Arturo Yañez CortesLa crisis del agua que afecta a l@s ciudadan@s bolivianos, ha puesto al régimen contra -sus propias- cuerdas, considerando que demagógicamente discurseó ante el mundo entero que el agua es un derecho humano y hasta logró que la Asamblea de las NNUU apruebe el 28 de julio de 2010, una resolución en ese sentido.La Constitución ensangrentada de La Calancha (cuya masacre acaba de cumplir un aniversario más, aun en la completa impunidad) proclama reiteradamente que: “El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización” (art. 20.III); “Constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” (art. 373.I) y que: “El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes” (art. 374.I).Además, recita: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación” (art. 16.I) y tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable (art. 20.I), por lo que, otra vez copio textualmente de la CPE: “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos (…) debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social” (art. 20.II).A partir de tal cantidad de normas provenientes de la de mayor importancia y prevalencia para un estado, resulta imposible no concluir que el agua es un bien cuya provisión –para tod@s- constituye obligación primordial del estado del gobierno que lo administra, aunque su déficit sorprendió a los jerarcas en calzoncillos (se enteraron por TV, seguramente por su Evochannel), por lo que una vez más, el gobierno que concentra el poder desde hace más de una década (ni siquiera puede por ello echarle la culpa a terceros) esta paradójicamente haciendo aguas en cumplir esa su obligación autoimpuesta por su verborrea acostumbrada y está con el agua -que no existe- hasta el khothu.Más allá de esa nueva impostura de las sistemáticas que nos tiene acostumbrado, sostengo que lo que ocurre demuestra más allá de toda duda razonable el agotamiento y fracaso del modelo gubernamental caracterizado entre otras, por la demagógica proclama en plazuelas, asambleas y lugares públicos de una enorme cantidad de derechos, que luego los pisotea sistemáticamente, incumpliéndolos. La delirante acumulación de competencias y obligaciones en su égida gubernamental que luego le son imposibles de cumplir eficientemente, peor cuando como ha ocurrido con el agua, avasalla las instituciones como botín político para rifar su administración en manos de sus conmilitones partidarios manifiestamente ineptos para dirigirlas: ¿Será el perfil ideal el de una abogada para el cargo del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, por muy especializada que esté en Medio Ambiente? ¿O un estudiante de Derecho para el cargo de Ministro de Minería y Metalurgia?En suma, la improvisación en el manejo de los asuntos de estado, ha comenzado luego de una década de sistemática aplicación a pasarnos a l@s ciudadan@s una carísima factura, por muchos pretextos y amenazas que sus principales responsables atinan a realizar como prueba de su incapacidad para prever (anticipar) y peor resolver (solucionar) un problema de tal magnitud que requiere no sólo de discursos y lloriqueos, sino de acciones efectivas que tratándose del agua son de mediano o largo plazo; mientras a los mugres y sedientos no queda otra que recordar aquello de Shakeaspeare: “Las improvisaciones son mejores, cuando se las prepara”.