El contrabando es una de las actividades más perniciosas no solo para la economía nacional sino para la misma solvencia institucional de un país por cuanto promueve la corrupción. Su enorme poder es indiscutible por lo que muchas iniciativas que se lanzaron para combatirlo han caído en saco roto.
Productos de contrabando entran por todas las fronteras a Bolivia.
Existen evidencias de que familias enteras de contrabandistas controlan varias poblaciones en regiones fronterizas y no se debe olvidar que hace pocos años un efectivo del Control Operativo Aduanero desapareció en una de ellas y hasta la fecha no se tiene noticias de él, ante la impotencia y dolor de los familiares, lo que muestra la impunidad de quienes se dedican a esta lucrativa e ilícita actividad.
Por otra parte el contrabando es la más seria amenaza contra la industria nacional que de entrada cuenta con muy pocos incentivos.
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El gobierno del MAS ha anunciado la inminente aprobación de una ley que castigará de manera drástica esta actividad ilícita y como es de suponer las reacciones ya se han comenzado a producir. Naturalmente nadie reivindicará abiertamente al contrabando ni respaldará sus actividades pero su poderío económico le permite movilizar a otros sectores que se nutren de él de manera directa o indirecta.
La actividad del contrabando cuenta con muchas ramificaciones y se expresa de diversas maneras. Una de ellas es la capacidad de movilización de los llamados “gremiales” y de los transportistas, que también hacen buenos negocios.
El proyecto de ley contra el contrabando ya ha sido calificado como draconiano, como una especie de ley “1008” (la ultra violada norma antidroga) contra el contrabando y se considera que afectará a miles de personas que tienen al comercio informal como su única fuente de ingresos.
La informalidad económica, paradójicamente, ya se ha “institucionalizado” en el país ante la falta de fuentes de trabajo. De esto surge precisamente la fortaleza del contrabando. Genera grandes riquezas pero también deja caer algunas migajas a esa gran masa de desempleados que no encuentran cabida en instituciones del Estado ni en la alicaída empresa privada nacional.
Por tanto una ley, por draconiana que sea, no será efectiva si es que no va acompañada de una real voluntad política para aplicarla y de un mayor incentivo para las actividades productivas legales. Se debe lograr que la industria nacional produzca artículos de calidad y a precios competitivos. De lo contrario no será más que otro saludo a la bandera.
Por otra parte se debe atacar los diferentes aspectos que fomenta el contrabando. Un ejemplo; en todas las ciudades se han instalado comerciantes de artículos electrónicos que mueven grandes capitales pero no emiten factura, lo que significa que evaden impuestos lo que hace a la actividad mucho más atractiva que cualquier otra.
El contrabando no se combate únicamente con la aprobación de una o varias leyes o con rimbombantes anuncios de «guerra sin cuartel» a los contrabandistas como hace la presidenta de la Aduana Nacional, quien debiera primero limpiar su institución, pues varios de los jefes y directores regionales nombrados por ella, ya han metido las manos en la lata y con una simple y discreta suspensión del cargo, el asunto fue arreglado.
El país esperaba un verdadero cambio en la lucha contra el contrabando, pero la Aduana Nacional solo ha cambiado de actores, sigue reinando la corrupción y esta institución sigue siendo el botín político del gobierno de turno. Hasta ahora la señora Marlene Ardaya no ha logrado que ningún gran contrabandista ni funcionario corrupto de alto rango vaya a la cárcel.