Los abogados Wálter Zuleta y Williams Sánchez Peña se fueron a Perú para evitar la detención, tras las derivaciones del caso que involucra a la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata.El embajador peruano reveló que los juristas solicitaron refugio y que está en trámite. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anuncia que hará gestiones con Interpol para traerlos.
Los abogados Williams Sánchez y Wálter Zuleta. Foto La Razón
Perú no pondrá a Zuleta ni a Sánchez Peña en frontera
El embajador peruano reveló que los juristas solicitaron refugio y que está en trámite. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anuncia que hará gestiones con Interpol para traerlosMarcelo Tedesqui V. / EL DEBEREl embajador de Perú en La Paz, Benjamín Chimoy, afirmó ayer que mientras en Lima se resuelva un pedido de refugio, las autoridades peruanas protegerán a los abogados Wálter Zuleta y Williams Sánchez Peña, exdefensores de Gabriela Zapata. De esta forma respondió a la solicitud del Gobierno boliviano, que exigió reciprocidad por la extradición, en 2015, del empresario Martín Belaúnde.El diplomático, durante un encuentro con los medios en la plaza Murillo, manifestó que “como solicitantes de refugio (los abogados) gozan, preliminarmente, de una cierta protección. De acuerdo al derecho internacional, no se les puede poner en frontera en este momento», explicó.Chimoy complementó que “cada caso de solicitud de refugio es examinada por una comisión, ahí se verán los elementos para aprobar o rechazarlo”.Ante esa respuesta, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que su responsabilidad será poner al tanto del caso al nuevo ministro del Interior de Perú. “A la anterior autoridad le expusimos los antecedentes e hicimos llegar el informe de Migración, que acredita que Zuleta y Sánchez Peña abandonaron el país de forma ilegal”.Romero confía en que no debería corresponder el refugio y que lo manifestará a su nuevo colega peruano, porque no son «perseguidos políticos», sino que deben responder ante la justicia.Zuleta fue acusado por la Fiscalía en rebeldía en el caso Zapata por los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios y contribuciones y ventajas ilegítimas.Asimismo, Romero mencionó que existe una polémica sobre el tipo y la categoría de alerta que emitió la Interpol tras la salida de los dos juristas. “Se activó la alerta roja cuando verificamos su presencia en Lima, ya portaba credencial de personas que tenían en curso el trámite de refugio, entonces en ese momento tramitamos para que se cambie a alerta azul, con la que el Estado en el que se encuentran puede expulsarlos en frontera, esta coordinación la hacen los abogados para permitir el retorno de las personas”, explicó la autoridad.Complementó que el trámite del cambio lo hace la Fiscalía. “Ellos hacen el requerimiento a la Policía Internacional, pero, evidentemente, hay un trabajo de coordinación que está en curso”, manifestó.El fiscal general, Ramiro Guerrero, pidió reciprocidad a Perú, debido a que el país, en su momento, devolvió a Martín Belaunde.Mientras tanto, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, calificó al empresario y líder de UN, Samuel Doria Medina, como “tramitador de refugio para prófugos”, luego de un viaje que realizó a Lima.Desde La Paz, la defensa de Sánchez Peña hizo conocer un pronunciamiento que señala que el hecho de que el ministro Romero, el fiscal general y Paco emitan declaraciones sobre el tema y la denuncia de que Doria Medina hace gestiones demuestra que se trata de un tema político, lo que hace viable la concesión del refugio en PerúAbogados pueden apelar la decisiónSegún el texto de la Ley del Refugiado, que está vigente en Perú, al que tuvo acceso este medio, los abogados William Sánchez Peña y Wálter Zuleta pueden apelar la decisión si es que les niegan la solicitud de refugio; pueden optar por ir a un tercer país.El artículo 5 señala que “toda persona que invoque esa condición no puede ser rechazada, devuelta, expulsada, extraditada o sometida a cualquier situación de retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas”.Quedan exentos de esa disposición solamente las personas que hubieran cometido delito grave antes de ingresar a territorio peruano y se convierta en una amenaza para el orden público y la seguridad.Tras ser admitida la solicitud, corre un plazo de 60 días hábiles para que se dé una respuesta. El artículo 16 señala que si hay dudas, la comisión debe dar el beneficio de la duda, es decir, declarar procedente el pedido, y si se la rechaza, el artículo 17 establece el derecho a apelar del solicitante y que se reconsidere su caso.Si es que se niega definitivamente, la persona tiene la opción de no retornar a su país y recurrir a un tercero.
Perú analiza pedido de asilo de Zuleta y Sánchez y niega por ahora su entrega a Bolivia
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La Comisión Especial para los Refugiados en Perú analiza la solicitud de asilo de Walter Zuleta y William Sánchez, exabogados de Gabriela Zapata, por lo que los requeridos por la Justicia de Bolivia no son extraditables hasta tanto sea resuelta su situación, afirmó el embajador peruano, Luis Benjamín Chimoy.
“Como solicitantes de refugio tienen preliminarmente una cierta protección. De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario no se les podía poner en frontera en este momento”, señaló el diplomático la mañana de este viernes poco después de participar de los actos de conmemoración de la fundación del Perú.
Zuleta y Sánchez patrocinaron la defensa de Zapata, expareja del presidente Evo Morales, en el proceso de uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y otros. Pero además fueron defensores en la causa que el mandatario Morales inició a su expareja por ‘violencia psicológica’ contra supuestamente su hijo, que después se constató no existió y que se intentó hacer pasar a un menor como hijo del mandatario.
El fiscal General de Estado, Ramiro Guerrero, demandó el miércoles a Lima actuar en reciprocidad con Bolivia y poner en frontera a los juristas requeridos por Bolivia tal como el Gobierno hizo en el caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, quien tras ser capturado –a poco de su fuga- fue entregado a las autoridades peruanas en mayo de 2015.
“Cada caso de solicitud de refugio es examinado por una comisión tal como sucede en Bolivia. Ahí se examinarán los elementos para determinar si es viable o no la concesión del refugio. Cada caso es diferente”, indicó Chimoy.
Zuleta fue incluido en la imputación formal contra Zapata, quien es acusada por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos, en el denominado caso de tráfico de influencias o CAMC.
El periodista Carlos Valverde, quien ahora se encuentra fuera de Bolivia, reveló el 3 de febrero la relación sentimental entre Morales y Zapata, y denunció tráfico de influencias porque Zapata era funcionara de la firma china CAMC con contratos con el Estado por más de $us 500 millones.