El Gobernador se siente amedrentado por ser “cabeza de oposición”. Juez Tapia Pachi pide asilo en Brasil y denuncia ‘persecución’. Fiscal Soza convoca a 23 personas para declarar.
El juez Tapia Pachi, es perseguido por la fiscalía paceña, por demandar que se respete la jurisdicción de Santa Cruz en caso Rózsa.
La Razón
Rubén Costas defiende a su hermano en el caso Rózsa
Santa Cruz – El gobernador cruceño, Rubén Costas, salió en defensa de su hermano, Pablo Costas, sobre quien pesa una orden de apremio por no presentarse a declarar en la investigación sobre el supuesto grupo irregular liderado por el abatido Eduardo Rózsa.
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“Mi hermano tiene una trayectoria limpia, no está involucrado en ningún acto ilícito. Al contrario, le agradezco por haberme apoyado en las luchas por la autonomía”, insistió a cinco días de conocerse la orden de apremio emitida por el fiscal, Marcelo Soza.
Pablo Costas fue citado a declarar en La Paz, pero no se presentó. El Gobernador aseguró desconocer el mandamiento de apremio contra su hermano, quien —dijo— está, desde el 2009, en la ciudad española de Santiago de Compostela, pasando una maestría.
Líderes político-empresariales cruceños fueron vinculados con el grupo irregular, entre ellos el ex cívico Branko Marinkovic y el dirigente ganadero Guido Náyar.
El Gobernador acusó a Soza de conducir la investigación de forma parcializada. El fiscal, señaló, es “sumiso al gobierno de Evo Morales, y tiene la misión de amedrentar y chantajear a la autoridad cruceña por ser la cabeza de la oposición”.
En La Paz, Soza informó que la defensa del unionista Juan Carlos Gueder, detenido en la cárcel de San Pedro, está solicitando un careo contra otros detenidos del caso.
El juez Tapia Pachi pide refugio político en Brasil
El juez tiene un proceso judicial por demandar la jurisdicción del caso Rózsa
La Paz, La Razón.- El juez Luis Tapia Pachi informó que se encuentra en una ciudad fronteriza de Brasil y que solicitó refugio político, por considerarse un perseguido político a raíz del juicio que le sigue la Fiscalía por un caso derivado del proceso sobre terrorismo.
El juez, quien demandó la jurisdicción del caso terrorismo, está acusado por delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
“Ésta es una persecución directa, no es cobardía (el haber abandonado el país), sino el uso de mis derechos. El Gobierno será responsable por todo lo que pase”, dijo, en una entrevista concedida a la red ATB, en Brasil.
La Fiscalía ordenó la aprehensión de Tapia por no haber asistido a la audiencia en la que debía declarar sobre la demanda de jurisdicción que hizo y que derivó en un conflicto de competencias entre las cortes de Distrito de La Paz y Santa Cruz. El caso, finalmente, radicó en La Paz.
El diputado cruceño opositor Tomás Monasterio informó que apoyará las gestiones que permitan el asilo de Tapia. La red ATB también entrevistó, en Brasil, al ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Sejas, quien recordó que vive en el vecino país desde el año pasado. También reveló que solicitó asilo político.
“Me avisaron que me detendrían al llegar a mi casa y es por eso que decidí irme hasta la frontera y pedir asilo en este país”, recordó el ex unionista.
Sejas fue vinculado con la supuesta organización irregular liderada por el abatido Eduardo Rózsa, el 16 de abril de 2009. En un contacto telefónico, el 25 de marzo pasado aseguró que tenía el estatus de refugiado en Brasil y que vivía en Cuiabá.
Ayer manifestó que estaba interesado en que se resuelva el caso y presentarse ante la justicia, siempre y cuando se garantice un proceso justo e imparcial.
Juez Tapia Pachi pide asilo político en Brasil
Acusación. El magistrado denuncia ‘persecución’
EFE. La Paz
El juez que tuvo a su cargo el caso del supuesto grupo terrorista desarticulado en 2009 en Santa Cruz, huyó a Brasil y pidió asilo político en ese país, argumentando que es víctima de una ‘persecución’ de parte del Gobierno de Evo Morales, informaron medios locales.
En un contacto con el canal ATB desde la ciudad de Corumbá (Brasil), el juez Luis Hernando Tapia Pachi anunció que apelará a ‘todos los recursos’ e instancias para hacerse «respetar como ciudadano».
El llamado ‘caso terrorismo’ detonó el 16 de abril de 2009, cuando la Policía abatió a tres extranjeros en un hotel de Santa Cruz y detuvo a otros dos miembros de la supuesta banda que, según la Fiscalía y el Ejecutivo, iba a asesinar al presidente Morales y promover la separación de esa región.
Inicialmente, el caso estuvo a cargo del juzgado de Tapia en Santa Cruz, pero luego las autoridades determinaron su traslado a La Paz.
El juez intentó frenar el cambio de jurisdicción, por lo que la Fiscalía lo acusó por prevaricato y desobediencia.
Los líderes políticos y empresarios cruceños han rechazado la investigación en La Paz con el argumento de que está dirigida políticamente para perjudicar a la oposición autonomista y han reclamado que la jurisdicción sea la de Santa Cruz.
Mientras, las autoridades judiciales de La Paz y el Gobierno han denunciado que la Corte cruceña no será imparcial a la hora de juzgar a los líderes de esa región.
El juez Tapia fue convocado a declarar en cinco ocasiones a La Paz sobre el caso, sin embargo, como no se presentó, el Ministerio Público ordenó su captura.
«Esta es una persecución directa del Gobierno (…) Jurídicamente me sabré defender como corresponde y también me defenderé en las instancias que los tratados internacionales me lo permitan», dijo ayer el magistrado.
La esposa de Tapia Pachi, Ericka Oroza, anunció que el juez planteará «acciones ante las cortes internacionales para precautelar sus derechos y garantías».
Soza convoca a 23 personas para declarar
Terrorismo. Tienen que estar en la capital paceña hasta el martes 13
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Son 23 personas las que deben declarar ante el fiscal Marcelo Soza, entre dirigentes y personas particulares, en las oficinas del Instituto De Investigación Forense (IDIF) en La Paz. El proceso debía iniciarse ayer, pero el primer convocado no acudió; Juan Carlos Gueder sí lo hizo y solicitó un careo con varias personas. Soza dijo que espera la confirmación de las autoridades de la Policía de Santa Cruz sobre la entrega de las notificaciones a todos los requeridos.
Entre los convocados están, como en otras oportunidades, ex funcionarios y personal jerárquico de la cooperativa telefónica Cotas. Ayer debía presentarse el general retirado Gelafio Santistevan, sin embargo, no se presentó y el fiscal afirmó que se emitirá una nueva convocatoria.
El hijo del general, que también responde al nombre de Alejandro Gelafio Santistevan, está recluido en la cárcel de San Pedro desde hace un año y en reiteradas oportunidades solicitó la cesación de detención sin éxito; sus familiares organizaron rifas en Santa Cruz para recaudar fondos destinados a los presos en La Paz.
El fiscal dijo que ‘es muy curioso’, que el abogado del general retirado le hubiera manifestado que ‘no tiene contacto’ con su cliente y por tanto estaba solicitando que le difieran la fecha de declaración y Soza pidió informe para saber el paradero del ex militar.
Entre los convocados también están los hermanos Zanquiz Salvatierra, el periodista José Pomacusi Paz y Norah Soruco Paz. Soza dijo que todos los convocados tienen algún tipo de vínculo con el presunto grupo subversivo y que es necesario conocer las actividades que realizaron en ese tiempo.
Hasta ahora la mayoría de los vínculos que descubrió el fiscal son llamadas telefónicas y mensajes de texto que realizaron las personas vinculadas a Eduardo Rózsa.
Los convocados
Gelafio Santiesteban
Juan Carlos Guéder
Ronald Landívar
Eduardo Pereyra Pérez
Mario Antonio Paniagua
Jaime Vaca Pinto S.
Herland Suárez Antelo
Adrián Vaca
Margot Hinojosa
Xavier Vásquez
Hernán Zanquiz S.
Jorge Zanquiz S.
Lorgio Aguilera Viera
Pedro Yovhío Ferreira
José Pomacusi Paz
Roberto Carlos Pinto
Cristian Daher Tobías
Patricia Asbún
Rodolfo Landívar Alba
Saúl Ortiz Rodríguez
Elizabeth Roque
Alberto R. Gutiérrez
Norah Soruco Paz