Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: El entierro de la República
-
Bajo el Penoco, El Día: Tu alemán, mi amauta
-
Los Tiempos: LA LEY DE ARIZONA Y UNA SOCIEDAD DIVIDIDA
-
El Deber: Narcotráfico, desafío gigantesco
-
La Razón: Anamar y la unidad
-
Cambio: Unasur y su apuesta por la paz
-
La Prensa: Narcotráfico, desafío gigantesco
-
El Diario: Autoridad no implica abusos ni anarquía
-
El Mundo: Rompecabezas
-
Opinión: Prepocupante reducción de productos agrícolas
-
Clarín, Argentina: Fallas en la política de seguridad
El Día: El entierro de la República
Así como Hugo Chávez profana la tumba de Simón Bolívar, para terminar de desdibujar la imagen del Libertador y vaciar de contenido el prócer de la Independencia de América, así también el MAS está organizando las exequias de la República de Bolivia justamente para el 6 de Agosto y ha elegido como lugar de sepultura a Santa Cruz, ciudad a la que había prometido obsequiarle el concurso de Miss Universo. Entre uno y otro show, hubieran lucido mejor las figuras de las modelos.
Improvisar los festejos del 6 de agosto en Santa Cruz es un acto de manoseo a la República y a Sucre, la cuna de la Independencia. De paso, el oficialismo también busca ofender a los sucrenses y provocar a los cruceños con toda la parafernalia simbólica y discursiva que acostumbra mover el Gobierno. Todo ello forma parte de la dominación ideológica y cultural que ya se vio el 21 de junio durante la celebración del año nuevo aimara en Samaipata. La concurrencia, obligada o no, de connotados líderes locales en esos actos es imprescindible para que la derrota sea completa. El ajetreo de funcionarios del Municipio y de la Gobernación posterior a algunas rabietas lanzadas en público, confirma esta hipótesis.
La otra tesis, la que tiene que ver con un acto de sepelio, la expresó el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu Cuéllar, un líder campesino que acaba de afirmar con palabras muy llanas, lo que los ideólogos del Gobierno han estado anunciando por medio de conceptos más elaborados. La autoridad departamental ha dicho que ya no hay nada qué celebrar el 6 de agosto, porque vieja historia de Bolivia murió el 23 de enero de 2010 y esa misma fecha nació otra, la del Estado Plurinacional, lo que equivale a negar protagonistas, procesos y sobre todo, los ideales republicanos que han estado presentes a lo largo de 185 años.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Más allá de este formidable tachón simbólico de la República de Bolivia, se encuentra el sistemático trabajo de desmantelamiento que se ha hecho de un sistema político, cuyas bases son la división de poderes, el respeto del voto universal, la democracia representativa, el Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Todos estos preceptos han sido liquidados paulatinamente en los últimos cuatro años y el tiro de gracia se produjo con la promulgación de las cinco leyes fundamentales del Estado Plurinacional.
En Sucre, justamente, acaba de producirse el golpe que echa por tierra uno de los pilares republicanos, es decir el respeto al voto ciudadano que eligió a un alcalde que ha sido derrocado ilegalmente. Lo mismo ha ocurrido en numerosos municipios del país y muy pronto se darían novedades en Potosí con el alcalde René Joaquino. El próximo paso podrían ser las gobernaciones opositoras y lo que ocurre en el Beni ya es un indicio muy claro de ello. Santa Cruz pende de un hilo y de hecho, el Estado Plurinacional está en condiciones de marcar su sello en estas tierras. Eso explica mejor el deseo del Gobierno central de celebrar el 6 de agosto aquí donde se canta “siempre libres cruceños seamos”. Algunos tal vez creen que, con ayudarle al régimen a organizar su fiesta, se les permitirá seguir cantando esa estrofita.
El 6 de agosto el MAS celebrará las exequias de la República de Bolivia. Lo hace lejos de Sucre, donde nació la Patria y sus ideales.
Bajo el Penoco, El Día: Tu alemán, mi amauta
Como si los jueces hubieran estado coordinando mediante un cronómetro, finalizaron exactamente al mismo tiempo ayer las audiencias cautelares del alemán Dirk Smith (en Santa Cruz) y del amauta Valentín Mejillones Acarapi (en La Paz). Parecían dos partidos de fútbol en simultáneo, de los cuales debía salir un clasificado. Esta comparación surge porque todo indica que ambas detenciones obedecen a una pelea muy fuerte dentro del Gobierno, entre dos bandos muy conocidos. Para entenderlo hay que remitirse al caso Santos Ramírez, que fue atribuido por muchos a una trampa de un bando contra otro. El ex viceministro Torrico ya adelantó que lo del alemán es un caso “armado”, aunque es difícil creer que lo del amauta también lo sea. De cualquier forma, la cosa es sacarse los trapitos al sol y de por medio está una Policía que también trata de zafar de la paliza que está recibiendo del Gobierno. El otro día el presidente Morales dijo, sin mayor preámbulo, que hay sectores que quieren hacerlo pelear con Álvaro García Linera. Con los datos actuales todo parece cobrar sentido.
Los Tiempos: LA LEY DE ARIZONA Y UNA SOCIEDAD DIVIDIDA
"La pelea está lejos de haber terminado" es en lo único en que coinciden quienes están a favor y quienes se oponen a la ley contra los inmigrantes
La entrada en vigor, ayer jueves, de la controvertida Ley SB 1070 mediante la que el Estado de Arizona pretende imponer drásticas penas contra los inmigrantes ilegales, aunque despojada de sus aspectos más polémicos por la jueza Susan Bolton, ha cerrado, de manera muy provisional, un capítulo de una batalla legal que sin duda dará todavía lugar a múltiples controversias en Estados Unidos durante los próximos meses y años. Es que ninguna de las posiciones que están en disputa se ha dado por satisfecha y mucho menos por vencida, y lo ocurrido ayer es, para todos los involucrados, sólo es el primer paso de un proceso que ya se anuncia muy largo y conflictivo.
No se ha llegado a tal extremo porque los dos partidos que sostienen el sistema político estadounidense, Demócrata y Republicano, no estén plenamente conscientes de la magnitud del problema. Muy por el contrario, el miedo que los congresistas le tienen al costo político que conlleva cualquier decisión que tomen los tiene paralizados desde hace ya muchos años, cuando vanamente George W. Bush intentó, durante sus ocho años de gestión gubernamental, zanjar el asunto. No es mejor la situación de Barack Obama, quien pese a su firme decisión de sacar adelante una reforma migratoria antes de que concluya el presente año, no parece tener el respaldo suficiente para hacerlo y está condenado a ver impotente cómo el problema migratorio crece a su alrededor.
Por primera vez en muchas décadas, el sistema bipartidista estadounidense enfrenta un problema que, por lo grande que le queda, no puede ser contenido dentro de sus propios límites. Demócratas y Republicanos, conscientes de que cualquier decisión que tomen conlleva el riesgo de perder el apoyo de una parte sustancial de sus electores, han optado por eludir el problema, con lo que sólo han logrado agravar sus respectivas dificultades pues dejan un vacío que ya se aprestan a llenar organizaciones políticas cuya radicalidad se adecua a la polarización cada vez más extrema del electorado estadounidense.
Así, la Ley de Arizona parece ser sólo el aspecto más visible de un fenómeno de mucho más largo alcance. La proliferación de movimientos civiles que enarbolan doctrinas de supremacía WASP (blancos, anglosajones y protestantes), nutridos de un conservadurismo ultramontano en temas culturales y religiosos y de un antiestatismo radical en lo económico, cuyo tono racista es cada vez más desembozado, ha rebasado incluso al ala más derechista del Partido Republicano dando lugar a un nuevo partido político, el Tea Party. En el otro polo, la defensa de los derechos de los inmigrantes es sólo una de las muchas causas que alimentan el resurgimiento de una nueva izquierda que tampoco puede ya ser contenida por el Partido Demócrata y también comienza a plasmarse en nuevas formas de organización política.
En ese contexto, no parece exagerada la frase con la que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, reaccionó ante el bloqueo judicial a parte de la ley que con tanto entusiasmo promovió. "La pelea está lejos de haber terminado", dijo, y eso es en lo único en lo que parecen estar de acuerdo todos los estadounidenses, incluidos los más de 10 millones de inmigrantes ilegales.
El Deber: Narcotráfico, desafío gigantesco
Las noticias sobre el impulso que tiene el narcotráfico en el país se han hecho apabullantes. El caso del amauta Valentín Mejillones, que había entregado el bastón de mando de los aimaras a Evo Morales en enero de 2006, es uno entre muchos.
Quizá este caso afecte a la imagen del gobierno y del propio Presidente, pero las noticias de la droga boliviana en el exterior se han hecho cotidianas y nos afectan a todos. Sólo en julio se ha sabido de un barco capturado en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, y de otro en Nigeria, con cargas de droga boliviana.
Mientras el presidente Morales estaba sugiriendo que la ONU y Estados Unidos están empeñados en perjudicar a Bolivia en sus evaluaciones sobre la coca y la cocaína, las fuerzas de erradicación de cocales ilegales eran repudiadas en Palos Blancos por los cocaleros de esa región paceña, que les daban pocas horas para desaparecer de la zona.
Eso de parte de los cocaleros. De parte de los fabricantes y traficantes de droga se dio el caso de un comando de la Felcn expulsado de la zona de Pantipata, en Cochabamba. Y se habla de la existencia de 27 ‘narcocomunidades’ sólo en ese departamento.
El método que quiso aplicar el presidente Morales para acabar con los cultivos ilegales, como lo son los del Chapare, fue la erradicación voluntaria o concertada. Pero desde que se aplica ese método, los cultivos de coca sólo han crecido y ahora abarcan regiones hasta hace poco libres de coca.
Los colonizadores, que actúan a veces como punta de lanza de los cocaleros, abriendo sendas para la expansión de la hoja, no respetan parques naturales ni tierras privadas. En efecto, los pueblos originarios del parque nacional Isiboro-Sécure han denunciado que los cocaleros han penetrado en la zona. Son esos originarios los que temen que el mencionado parque pueda convertirse en un nuevo Chapare si es que es atravesado por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Dos altos funcionarios de medio ambiente acaban de renunciar porque se los estaba presionando para que aprueben las licencias ambientales de ese proyecto.
Las autoridades a cargo de los bosques han admitido que no pueden controlar la situación y temen que, al ritmo actual de talado, los bosques del país se acaben en 20 años.
El presidente Morales acaba de decir que él no sabía que el narcotráfico era una actividad tan grande. El país está esperando que el presidente y su Gobierno, ahora que son conscientes del grave problema del narcotráfico, tomen las decisiones necesarias.
Se ha comprobado de manera suficiente que los cultivos de coca ilegales tienen como única función abastecer a los fabricantes de droga.
Está haciendo falta una determinación clara de parte del Gobierno para acabar con esta situación irregular que amenaza con contaminar toda la sociedad boliviana.
Una de las soluciones, además de la erradicación, puede ser la creación de condiciones para que la economía legal se fortalezca y ofrezca oportunidades de trabajo a esos bolivianos.
La Razón: Anamar y la unidad
El sillón presidencial de la Cámara Alta encontró su nivel más alto de honorabilidad
Al momento de recibir la respuesta afirmativa de Ana María Romero de Campero, a quien había invitado para que sea candidata a senadora por el MAS, el presidente Evo Morales cerró los puños como si estuviera celebrando un gol. Y, en realidad, había metido un golazo.
La noticia de la aceptación de esta candidatura se difundió como el mejor fichaje logrado por alguno de los partidos que participaban en las elecciones del año pasado. Y las repercusiones se alinearon a favor de la democracia, de la representación simbólica de la mujer intachable que, como ninguna en el horizonte de la política nacional, reúne las condiciones para aproximar a oficialistas y opositores en la Asamblea Legislativa.
El 19 de enero de este año, Anamar asumió la presidencia de la Cámara de Senadores. Un voto en blanco no hizo mella en la decisión tomada prácticamente por unanimidad. La señora Romero se constituyó entonces en la primera paceña en alcanzar tan altas funciones.
Su misión era concreta: tender un puente entre unos y otros, acercar a las partes en permanente disputa con el arma cada vez menos utilizada de la comunicación: con el diálogo.
Sin necesidad de ser la portavoz del Presidente, venía de declarar que Morales le había dicho que quería gobernar para todos los bolivianos. Ella, al aceptar la invitación del partido político en función de gobierno, desde su posición de ciudadana independiente, demostró que cree en la democracia y, lo más importante, enalteció a la política nacional, tan devaluada en los últimos años.
Con la senaduría de Romero, el sillón presidencial de la Cámara Alta encontró su nivel más alto de honorabilidad. La trayectoria de la periodista dotada de méritos irrebatibles y que dio un controvertido salto a la política, al revés de lo que pasó con otros comunicadores sociales en su misma situación, nunca fue puesta en entredicho. Al contrario, se resaltó su capacidad de concertación.
Con ese ímpetu llegó al Congreso y, de pronto, infundió una confianza que se creía perdida en un político boliviano. Allí radica el principal aporte de su corto periodo de funciones en el Senado.
En una sociedad cada vez menos fulgurante de valores, la gente necesita creer. Creer en la política y también en los políticos, creerse entre bolivianos. Sin Anamar en la testera, ¿alguien podrá asumir el rol que se esperaba de ella, de unir Bolivia?
Cambio: Unasur y su apuesta por la paz
El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puso ayer sobre la mesa de la reunión extraordinaria de cancilleres y vicecancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) —en Quito, Ecuador— una propuesta de cinco puntos en la que se destaca el compromiso de Colombia y Venezuela de resolver sus diferencias, y que ambos países luchen en contra de los grupos armados ilegales, en particular de los vinculados al narcotráfico. De acuerdo con fuentes diplomáticas, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia apoyaron la propuesta de Itamaratí.
La agencia ABN reportó que tras un intenso debate a puertas cerradas entre las representaciones diplomáticas de los países en crisis, el vicecanciller brasileño Antonio Patriota puso sobre la mesa del bloque esa propuesta que evaluaron los delegados suramericanos y que se inicia con la declaración de Suramérica como una zona de paz.
En el documento también se pide de Colombia y Venezuela un "compromiso de resolver diferencias por medios pacíficos" y dedicarse ambos a "luchar contra grupos ilegales, en particular los vinculados al narcotráfico". Asimismo, se plantea ninguna de las naciones haga "declaraciones públicas que agraven la situación" y, por último, hacer llegar sus propuestas a la Presidencia pro témpore que lidera el mandatario ecuatoriano Rafael Correa en miras de un próximo encuentro del bloque.
Sin embargo, el extenso como intenso debate diplomático no posibilitó un entendimiento, menos un acuerdo que supere el conflicto —extremo que era previsible, dadas las diametrales diferencias entre las posiciones de Caracas y Bogotá—. Es en este contexto que la Presidencia pro témpore de la Unasur planteó convocar a una cumbre de presidentes del bloque regional para tratar la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
"Invitamos a los jefes de Estado a que puedan reunirse para que ellos en forma directa aborden y traten los temas que en esta reunión hemos desarrollado", dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, tras el encuentro que duró cuatro horas. Esta cita "les va a ser de mucha utilidad" a Colombia y Venezuela para que "tengan el camino avanzado" con miras a una solución a la crisis diplomática, añadió.
La grave crisis que enfrenta a los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe se desató el jueves 22 de julio tras las acusaciones colombianas ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la supuesta presencia de guerrilleros de las FARC y del ELN en territorio venezolano.
Este hecho fue denunciado por el presidente Chávez como un intento de desprestigiar a su gobierno, vincularlo con el terrorismo, preparar el escenario propicio para justificar una eventual agresión militar de Bogotá —con respaldo de Estados Unidos— destinada a desestabilizar a Venezuela y derrocar a la revolución bolivariana que lidera. Y su respuesta fue el rompimiento de las relaciones diplomáticas luego de negar rotundamente que su gobierno permita la presencia de guerrilleros colombianos en su territorio.
Pero ¿por qué el saliente presidente colombiano, a pocos días de dejar el mando de su país luego de 8 años de gobierno, acusa a Chávez sobre el supuesto refugio que otorgaría Caracas a guerrilleros colombianos y precipitó el rompimiento de las relaciones bilaterales?
Sectores ultraconservadores apuestan por prolongar la guerra interna que desde hace medio siglo castiga a la población colombiana y por eso se oponen a una salida negociada con los rebeldes, porque temen que si se logra alcanzar la paz con las FARC y el ELN, también perderán el único argumento con el que justifican la entrega de siete bases colombianas a militares de Estados Unidos.
Según el canciller venezolano, Nicolás Maduro, para poder alcanzar la paz absoluta en el continente no sólo es necesario, sino fundamental, poner fin a la guerra interna que sufre el pueblo colombiano desde mediados del siglo 20.
Además, el ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, acusó que detrás del Gobierno de Uribe "está el imperio yanqui", y comparó las presuntas ‘pruebas’ que la delegación colombiana presentó en la OEA con las que llevó a Estados Unidos a invadir Irak con las consecuencias que hoy conoce el mundo.
Es decir, con este antecedente los intentos de vincular a Caracas con el terrorismo no tendrían sino el objetivo de invadir Venezuela para asumir el control sobre el petróleo y el gas, tal como ocurrió en Irak. Por eso, no es coincidencia que Washington instalara siete bases militares en suelo colombiano, a la par que alimenta una guerra contra Irán, otro de los países petroleros del mundo.
Además, fruto de la ‘cooperación’ que le presta Estados Unidos —bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo—, Colombia es el país suramericano con más experiencia en combate y hombres en armas. Según el semanario colombiano Cambio, Bogotá ya contaba en 2007 con un Ejército de 257.728 hombres y mantenía planes para incorporar otros 36.000 combatientes hasta 2009; mientras que Venezuela suma 34.000 efectivos en sus tres fuerzas armadas.
Además, según el ex comandante del Ejército colombiano Gral. (r) Jorge Enrique Mora —también citado por Cambio— "Venezuela ha adquirido sofisticados equipos bélicos, entre ellos aviones equipados con tecnología de última generación, pero la experiencia de los soldados colombianos no se puede comparar con la de los otros países latinoamericanos. Les llevamos años luz, no sólo a Venezuela, pues nuestros pilotos están acostumbrados a combatir de noche y su experiencia es nuestra mayor fortaleza". A esta confesión habría que sumar el incondicional respaldo de Estados Unidos a Bogotá.
Éste es el difícil escenario que enfrenta la Unasur para recomponer las deterioradas relaciones colombo-venezolanas en un contexto en el que intereses ajenos alientan la doctrina guerrerista en la patria latinoamericana.
El escenario que enfrenta la Unasur para recomponer las deterioradas relaciones colombo-venezolanas —en un contexto en el que intereses ajenos alientan la doctrina guerrerista en la patria latinoamericana— es sumamente complicado.
La Prensa: Narcotráfico, desafío gigantesco
Hace falta una determinación del Gobierno para acabar con esta situación irregular que amenaza con contaminar toda la sociedad boliviana.
Las noticias sobre el impulso que tiene el narcotráfico en el país se han hecho apabullantes. El caso del amauta Valentín Mejillones, quien había entregado el bastón de mando de los aymaras a Evo Morales en enero de 2006, es uno de muchos casos.
Quizá este caso afecte a la imagen del Gobierno y del mismo Presidente, pero las noticias de la droga boliviana en el exterior se han hecho cotidianas y afectan a todos los bolivianos. Sólo en el mes de julio se ha sabido de un barco capturado en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, y de otro en Nigeria, con cargas de droga boliviana.
Mientras el presidente Morales estaba sugiriendo que la ONU y Estados Unidos están empeñados en perjudicar a Bolivia en sus evaluaciones sobre la coca y la cocaína, las fuerzas de erradicación de cocales ilegales eran repudiadas en Palos Blancos por los cocaleros de esa región paceña, que les daban plazo de pocas horas para desaparecer de la zona.
Eso de parte de los cocaleros. De parte de los fabricantes y traficantes de droga, se dio el caso de un comando de la FELCN expulsado de la zona de Pantipata, en Cochabamba. Y se habla de la existencia de 27 narcocomunidades sólo en ese departamento.
El método que quiso aplicar el presidente Evo Morales para acabar con los cultivos ilegales, como lo son los del Chapare, fue la erradicación voluntaria o concertada. Pero desde que se aplica ese método, los cultivos de coca sólo han crecido y ahora abarcan regiones hasta hace poco libres de ese cultivo.
Los colonizadores, que actúan a veces como punta de lanza de los cocaleros, abriendo sendas para la expansión de la hoja, no respetan parques naturales ni tierras privadas. En efecto, los pueblos originarios del parque nacional Isiboro Sécure han denunciado que los cocaleros han penetrado en la zona. Son esos originarios los que temen que el mencionado parque pueda convertirse en un nuevo Chapare si es que es atravesado por la carretera Villa Tunari?San Ignacio de Moxos. Dos altos funcionarios de medio ambiente acaban de renunciar porque se los estaba presionando para que aprueben las licencias ambientales de ese proyecto.
Las autoridades a cargo de los bosques han admitido que no pueden controlar la situación y temen que, al ritmo actual de talado, los bosques del país se acaben en 20 años.
El presidente Evo Morales acaba de decir que él no sabía que el narcotráfico era una actividad tan grande. El país está esperando que el Presidente y su Gobierno, ahora que son conscientes del grave problema del narcotráfico, tomen las decisiones que se precisan.
Se ha comprobado de manera suficiente que los cultivos de coca ilegales tienen como única función abastecer a los fabricantes de droga.
Está haciendo falta una determinación clara de parte del Gobierno para acabar con esta situación irregular que amenaza con contaminar toda la sociedad boliviana.
Una de las soluciones, además de la erradicación, tendría que ser la creación de condiciones para que la economía legal se fortalezca y ofrezca oportunidades de trabajo a esos bolivianos.
El Diario: Autoridad no implica abusos ni anarquía
Las condiciones de pobreza en que se debate el pueblo y la imposibilidad de encontrar soluciones a corto o mediano plazo, dan lugar a dos posiciones: que las autoridades, provistas de poder, abusen de la paciencia y hasta resignación del pueblo que vive de esperanzas. Por otro lado, que la ausencia de los remedios que esperan satisfacer derechos, tiende a convertirse en anarquía; en otras palabras, el poder convertirse en totalitarismo -faltando pocos pasos para la tiranía- y el reclamo de derechos en libertinaje y anarquía.
Son dos posiciones que es preciso desterrar; el Gobierno tiene posibilidades para hacerlo: primero, reponiendo las garantías para las inversiones de capitales nacionales y extranjeros; reponer las garantías para que las fuentes de producción existentes puedan trabajar sin temor alguno y con el apoyo necesario para mejorar sus instalaciones, diversificar su producción y contar con mercados internos y externos; reponer libertades que hoy tienden a ingresar en el campo de las angustias y preocupaciones por lo que podría ser, por la posible adopción de medidas que radicalicen la carencia de condiciones para la vida en libertad y armonía de todos los bolivianos.
Por parte de las organizaciones sociales, entender que vivir en democracia no implica anarquía y que las libertades que garantiza la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no significan libertinaje. Comprender que las actitudes extremas como las huelgas ilegales, los paros, las marchas, las manifestaciones y el bloqueo (forma de terrorismo que destruye valores morales y bienes) no deben adquirir condiciones de inmunidad e impunidad.
Para el Gobierno no debe resultar difícil dar los pasos precisos para mejorar la economía y dar lugar a que el capital privado pueda cumplir con su función económica y social. El Gobierno, por otra parte, cuenta con los recursos precisos para que la Participación Popular, las regalías y otros ingresos que tienen las gobernaciones y los municipios puedan convertirse en obras de bien común. Simplemente con evitar gastos dispendiosos y ajenos al presupuesto de ingresos y egresos, entendiendo que los bienes del país no son de propiedad del Gobierno circunstancial ni de su partido sino que son patrimonio de todo el país, sin distinción de ninguna clase.
Kung-Tse (Confucio) decía: “Si un Gobierno es austero, parco en sus gastos, honesto en su accionar y transparente en sus formas de conducir los negocios del Estado, el pueblo responderá con las mismas virtudes”. Esta es una realidad que debería tomarse en cuenta y no creer que el gobierno de un país -o la administración de cualquier actividad pública o privada- es negocio que debe y puede manejarse irreflexiva e irresponsablemente; en otras palabras, entender que toda acción de servicio es un acto de conciencia y que por ello es preciso responder ante los que han otorgado ese poder sea público o privado.
La autoridad, pues, por el poder que tenga, no puede abusar; al contrario, ese poder está para servir al país y no servirse de él. Por otro lado, conforme obre esa autoridad, el pueblo debe responder también con su cuota parte para que, conjuncionadas ambas fuerzas, puedan cooperar a que se salga de la profunda sima de la pobreza y subdesarrollo en que nos encontramos.
El Mundo: Rompecabezas
El fenómeno del niño parece haber alcanzado a afectar los niveles del ámbito político, en el cual se han producido, en el giro de algunas horas, una cantidad de situaciones inesperadas que han dejado perplejos hasta los más hábiles estrategas del Gobierno, donde se han sentido los sacudones del terremoto que continúa con las réplicas.
Si no fue el principio, por lo menos uno de los casos más discutidos, a todos los niveles y que puso en situación de conflicto a la zona oriental del país, fue el sacudón que se produjo en una madrugada, en una hotel cruceño, cuando un grupo de élite de la Policía irrumpió en un par de habitaciones y dio fin con unos extremistas que según algunas autoridades, estaban en apronte para dar un golpe contra el mismo jefe del Estado, mientras la mayoría piensa que estaban soñando plácidamente con ello.
Las réplicas llegaron a lideres cívicos, dirigentes políticos, empresarios, dirigentes de cooperativas y otras personas que resultaron incómodas para las autoridades y dieron paso a la figura del Fiscal Soza, quien se encargó de ponerle la sal y la pimienta al asunto, al emitir una lista de sospechosos que se amplia permanentemente y que ha llegado también a algún colega periodista que ha sido citado a comparecer, por haber dicho lo que dice que dijo.
Ante la necesidad de dar un golpe de confianza, antes de su anunciada visita a Santa Cruz para la Asamblea del 6 de Agosto, el Presidente pidió a la Policía cumplir con su deber, posiblemente antes no lo había hecho, porque comenzó con todo.
Las ‘vuvucelas’ de los periodistas sonaron con mayor intensidad para contarnos que el Amauta, líder espiritual aymara que posesionó al Presidente el Tiwanaku, en el nombre de los Achachilas y de la Pacha Mama fue descubierto cuando había logado masticar más o menos 3oo kilos de hoja sagrada y tratándose de un tipo vinculado con los dioses, se la cristalizaron, con un alto valor agregado; esta vez el que sufrió la réplica fue Fidel Surco que fue expulsado del partido, posiblemente para distraer la atención de los compañeros originarios.
El entusiasmo de los policías no para y en su afán de gozar de la confianza del jefe , han realizado nuevos operativos para mostrar su eficiencia, arremete contra un vehículo lleno de mujeres y niños y sabiendo que al Presidente no le gustan los gringos, deciden poner entre rejas a uno que se dedica a la piscicultura; posiblemente la acusación es aquella de tener contactos con peces gordos, lo grave resultó cuando lo llevaron preso y terminó demostrando que era un asesor del gobierno y sabemos que cuando se trata de defender a sus asesores, el Presidente es capaz de pelearse con los presidentes de los países vecinos, como sucedió con el compañero del Sendero Luminoso.
Mientras algunas autoridades del Gobierno piensan que una posible solución es poner el tema en manos del fiscal Soza, quien se encargaría de preparar una nómina de los contactos de Smith, para citarlos a declarar en algún sitio estratégico, el rompecabezas se complica cuando el jefe de gobierno decide enfrentar al que fuera su viejo amigo y promotor el Secretario de la OEA Insulza por el que tenía una admiración especial y ahora resulta contándonos que es un agente del imperialismo, que está tratando de desestabilizar la unidad de los países del sur, agrupados alrededor de Fidel que ha tenido que levantarse y aparecer nuevamente en escena, para ayudar a encontrar soluciones a un problema que se ha ido planteando también sus otros seguidores neocomunistas.
La crisis realmente se agrava cuando el líder espiritual resulta del equipo de los narcos, el presunto terrorista es asesor del Ministerio de Gobierno, el amigo de la OEA parece inclinarse por las corrientes pro imperialistas, el compañero Chávez ha decidido declarar la guerra o poco menos a Colombia y dentro de ese panorama, cuando está saliendo de una infección intestinal, nadie puede defenderlo y el mandatario resulta peleando con el ‘chapulín’.
Opinión: Prepocupante reducción de productos agrícolas
Un reciente informe de un investigador, publicado por este diario, sostiene que en los últimos veinte años se advierte una clara tendencia hacia un menor peso de la agricultura en relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Los datos señalan que en 1988 la agricultura participa con el 11.2% mientras que en 2007 lo hacía con el 9.8%. En líneas generales las superficies cultivadas de tierra en Bolivia anotan un decremento de la producción entre las gestiones agrícolas del 2004 al 2007. Si bien el campesinado sigue teniendo un peso cuantitativo aún significativo, su relevancia en relación a la producción agropecuaria es cada vez menor. En contraposición, el sector de la agricultura empresarial concentraba en 2002 ya el 60.30%.
Estos datos tienen que servir para establecer políticas ausentes desde hace años en el sector productivo rural. Lo que está ocurriendo en la mayoría de las zonas consideradas potencialmente agrícolas tiene que ver con una serie de causas como la migración de los campesinos a las ciudades en un proceso de urbanización común también con otros países del continente y unido a problemas relacionados con las escasas condiciones de vida que tienen los agricultores, el ningún fomento estatal a sus actividades y la situación de desprotección oficial ante los desastres naturales.
Los datos del estudio que mencionamos y de otros que han sido elaborados con anterioridad, deben motivar la preocupación de las autoridades del Gobierno, porque no cabe duda que la producción rural está unida directamente con la seguridad alimentaria. Mientras se habla de procesos de liberación, el Gobierno no debería ignorar el precepto universalmente aceptado de que la liberación de los pueblos radica en la capacidad de producir sus propios alimentos y de comercializarlos a precios que estén al alcance de todos los habitantes. Una caída en este sector, tan constante durante los últimos años, puede significar un paso hacia la importación de alimentos, como de hecho ya se observa en algunos mercados donde se venden productos del Perú y Chile.
La producción básica es la que está en manos de los sectores campesinos que producen la tierra por cuenta propia y es considerada de importancia porque al mismo tiempo representa el sector agrícola primario transformador de la tierra por acción del hombre y que provee de alimentos vegetales como cereales, hortalizas, frutas, pastos cultivados, forrajes y otros. Es considerado de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones.
Desde la revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1952, que aprobó la Reforma Agraria entregando la tierra a los campesinos, aunque sin las condiciones técnicas ni de fomento para su explotación, el proceso de producción ha estado marcado por la improvisación sin contar con planes y políticas gubernamentales. Ningún Gobierno ha desarrollado proyectos serios y opciones que tiendan a recuperar los niveles de la explotación de la tierra y corregir deformaciones que se presentaron como el minifundio y la falta de tecnología.
No cabe duda que la producción agrícola es uno de los rubros más difíciles y que en los países desarrollados goza incluso de subvenciones y medidas fiscales que buscan su incentivo. En Bolivia es un acápite de la producción relegado de manera sistemática, lo cual está convirtiendo a muchas regiones rurales en explotadoras de una agricultura de subsistencia. ¿Qué importancia le otorga el gobierno del presidente Evo Morales a este sector y en consecuencia qué planes tiene para la agricultura tradicional de Bolivia y para mejorar la vida de los miles de agricultores que producen alimentos?
Clarín, Argentina: Fallas en la política de seguridad
La falta de coordinación entre las fuerzas públicas y el mal uso de los recursos presupuestarios son obstáculos que afectan la eficacia de las estrategias de seguridad.
La investigación judicial recientemente abierta en Mar del Plata por el empleo de catorce millones de pesos asignados para la mejora de las condiciones de seguridad, conforme el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, deberá determinar si ha habido ilícitos, como se denunció. Pero aun en caso contrario, ha quedado en evidencia la ausencia de coordinación entre la labor de la Policía y la de la Prefectura que está en esa ciudad desde hace un año para reforzar la seguridad. Miembros de la cúpula policial y de los Foros de Seguridad han expresado quejas porque esos refuerzos sólo hacen controles de tránsito y no se han logrado mejoras en la lucha contra el crimen. Debe recordarse que el principal objetivo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, presentado por el Gobierno en marzo de 2009, es reforzar la prevención del delito en zonas estratégicas del país, asignando recursos para incorporar más efectivos, patrulleros y recursos tecnológicos.
La negligencia y la corrupción son falencias que, si están presenten en un área como la seguridad, agravan un problema gravísimo de la gente. Por eso, es necesario que las políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar el crimen promuevan el uso óptimo de los recursos humanos y materiales, a través de la articulación racional de la labor de las distintas fuerza y mediante un sistema de control y sanción de abusos y actos de corrupción que resulte ejemplificador.
La falta de coordinación y el mal uso de los recursos de las fuerzas de seguridad dificultan la lucha contra el delito y agravan el problema de la inseguridad.