La Iglesia administra la UCB, una Normal y 1.600 parroquias. La exención tributaria está amparada por un convenio internacional.
Ceremonia: el Cardenal en la misa de ayer en la Catedral cruceña
Con la historia de Juan el Bautista, el sacerdote habló de la soberbia que a veces invade a los líderes.
Gobierno halla 4 puntos de discordia.
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La Prensa y agencias.- Sin hacer referencia directa a la polémica que lo enfrenta con el Gobierno, el cardenal Julio Terrazas lanzó un llamado, en su homilía dominical de ayer, a dejar la soberbia para dar paso a la justicia y la verdad, al parafrasear el pasaje del Evangelio de San Marcos sobre Juan el Bautista.
“Cuidado que tanto ruido y tantas palabras —señaló— nos impidan escuchar esto que el Señor nos solicita, convertirse, tapar todas las quebradas, todo lo que pueda ser precipicio, bajar las montañas, ponernos en camino, dejando el pecado que nos tiene hundidos o la soberbia que nos tiene en las altas montañas”.
Mientras tanto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que el Gobierno identificó cuatro hechos con los que se demuestra la marcada posición política opositora asumida por el jerarca de la Iglesia Católica en Bolivia.
“Los cuatro temas más importantes —dijo el Viceministro a la agencia ABI— fueron tierras, autonomías, la nueva Constitución y la relación con Estados Unidos, y en los cuatro el Cardenal tiene una posición política, y lo respeto como persona y respeto su posición, pero nosotros tenemos otra visión”.
La anterior semana, la tensa relación entre el Ejecutivo y la jerarquía católica se agudizó cuando Llorenti acusó a Terrazas de comulgar con la postura de la oposición e incluso le sugirió dejar los hábitos y dedicarse a la carrera política, luego de que el prelado criticara la insuficiente lucha antinarcóticos y el autoritarismo del presidente Morales. La controversia causó que líderes y cívicos de la denominada “media luna” y varias instituciones, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas, se solidarizaran con el Cardenal.
Llorenti recordó que el Cardenal puso en cuestión la existencia de esclavitud en haciendas del oriente boliviano, situación que fue comprobada, según él, al hacer el saneamiento; que participó en el referéndum autonomista cruceño, declarado ilegal por el Congreso y la Corte Nacional Electoral. “Cuando se llega a un acuerdo con la oposición
—dijo sobre el tercer punto— él (Terrazas) va a Roma y dice que esa Constitución no construirá una Bolivia para todos”.
El cuarto tema identificado por el Gobierno versa sobre la relación diplomática entre Bolivia y Estados Unidos, que en 2008 desembocó en la expulsión de la DEA del país, hecho por el cual el Cardenal expresó que Bolivia puede convertirse en el centro del narcotráfico.
“Juan —dijo el prelado en otra parte de su misa— es el profeta conocido porque habla con claridad, no era muy aplaudido porque decía el pecado público y privado, no para hundir a nadie, sino para que tengan la posibilidad de convertirse”.
Continúo: “Juan, a pesar de tener mucha gente que lo seguía, era un hombre humilde. Tenía que aclarar al pueblo que él no era el Mesías (…) Podía haberse encerrado en sí mismo y decir: ‘Con tanta gente ya tengo mis seguidores y adelante’. Si comprendiéramos mejor, dedicaríamos mucho más tiempo a entender este mensaje”.
La Iglesia administra la UCB, una Normal y 1.600 parroquias
La exención tributaria está amparada por un convenio internacional.
La nulidad de matrimonio en la Iglesia Católica cuesta al menos 1.500 bolivianos. Las demandas ante el Tribunal deben ser presentadas con pruebas contundentes.
La Iglesia Católica de Bolivia administra la Universidad Católica Boliviana (UCB), la Normal Integrada Boliviana, las Escuelas de Cristo, el Tribunal Eclesiástico Nacional y al menos 1.600 parroquias en todo el país, que a su vez se desconcentran en capillas y santuarios, por las que no paga impuestos, pero recibe beneficios económicos. Se encuentran al margen las editoriales Presencia y Lux.
La institución eclesiástica señala que ésas son “obras sociales” y que los cobros instituidos en ellas son para financiar su funcionamiento, que en algunos casos trabajan en convenio con el Estado, como las escuelas Fe y Alegría y Don Bosco.
Un relevamiento levantado por este matutino sobre las instituciones administradas por la Iglesia Católica permitió conocer también que la entidad maneja un fondo económico indeterminado o reservado al que no se pudo acceder a través de fuentes oficiales.
La Universidad Católica Boliviana es una de las principales propiedades, con centros académicos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Además cuenta con subsedes en provincias y campus universitarios. La Conferencia Episcopal de Bolivia es representada en el Directorio de la casa de estudios superiores por el arzobispo de La Paz, monseñor Edmundo Abastoflor Montero.
La UCB, a pesar de que es considerada como “de interés público” por mandato de la Ley 1545, del 21 de marzo de 1994, cobra pensiones a sus estudiantes para el mantenimiento.
El artículo 8 de esta norma señala: “… Por ser la Universidad Católica Boliviana San Pablo de interés social, de derecho público y de utilidad nacional, incorporada al desarrollo, se le reconocen las mismas liberalidades arancelarias impositivas que a las universidades públicas estatales”.
Las Escuelas de Cristo, un brazo social de la entidad católica, tienen 100 años de vida. Desde 2007 trabajan con comunidades educativas, institutos normales y centros de educación de adultos. Tienen direcciones regionales en Potosí, La Paz y Chuquisaca. Estas unidades trabajan en las áreas rurales en convenio con el Estado, que otorga el techo académico y los ítems de profesores. Las infraestructuras son consideradas públicas, pero son administradas por la Iglesia.
La Normal Integral Boliviana es una institución donde se forman no solamente profesores de Religión, sino también de otras áreas de primaria y secundaria, como Ciencias Integradas y de la Vida. El presidente del Tribunal Eclesiástico, Miguel Manzanera, aclaró que ahora se denomina Instituto Normal Superior Católico y funciona en la ciudad de Cochabamba. A esto se suma la existencia de seminarios o centros de formación de sacerdotes.
En La Paz funciona el Seminario Mayor San Jerónimo; en Santa Cruz, el Seminario Mayor San Lorenzo y en Sucre, el Seminario Conciliar San Cristóbal. No se conoce la cantidad de conventos y otras congregaciones de educación católica.
El vocero del cardenal Julio Terrazas, Marcial Chupinagua, dijo que estas entidades tienen un compromiso social con la educación y la salud.
“Si no lo hace la Iglesia, el Estado tendrá que asumir la responsabilidad y el costo que significa”.
La semana pasada, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) amenazó con suprimir la exención tributaria a las instituciones administradas por la Iglesia Católica tras la aprobación del proyecto de Constitución Política de Estado. Los referendos para aprobar o desaprobar esa norma están programados para el 25 de enero.
Esta advertencia ahondó la crisis entre el Gobierno del presidente Evo Morales y la institución eclesial, que subió de tono desde la visita del cardenal Terrazas al Vaticano hace tres semanas. La autoridad católica dijo al papa Benedicto XVI que el proyecto constitucional no recoge el sentir de todos los bolivianos. Esto fue considerado por el Poder Ejecutivo como desinformación con ribetes políticos. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo entonces que Terrazas había mentido.
Las entidades que administra la Conferencia Episcopal de Bolivia están exentas de impuestos nacionales y municipales por patentes y uso de suelo.
Este beneficio está reforzado por las notas reversales suscritas entre la Santa Sede y el Estado boliviano el 3 de agosto de 1993 y ratificadas mediante la Ley 1644, del 11 de julio de 1995.
La entidad religiosa, asimismo, goza de privilegios impositivos por los colegios como Don Bosco, San Calixto y Fe y Alegría, entre otros, que funcionan con convenios firmados con el Estado.
A esto se suman las 1.600 parroquias con las que cuenta y que a su vez se subdividen en capillas y santuarios. Entre los más conocidos están los de Copacabana (La Paz), Quillacollo (Cochabamba), Charagua (Tarija), la Catedral de Sucre (Chuquisaca) y del Socavón (Oruro). Estos recintos son visitados en determinadas fechas por miles de feligreses.
El subjefe del MAS, Jorge Silva, plantea que las parroquias paguen impuestos por todas sus recaudaciones y una mayor transparencia en el manejo de sus recursos.
De acuerdo con el tarifario de Arquidiócesis de La Paz, al que tuvo acceso La Prensa, una misa para matrimonio debe costar 240 bolivianos; una misa de salud, 150; un bautizo, 45; una misa para preste, 250 y una misa comunitaria, 20 bolivianos. El padre Miguel Manzanera señala que estas ganancias están destinadas al mantenimiento de los templos y parroquias, que en algunos casos también cuentan con consultorios médicos y boticas.
“Cada diócesis establece un arancel, y el arancel significa lo máximo que se cobra a las persona; una misa o si quieren un matrimonio o un bautizo, esto es lo que se cobra como máximo y si no tienen dinero no se les cobra”.
Un sacristán, quien pidió que se guarde su nombre en reserva, explicó que los recursos recaudados en las celebraciones de la Iglesia están destinados al mantenimento y gastos de la parroquia, como electricidad, agua, teléfono y mobiliario. También se destina como “comisión” del sacerdote que celebró la misa y una tercera parte va a los animadores del acto, a saber, los músicos y cantantes.
El padre Manzanera señala que estos recursos no son suficientes, por lo que tienen que recurrir a la ayuda extranjera.
EL Tribunal Eclesiástico
El Tribunal Eclesiástico es una instancia para la resolución de conflictos matrimoniales, en especial los divorcios. Este tribunal es de segunda instancia porque asume el proceso cuando pasa por los “tribunales interdiocesanos”. En Bolivia funcionan cuatro: La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.
Estos despachos tienen la labor de estudiar cada caso demandado para determinar si efectivamente existe la causal de nulidad; proceden con interrogatorios, declaraciones, pruebas documentadas y otros recursos; luego dictan la sentencia, que puede ser aprobada o desaprobada. De acuerdo con la información proporcionada por el responsable del Tribunal Eclesiástico, Miguel Manzanera, todo este proceso puede durar un año e incluso dos.
Una demanda de esta naturaleza cuesta alrededor de 1.500 bolivianos. Al año se atienden aproximadamente 30 casos en los que se declara la nulidad del matrimonio. Este procedimiento es paralelo al divorcio en las instancias judiciales.
Resuelto el matrimonio en la Iglesia, no existe ningún impedimento para casarse nuevamente, pero no es obligatorio.
Manzanera explicó que el dinero recaudado sirve para pagar a los jueces que trabajan en el tribunal.
Este Tribunal también resuelve delitos penales denunciados dentro de la Iglesia y que implican a miembros de una orden religiosa. Existen penas como la suspensión o expulsión de los implicados, mas no la cárcel.
La crisis Gobierno-Iglesia
La relación entre el Gobierno del presidente Evo Morales y la Iglesia Católica comenzó a resquebrajarse desde la temporada preconstituyente (2006). Durante el Congreso Nacional de Educación, la delegación de la entidad eclesial se retiró del acontecimiento por haberse planteado eliminar la educación de convenio.
La Asamblea Constituyente, en la redacción del proyecto de Carta Magna, eliminó la religión católica como la oficial. El documento constitucional que será sometido a referendos aprobatorio y dirimente del 25 de enero señala que en Bolivia existe libertad de culto.
El 4 de mayo de 2008, el cardenal Julio Terrazas votó en el referéndum del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Esta acción molestó al Gobierno, que vinculó a la autoridad cardenalicia con los impulsores de la autonomía. Días antes, Terrazas había rechazado la denuncia de que en el Chaco existían “esclavos”.
Recientemente, el conflicto se reavivó con el informe del cardenal Terrazas al Vaticano. Aseguró que el proyecto constitucional no recoge el sentir de todos los bolivianos. Luego afirmó que el narcotráfico domina Bolivia.
Otros apuntes
La Universidad Católica es reconocida como entidad pública.
Por tanto, no paga impuestos al Estado por los ambientes que posee.
El MAS planteó que este privilegio impositivo finalice tras el referéndum de enero.
OPINIONES
Mario Justiniano
Diputado MNR
“Nosotros, como diputados, estamos promoviendo un desagravio al señor Cardenal por las ofensas que le hicieron recientemente, estamos proponiendo y todos los partidos de oposición nos estamos poniendo de acuerdo para que sea planteado en la Cámara de Diputados. Puede ser resolución del Parlamento”.
Ricardo Díaz
Diputado MAS
“Lo máximo que se tendría que llegar a hacer la Iglesia en nuestro país particularmente es hacer el papel de puente, de ser el que pueda llevar al encuentro de los bolivianos, y creo que ésa es la labor fundamental: conciliar, buscar el bien común de todos los bolivianos y gobernantes”.
Antonio Franco
Diputado Podemos
“Mientras el Gobierno continúe atacando a instituciones, porque eso es lo que hace el Ejecutivo, lógicamente que no vamos a poder tener libertades en este país, porque lo que hace (el Gobierno) es maltratar a la prensa, atacar a la Iglesia Católica, al Poder Judicial, en fin, y destruir la institucionalidad”.
Alejandro Colanzi
Diputado UN
“No comparto la crítica que se le ha hecho (a la Iglesia) en el sentido de que deba solamente dedicarse a rezar. Creo que militantes del Movimiento Al Socialismo, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo, están asumiendo una posición conservadora en cuanto a sus funciones de poder”.
Fidel Surco
Presidente Conalcam
“El cardenal Terrazas está en contra del Gobierno y del pueblo, y eso no podemos permitir como sectores sociales, que una iglesia esté queriendo implantar políticas del sistema neoliberal y que apoya directamente a los prefectos y no al Ejecutivo y tampoco al proceso de cambio”.
Waldo Flores
Cívico de Tarija
“Como todo católico, que somos la gran parte de los bolivianos, y en especial como persona, preocupado porque el Gobierno hace muchísimo tiempo que no respeta a la Iglesia Católica, la religión de la mayor parte de los bolivianos. Al principio creíamos que era una especie de burla eso de querer cobrar impuestos”.