Analistas políticos y expertos. En los últimos seis años, a partir de la promulgación de la Ley Anticorrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz», se impuso la designación de fiscales anticorrupción. Estos fueron devorados por sendos escándalos de corrupción.
Critican falta de institucionalidad del Ministerio Público
Ref. Fotografia: A la cabeza de Ramiro Guerrero, vienen llevando adelante la escuela de fiscales como inicio de cualificación.EL DÍAAcusado de varios delitos de corrupción, el pasado 15 de noviembre, luego de una audiencia cautelar, Ángelo Saravia, hasta pocos días antes fiscal anticorrupción sobre todo del caso Fondo Indígena (Fondioc), fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz. Su caso suma a otros 87 fiscales destituidos entre enero 2015 y junio 2016, conforme muestran esos datos del informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado. Esta situación, según expertos y analistas, revela no solo una muestra más de cuán mal está la justicia, sino de la falta de institucionalidad reinante en el Ministerio Público.Además, señalan los consultados por El Día, el hecho estriba en que la implementación de diversas leyes inherentes sobre todo a la lucha contra la corrupción, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) vigente desde el 2009, cae “en saco roto”, cuando menos se ha ignorado sistemáticamente desde el Gobierno central, el proceso de institucionalización de las altas autoridades judiciales, vocales, jueces y fiscales. Incluso, sintetiza la crítica, que todo esfuerzo del Ministerio Público o Fiscalía General del Estado por hacer una gestión eficiente y transparente, se cae “en saco roto”.»El problema de fondo es la falta de institucionalidad del Ministerio Público y los fiscales anticorrupción. Son puestos casi a dedo. Eso ha dado lugar a que el poder político y el órgano ejecutivo los asuma como agente del Gobierno, porque eso es lo que sucede en su mayoría. Eso produce dos problemas centrales: uno es que se viola la independencia de poderes y segundo es un órgano donde se produce la corrupción», señala José Luis Santistevan, abogado constitucionalista.En contexto del problema. Según la información del Ministerio Público al que tuvo acceso El Día, en el último informe de rendición de cuentas de junio 2016, de 7.378 casos en investigación el 2015 se obtuvieron 159 sentencias por delitos de corrupción, en la justicia ordinaria y 74 sentencias durante el primer semestre de 2016, reporta la Fiscalía General. En ese ámbito se han registrado alrededor de 87 fiscales destituidos desde enero de 2015 hasta junio 2016 tanto en “primera y segunda instancia”. Solo de enero a junio de este año se dio la destitución de 28 fiscales.Además, otro de los resultados del régimen disciplinario del Ministerio Público, registró entre enero 2015 y junio 2016, alrededor de 87 fiscales sancionados con multas, entre 4 y 40% de sus sueldos.Sin embargo, la información aún no fue proporcionada pese a que El Día solicitó al Ministerio Público, sobre la cantidad total de la carga fiscal, el número de fiscales en todo el país y los procedimientos que se siguen para su designación.A decir de la abogada constitucionalista, exmagistrada y actual presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, al igual que en el órgano judicial, el 80% de los cargos de las altas autoridades y fiscales del Ministerio Público son improvisados, no se respeta la carrera profesional y menos la meritocracia, en todos sus sentidos que el propio marco normativo establece. «Las máximas autoridades del Ministerio Público, no son personas que han sido seleccionadas por su currículum, en ese contexto no responden a sus antecedentes de carrera profesional. El 80% son personas improvisadas y no son de carrera», puntualizó.Para muestra un botón dirían ellos mismos: Ramiro Guerrero actual Fiscal General del Estado, funge como tal de un interinato que transcurre varios años. A partir de él, en los nueve departamentos, los fiscales departamentales fueron designados sin cumplir el proceso de institucionalización de cargos.En algunos como la Fiscalía de Distrito de La Paz, señala el constitucionalista Santistevan, llevan cuatro interinatos en esa instancia. «Lo que ha sucedido, es que frente a una buena ley como la “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, lo que no hay es gestión. Eso permite que haya ausencia de un órgano ejecutor institucionalizado que haga andar esa instancia», argumentó.El 17 de marzo de este año, Edwin Blanco fue posesionado Fiscal de Distrito de La Paz, en reemplazó de Rosario Venegas, quien asumió de forma interina el cargo en enero tras la destitución de Marcelo Rollano. Este último fue encontrado a principio de año en un club nocturno durante un operativo policial.En el caso de Santa Cruz, la Fiscalía de Distrito va por interminables interinatos, esta vez a la cabeza de Gomer Padilla, desde el 27 de octubre de 2014, en reemplazo de Marina Flores. Esta última había asumido el cargo en reemplazo de Henry Herrera quien renunció el 23 de abril 2013.Pero el caso más sonado fue el de Isabelino Gómez, fiscal del Distrito de Santa Cruz, que en 2012 fue destituido y tras confirmarse que era parte del caso de extorsión descubierto a raíz del proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher, fue detenido.Calificación e independencia. Marco Antonio Valdiviezo, a tiempo de destacar grandes avances en la base normativa a partir de la CPE, señala sin embargo que no son suficientes las diversas leyes mientras no se mejore esa transformación cultural en todos los ámbitos de la sociedad para generar recursos humanos capaces y en base a la meritocracia profesional y ética.»La norma en sí misma no garantiza ningún cambio, es insuficiente. Si hacemos seguimiento, los fiscales anticorrupción, por ejemplo, ahora están presos, están denunciados. La gente que se encarga supuestamente de ejercer control anticorrupción, más bien ha encontrado espacios para ser más corruptos. Esta situación se da por la falta de cultura y formación que debe partir desde la escuela», argumentó Valdiviezo.A su vez, Salame revela que todo es un reflejo de la crisis moral que vive el país. Además de ello, señala que el Gobierno actual, por los casos revelados, esos cargos han sido nombrados sin valorar la calidad profesional. «Todos estos fiscales, jueces y consorcios denunciados, tienen un generador común. Se han nombrado a personas que no tienen ni la capacidad académica ni tampoco tienen el reconocimiento social importante. Son personas que no tienen nada que ver. En ese contexto, son susceptibles de caer en hechos de corrupción. Por eso es vital nombrar a personas de carrera», finalizó.RéplicaEL Gobierno admite falencias, pero apuesta por el cambioEl viceministro de Justicia, Diego Jiménez, en contacto con El Día, señaló que es evidente que hasta algún tiempo, por lo menos en términos de diagnóstico, han existido fallas en el control disciplinario efectivo al interior del Ministerio Público. «Generalmente, las mismas instancias de designación la que hace también el control disciplinario. El problema es que no hay un control cruzado. Independientemente, de que tengamos fiscales de carrera, que si los hay, si es que no hay un control efectivo interno, por mucho que haya buena voluntad y buenas intenciones, no va a poder hacerse», señaló.Más trabajo en ello. Jiménez, recordó que ese problema persistente aún en el Ministerio Público, ha sido tratado en la Cumbre Judicial de junio de este año. En ella se ha resuelto, crear una Inspectoría Judicial, instancia que pueda ver indicios de posibles actos de corrupción, independiente de las instancias que designan fiscales.»Se debe trabajar profundamente en el control disciplinario externo. Sin embargo, el Ministerio Público, tiene una Escuela de Fiscales. Es una instancia por la cual deben cursar profesionales probos, que no tengan ningún antecedente ni disciplinario, ni penal», argumentó.Ante la crítica. El viceministro de Justicia, además salió al paso de las críticas expuestas por los expertos en el tema, al señalar que pese a esa situación, en los últimos años se han avanzado notoriamente en la lucha contra la corrupción, disminuyendo rotundamente la impunidad de las autoridades del órgano judicial y fiscales que antes gozaban de impunidad.»A diferencia de periodos anteriores hemos tenido muchos avances, donde se viene desnudando cualquier acto de corrupción de estas autoridades y operadores de justicia. Pero la simple institucionalidad tampoco garantiza estar libres de actos de corrupción. Es complejo «, finalizó.AvancesLa Escuela de Fiscales aún en procesoPanorama. Ramiro Guerrero, Fiscal General del Estado, señaló en septiembre que a nivel nacional se tiene alrededor de 508 fiscales de materia, de los cuales 110 corresponden a Santa Cruz. «No es lo ideal, no es lo que quisiéramos, hay municipios que no tienen asientos fiscales. Ante eso estamos trabajando a nivel institucional para satisfacer la demanda de la población. La carga de casos que tenemos es bastante, pero estamos trabajando con fiscalías especializadas. Todo cambio, todo proceso tiene su tiempo, tiempo de adaptación. Estamos en ello», señaló.Avances. Si bien la Fiscalía General del Estado, al que acudió El Día, aún no pudo proporcionar información relevante y actualizado sobre el tema, se tiene sin embargo señales como la Escuela de Fiscales, como parte de la política de transformación de implementación de una nueva gestión fiscal.Según el portal de la Fiscalía, describe que la finalidad de dicha escuela es la de planificar, dirigir y desarrollar los procesos de formación y capacitación de Fiscales y servidoras o servidores del Ministerio Público, para el ejercicio de sus funciones.Punto de vista‘Han desnaturalizado la institución de la Fiscalía’Rolando ArózteguiAbogado«El problema es que la institucionalidad del Ministerio Público está en crisis, porque el ciudadano no cree en él. Entonces esta instancia se ha convertido en un instrumento no de defensa de la sociedad y al Estado; sino en un mecanismo de represión.Y la represión es contraria a la libertad. Entonces creo que han desnaturalizado la institución del Ministerio Público. Al desnaturalizarla su función ante la sociedad y el Estado, resulta que se convierte en una instancia con demasiada libertad para hacer cosas que no debe hacer. Entre ellas, corromperse.Además, no cumplir su función de ser representante del Estado y de la sociedad, sino ser un instrumento del temor. Ante este panorama, el ciudadano, cuando es amedrentado o tiembla o le mete la mano al bolsillo.La sociedad tiene que reestructurar su Ministerio Público para hacerlo confiable, pero con gente proba, digna, capaz y con gente a la que se le está delegando el poder de defender sus derechos y los del Estado.Cuando vuelva a hacerse ese equilibrio institucional, entonces volverá a florecer un nuevo Ministerio Público. Creo que es urgente, antes que la ciudadanía tome justicia por sus propias manos. Eso es lo peligroso».