Retorno al pasado


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Más importante que obtener el poder total es crear las condiciones institucionales para consolidar la democracia

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Evo y los potosinos

  2. Bajo el Penoco, El Día: Qué impertinencia

  3. Los Tiempos: Retorno al pasado

  4. El Deber: La confrontación cambia de escenario

  5. La Razón: Moral a prueba

  6. Cambio: Foro para la esperanza

  7. La Prensa: Con los ojos vendados

  8. El Diario: Economía en estadísticas y realidad nacional

  9. El Mundo: Pausa

  10. Opinión: El Gobierno reacciona con mentalidad anacrónica ante sus propias reformas

  11. Clarín, Argentina: Un avance hacia la recuperación del INDEC




El Día: Evo y los potosinos

Los potosinos querían tener a Evo Morales frente a frente. Hace mucho que lo ven sólo por televisión, en su avión, junto a Chávez, Castro y otros líderes extranjeros, hablando del medioambiente en Europa, mandándole cartas a Barack Obama preocupado por la Ley Arizona, insultando a Estados Unidos por las bases en Colombia y también defendiendo a Irán. Lo ven inaugurando canchitas y en las infaltables reuniones con los cocaleros, pero muy pocas veces cuando se presenta un problema en el país.

Los potosinos no querían que les pase lo mismo que a los indígenas del oriente, que se cansaron de esperarlo en la carretera mientras marchaban. En una ocasión, el presidente Morales estuvo a sólo unos kilómetros de ellos, pero prefirió jugar un partido de fútbol con sus seguidores en San Ramón, mientras los originarios permanecían en El Puente, provincia Guarayos. Al cabo de varias semanas de padecer frío y enfermedades volvieron a sus comunidades resignados a seguir mascullando su miseria.

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Los potosinos ya no quieren hablar con los ministros de Evo Morales porque ya los conocen. Hay algunos que se especializan en ver “alzamientos armados” cada vez que se produce un descontento popular. Otros son capaces de acusar de “vendidos a Usaid” a los mismos dirigentes que el día anterior recibían su asesoramiento. Ni siquiera reclaman al Vicepresidente, siempre ocupado en diseñar leyes, en buscar la forma de fortalecer un Estado ausente de los problemas, de las soluciones y de las propuestas, delirando con la figura de un héroe de caricaturas que levanta su espada y afirma que “ya tiene todo el poder”. Y es que los potosinos no comen leyes. Las leyes ni siquiera sirven para tapar los huecos del Cerro Rico, que se cae a pedazos junto con las ilusiones que tenían por “el cambio” los habitantes del departamento más pobre y más rico de Bolivia y que por eso mismo representa la gran paradoja de este país.

Empezar “el cambio” en Potosí hubiera sido la mejor prueba para las supuestas bondades de la revolución y descolonización que propone el Gobierno. Pero los potosinos tal vez nunca imaginaron que el Presidente les diga que él no tiene la culpa de sus problemas y que en lugar de atenderlos decida viajar este sábado a Paraguay a hablar en un foro social sobre los grandes progresos que se están haciendo en Bolivia en pos del objetivo de “vivir bien”.

Evo se va de viaje y deja a sus ministros haciendo lo que mejor saben hacer. Han comenzado a agitar a los movimientos sociales afines al Gobierno, a los ayllus que protegen a los contrabandistas y a otros sectores de campesinos, quienes ya amenazaron con cercar Potosí y atender “a su manera” las protestas de los potosinos. El terreno está preparado, ya empezaron a acusar a los dirigentes de ser instrumentos de la derecha y de buscar la desestabilización y el desgaste de Evo Morales.

Pedir la presencia de Evo Morales era tal vez para los potosinos, la garantía de que aún siguen vigentes las promesas que les hizo cuando les pidió en reiteradas ocasiones sumarse al cambio, ofrecimientos que tuvieron una acogida contundente en la región que más necesita cambiar. Es posible que Potosí no esté dispuesto a ofrecer tan fácilmente su resignación.

Los potosinos reclaman al presidente Evo Morales porque fueron los que mejor respondieron a las promesas de cambio.

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Bajo el Penoco, El Día: Qué impertinencia

Entre todas frases insólitas del presidente Morales (y pucha que la colección es extensa), seguramente la más llamativa es la que acaba de lanzar en relación al conflicto de Potosí. “Qué culpa tiene el Evo Morales sobre el problema de límites con Oruro”, ha dicho el jefazo, hastiado por los pedidos de los potosinos de que se haga presente en esa región para encarar las dificultades. Ahora que tiene avión nuevo resulta un fastidio que lo molesten cuando tiene tantos lugares dónde mostrarlo. Justo ayer tenía planeado un viaje a Paraguay y dentro de muy poco viajará a Corea. Qué impertinencia que quieran obligarlo ir a una ciudad que ni siquiera aeropuerto tiene, algo que tampoco es culpa de él. Si el Cerro Rico se derrumba, que le reclamen a España, si los potosinos se hunden en la miseria, que se quejen con los gobiernos anteriores, con los virreyes, con Pizarro, con Atahuallpa, en fin, hay tantos para echarle la culpa.  Ya lo dijo el vicepresidente García Linera, Evo es un líder de talla global, planetario, universal. Sería mucho rebajarse metiéndose en líos domésticos.

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Los Tiempos: Retorno al pasado

NUESTRA PALABRA

Más importante que obtener el poder total es crear las condiciones institucionales para consolidar la democracia


Con la elección de tres vocales para el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sin la participación de la oposición y, sobre todo, sin tomar en cuenta serias impugnaciones, la coalición de gobierno ha decidido volver al pasado para controlar esta importante institución de la democracia: todos estos vocales, más el que nombrará el Presidente, responden a los intereses del MAS.

Hay que recordar que hasta febrero de 1991, las cortes electorales estaban en manos de los partidos políticos con mayorías circunstanciales, que hacían y deshacían el voto ciudadano en función a sus intereses. Fue la presión ciudadana y el comprender que el cimiento legitimador de la democracia es un órgano electoral transparente y confiable, que lograron que se reforme la Ley Electoral y se lo conforme con personalidades idóneas profesional y moralmente. Sólo así esta entidad del Estado recuperó la confianza ciudadana y las sucesivas autoridades que se eligieron en elecciones organizadas con ese espíritu obtuvieron la legitimidad necesaria para el cumplimento de sus funciones.

A los diez años de esa sabia decisión hubo un intento -liderado por el entonces Vicepresidente de la República– de devolver a los partidos políticos el control de la Corte Electoral. Felizmente, la presión de la ciudadanía, con el apoyo de la Iglesia católica, la cooperación internacional y los representantes de corrientes democráticas de varios partidos, lograron que se revierta ese intento y se ratifique que este órgano sea dirigido por personas ajenas a la militancia partidaria.

Sólo de esa manera, a guisa de ejemplo, fue que el MAS pudo llegar, finalmente, al poder; es decir, gracias a la independencia de los miembros de las cortes y su decisión de transparentar la organización y realización de las elecciones, es que se recuperó confianza en que se respetaría la voluntad ciudadana. Así, la ciudadanía confió en que los resultados que finalmente se conocían eran los que emergían de las urnas y no de los laboratorios de los partidos políticos, como sucedió hasta 1991. Incluso hay la hipótesis de que gracias a esta decisión de reformar la política electoral es que se mantiene hasta ahora el sistema democrático como tal y no sucumbió -como sucedió en otras épocas– con las movilizaciones sociales que culminaron con el derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada el año 2003.

El gobierno ha echado por la borda toda esta experiencia, y ha dado una señal más de que su concepción de la democracia es eminentemente utilitaria y circunstancial. Pero, al hacerlo también ha sembrado semillas de deslegitimación porque en la medida en que el órgano electoral no es confiable tampoco lo serán los resultados que luego de cada elección emita. Por tanto, como ha sucedido en el pasado, se puede prever que habrá un proceso de deslegitimación que puede acelerarse.

Como señalamos en anteriores oportunidades, no es impertinente insistir -en beneficio del propio gobierno– en que más importante que obtener el poder total es crear las condiciones institucionales para consolidar la democracia, único sistema que permite garantizar el desarrollo y la justicia social.

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El Deber: La confrontación cambia de escenario

Seguramente que ni el propio Gobierno central se imaginó siquiera los cambios que seguirían a una ostensible baja de intensidad en la confrontación entre oriente y occidente.

Sabemos ya cómo el oficialismo redujo los decibeles de esta lucha a débiles e incoherentes brotes tonal-regionales. Santa Cruz es un ejemplo conspicuo de tal resultado. Con tramas alusivas a ‘separatismo’ y ‘terrorismo’, que le sirvieron de munición para disparos procesal -penales contra sus adversarios, desde Palacio de Gobierno, el Movimiento al Socialismo poco menos que inmovilizó a la oposición regional cruceña. Hizo igual cosa en Pando y Beni.

Ocurre ahora que la confrontación brota de forma furiosa en los propios lares sociales y políticos del instrumento político gobiernista. Tiene por hoy como principal protagonista antigubernamental a un Potosí que alega haber sido defraudado en sus demandas regionales por un Gobierno al cual favoreciera mayoritariamente con su voto en pasadas y recientes consultas populares. Y por un irresuelto problema de límites y la explotación de un rico yacimiento de piedra caliza con su vecino potosino, en Oruro ha empezado el redoble de los tambores de la conflictividad.

Lo peor para la gestión del presidente Evo Morales es que el citado desplazamiento geográfico del ininterrumpido ciclo de conflictos que vive el país desde hace más de cuatro años, estimula acciones de apoyo y solidaridad en casi todas las regiones del país. En Santa Cruz, los líderes de la protesta eran ‘oligarcas’ que supuestamente financiaban al grupo ‘terrorista’ de Rózsa con fines ‘separatistas’. En Potosí, los cabecillas de las masas populares que le enseñan el puño a los gobernantes de turno son unos tipos ‘vendidos’ a la derecha, como prueba de lo cual, en conferencia de prensa, el vocero del régimen identificó a algunos de ellos como militantes del MNR, MIR y AS.

La causa real de los sucesos de Potosí y de los que en forma parecida pudieran darse en otras partes del altiplano, ampliando el desplazamiento de la confrontación de oriente a occidente, son esencialmente de tipo estructural y no político. Es muy difícil aceptar que algunos miembros de la ya poco vigente partidocracia ‘neoliberal’ tengan la suficiente fuerza de convocatoria como para atiborrar las calles céntricas de la Villa Imperial con más de cien mil ciudadanos, en su mayoría indígenas y mestizos de clase social empobrecida. No son ni serían capaces de semejante portento. Son simples ‘rellenos’ de una masa embravecida.

En realidad, radican en el olvido y el rezago, así como en las carencias en ingresos y empleo las causas que realmente encandecen el clima político en una población potosina que ahora exige al Gobierno central que atienda sus pedidos regionales para que en dichos espacios tales problemas acusen una reducción progresiva.

Lo que pasa en Potosí tenía inevitablemente que darse. Cuando la postergación indefinida de las legítimas aspiraciones regionales, el desempleo y los bajos ingresos persisten, el paso del tiempo, en cualquier país del mundo, sobre todo en los subdesarrollados como el nuestro, equivale a protesta que se desborda y a fuego que incinera poco a poco imagen y credibilidad gubernamentales. Ambas cosas no permanecen invariables cual estalactitas en la cueva del tiempo.

Ésa es una lectura posible del prolongado y duro conflicto desatado hace más de dos semanas en Potosí y que hasta ayer, cuando dificultosamente el diálogo parecía abrirse camino, mantenía a su ciudadanía inmovilizada y desprovista de lo esencial para la diaria subsistencia y en vilo al resto del país que clama porque de una vez por todas se allanen los obstáculos que impiden el retorno a la normalidad en aquel hermano departamento.

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La Razón: Moral a prueba

A varios dirigentes masistas les cuesta reconocer el propio talón de Aquiles

Varios de los puntales de la administración de Evo Morales han olvidado, unos más temprano que otros, los valores supremos en los que el MAS decidió afirmarse desde su nacimiento: el ama súa, el ama llulla y el ama quella (no robar, no mentir y no ser flojo). En cada una de esas recaídas, el Presidente sufrió los peores golpes de su mandato.

Tal vez por la falta de una oposición con peso político, el partido de gobierno parece correr solo en una carrera de largo aliento. Y, en esas lides, se restringe a combatir contra sus propias fuerzas; por eso afectan tanto al Presidente los golpes que le infligen sus propios correligionarios.

Es que la ‘revolución moral’ del MAS tropieza permanentemente con la debilidad de los que caen presa de la corrupción o, como se ha visto en cuatro casos de rutilancia mediática, de la borrachera del poder. La lista está encabezada por Santos Ramírez, implicado en el escándalo de los millones de YPFB, pero otros “pesos pesados” cayeron en similar desgracia: Félix Patzi, Gustavo Torrico, Fidel Surco, Abel Mamani…

La Razón, en un reportaje publicado el 9 de agosto, identificó nueve casos, en los cuales —es justo reconocerlo— el Gobierno se mostró dispuesto a no apañar a su gente; de hecho, separó de sus filas a los malos dirigentes. Es de esperar que continúe con la misma firmeza, pero ojalá con más entereza y con resultados más claros.

A varios dirigentes masistas, sin embargo, les cuesta reconocer que el talón de Aquiles de las gestiones socialistas de Morales ha sido la flaqueza moral de algunos de sus mandos. Al contrario de esa línea, el vicepresidente Álvaro García se sinceró no hace mucho al hablar de la necesidad de emprender una “reideologización” en el MAS. “Hay problemas en el instrumento, los arrastramos de años. Tiene que haber una reideologización para dejar de lado las pugnas personales y por cargos…”, dijo.

Cabe ahora preguntarse cuánto ha cambiado la situación de crisis moral que se vivió durante los gobiernos neoliberales. La respuesta será: poco o nada. Y, a la vez, convendría cuestionarse cuán valiente y honesto ha sido este gobierno a la hora de enfrentarse a sus propios yerros, a los delitos cometidos por autoridades, en ocasiones, mediante alevosos casos de corrupción. La respuesta, en esta oportunidad, será: en general, bastante más valiente y honesto que otros gobiernos, aunque siempre hace falta más.

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Cambio: Foro para la esperanza

Es siempre esperanzador el debate y las visiones críticas de la realidad que ya son parte de la vida orgánica de los movimientos sociales de América Latina. Hoy, éstos se concentran en Asunción, la capital paraguaya, y hasta allí han llegado delegaciones de distintos países, incluidos de la vieja Europa. Los temas tienen que ver —entre otros muchos— con la preocupación que persiste en nuestros pueblos respecto a las causas y efectos del cambio climático y sus repercusiones en la soberanía alimentaria, donde el pensamiento y la práctica ancestral de los pueblos indígenas y originarios es clave y señala el rumbo a seguir.

El pasado miércoles, una multitudinaria marcha que recorrió kilómetros por la capital guaraní abrió el IV Foro Social de las Américas, que además del señalado, incluye asuntos como la militarización y género en las políticas antineoliberales que se buscan implementar en países donde se construyen procesos de transformación democrática, con inclusión y equidad. Sobre el cambio climático, el cuestionamiento es claro y la denuncia contra las transnacionales y el agrogenocidio que promueven es la tónica que marca la lucha de los pueblos no sólo en América Latina, sino del planeta.

Los efectos devastadores del cambio climático tienen sus causas en la explotación desmedida de los recursos naturales y el consumismo irracional que es inherente a las sociedades capitalistas industrializadas. Por las calles de Asunción se ha escuchado la consigna de las organizaciones sociales: El agronegocio calienta el planeta, la agricultura campesina lo enfría.

El vivir bien es el paradigma que las organizaciones de base asumen como suyo para proyectar una sociedad liberadora. "En la búsqueda de cambio, el buen vivir (o el vivir bien) no sólo es una utopía hacia el futuro, sino una realidad del aquí, del ahora, del día a día que hacen viables esta propuesta", señala al respecto Magdalena León, delegada de la Red de Mujeres Transformando la Economía (Remte) del Ecuador y miembro del Consejo Hemisférico del Foro.

El movimiento de mujeres tiene, junto a las delegaciones de pueblos indígenas y sectores populares, una presencia significativa en Asunción y se ha escuchado su voz con fuerza y absoluta lucidez en este encuentro.

Es así que "en un contexto marcado por la crisis generada por el capitalismo, lleno de inequidades e injusticias, ancladas en el dinero y lucro, las mujeres desde la perspectiva del vivir bien muestran los caminos posibles para transformar una realidad económica, política y cultural, por eso resulta necesario articular las miradas desde las experiencias de los pueblos para contribuir a la formación de un nuevo paradigma que haga frente al modelo impuesto por el neoliberalismo en donde reina el mercado y el dinero", señala un reporte periodístico que da cuenta del espacio de debate abierto por Remte-Latinoamericana.

El vivir bien —desde la perspectiva programada en aquel espacio— plantea una reflexión acerca de la economía para la vida que "debe dar cuenta de la integridad de los ciclos de producción y reproducción, asegurando condiciones para que se den esos ciclos. Éste es el principio y el fin de la economía para la vida y de la diversidad económica inherentes a la construcción del nuevo paradigma".

Un apunte clave del nuevo modelo que plantean los pueblos no sólo es el desmontaje de la economía mercantilista neoliberal que lleva al saqueo de nuestros recursos naturales y al empobrecimiento sistemático de cada vez más sectores de la población, sino que el vivir bien supone una ruptura política con el sistema capitalista en crisis. Tal la relevancia del foro en Asunción, donde se tiene previsto la participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien es esperado con expectativa por los asistentes venidos de diferentes latitudes.

Al foro asisten personalidades como la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y el sociólogo argentino Atilio Borón, entre otras personalidades comprometidas con los procesos de cambio. Se han dado eventos previos y durante el foro, que culmina hoy, se han señalado los retos que deben encarar los pueblos que miran el horizonte con dignidad, sin sometimientos ni más ultrajes. Uno de ellos —de importancia crucial para la vida en comunidad y democracia— fue el referido a la necesidad de avanzar en la democratización de la comunicación. Una vieja lucha que sigue vigente a pesar de los avances tecnológicos y la multiplicación de los medios masivos, que en definitiva aún permanecen bajo la lógica de la concentración mercantil y excluyente.

"La comunicación es un derecho de todas las personas y colectividades. Este derecho implica garantizar diversidad y pluralidad. No nos conformamos con las proclamas empresariales que reducen la libertad de expresión a la libertad de empresa. No se trata solamente de que los Estados no censuren a la prensa. Entendemos necesaria la implementación por parte de los Estados de políticas públicas, con participación ciudadana, para el ejercicio pleno de los derechos a la libre expresión, a la información y a la comunicación de todos y todas, y que reconozcan el derecho de los pueblos originarios a gestionar sus propios medios desde sus identidades", señala el documento aprobado en Asunción.

Y agrega: "Reconociendo que hoy la comunicación es escenario de una disputa de sentidos entre modelos de sociedad, convocamos a profundizar el diálogo entre movimientos sociales, actores de la comunicación y gobiernos para democratizar la comunicación. En ese sentido, instamos a la creación de mecanismos permanentes en todos los niveles para hacer efectivo ese diálogo". El foro tiene como objetivo contribuir a la construcción de alternativas ante la globalización neoliberal y facilitar la articulación, encuentro y alianzas entre movimientos sociales, con miras a promover una sociedad más democrática, justa y equitativa.

El foro tiene como objetivo contribuir a la construcción de alternativas ante la globalización neoliberal y facilitar la articulación, encuentro y alianzas entre movimientos sociales, con miras a promover una sociedad más democrática, justa y equitativa.

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La Prensa: Con los ojos vendados

No se entiende cómo el Presidente se abstiene de referirse a esos problemas cuando vuelve de sus viajes excesivamente frecuentes al exterior.

E l Gobierno del presidente Evo Morales está viviendo los días más difíciles desde su asunción al poder. Aquella luna de miel entre el Gobierno y algunas de las principales regiones y dirigentes que lo apoyaron masivamente para que asumiera la conducción del Estado y para que se aprobara la nueva Constitución Política del Estado (CPE) está sufriendo profundas desavenencias, cuyas consecuencias son todavía inciertas.

Primero fueron los rompimientos ideológico políticos con connotados fundadores del movimiento que acompañaron a Morales desde el principio de su actividad política y que perdieron el privilegio de seguir disfrutando del poder. Luego, la indiferencia frente a los reclamos y atención tardía de los conflictos desatados en el país.

El caso de Potosí mostró de cuerpo entero la falta de atención de las principales autoridades a un problema que dejaron que creciera día a día hasta convertirse en el mayor conflicto desatado en esta última gestión presidencial.

Este conflicto desnudó la soberbia de las autoridades que se negaron a atender el problema cuando comenzaba. Los ministros creyeron que mostrándose inflexibles y exigiendo respeto a sus investiduras someterían a quienes levantaban sus gritos de atención. Presumiblemente pensaron que quienes apoyaron electoralmente al Presidente, ayudándole a ganar elección tras elección, podrían sofocar cualquier protesta. Si fue así, se equivocaron. Los potosinos no claudicaron y hasta los más allegados al poder central adhirieron a quienes demandaban atención a sus necesidades departamentales, como el propio Gobernador de ese Departamento, negando así que el problema tuviera un trasfondo político opositor.

El Gobierno de Evo Morales debe comprender que no es enfrentando y dividiendo a regiones y sectores que va a solucionar los conflictos. No es acusando de opositores o de estar financiados por el imperio a quienes realizan cualquier demanda en favor de su región, que va lograr la paz. Ya lo dijimos desde este mismo espacio editorial, es dialogando, con sencillez, con modestia, con humildad, con vocación de servicio al país, que va a encontrar el entendimiento.

El Gobierno debe despojarse de la prepotencia y la soberbia. El Presidente está obligado a prestar atención a los conflictos, a las regiones y a sus pobladores. Está obligado a conversar con ellos y bajarse del pedestal en el que parece que lo tienen aislado sus propios ministros. No se entiende cómo el presidente Morales se abstiene de referirse a esos problemas nacionales cuando vuelve de sus viajes excesivamente frecuentes al exterior. No se explica que el mandatario se dedique a jugar fútbol cuando hay un foco de conflicto tan grande y que amenaza con extenderse a otros departamentos.

Cualquier mandatario de cualquier país deja de hacer cosas y viajes importantes cuando tiene que atender asuntos internos urgentes porque el país que gobierna está primero. El nuestro parece invertir las prioridades, y sus ministros y asesores no son capaces de darle un sabio consejo o es que lo mantienen con los ojos vendados.

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El Diario: Economía en estadísticas y realidad nacional

Según las autoridades financieras del país, nuestra economía es sólida; esto es, más o menos, lo que darían a entender las estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) porque muestra un panorama envidiable: que en seis meses de la presente gestión nuestras exportaciones han sobrepasado, en el mismo tiempo comparado al pasado año en la proporción del 20%; el dato, por demás optimista, habría que compatibilizarlo con la realidad, puesto que nuestras ventas de gas a Brasil y Argentina han bajado sustancialmente y si hubo algún parangón con el pasado, se debió a mayores precios del producto en el mercado internacional.

Nuestra producción ha disminuido tanto por la falta de inversiones por parte de las empresas capitalizadoras -erróneamente calificadas como “nacionalizadas” desde mayo de 2006- como por la ausencia de políticas petroleras que coloquen efectivamente a YPFB en la posición que debería tener como rector de la explotación petrolera y gasífera del país. Por otro lado, no hubo inversión nueva de algún capitalista extranjero en el rubro del petróleo y del gas. Mal podríamos sostener que “nuestros ingresos son más altos debido a la producción”.

El mismo INE sostiene que nuestras exportaciones subieron en algo más del 27%, cuando la realidad muestra, muy ligeramente, un 3% debido exactamente a los mayores precios en el mercado internacional; pero si nuestra producción hubiese tenido las mismas proporciones y con precios anteriores y baja producción, igualmente nuestras exportaciones arrojarían las mismas cifras. Una vez más se prueba que la falta de producción perjudica gravemente y es determinante para que nuestras ventas al exterior -Brasil y Argentina- hayan bajado considerablemente.

Nuestra condición de ser exportador de materias primas se acentúa porque no hemos logrado -pese a anuncios tan demagógicamente decantados- una producción con valor agregado; es decir, producción industrializada, transformada para que llegue al mercado externo, y ni siquiera para su venta en el país. Una de las pruebas está en el hecho de que exportamos café a Chile y el mismo retorna, ya industrializado, con precios sumamente altos. En otras palabras, vendemos café sin tostar a precios irrisorios y con el valor agregado se nos devuelve, vendido, en diez veces el valor de la exportación.

En las políticas económicas anunciadas por el Gobierno al comienzo de su mandato, se declaró que “el valor agregado de nuestras exportaciones será determinante para un alza de los valores exportables”; la realidad es que seguimos como antes: productores y exportadores de materias primas. Algunos rubros -maderas, por ejemplo- salen del país con valor agregado, pero la cantidad es ínfima y la madera, en su mayor parte, sale en bruto y es aprovechada por otros países.

Los cambios anunciados no se producen; por el contrario, seguimos con viejas políticas de “dormirnos en los laureles de tener todo” sin tener la capacidad para industrializarlo y darle valor agregado. Todo esto implica que nuestra producción sigue alimentando economías foráneas, nuestros productores continúan abandonados a su suerte, nuestras exportaciones son bajas y, si hay incrementos, sólo es debido a los precios internacionales que rigen en el mercado mundial.

Sería muy bueno que el Gobierno se imponga la política de informarse debidamente, es decir con cifras reales y estudiar formas y medios para cambiar una situación que merece cambios, que, de no ser así, corremos el riesgo de acrecentar nuestra pobreza y subdesarrollo. La economía es realista, no debe ser instrumento demagógico para mostrar lo que no es cuando es preciso actuar en pro de que sea. No pueden continuar las políticas de anuncios grandilocuentes y vivir realidades lacerantes.

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El Mundo: Pausa

Las actividades en la región que han estado toda esta temporada con los ojos puestos en el conflicto que envuelve al Gobierno con el departamento de Potosí y que de una u otra manera ha involucrado a toda la nación, han entrado en una pausa obligada, para dar paso a algo que por la práctica se ha convertido en una nueva tradición cruceña.

La terminal bimodal se ha llenado de viajeros y el destino en la mayor parte de los casos es el mismo, la localidad cochabambina de Quillacollo, donde se venera a imagen de la Virgen de Urkupiña, famosa para los creyentes por sus cualidades milagrosas.

Desde ayer y por una práctica que durará por lo menos tres días, los fieles se concentrarán en lo que se ha convertido una tradición religioso pagana que se asemeja a la fiesta del Gran Poder en La Paz, y que junto a la veneración de la imagen de la Virgen, tiene también la presencia de conjuntos de bailarines y actos orientados a dar satisfacción a los peregrinos y su familia.

Tampoco los gobernantes estarán exentos de la celebración y con seguridad se mezclarán con la muchedumbre, para impetrar de la madre de Dios el beneficio de sabiduría, para tomar mejores decisiones y beneficios personales por supuesto.

Con seguridad, habrá también varios que una vez conseguidos los beneficios que pidieron en el pasado, hoy los disfrutan y no tendrá tiempo para agradecer los favores recibidos.

Las personas que desde el oriente, se trasladan a ese lugar que con seguridad lo convertirán en un crisol de la bolivianidad, donde estarán integrados cambas, collas, chapacos, chaqueños y otros, sin otra distinción que su fe en la Virgen.

Esperemos que los deseos de los fieles que lleguen hasta la población del valle y los deseos de quienes tienen en sus manos la solución de los problemas, permita que de una vez se encuentre solución al problema que ha tenido preocupada a una gran parte de la comunidad boliviana; menos a quienes tienen en sus manos la posibilidad de resolverlos, porque en buena parte, viendo la forma en que se han venido desarrollando los acontecimientos, las acusaciones que ambos intercambiaron tenían mucho de verdad, por un lado la intransigencia, exacerbada por la soberbia de los otros que provistos de poder, lejos de compartir en busca de soluciones, se empeñan en demostrar que son poderosos a costa de una actitud que con seguridad, se podrá ver reflejada en las urnas, cuando intenten obtener esa mayoría que hoy los tiene ensimismados.

Pero el resultado de la situación no se refleja sólo entre los gobernantes y entre los representantes de las regiones que han estado buscando que de alguna manera, se haga justicia y se reconozcan sus necesidades; sino también y lo que debe considerarse todavía más grave, por los efectos que tendrán para todos, son las profundas fisuras que se han manifestado dentro del partido de gobierno, donde al parecer por una consigna, se ha maginado sistemáticamente al Presidente, de la participación directa en el conflicto, la única vez que lo hemos visto acercarse al tema, ha sido para manifestar que el causante de todo era el imperialismo, lo que sin duda, fue su primera lección ideológica en la lucha sindical y que no le ha permitido desprenderse para dar paso a otras consideraciones.

Port otro lado, los dueños del poder que en su afán de mostrar su autoridad subestimaron e ignoraron a sus ocasionales adversarios, al considerarse dueños de la verdad que sólo podían dar normas, puesto que se mostraron sordos para escuchar las razones que dieron lugar al nacimiento y desarrollo del conflicto.

Ojalá que quienes llegaron a Urkupiña movidos por la fe, puedan ahora influir en los demás para encontrar fin al conflicto, con conclusiones razonables y ayuden a planificar el futuro con mejores perspectivas.

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Opinión: El Gobierno reacciona con mentalidad anacrónica ante sus propias reformas

El régimen actual, basado en la nueva Constitución Política del Estado, dice que su fuerza de sustentación radica en los movimientos sociales. El artículo 242 y siguientes de la Ley Fundamental, introduce en el nuevo orden estatal, el control de la población frente a ideas o actitudes de los diferentes sectores y niveles de la administración pública. A propósito de esta curiosa innovación, alguna vez dijimos que era un modo extraño de poner en duda la validez de las normas jurídicas que racionalizan la fuerza implícita en el orden político vigente desde el siglo XVIII. El control social, proclamado por el régimen, en última instancia, significa trasladar los problemas de la sociedad a la correlación de fuerzas instalada, trágicamente, en las calles.

Tanto la base popular del régimen, como el control social establecido en la nueva Constitución Política del Estado, se supone que comprende y acepta todo lo que pueden hacer los grupos humanos en ejercicio de sus derechos y de su fuerza coyunturalmente activada. Sería una ingenuidad tragicómica, pretender que los grupos sociales salgan a las calles sin ejercer sus propias potencialidades. Más de mil personas, en cualquier lugar del país o de las ciudades, de hecho, actuarían disfuncionalmente y generarían problemas imprevistos. No haber pensado, anticipadamente, en estas proyecciones incontrolables, antes de incorporar en la norma fundamental este derecho, más que una conducta ajena a la evolución jurídica-institucional, es un atentado contra el orden democrático que se caracteriza, precisamente, por la conversión de las fuerzas sociales en conflicto, en un sistema equitativo de normas y estructuras administrativas permanentes.

Por otra parte, debe admitirse que el comportamiento de las personas, cuando forman parte de grandes aglomeraciones movilizadas, inevitablemente, es disfuncional y en algunas circunstancias antigubernamental. No es posible evitar el bloqueo de calles, avenidas y carreteras, tampoco ciertos hechos violentos. Las masas, en sí mismas, de algún modo, devienen en un sujeto multiple que resuelve sus diferencias en la lógica de las realizaciones materiales. Cuando este fenómeno se produce es porque la supuesta racionalidad del orden jurídico, ha sido insuficiente, proyección cuantitativa que, inevitablemente, traslada las relaciones humanas al campo de los enfrentamientos físicos descontrolados.

Algo que vale la pena, también dejar claramente establecido, es que toda movilización social, resulta de todos modos, un acontecimiento político. De hecho lo que sucede en las calles se convierte en una antítesis frente al orden establecido, es decir, al Gobierno. En países como el nuestro, donde no hay estructuras intermedias que asuman ciertos papeles y responsabilidades, las contradicciones, casi siempre, se dan entre el Gobierno y la sociedad civil. El pueblo plantea sus necesidades y aspiraciones a la entidad que posee los medios necesarios para resolver o satisfacer esas peticiones. Esto no es sino un acontecimiento político y nadie debe extrañarse de que sea así. Resulta risible oír al Ministro de Gobierno haciendo grandes esfuerzos retóricos para demostrar que los sucesos de Potosí son políticos.

Ahora, lo que no podemos entender es la doble conducta del Gobierno, teóricamente, proclama la participación del pueblo, de los sectores sociales, de las masas y en la práctica no tiene el menor inconveniente de repetir los argumentos y las críticas, así como las acciones de los gobiernos exclusivos y excluyentes del pasado. Frente al heroico pueblo potosino, en vez de acercarse democráticamente a esa realidad, exagera, condenando tal manifestación como un acontecimiento político y subversivo, la misma mentalidad y el mismo lenguaje de regímenes anteriores que no aceptaban los derechos del pueblo y, consecuentemente, los métodos que el soberano puede utilizar para defender sus ideas y objetivos.

Las explicaciones que el Ministro de Gobierno difunde por los medios de comunicación, son iguales a toda interpretación que los regímenes anteriores hacían de las peticiones colectivas. Si se acepta la participación popular, los sectores más atrasados del régimen, deben prepararse para manejar, con la debida inteligencia y cuidado, lo que todo acontecimiento colectivo hace cuando está en las calles en defensa de ideas y metas que le corresponden. Las acciones duales, no sólo en este caso, sino en otros, acabarán generando un inmenso caos en el que el régimen, sino define su verdadera personalidad acabará, lamentablemente, extinguido. La mayor oposición del Gobierno no está en los grupos que formalmente lo enfrentan, sino en sus contradicciones, así como en sus dualidades que parecen, más bien, acciones oportunistas para acomodarse a los imperativos de cada momento.

La dualidad que genera un inmenso desconcierto y al mismo tiempo, dudas crecientes acerca de lo que sucederá en lo porvenir, se constata no sólo en las relaciones de ciertos ministros con el pueblo, sino también en las cinco leyes fundamentales que ha promulgado el régimen. En la que establece el sistema autonómico, por ejemplo, lo que se proyecta no es una clara y firme horizontalización del poder, detrás de esa cobertura, introduce frenos o trampas para evitar que las autonomías puedan ser espacios de otras corrientes y tendencias. Se acepta la autonomía, siempre y cuando, esté sometida al poder central, es decir, siempre y cuando no sea autonómica. Estas antinomias se ven casi en todo.

En lo que respecta a los órganos del poder, es muy notoria la estrategia de los avances y retrocesos. Los jueces serán elegidos por el pueblo pero, sólo entre los seleccionados anticipadamente por la mayoría oficialista instalada en el Parlamento. En materia electoral, los plebiscitos serán organizados y presididos por el Órgano Electoral pero, en tal estructura, el poder constituido tendrá presencia dominante. Así se da y se restringe, con una extraña mentalidad, que en la práctica resulta una estrategia negativa que favorece la perpetuación del pasado.

Las nuevas fuerzas sociales y productivas, tienen la vitalidad suficiente para impulsar un proceso de transformaciones esenciales. Las personas que están a la cabeza de este proceso, tendrán que mejorar sus ideas y acciones para ser dignas del nuevo país que ya está en marcha.

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Clarín, Argentina: Un avance hacia la recuperación del INDEC

La media sanción del Senado al proyecto de regularización del INDEC genera expectativas positivas sobre la recuperación de la confianza en el organismo estadístico y en las informaciones que elabora, lo cual contribuirá también, a crear certidumbre sobre la situación y perspectivas de la economía.

El miércoles pasado, y en lo que constituyó una seria derrota del oficialismo, el Senado aprobó el proyecto de ley que fija un plazo de 150 días para normalizar el Instituto y convertirlo en un organismo descentralizado del Ministerio de Economía, con autarquía financiera y autonomía.

También incluye el nombramiento de sus autoridades por concurso y mediante aprobación del Senado, a partir de una terna que presente el Ejecutivo.Para convertirse en ley, el proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Si esto sucede, comenzará la recomposición del organismo y de las estadísticas públicas. Si bien la distorsión más notable es, desde hace mas de tres años y medio, la del índice de precios al consumidor, también han caído bajo sospechas otros relevamientos, al tiempo que los especialistas han formulado serios cuestionamientos a trabajos como el ya realizado Censo Agropecuario o al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010, que ya está en marcha.La manipulación de las estadísticas o las fallas que pueda tener su realización, por impericia o intención política, afectan seriamente la evaluación de los aspectos claves del desempeño de la economía y de la vida social, lo cual perjudica tanto los estudios teóricos como la formulación de programas públicos o privados.

El caso del índice de precios al consumidor tiene, en este cuadro, un papel central porque influye en la medición del costo de vida y de la pobreza y es utilizado como deflactor en numerosos indicadores y contratos, por el sector público o privado.

Desde que comenzó la manipulación del mismo, la brecha entre el indicador oficial y el que calculan entidades privadas o las provincias ha crecido sustancialmente: el aumento de los índices privados o provinciales es aproximadamente el triple del registrado por el índice oficial. La existencia de indicadores alternativos no elimina, no obstante, la incertidumbre sobre el incremento real de la inflación porque las mediciones privadas y las provinciales tienen cobertura geográfica y metodologías diferentes entre sí.

Un ejemplo de la falta de parámetros en el tema se presenta en la actualidad en la discusión salarial, entorpecida por la falta de un referente confiable en materia de precios y nivel real de salarios. Tanto es así que, no sólo los gremios oficialistas piden aumentos mucho más elevados que la inflación señalada por el INDEC, sino que el propio Estado concede aumentos también más altos.

Si se avanza en la regularización del INDEC y de las estadísticas, las distorsiones apuntadas desaparecerán, pero dado el tiempo transcurrido y la enorme diferencia acumulada entre el índice oficial y lo que pueda estimarse como inflación real, será muy difícil, sino imposible, recalcular el índice vigente, lo cual dejará un hiato significativo en las series estadísticas. Más aún, si se produjera un reajuste, dado que el Estado estuvo haciendo pagos de deuda y otros en función del índice del INDEC, un reconocimiento oficial de que ha sido falseado, podría desatar una catarata de juicios. Por esto es necesario avanzar en la recuperación del INDEC y de la confianza en las estadísticas oficiales, para evitar que los daños producidos por el estado actual de cosas, se agraven.

La media sanción del Senado al proyecto de regularización del INDEC puede ser un paso adelante en la recuperación de la confianza en el organismo y en las estadísticas que elabora. La de precios al consumidor presenta una enorme brecha con otras estimaciones oficiales y privadas. Así, distorsiona el cálculo económico y genera incertidumbre sobre la situación real de la economía, desalentando la inversión.

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