Una semana después del conflicto con los cooperativistas mineros que causó la muerte de seis personas, el Gobierno aprobó la reversión de las áreas y concesiones del sector que estén arrendadas a empresas privadas. Además, incorporó otros dos decretos orientados, según el Ejecutivo, a garantizar el desarrollo de la actividad productiva en las minas.

Los decretos del gabinete ministerial van desde la prohibición del uso de dinamita, fiscalización de la naturaleza de las cooperativas, reversión de áreas mineras sin actividad y las áreas que tuvieran contratos con empresas privadas y reconoce derechos laborales.El primer decreto “revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras”.El segundo decreto faculta al Ministerio de Minería, “la verificación y la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no tengan actividad”.Además, el Gobierno disolvió los convenios firmados por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) con las federaciones, que aprobaba el descuento de 1%, 3% y 5% de los comercializadores e ingenios, que iban a manos de las cooperativas.Las concesionesEl presidente de la Corporación Minera de Bolivia, Marcelino Quispe, dijo que de las 2.000 concesiones en Bolivia, hay cerca de 1.000 en calidad de arrendadas al sector cooperativo. Estas serán las fiscalizadas por los decretos. Detectó dos concesiones arrendadas a los cooperativistas sin actividad en Potosí, por lo que se tramita su reversión.También se hizo conocer que Comibol autorizó a la Cooperativa Reserva Fiscal firmar un acuerdo de riesgo compartido con la Empresa Minera Manquiri, filial de la compañía estadounidense Coeur D’Alene.DesempleoEl analista del sector minero Carlos Sandy advirtió que lo que establecen estos decretos, sumarán los costos administrativos y fomentarán el desempleo de entre 60.000 y 80.000 obreros de un total de 120.000.Por su lado, el dirigente de la estatal Empresa Minera de Huanuni, Eddy Calle, afirmó que la decisión de revertir las concesiones de las cooperativas mineras generará más ingresos para el Estado. La COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia expresaron su acuerdo con las medidas asumidas por el GobiernoReponer los ductos costará $us 320.000Los alambres retorcidos de una veintena de llantas que fueron quemadas por los mineros cooperativistas debajo del ducto OSSA 2 en la localidad de Panduro atestiguan el intento de afectar la provisión de combustible en el occidente del país; mientras que en la localidad de Pongo, en Cochabamba, los cuentapropistas provocaron una explosión que no afectó el mismo ducto. La reparación de estas tuberías tendrá un costo aproximado de 320 mil dólares en total, dijo ayer el presidente de YPFB, Guillermo Achá.“Es un ducto de 18 pulgadas que tendrá que ser repuesto, aquí son unos 18 metros y hay otro tanto en Pongo donde hubo una explosión de dinamita”, explicó Achá y dijo que los trabajos, que demorarán unos cinco días, no afectarán la provisión de combustibles porque se tomaron recaudos.Por estos hechos, la estatal petrolera ya presentó una querella en la ciudad de El Alto contra los dirigentes mineros y ahora esperan la valoración de la Fiscalía, por tanto la causa podría derivar en un juicio por terrorismo.