Pugna: Lo acusa de coacción, atentado contra la libertad de trabajo y simulación de delito, tras intentar tomar las oficinas de la FAM.
El alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos (al lado de la mujer). Foto Los Tiempos
La Prensa
El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Dino Palacios, formalizó ayer ante el Ministerio Público una querella contra el alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, por ocasionar el cierre de las oficinas de la FAM en la ciudad de La Paz, el martes 3.
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Según ANF, Palacios denunció en la querella que fue obligado a firmar un acta notariada por la que se procedió al cierre de la FAM y el precintado de sus instalaciones. “La presión que se ejerció para el cierre de la FAM ocurrió mediante amenazas a los funcionarios y al Director de la FAM de iniciarles procesos legales y hasta de detenerlos”, dice el documento.
El 31 de julio, en Cobija, autoridades municipales alineadas con el Gobierno eligieron a Castellanos como presidente de la FAM en lugar del alcalde paceño, Luis Revilla, quien suspendió la convocatoria para el 20 de agosto y actualmente desconoce las elecciones llevadas a cabo por el oficialismo. Fue así que el martes 3, Castellanos trató de tomar posesión de los predios de la FAM en La Paz, lo que desestimó luego de conflictos con los trabajadores.
No obstante, según la red Erbol, Castellanos anunció ayer en La Paz que asistirá al Congreso de la Federación de Asociaciones Municipales del 20, a celebrarse también Cobija. Comentó que “dio un paso al costado”, para evitar la división y la destrucción de la organización, buscadas por “intereses” de algunos grupos y para ser ratificado como Presidente de la FAM.
La acusación de Palacios dicta que el atentado contra la libertad de trabajo ocurrió por dos hechos: porque con el ingreso a las oficinas de la FAM junto con la Policía, las personas que intentaban tomar la Federación instaban “a que los funcionarios salieran de sus oficinas y dejen de trabajar”, y porque con la presión para la firma del acta, desde el 4 de agosto los ambientes están cerrados, por lo que los funcionarios no pueden realizar sus actividades.
Palacios aseguró que hubo “simulación de delito”, por el hecho de que “una persona no individualizada llamó a la fiscal Tania Alfaro denunciando el delito de privación de libertad (de las personas que tomaban la FAM), por el cual los funcionarios de la FAM y mi persona habríamos cerrado las puertas del edificio y hubiésemos impedido la salida de las personas”.
Los delitos por los que acusa a Castellanos son: coacción, atentado contra la libertad de trabajo y simulación de delito.