Ernesto Suárez, Rubén Costas y Mario Cossío enfrentan causas que pueden derivar en su destitución.
Costas declarará en La Paz por desacato la próxima semana; en tanto el Gobernador Suarez es acusado por el referéndum autonómico. El beniano retorna el 2 de agosto y el gobierno arma juicio para que gobernador interino del MAS quede en el cargo.
Por la acción del MAS. Caen de a poco • Los gobernadores Costas de Santa Cruz (der), Ernesto Suárez del Beni (izq) y Mario Cossío de Tarija.(foto El Día)
La Prensa
Costas declarará en La Paz por desacato la próxima semana
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La fiscal Rosario Venegas anunció ayer que el gobernador cruceño, Rubén Costas, debe presentarse la próxima semana en La Paz para prestar declaraciones por la querella y las denuncia planteadas en su contra por el vicepresidente Álvaro García Linera y el fiscal Marcelo Soza, respectivamente.
La fiscal Venegas dijo que en el transcurso de esta semana citará a Costas, aunque todavía no definió fecha y hora para tal audiencia.
La representante del Ministerio Público explicó que para llevar adelante la investigación de ambos casos solicitó información a diferentes medios masivos, tres de los cuales enviaron casetes, videos y la transcripción de una alocución de Costas hecha el martes 6 de julio.
El Gobernador señaló en aquella oportunidad: “Señor García Linera, empiece a construir cientos de cárceles con el dinero que le da el narcotráfico, porque las cárceles de todo el país no tendrán cabida para millones de cruceños y bolivianos que se sienten orgullosos de haber sido parte de este verdadero proceso autonómico y que busca verdaderos cambios para el bienestar, el progreso y la verdadera unidad del país”.
Por ello, García Linera conminó al Gobernador de Santa Cruz a demostrar sus acusaciones y denunciarlo ante la Fiscalía del Estado, al no hacerlo, presentó la querella correspondiente.
Citado: Rubén Costas, ayer en la Gobernación cruceña. Enfrenta tres querellas
Días después de estrellarse contra García Linera, Costas calificó a Soza de ser un “bufón del Gobierno” porque el investigador citó a declarar a su hermano Pablo Humberto Costas por su presunta vinculación con la célula liderada por Eduardo Rózsa Flores, abatido en abril del año pasado.
La autoridad cruceña señaló que su hermano no regresará de España porque no existe seguridad jurídica en Bolivia.
Ambos procesos judiciales se suman a un tercero abierto por el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción a causa del uso de recursos de la Prefectura de Santa Cruz para la realización del referendo autonómico en 2008.
Si Costas es acusado formalmente por cualquiera de las tres causas, quedará suspendido de sus funciones mientras se sustancia el juicio respectivo.
Avanza proceso para ‘tumbar’ a Ernesto Suárez
El Día
El Gobernador del Beni es acusado por gastar Bs 3,3 millones en la aprobación de los estatutos autonómicos de junio del 2008. Observan el hecho como el tiro de gracia a Suárez que ya está afuera y con una asamblea manejada por el MAS
El gobernador beniano, Ernesto Suárez, quedó con un pie afuera ayer luego de la imputación formal que presentara la Fiscalía de Distrito a instancias de la Contraloría General de la República por los gastos en el referéndum de aprobación de los Estatutos Autonómicos en junio del 2008.
El inicio de juicio ocurre 20 días después que el vicepresidente Álvaro García Linera amenazara con cárcel a quienes elaboraron los Estatutos Autonómicos. “Convocaron a un referéndum y usaron recursos públicos. Yo les dije aquí en este Congreso pasará cuatro, tres o veinte años. Las personas que armaron el referéndum serán castigadas y pagarán sus penas en la cárcel.”, dijo el 5 de julio.
La Fiscalía del Distrito del Beni imputó al Gobernador por el gasto de Bs 3,3 millones para la entonces prefectura.
La imputación también involucra a Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés, ex presidente en Ejercicio del Consejo Departamental; a los entonces consejeros departamentales Fabián Antonio Rodal Coelho, Celín Silva Julio, Carlos Naggib Zeitun Oliva, Christian Marcelo Justiniano Fernández, Zajir Daguer Barba, Luis Fernando Simón Hiza, Elvira Lourdes Mavric Quevedo de Ibáñez, César Román Vaca, Ginger Llapiz Leigue, Luis Fernando Selum Rivero y a Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz.
También incluye a los entonces miembros de la Corte Departamental Electoral de Beni Zulema Gutiérrez Ortiz de Chávez, ex presidenta y a los ex vocales Elfia Becerra Roca, Rossana Hurtado de Morant, Víctor Edgar Moreno Morales y a Ronald Martorell Roca,
La denuncia también abarca al entonces nombrado responsable de la Unidad Ejecutora (del referéndum en cuestión) Miguel Antonio Chávez Bacigalupo por la ejecución presupuestaria del referéndum.
En la Gobernación beniana no conocía oficialmente ayer la imputación pues Ernesto Suárez se encuentra en Estados Unidos, con un permiso oficial para un tratamiento médico y en su lugar está Alex Ferrier, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental por el (MAS).
El diputado cruceño opositor, Tomás Monasterio, dijo que se trata del tiro de gracia contra otra autoridad electa el 5 de abril y que el MAS toma “en mesa” lo que no pudo ganar en las urnas, además que la Asamblea es dominada por el MAS.
Se trata del segundo gobernador opositor con imputación formal pues el cruceño Rubén Costas tiene abierto dos procesos también por los gastos de aprobación de los Estatutos mientras que contra el tarijeño Mario Cossío hay una decena de denuncias pero aún no existe una imputación formal.
la imputación y lo que dice la ley
Según la Contraloría • Suárez, en su condición de prefecto del Beni, cometió junto con otras personas los delitos previstos en los artículos 144, 153, 154 y 224 del Código Penal. Según los comprobantes de ejecución presupuestaria el proceso tuvo un costo de 3.319.060 bolivianos para la entonces Prefectura.
El procedimiento • Se abre un período de investigación de seis meses que puede concluir antes al cabo del cual el Ministerio Público presenta la acusación formal ante el juez de turno en lo Penal y en caso de ser aceptada se da paso al juicio formal.
La suspensión • La Ley Corta de Transición a los gobiernos autónomos y la Ley Marco de Autonomías establece que cuando un juez conoce formalmente el caso entonces procede la suspensión del Gobernador, Alcalde, o Asambleísta como ha ocurrido con Jaime Barrón de Sucre y dos alcaldes cochabambinos.
Cívicos analizan medidas
Los dirigentes cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, se reunirán mañana en Tarija para analizar, entre otros temas, la persecución política que ha iniciado el Gobierno contra opositores a su régimen
Según la tarijeña Patricia Galarza verán posibles acciones a seguir en defensa de las autonomías y la democracia.
El cívico beniano, Felzi Guzmán, dijo que no puede ser que se siga juicio por los Estatutos que han sido reconocidos por la Constitución Política del Estado.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagómez, condenó la persecución que hace el Gobierno a autoridades electas democráticamente mientras que el cívico cruceño, Luis Núñez, dijo que “son leyes malditas” las que aprobó el Gobierno contra los autonomistas.
Hay un alcalde del MAS con una sentencia
denuncia
Con sentencia ejecutoriada está el alcalde del MAS, Róger Terceros Velásquez de Mairana, por una malversación de Bs 250 mil denunció ayer el diputado por Convergencia, Luis Felipe Dorado, señalando que el partido de Gobierno no ejecuta los procesos como lo hace contra los opositores.
“La Ley sólo aplica para los opositores y no se aplica para los otros, en el 2008 salió la sentencia y el auto de vista de la Corte de Distrito en el 2009”, dijo el diputado opositor, aclarando que el proceso tuvo una apelación que llegó a instancias en Sucre.
El burgomaestre Terceros es procesado por la malversación en la gestión que tuvo entre 1999 al 2001 y fue la siguiente gestión que inició las demandas.
El diputado aseguró que el alcalde, que se presentó en las elecciones del 4 de abril con el MAS y ganó, accedió a pagar un tercio de la deuda, equivalente a Bs 38 mil pero al ser una deuda compartida entre el municipio y el Estado, fue rechazada.
Según la Ley Marco de Autonomía y la Ley Corta Autonómica sólo basta una acusación formal para suspender a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales.
Los también diputados de Convergencia Jessica Echeverría, Vanesa Moreno y María del Carmen España, que acompañaron a hacer la denuncia, conminaron al Ministerio Anticorrupción y al concejo municipal de Mairana que actúe correctamente destituyendo de su cargo a esta autoridad.
“La Fiscal de Distrito tiene que tomar las medidas correspondientes y llevar adelante una acción judicial a esta autoridad que ha incurrido una serie de delitos que va en contra de la economía de una población”, dijo la diputada Moreno.
Gobernador del Beni es imputado por pagar el referendo de 2008
Justicia: Ernesto Suárez Sattori, Rubén Costas y Mario Cossío enfrentan causas que pueden derivar en su destitución.
Imputado: Ernesto Suárez Sattori, el año pasado en el coliseo de Trinidad
La Prensa
El fiscal Filemón Sandóval imputó al gobernador del Beni, Ernesto Suárez Sattori, por la erogación, supuestamente irregular, de 3,3 millones de bolivianos para la realización del referendo sobre el estatuto autonómico regional de mayo de 2008, un acto que el Gobierno calificó de ilegal.
La acción judicial se cumplió a petición de la Contraloría General del Estado, una institución al cargo del ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Herbas.
El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo ayer que, como consecuencia de la imputación, no corresponde destituir a la autoridad, sino que debe correr todo el proceso antes de que se determine su culpabilidad o inocencia.
Los delitos atribuidos a Suárez Sattori son malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La legislación vigente sanciona este conjunto de tipos penales con reclusión de 10 años, pero el juez podría aplicar hasta 15 años debido a que se trata de varios delitos simultáneos.
Con esta imputación, los tres gobernadores opositores, Suárez Sattori, Rubén Costas y Mario Cossío, afrontan procesos penales que si derivan en acusaciones formales, de acuerdo con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, determinarán su suspensión temporal mientras se sustancian las correspondientes causas.
El Gobernador beniano se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó para someterse a tratamiento médico por una lesión sufrida en una rodilla cuando jugaba fútbol.
El fiscal Sandóval explicó ayer a La Prensa que el 17 de julio presentó, junto con los fiscales anticorrupción Carlos Peláez y Percy Camacho, la imputación contra Suárez Sattori y otras 17 personas.
La causa pasó a conocimiento de la juez Carla Ortiz, quien se excusó, pues Peláez imputó a un hermano de la magistrada en un juicio anterior, por lo que el expediente pasó al despacho del juez instructor civil Carlos Égüez, quien deberá fijar fecha y hora para la audiencia cautelar correspondiente, aunque este acto deberá cumplirse después del 30 de julio.
La Asamblea Legislativa beniana concedió licencia a Suárez Sattori hasta el 30 de este mes, por lo que el acto procesal deberá realizarse posteriormente.
Sandóval advirtió de que “si el Gobernador no se presentase, el juicio debería llevarse a cabo en rebeldía”.
Una fuente oficial de la Gobernación confirmó que Suárez Sattori se reincorporará a sus funciones el lunes 2 de agosto.
El vocero dijo que el Gobernador “se presentará a todas las audiencias a las que sea citado y que sean necesarias. No será la primera vez que lo haga”.
“Su estrategia defensiva se basará en la Ley de Autonomías, que solicita la modificación de los estatutos, por lo tanto los reconoce y avala todo el proceso destinado a su aprobación. Además, se trata de una demanda política que alcanza a tres gobernadores de la oposición y hay que recordar que la desaparecida Prefectura no administró ese dinero, sino que lo hizo la Corte Departamental Electoral”.
Los otros imputados son Clemente Cárdenas, ex presidente del Consejo Departamental; los consejeros Fabián Rodal, Celín Silva, Naggib Zeitun, Christian Justiniano, Zagjir Daguer, Fernando Simon, Elvira Mavric, César Román Vaca, Ginger Llapiz, Luis Fernando Selum y Karina Leiva, además de los vocales electorales Zulema Gutiérrez, Elfia Becerra, Rossana Hurtado, Víctor Moreno y Ronald Martorell.
Las reacciones
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, condenó ayer “el intento de derrocar a la Gobernación de Beni a través de la judicialización de la política. La ‘Ley maldita’ de Autonomías busca tomar el poder absoluto que (el Gobierno) no ganó con el voto popular y quiere hacerlo a través de la justicia”.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Carlos Navia, del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló que la demanda contra Suárez Sattori debe tramitarse en los juzgados y no en el ámbito del organismo deliberante.
El secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Mauricio Lea Plaza, señaló que esta imputación es una señal de “intentar descabezar a los líderes de la oposición en el país. Los referendos por los estatutos autonómicos que se realizaron en cuatro departamentos el año 2008 se ejecutaron a partir de lo que era el marco legal de la Constitución vigente entonces y la Ley del Referendo. Dentro de esa norma estaba previsto que se consulte a la población en el departamento sobre tema de interés y obviamente los gobiernos departamentales debían encargarse de esos procesos”.
Para destacar
El Movimiento Al Socialismo, los indígenas y el MNR se aliaron en la Asamblea Legislativa Departamental beniana.
Esa coalición tiene mayoría en el ente deliberativo, pues cuenta con 15 representantes contra 11 del Gobernador.
La agrupación Primero el Beni, liderada por Ernesto Suárez Sattori, cuenta con 11 asambleístas departamentales.
Los delegados masistas y sus aliados no tienen los dos tercios de votos, pero resuelven temas por simple mayoría.
El asambleísta indígena William Cuéllar aseguró que la justicia debe encargarse de este caso.
El ente legislativo sólo deberá intervenir en caso de que haya, dijo, una acusación formal contra el Gobernador beniano.