Muy malos vientos soplan para la justicia. El proyecto de Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley del Órgano Judicial recién promulgada significan un enorme retroceso. Mientras todos los países del mundo buscan modernizar sus legislaciones, en Bolivia vamos en dirección contraria en nombre de un pretendido “plurinacionalismo” o “descolonización”, cuyos contenidos resultan muy difusos.
Mediante una ley «corta» Evo pudo nombrar a Jueces y magistrados del Poder Judicial, fue el primer paso y ahora va por más. La caricatura es elocuente de lo que pasa hoy en Bolivia. (archivo LapizTola, La Prensa)
La existencia de un Tribunal Constitucional implicó un gran avance ya que significaba la creación de una instancia encargada de velar por la constitucionalidad de las leyes y de todas las disposiciones gubernamentales. Con esto se puso un freno ante la posibilidad de que una eventual mayoría legislativa permitiera la aprobación de leyes que vayan en contra de la Constitución.
En la actualidad en Bolivia la reforma va en sentido contrario. Con el proyecto de Ley del Tribunal Constitucional será la “asamblea legislativa plurinacional” (masista) la que tendrá la atribución de interpretar los fallos del Tribunal Constitucional. Es decir, se está reforzando el poder político actuando de interventor en otro poder y restando competencias a las instancias jurídicas.
Lo que pretende el partido de gobierno es tener la atribución de interpretar las leyes a su antojo y aplicarlas a su buen o mal modo de ver, haciendo prevalecer, por supuesto, su interés político lo que en la práctica significará dar una navaja al mono. Una de las primeras consecuencias de esta facultad interpretativa de la Asamblea Legislativa estará relacionada con la reelección de Evo Morales. Se dirá que Evo puede postularse nuevamente a la presidencia por cuanto su actual periodo es el primero bajo la actual Constitución. Así de claro.
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Otro aspecto está relacionado con la justicia comunitaria, a la que se le reconoce una igual jerarquía que la ordinaria, lo que significa que tenemos dos estructuras jurídicas paralelas y con todos los problemas que ello implica se le agrega un factor de extraterritorialidad, es decir que a cualquier boliviano puede caerle la «justicia» indígena, así no pertenezca a una etnia específica.
A parte de esto, sin ánimo de desmerecer ciertas prácticas ancestrales que pueden ser rescatables, se debe indicar que la “justicia comunitaria” no pasa de ser una entelequia, una conceptualización artificial o artificiosa cuyas consecuencias serán muy similares a las producidas con el salvaje linchamiento de policías en Uncia (Potosi), o las decenas de otros similares en Epizana (Cochabamba) y Achacachi en La Paz.
La “justicia comunitaria” será aplicada con todas las aberraciones a las que evidentemente puede conducir y nadie podrá hacer nada para evitarlo por cuanto sus decisiones son inapelables. En los hechos, las comunidades se convertirán en “territorios libres”, en los que el Estado no tendrá injerencia alguna como viene ocurriendo en la actualidad.
El problema crece si se toma en cuenta de que el presidente Evo Morales, dijo que la plaza Murillo, en la que están instalados la Asamblea Legislativa y el propio palacio de Gobierno, son “territorio aymara”.
En realidad lo que el régimen de Morales está haciendo es desmontar de manera prolija la frágil institucionalidad que tras muchos años de penosos esfuerzos se había logrado, para reemplazarla por la sola decisión hegemónica de un gobierno y de un proyecto político, cuyas consecuencias a futuro no pueden ser más que catastróficas.