La Contraloría General del Estado, encabezada por un “militante del proceso de cambio”, acaba de declarar “cerrado” el caso de hiper-corrupción en el Fondo Indígena (Fondioc), donde se malversaron sumas multimillonarias que deberían haber sido destinadas a luchar contra la pobreza de las poblaciones nativas, pero que en cambio fueron a parar a los bolsillos de dirigentes “sociales” del partido de gobierno.Se clausura así la investigación sin que hayan sido sentados en el banquillo de los acusados los principales responsables por la administración del Fondioc, como la ex ministra de desarrollo rural Nemesia Achacollo, ni el ministro de hacienda Luis Arce Catacora.Apenas han sido encarcelados algunos funcionarios subalternos, de acuerdo a una política de sacrificio de peones ya practicada por el régimen en casos anteriores, como el del “gabinete jurídico” interministerial.Similar destino parece esperarle al caso Zapata, donde la ex consorte presidencial podría acabar cargando con toda la culpa del tráfico de influencias a cambio de un proceso abreviado que la ponga en libertad en un lapso más bien corto, luego de lo cual suponemos que hará mutis por el foro hacia algún territorio extranjero.Es lo que sucede cuando la república y su clásica división de poderes deja paso a una hegemonía autocrática, donde todas las funciones estatales se concentran en una sola y arbitraria mano caudillesca…[email protected]