Uncía. Gabriel confirmó el informe forense que fue desvirtuado por el Gobierno. Muerte se produjo antes del rescate de los 4 cadáveres y fue posterior al deceso de sus camaradas. Cabildo: Los campesinos exigen que solamente se indaguen los presuntos abusos cometidos por efectivos de la Policía en la región.
EL ESTADO. Una de las manos del suboficial Nelson Alcócer, en plena necropsia
Daniela Romero – Oruro, LA RAZÓN
EXISTEN PRUEBAS DE QUE ALCÓCER MURIÓ DESPUÉS
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Wilma Gabriel, la forense que realizó la necropsia al cuerpo del suboficial Nelson Alcócer, uno de los policías linchados en el norte de Potosí, ratificó ayer que la muerte se produjo antes del rescate de los cuatro cadáveres (4 de junio) y fue posterior al deceso de sus camaradas.
“La autopsia del cuerpo de Nelson Alcócer se efectuó el 4 de junio a las 9.30. Con el examen cadavérico externo e interno se llegó a la conclusión de una causa de muerte de un traumatismo cráneo encefálico (abierto), facial y fracturas múltiples. Con relación a los signos cadavéricos, se estima una data de muerte aproximada de tres a seis días”, afirmó ayer Gabriel.
Informó que el fallecimiento de los otros tres policías se produjo entre 10 a 12 días antes del 4 de junio (entre el 23 y 25 de mayo, fecha en la que supuestamente fueron retenidos y asesinados). La médico forense seguró que los cuerpos presentaban un estado de putrefacción avanzada con relación al cadáver de Alcócer.
Así lo demuestran fotografías y una filmación que realizaron los funcionarios forenses y del Ministerio Público durante el examen. En las imágenes, a las que La Razón tuvo acceso, se advierte que una de las manos de Alcócer estaba limpia, sin signos de descomposición, por lo cual, incluso, los forenses le tomaron las huellas digitales (ver fotografías).
En tanto, la mano de uno de sus compañeros estaba completamente diferente. La piel ya había sido desprendida del músculo en claro estado de putrefacción. “Se quiso ingresar al lugar para hacer los levantamientos, pero no se pudo. Por eso nos basamos en lo que vemos y tocamos interna y externamente”, dijo.
En el caso de Alcócer, se pudo verificar, además, que sus órganos se encontraban en un estado de mayor conservación que de sus camaradas.
Gabriel informó que los cuatro protocolos de autopsia se entregarán oficialmente a la Fiscalía General, a la Policía Boliviana y al fiscal asignado al caso, Alfredo Santos.
Ante la descalificación que hizo el Gobierno (el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, incluso dio la hora de las cuatro muertes) y el Alto Mando policial al informe elaborado por Gabriel, prefirió no referirse a esas declaraciones. “Me reservo de realizar una opinión al respecto”, dijo.
El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, invalidó el examen forense realizado en Oruro y anunció que en los próximos días se realizaría una nueva necropsia a los cadáveres.
El suboficial Nelson Alcócer Cazana, el cabo Esteban Alave Arias, el cabo Rubén Cruz Aruquipa y el policía Miguel Ramos Pañuni fueron retenidos el 23 de mayo por comunarios de los ayllus y posteriormente torturados y linchados. Ayer, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera volvió a defender a los ayllus de la acusación por las muertes. “No se debe estigmatizarlos”, dijo.
Negativa de los ayllus
Un cabildo de los ayllus del norte de Potosí determinó no permitir el ingreso de la comisión de fiscales e investigadores que llegará hoy hasta Llallagua.
DIFERENCIA. La mano de otro de los policías linchados en estado de descomposición.
Policías habrían ido a Potosí sin orden fiscal
Los cuatro policías de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, que perdieron la vida linchados en ayllus de Uncía (Potosí), habrían salido al operativo, el domingo 23 de mayo, sin una orden fiscal.
De acuerdo con la declaración informativa del director departamental de Diprove, mayor Limberth Oporto, ante la Fiscalía y a la cual tuvo acceso La Razón, se indica que “debido a la urgencia del viaje no se avisó al fiscal adscrito (a esa unidad). Además, se trataba de un patrullaje de rutina”, dice el reporte.
Ese día, el suboficial Nelson Alcócer, quien estaba a cargo de ese grupo policial, comunicó a Oporto que había recibido un “pitazo” (información) de que en Huanuni (Oruro) y en lugares aledaños había el reporte del tránsito de vehículos indocumentados, por lo que solicitaba ir en un operativo.
Oporto manifiesta que se dio la orden para realizar el patrullaje por sólo un día (el domingo). “Los cuatro efectivos salieron en un vehículo RAV4, marca Toyota”, según el informe. Durante el domingo 23 de mayo, sus superiores no recibieron ningún reporte de ellos. El lunes, el mayor Oporto evidenció que el vehículo en el cual habían viajado los policías no estaba en el patio de Diprove, por lo que había anunciado sancionarlos a su regreso. Pero mientras pasaban las horas, no tuvieron ningún reporte suyo hasta que se anoticiaron de su desaparición y el posible linchamiento a manos de los ayllus potosinos.
Ayllus potosinos impedirán la investigación de linchamientos
Cabildo: Los campesinos exigen que solamente se indaguen los presuntos abusos cometidos por efectivos de la Policía en la región.
Diálogo: Delfín Chocotea, mallku de la FAOI-NP, en Llallagua, hace una semana
La Prensa
Un cabildo de nueve ayllus de Llallagua, Chayanta y Uncía resolvió anoche impedir el ingreso de una comisión del Ministerio Público y la Policía para investigar el linchamiento de cuatro efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, según un informe de Radio Pío XII de Siglo XX.
Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos fueron atrapados y asesinados por los comunarios de dos ayllus, los acusaron de matar al taxista Adalid Escapa, confesión que supuestamente arrancaron a los policías con torturas, y de haber extorsionado a un contrabandista de automóviles.
Los comunarios se reunieron ayer durante 10 horas y decidieron no solamente oponerse al ingreso de los enviados de ambas instituciones, sino exigir que se esclarezcan los seis asesinatos de conductores de vehículos indocumentados, las violaciones y otros delitos que se atribuyen a los agentes en la región.
Los campesinos solicitan, además, el cambio de todos los efectivos policiales destinados a los municipios de Uncía, Llallagua y Chayanta, pues los actuales se dedicaron a extorsionar y cometer abusos de todo tipo en la región, aunque el Comando Nacional relevó a todo su personal asignado a Uncía.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Federación de Ayllus Originarios Campesinos del Norte de Potosí (FAOI-NP) en la población de Llallagua.
Seis efectivos policiales, tres de La Paz y tres de Potosí, además de dos fiscales de este último departamento, se reunirán hoy en la Villa Imperial, desde donde planificaron dirigirse mañana a Llallagua para iniciar sus labores. Los uniformados tienen órdenes de permanecer en el lugar hasta esclarecer por completo el caso.
El grupo obedece a las instrucciones del fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, y las indagaciones directas están al cargo del fiscal Juan Carlos Ramírez.
Antes de conocer la decisión de los ayllus, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, garantizó la seguridad e integridad del equipo de expertos.
Entretanto, la forense orureña Wilma Gabriel ratificó ayer, en conferencia de prensa, las causas y datas de las muertes de los cuatro policías linchados en Uncía.
La profesional aseguró que Alcócer murió entre tres y seis días antes de practicarle la autopsia, el pasado viernes 4.
En tal caso, el uniformado fue asesinado entre el sábado 29 de mayo y el martes 1 de junio. La médico hizo esa aseveración con base en los signos cadavéricos.
El deceso fue causado por un traumatismo cráneo encefálico, traumatismo facial, fractura de la base del cráneo, edema cerebral, hemorragia intercraneal y politraumatismos.
“Los otros cuerpos no tienen la misma data de muerte, puesto que al examen externo presentan rasgos cadavéricos avanzados. Estaban en estado de putrefacción avanzada. Se estima que murieron 10 o 12 días antes de la autopsia”.