José Orlando Peralta*
Actualmente el debate por las autonomías en Bolivia no tiene la intensidad política que tuvo a principios de siglo, empero, es importante y necesario seguir tratándole como un proceso político inacabado para identificar los múltiples problemas y desafíos que se presentan en su aplicación. Uno de ellos es el financiamiento de sus competencias para que la autonomía sea real y no retórica. En este sentido, el pacto fiscal puede ser visto como una regla de juego estructural para impulsar todos los niveles de la autonomía; sin embargo, los discursos políticos como estrategias de acción política por parte de los gobiernos territoriales para su prosecución, a pesar de ser actores estratégicos de este proceso decisional, se limitan a lo técnico prescindiendo de discursos ideológicos que interpelen a la sociedad para que vuelva a tomar conciencia política de la necesidad de la permanente construcción política-institucional de la autonomía.
Si bien la gobernación de Santa Cruz tiene una propuesta con fundamento técnico para la redistribución de los recursos financieros en todos los niveles del Estado, todavía no tiene una estrategia discursiva con un mensaje político claro sobre los alcances en el mediano y largo plazo del pacto, para que la gente vuelva a creer y otorgue legitimidad social a la demanda política.
A modo de conjetura se pueden señalar algunas razones que explican ello: limitada estrategia comunicacional por parte de los gobiernos territoriales; dilatación inducida por parte del gobierno central para su correspondiente tratamiento; poca cobertura mediática; escases de producción bibliográfica y periodística que generen debate en escenarios mediáticos y académicos relacionando los costos-beneficios del pacto fiscal; y por consiguiente, escaso conocimiento ciudadana de su beneficio en el mediano y largo plazo.
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Las 9 gobernaciones, los 339 municipios y las 10 universidades públicas son las principales instituciones que el pacto fiscal beneficiará si llega a consolidarse, pues son las entidades territoriales con competencias para resolver necesidades y demandas sociales, culturales y económicas de millones de ciudadanos y vecinos, y miles de estudiantes; por lo tanto, son los participantes estratégicos de este proceso decisional o conflictivo en torno una política pública.
Como se planteaba al principio, la autonomía, en todos sus niveles, es un proceso político inacabado en el contexto del Estado plurinacional, pues su reglamentación, administración y sobre todo financiación, tienen bastantes limitaciones que imposibilitan una real descentralización territorial del poder. Ante la baja de los precios internacionales del petróleo y su consecuente efecto en las arcas de en los diversos niveles de gobierno, el pacto fiscal se ha vuelto un tema de debate necesario para compensar las desigualdades en la distribución de recursos públicos entre el gobierno central (88%) y los gobiernos territoriales (12%) y su consecuente funcionamiento. Por ello, es necesario pensar en estrategias discursivas fundamentadas que alumbren el sendero político de las regiones.
El pacto fiscal es un punto de llegada y no un punto de partida, una institución necesaria para la redistribución de recursos económicos en los gobiernos territoriales. Por lo tanto, el consenso social, donde la interacción subjetiva la compongan actores políticos estratégicos (gobiernos territoriales y gobierno central), sectores populares, grupos empresariales y ciudadanos comunes; es una condición previa para que el pacto sea legítimo y genere resultados favorables en el mediano y largo plazo.
En otras palabras, el consenso social es una condición consustancial del pacto fiscal. La construcción de aquel depende de una estrategia discursiva que interpele a los diversos sectores populares para que participen en los procesos decisionales o de conflicto para definir sus alcances y límites, y a la vez, conozcan sus costos y beneficios.
Es decir, la gobernación cruceña no está sabiendo leer el momento político en el sentido de tener la posibilidad coyuntural de auto-concebirse como un referente articulador de la demanda por el pacto fiscal, o como actor estratégico para desplegar una estrategia discursiva con carga ideológica y legitimidad social para impulsar las autonomías y empoderar de forma real a los gobiernos territoriales en el mediano plazo.
* Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado