Daniel A. Pasquier Rivero
La frase es contundente y clara, tanto para académicos como para pueblo llano, de hecho no viene de un filósofo si no de un político, el ex presidente Bill Clinton. Si no hay una norma aceptada por todos, y un aparato jurídico político llamado Estado para hacerla cumplir, el retroceso a las cavernas es inmediato, con la vuelta a la barbarie, que no es otra cosa que el imperio de la brutalidad, la fuerza, de las pasiones más bajas, y por último, la lucha fratricida del todo contra todos. La ausencia de la ley o del respeto a la ley marca la descomposición institucional y finalmente se hace inútil hablar de proyecto nacional, Estado o Patria.
La primera víctima de esta situación es la pérdida progresiva de libertad, iniciada en cualquier ámbito, cultural (censuras), económica (regulaciones e intervenciones en exceso del Estado sobre la propiedad privada), política (restricción a la libertad de conciencia) o social (racismo, por ejemplo). Es que donde no se reconocen, mediante la ley, los derechos de todos y en igualdad para todos, los unos terminan atropellando a los otros.
Por eso el MAS está en apuros, se le escapa de las manos la administración del Estado Plurinacional (EP), el que plasmó en la CPE a cualquier precio. Pero pasan los días y, como grafica el periodista C. Valverde, cada día hay que tacharle otro artículo, porque no se lo cumple, se lo ignora o se lo atropella flagrantemente. Entonces, ¿qué sentido tiene la CPE?, ¿acaso no era eso lo que querían los pueblos originarios, los movimientos sociales?, ¿o, quién la redactó? ¿Y si, en definitiva, no hay ley?
Es que el país empieza a reclamar resultados, se empieza a cansar del discurso sin soluciones; todo el mundo tiene claro que esto ya no va a ser Suiza, como prometió al inicio de su gobierno, pero al menos que ataquen la pobreza y la inseguridad, como metas factibles. Van más de cuatro años de gobierno, 14 meses con nueva CPE, y el país no ve proyectos ni inversiones que disminuyan el desempleo, que mejoren la calidad de los ingresos de los trabajadores (el aumento al salario mínimo ha sido rechazado por todos, incluyendo muchos oficialistas); la debacle en las principales empresas estatales (encabezada por el caso YPFB) no se corrige, más bien se profundiza y las pérdidas se van sumando al déficit fiscal que ya alcanza al 4.5% del PIB. Sobre la deuda pública externa e interna poco se habla. Y la estabilidad económica se mantiene por el buen precio del gas exportado, aunque los ingresos han disminuido un 45%. Paradójicamente, Argentina, Uruguay y Paraguay requieren gas, pero sólo reciben promesas del EP: no hay más producción porque no hay más inversión y la inseguridad jurídica ha perforado todos los proyectos. Se gobierna como jugando a la gallina ciega, golpeando con los ojos vendados. Ahora se intenta frenar la subida del precio al pollo importando maíz, sin preocuparse de que la medida desincentiva a los agricultores nacionales e incentiva a los extranjeros, sin medir los efectos en la pérdida de empleos y salarios en una actividad legal.
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Esta situación es el caldo de cultivo ideal para los ilegales. Por esto es admirable que en Caranavi algunos mueren por pedir una simple planta procesadora de cítricos, cuando los más están tranquilos, dedicados a los negocios en relación a la producción y comercialización de coca. Es el derecho a la subsistencia. Así también lo entienden en Uncía y se declaran “territorio independiente”, según la CPE, donde se autorizan en cabildos el contrabando, el narcotráfico, la tortura y el linchamiento. De hecho, este no es el primer caso, pero ¿será el último?, ¿cómo reaccionará el gobierno frente a una acción que está más allá del separatismo y terrorismo endilgado a los orientales?, pero, esta es la lógica del EP: si queremos, lo hacemos. Una amiga (P. Zapata) describe perfectamente la realidad: el derecho constitucional del “vivir bien” se ha reducido drásticamente a simplemente “estar con vida”. Si no fueran datos ciertos y reales cualquier observador diría que estamos todos esquizofrénicos y, en consecuencia, el país se convirtió en manicomio. Y cómo no, cuando vemos a Raúl Castro, en soporífero programa de un canal oficial, dedicando horas a vanagloriarse de la intervención en Namibia, donde, según él, se dio el puntapié a la lucha contra el apartheid, y no cuenta sobre los miles de muertos y sufrimientos provocados allí por la metralla, en Angola y vecinos, para tener, después de 20 años, una nación deshecha, en la miseria y con las mayores desigualdades sociales, que sólo se perfila a corto plazo como el mayor productor y exportador de uranio en el mundo, ¿sería esa la verdadera razón para el genocidio?
Sin duda, el terror, el miedo, es el arma de los déspotas, siempre lo ha sido. Y los radicales nacionales parecen querer emular al maestro, un régimen que mantiene presos políticos a ultranza, contra toda ley, sentimiento humanitario o razón. Raúl “negocia” cuatro horas con el Cardenal católico en La Habana, no para liberar presos enfermos, sino para trasladar a seis a cárceles más cercanas a sus familiares, gran cosa. Igual que Fidel hace 40 años, cuando chantajeó a la comunidad internacional con sus 3.000 presos políticos. Es que la política, el poder, en manos de radicales, sean estos borregos de derecha o de izquierda, finalmente sólo generan dolor y pobreza, como lo han demostrado todos los proyectos intervencionistas, estatizantes, tanto en Europa, América como en Asia. Al Estado no le va bien intentando suplantar al ingenio, la laboriosidad de los privados y, peor crimen es aún tratar de destruir el aparato productivo de una región o de una nación solamente por asegurar el control del poder de esa región o de la nación.
La experiencia es universal. Las expresiones del gobierno ruso, nada menos, los que pasaron por una “Glasnot y una Perestroika” al contestar las amenazas del presidente iraní, pueden ser útiles al los gobernantes del EP, “Nunca nadie ha logrado preservar su autoridad con demagogia política”, “Para Rusia son inaceptables la improvisación, el extremismo político, la no transparencia y la no coherencia de decisiones que tocan y preocupan a toda la comunidad internacional”. El futuro del Estado Plurinacional, o de la República de Bolivia, no es ajeno al acontecer mundial y ese futuro está todavía al alcance de una sociedad con convicción democrática, con un mínimo de cultura democrática, dispuesta a defender la convivencia en un Estado de Derecho, conscientes de que en el respeto a la ley, no es sólo progreso si no su, nuestra, libertad la que está en juego.