Arturo Yáñez CortesAcaba de publicarse dos sentencias de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH), por las que el estado de Bolivia, es condenado por violar DDHH previstos por la Convención Americana. La CIDH no juzga personas sino estados, precisamente porque a través de sus agentes (usualmente servidores públicos) le metieron no más contra las obligaciones pacta sunt servanda (los tratados se cumplen de buena fe) asumidas por el estado, en este caso boliviano, frente la comunidad internacional. El primero se refiere a la esterilización de una persona, sin su consentimiento y mientras aún estaba bajo los efectos de anestesia peridural, por lo que la Corte ha declarado a Bolivia responsable por la violación de sus derechos a la integridad y libertad personal, dignidad, vida privada y familiar, acceso a la información y a fundar una familia, entre otros.En el segundo (Lupe Andrade Salmón Vs Bolivia) ha sido declarada responsable de violar los siguientes derechos establecidos por la CADH: a) la propiedad privada; por la retención por más de 16 años de las fianzas en los procesos penales “Luminarias Chinas” y “Gader”; b) a la circulación personal; por la falta de fundamentación de las medidas de arraigo que le fueron impuestas, su dilación desproporcionada en el tiempo que se prolongaron por 9 años en el caso “Gader” y por 15 años en el caso “Luminarias Chinas”, así como por la falta de su revisión periódica y; c) a ser juzgada dentro de plazo razonable, por la prolongada duración de los casos “Gader”, “Luminarias Chinas”, y “Quaglio”, considerado cada uno de forma independiente.A la vista de tales sentencias vinculantes para Bolivia, empiezo celebrando que ¡!!por fin!!!, el Sistema Interamericano de DDHH haya tomado cartas sobre el calamitoso estado del sistema de administración de justicia boliviano (cabe precisar que los hechos juzgados fueron el siglo pasado, aunque continuaron en el presente) y, desde mi juicio y dada mi formación, sostengo que debiera poner las barbas en remojo a much@s operadores del actual sistema de administración de justicia y a sus los altos cargos, pues lo resuelto en esa sentencia (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf) tiene una trascendencia capital, fundamentalmente para el futuro – lo que les espera- dada la sistemática violación de esos derechos, que actualmente alcanza niveles alarmantes.Pese a la reforma del sistema penal que empezó el año 1999 y fundamentalmente, por las contra reformas introducidas sistemáticamente por todos los regímenes incluyendo al actual que fue el que peor lo hizo (Leyes 04, 07, 586, etc) y, especialmente por el amarrawatherío que ostentan varios operadores del sistema penal y constitucional hacia el poder partidario principalmente (aunque también con otros), hoy el derecho del ciudadano (sea víctima o imputado) para ser juzgado dentro de un lapso razonable, es un instituto en extinción en la Bolivia plurinacional. Esas violaciones a los derechos son aún más groseras, cuando se trata de procesados que no son del esquema gubernamental sino lo contrario, al extremo que a su turno fiscales, jueces y magistrados ofenden su inteligencia y la de las partes, con extravagantes pretextos que usan para –cobarde como ilegalmente- evitar extinguir casos que duran o empiezan muchos años más de los lapsos legalmente establecidos, esto por obra de los agentes estatales, echándoles en algunos casos hasta la culpa a los perjudicados, por haber osado defenderse o similares. Si los operadores del sistema obran de manera inteligente y prudente, lo resuelto por la CIDH debiera por lo menos alertarles, que por mucha complacencia que hoy tengan de sus amos partidarios, tal vez más tarde que temprano terminarán respondiendo los perjuicios causados al estado (art. 113 de la actual CPE) pues, como dijo Franz Tamayo “Nadie es impunemente poderoso” ni les durara eternamente… ¡!!!FELICES FIESTAS!!!!