «el anticipo del 20% (Bs 144.434.116,57) fue recuperado totalmente”, pero «descontando un porcentaje al momento de pago de planillas de avance de obra”. No se sabe con precisión cuánto se descontó. También detalla que se ejecutaron las boletas de garantía en aplicación al artículo 19 del decreto 0181 (ver infografía).En el documento, se lee que del total -es decir, de 325,08 millones de bolivianos- «la empresa china CAMC reconoció la devolución de Bs 68.208.619,56 por concepto de obras a la fecha deterioradas y no útiles para dar continuidad al proyecto, además por penalidades por las llamadas de atención”.Esa transacción se confirmó el 27 de abril de 2016, «con la certificación del Banco de Crédito BCP de la transferencia electrónica al Ministerio de Obras Públicas”. Con esta devolución, el proyecto quedó cerrado financieramente «manteniéndose la acción penal por incumplimiento de contrato”.Para a oposición el no rescindir contrato oportunamente, posibilitó a la empresa china adjudicarse el paquete 4 de Misicuni y la puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio.Gobierno firmó con CAMC Engineering Co. Ltd., pero fue Bolivia Branch la que gestionó pagosOtro problema que se advierte en el informe de minoría es «la dualidad en los procedimientos de CAMC” y la falta de poderes legalizados para uno de sus representantes, quien firmó contratos modificatorios.El representante legal de la china CAMC, Li Sihai, firmó el contrato modificatorio dos el 31 de octubre de 2013. Se cree que presentó el poder (No. 1033/2013) después de la firma, pues fue emitido el 19 de noviembre. «El Poder de Sihai no es válido pues es de fecha posterior a la firma del contrato. Esto permite constatar que existen indicios de Contratos Lesivos al Estado”.Por otro lado se dio cuenta de la dualidad dentro de las actuaciones de la china CAMC Engineering Co. Ltd. y la Bolivia Branch. «Se puede observar que el registro del sistema contable tiene como beneficiario a la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch y la facturación también se realizaba por esta empresa; sin embargo, las transferencias son realizadas a la Empresa china CAMC Enginering Co. Ltd”.También advierten que las transferencias del anticipo se realizaron en porcentajes diferentes de lo solicitado por Sihai. «Al respecto vemos que los traspasos de los pagos son realizados al Banco de Crédito de Bolivia BCP en la cuenta de la china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch, siendo que el contrato fue adjudicado a la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Existe irregularidad en estos actuados puesto que todo documento debió realizarse a nombre de la empresa adjudicataria”.Amparo retrasó el cobro de boletasGabriela Zapata habría sido contratada por CAMC para que intercediera ante el Gobierno para que no se ejecuten las boletas de garantía del proyecto Bulo Bulo, según reveló el empresario Dennis Grundy, en su declaración al Ministerio Público.En efecto y según el fallo de Tribunal Departamental, el 27 de noviembre de 2015, CAMC ganó una acción de amparo constitucional que evitó que se ejecutaran boletas por un valor de 158,8 millones de bolivianos.Sin embargo, luego de que estallara la polémica por el presunto tráfico de influencias en febrero de este año, el Tribunal revocó el fallo y dispuso el cobro de dos boletas.En el informe de minoría se lee que «se ejecutó la boleta de garantía de cumplimiento de contrato correspondiente al 7%”. En tanto que la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo, equivalente al 20% del total de la obra, sólo fue ejecutada en un 15%. «El faltante 5% de ese anticipo fue restituido en los tres certificados de pagos descontándose el monto correspondiente de cada planilla de pago”.Sin embargo, para la oposición, «no existió tal correcta inversión, por lo cual debió ejecutarse la garantía en su totalidad (20%) habiendo un daño económico de 36.122.972,56 de bolivianos”.