Sucedió poco tiempo atrás en la Universidad Popular de El Alto (UPEA), durante la celebración de un “Encuentro Indianista-Katarista”. Un nutrido grupo de asistentes llegó al congreso portando banderas que llevaban una esvástica dentro de una cruz tiahuanacota roja, acompañadas de la leyenda “nazi-on aymara”. Se trata de mucho más que un mero hecho anecdótico, sino de un síntoma de un fenómeno mucho más amplio, tal vez uno de los brotes más extremos de un pensamiento construido durante décadas por intelectuales que proponen la “hegemonía aymara” sobre Bolivia por tratarse de “una cultura fuerte”, como llegó a decirlo años atrás el actual vicepresidente en un seminario en Cochabamba organizado por una orden religiosa. Ahora, García Linera trata de cargar sobre USAID la responsabilidad por la inoculación de un “pensamiento racista” en las organizaciones indígenas. Un claro caso de transferencia de culpa.
Sacando conclusiones
El presidente dijo que tanto el Palacio de Gobierno como el Congreso, la Catedral y la Cancillería, en fin, la Plaza Murillo y todas sus adyacencias, están en territorio aymara. A buen entendedor pocas palabras: Evo Morales ha definido un nuevo territorio para la acción de la justicia comunitaria.
Reglas claras
Un empresario cruceño del rubro aeronáutico se ha cansado de pedirle al gobierno la definición de “reglas claras” para el sector privado, en el entendido de que las inversiones sólo pueden desarrollarse en un esquema jurídico estable y predecible. En nuestra modesta opinión, creemos que las reglas ya están claras pero en otro sentido: quien sea amigo del gobierno tendrá aseguradas las ganancias e inversiones, mientras que los empresarios que se hayan atrevido a cuestionar el rumbo gubernamental (por más que ahora callen) serán objeto de persecución impositiva, regulatoria e incluso penal. En resumen: capitalismo para los amigos y socialismo para los enemigos.
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