¿Quién goza de la autoridad y sabiduría suficiente para decidir quiénes son leales, quiénes traidores y quiénes merecen quedar en el limbo?
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: ¿Qué defiende este Gobierno?
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Bajo el Penoco, El Día: La vaquita de Torrico
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Los Tiempos: LA ‘OFENSIVA ESTRATÉGICA’ CONTRA LOS ‘TRAIDORES’
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El Deber: El presidente en Corea
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La Razón: Fiebre cementera
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Cambio: Soberanía en las fronteras
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La Prensa: La Feria del Libro y sus beneficios
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El Diario: Amenaza de peste bubónica
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El Mundo: Con padrinos
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Opinión: Ley de acceso a la información pública
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Clarín, Argentina: El consumo de energía y el PBI
El Día: ¿Qué defiende este Gobierno?
Nunca se había visto una romería tan grande de ministros, como la que se movilizó el pasado miércoles para defender al titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorentty, sobre quien pesan una serie de cuestionamientos, sospechas y acusaciones. Antes de partir a Corea, el presidente Morales dejó dicho que no habrá cambios en el gabinete por más que se lo pidan los movimientos sociales, a los que les ha pedido no interferir en sus cosas. No se esperaba menos de sus subordinados, que a la cabeza del canciller Choquehuanca, ofrecieron una rueda de prensa para descalificar el informe presentado por el Defensor del Pueblo sobre los sucesos violentos de mayo en Caranavi, donde murieron dos campesinos, supuestamente a manos de la Policía.
Por defender la gestión de un ministro, autor de la versión sobre una “acción armada” en Caranavi que le sirvió de pretexto para ordenar una intervención policial al mejor estilo de los regímenes de facto, el Gobierno está yendo demasiado lejos, lo que implica perjudicar su imagen y seguramente ahondar las divisiones internas que se han vuelto innegables.
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Sacar la cara por Llorentty le ha implicado a este Gobierno no solamente ponerse al frente de los sindicatos que han sido parte de la estructura orgánica de la administración masista, sino también entrar en conflicto con el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dos instituciones claves para un régimen que supuestamente trata de mostrar una imagen popular, respetuosa de la dignidad y apegada a los más débiles. Lo que pasó en Caranavi sólo se ha visto en las más rígidas dictaduras e ignorarlo hubiera sido para los organismos que ahora cuestionan al ministro, caer en la autodescalificación, tal como le ha estado sucediendo a otras instituciones de la república, como el Congreso, la Contraloría, el Poder Judicial y por qué no decirlo, la Policía y las Fuerzas Armadas.
El nombre de Llorentty no sólo está ligado a la represión de Caranavi, sino también al escándalo del alemán Dirk Schmidt, un pistolero con facha de mercenario que actuó por años a órdenes del Ministerio de Gobierno. Es vergonzoso cómo este hecho ha sido utilizado por un sector del Gobierno para descalificar al bando contrario y sacarlo del camino, pretendiendo que la opinión pública ignore todas las implicancias que tocan por supuesto, al actual ministro, a varios de sus subalternos, a la Policía y posiblemente también al presidente Morales, quien llegó a admitir que fue él quien ordenó el traslado de Schmidt a la cárcel de Chonchocoro. Esto lo dijo después de que el director nacional de régimen penitenciario renunció por negarse a violar la ley (el traslado sólo podía ser ordenado por un juez) por presiones de Llorentty.
Queda claro con esta actitud “orgánica” del Gobierno cuál es la orientación que se busca, los métodos gozan de la aceptación y hasta dónde se pretende llegar en el afán insaciable de acaparar el poder. Sería ingenuo pensar que no se van a producir más remezones dentro de la estructura gubernamental, sobre todo entre los que todavía creen que el proceso de cambio significa algo muy distinto a lo que está sucediendo.
Al defender al ministro Sacha Llorentty, el Gobierno está fijando una orientación, los métodos y los objetivos que pretende alcanzar.
Bajo el Penoco, El Día: La vaquita de Torrico
Con gafas al estilo “Misión Imposible”, chompitas “cha-cha-cha”, sacos de piel lustrada, pantaloncitos a la moda y a veces con lentes de esos tipo europeo, el ex viceministro e ilustre “Satuco”, Gustavo Torrico, dice ahora no tener Bs 20 mil a mano para pagar la fianza que le ha exigido un juez cautelar, que ordenó también su arresto domiciliario, por el supuesto delito de extorsión a menonitas. Hace unos días, el fiscal que investiga el caso, Franz Contreras dijo estar dispuesto a indagar sobre el patrimonio de Torrico, para constatar indicios de enriquecimiento ilícito. Contrariamente, Torrico dice estar yesca y que no tendrá más remedio que recurrir a sus amigos para hacer una “vaquita”. El único cuate que le queda por estos días, el alemán Dirk Schmidt, fue devuelto a Palmasola y es posible que muy pocos en el MAS se atrevan a contribuir ya que hay órdenes superiores de apoyar al Sacha. Menos mal que Torrico está acostumbrado a las “vacas flacas”. Una vez les dijo a los policías que estuvo durante años viviendo a pan y café. Algo de mantequilla le habrá quedado de su paso por la función pública.
Los Tiempos: LA ‘OFENSIVA ESTRATÉGICA’ CONTRA LOS ‘TRAIDORES’
¿Quién goza de la autoridad y sabiduría suficiente para decidir quiénes son leales, quiénes traidores y quiénes merecen quedar en el limbo?
Hace un par de meses, con la contundencia que suele utilizar sobre todo cuando sus palabras están dirigidas a los sectores que constituyen las bases sociales del "proceso de cambio", el vicepresidente García Linera anunció el fin de una etapa de la "revolución democrática y cultural" y el inicio de otra, la que según sus criterios de datación cronológica vendría a ser la quinta.
Ésta, según las explicaciones vicepresidenciales, consiste en una "ofensiva estratégica" orientada a la construcción y la toma del poder político, económico y cultural, es decir, ya no sólo del Gobierno, "sino del poder para tener la capacidad de decidir y mandar sobre la política y la economía" del país. Dicho en otras palabras: a la obtención del poder total, el poder sin límites, objetivo último para el que todo lo hecho hasta ahora no habría sido nada más que parte de un moroso pero necesario proceso preparatorio.
Al describir las características que tendrá la nueva etapa, dijo que de lo que se trata -ahora que ya no existe oposición digna de tal nombre- es de dirigir la "ofensiva estratégica" contra los "traidores", o sea, contra quienes desde las filas del aparato gubernamental, de la estructura orgánica del Movimiento Al Socialismo o de la densa red de organizaciones sociales que lo apoyan den alguna muestra de disconformidad, discrepancia o, peor aún, disidencia. Es decir, anunció que el nuevo "objetivo estratégico", después de haber "aplastado" a la oposición, sería depurar las propias filas.
Muchos de los hasta hace poco más destacados y poderosos líderes intermedios del aparato político oficialista han tenido ya la oportunidad de probar lo que eso significa en términos prácticos. Unos porque fueron expulsados de los privilegiados círculos de los considerados suficientemente leales y otros porque recibieron pruebas de lo generoso que puede ser el nuevo sistema político con quienes se hacen merecedores de la protección oficial. Cuanto ocurre en Ministerio de Gobierno es un ejemplo de lo dicho.
Pero la "ofensiva estratégica" contra los "traidores" también se desarrolla en otros escenarios más allá del Órgano Ejecutivo. El proyecto del Reglamento de Ética que está por ser aprobado en la Comisión de Política Social, mediante el que se propone despojar de su condición de asambleístas representantes del pueblo que los eligió a quienes se declaren "independientes", es evidentemente un instrumento mediante el que se pretende disuadir a diputados y senadores a pensar, y mucho menos actuar, de modo que no coincida con los lineamientos que bajen de los más altos niveles jerárquicos. Los procesos que ya han sido anunciados contra los representantes de Potosí que apoyaron las demandas de sus electores son otro elocuente ejemplo.
Y por si aún quedara alguna duda, durante el próximo mes de septiembre se iniciará -y finalizará- una drástica depuración de toda la estructura orgánica del Movimiento Al Socialismo. Para ello, se detectará a "infiltrados" y "traidores", se los expulsará de las filas partidarias y se los remplazará por gente cuya lealtad sea avalada por quienes han logrado dotarse de los medios suficientes para "mandar obedeciendo". ¿Quién goza de la autoridad y sabiduría suficiente para decidir quiénes son leales, quiénes traidores y quiénes merecen quedar en el limbo?
El Deber: El presidente en Corea
El presidente Evo Morales viajó a Corea del Sur con la intención expresa de interesar a los empresarios de ese país capitalista a invertir en Bolivia.
Se trata de un país conocido como uno de los tigres del capitalismo asiático, que experimentaron procesos de progreso económico jamás vistos. Hace cincuenta años, el ingreso per cápita de los coreanos era igual al de los bolivianos, pero ahora es veinte veces más grande.
Lo que hicieron los coreanos para producir ese milagro fue tener una democracia transparente y una economía con normas claras y permanentes. La fórmula es sencilla.
Quizá el presidente Morales tenga oportunidad de descubrir las claves del sendero de progreso que ha tenido Corea del Sur, y se proponga aplicarlas en el país.
Junto a Corea del Sur está Corea del Norte, que optó por el comunismo y lo único que ha logrado en cinco décadas es convertirse en una amenaza para la paz de la región.
El viaje del presidente Morales podría ser muy revelador para el líder del país más pobre de Sudamérica, situación que es producto de la constante inestabilidad de su democracia y de las condiciones que regulan su economía.
Descubrir las razones del progreso de un país podría ser el principal beneficio del viaje del presidente a Corea del Sur.
Es cierto, el viaje no tiene mayor justificación, que no sea el deseo del presidente de estrenar el avión Falcon 900, que costó 38,7 millones de dólares, en un trayecto muy largo.
El viaje desde Bolivia hasta las antípodas, donde está Corea del Sur, toma 17 horas de ida y 17 de vuelta. Según los cálculos más difundidos el costo de operación del moderno avión es de 120 dólares por minuto. De esto resulta que sólo el vuelo le costó a Bolivia 244.800 dólares.
Por otro lado, todos los empresarios coreanos del rubro del litio estuvieron en Bolivia y conocieron los detalles de las condiciones bolivianas. Ni los coreanos ni los empresarios de otros países que vinieron con ese propósito volvieron jamás, aparentemente porque no les atrae la idea de tener solamente 40% de las acciones de una empresa en la que deberán aportar con 100% del capital. Tampoco les interesa la idea de instalar en territorio boliviano las fábricas de baterías de litio, como quiere el gobierno boliviano.
Es probable que el presidente Morales haya llevado a Corea del Sur algunas variantes a la propuesta boliviana, para provocar el interés de los empresarios que se fueron sin intención de regresar.
Será bueno para los bolivianos conocer si han cambiado las condiciones para el proyecto del litio. Si no existiera un cambio, quizá no se justificaría el viaje, pues los empresarios coreanos ya mostraron que no aceptan las que conocían.
Por otro lado, la extensión del viaje hubiera recomendado que el presidente hiciera alguna otra visita en el trayecto, a fin de que el costo de semejante recorrido rinda mayores beneficios al país. Pero también será bueno que a partir de ahora los viajes del primer mandatario sean organizados de manera más eficiente y que los embajadores sean capaces de cumplir sus funciones, pues si el presidente tiene que viajar en persona para buscar inversiones, no se entiende para qué están los embajadores.
La Razón: Fiebre cementera
El Gobierno tendrá que analizar la pertinencia de abrir fábricas de cemento
No es posible retrotraerse a los inicios del mundo moderno sin pensar en la contribución fundamental del cemento. La prosperidad de las ciudades, revestida de un cariz innovador, no se presentaba entonces del color verde característico de la naturaleza, sino del gris más propio de los lugares donde el árbol era poco a poco reemplazado por las paredes.
Con la globalización llegó el fenómeno del incremento del consumo y esto, a su vez, obligó a las industrias a multiplicar sus esfuerzos de producción para atender la gran demanda mundial. La fabricación de cemento no quedó exenta del boom.
En este siglo XXI, en el que el cemento se elabora con una incidencia negativa en el medio ambiente cada vez menor, el consumo per cápita de este producto está promediando los 287 kilogramos por habitante y, en el caso concreto de Bolivia, los 220 kilos por habitante.
La demanda es baja con respecto a otras de la región; sin embargo, aquí se concentra la mayor cantidad de plantas cementeras en relación con la cantidad de habitantes. Pese a esto, la capacidad instalada de las fábricas es mínima, de tres a cuatro millones de toneladas al año.
El sector de la construcción se ha constituido, especialmente en la última década, en un pilar fundamental de la economía al generar un movimiento de recursos inusual en el mercado. Y, ante la creciente demanda de cemento, las fábricas se plantean ahora nuevos retos para atender los pedidos que les espera.
En el país operan siete fábricas de cemento. Soboce invirtió recientemente 35 millones de dólares en su planta de Viacha, renovando de esa manera su apuesta por el sector y la estabilidad económica a largo plazo. Fancesa piensa en una nueva planta con una inversión de $us 80 millones. Y el Gobierno prometió crear dos fábricas estatales, una en Potosí y otra en Oruro.
En abril reciente se informó que Venezuela y Bolivia instalarían el 2012, en una ciudad boliviana, una gigantesca fábrica de cemento que será financiada con fondos del Banco de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).
Más allá del auge de solicitudes departamentales y de las consecuentes dádivas políticas, el Gobierno tendrá que analizar bien la pertinencia de abrir fábricas de cemento estatales en el país, además de probar su capacidad de gestión, de tal manera que estas millonarias inversiones terminen resultando un éxito empresarial y no político.
Cambio: Soberanía en las fronteras
Una historia de abandono estatal, la miseria impuesta por propios y extranjeros y una identidad abstracta sobre un territorio boliviano de comunidades indígenas que habitan la frontera con el Brasil son el preámbulo de la primera travesía que lidera la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), que lleva salud, carnetización, proyectos productivos y, sobre todo, la descolonización a las poblaciones alejadas de la patria.
Este es el encabezado de un reportaje periodístico publicado ayer por Cambio, que identifica a la ausencia del Estado y a la existencia de inmensas riquezas naturales en esas regiones, como a los principales factores que despertaron la codicia de propios y extraños, y que en los siglos 19 y 20 hicieron que Bolivia perdiera el 53.5% del territorio con el que nació el 6 de agosto de 1825. Es decir, el abandono estatal de las fronteras internacionales y la voracidad externa por nuestras riquezas representó la pérdida de 1.265.188 km2 a manos de países vecinos. La patria había emergido con 2.363.769 km2, hace 185 años.
Las guerras en las que Bolivia se vió involucrada y la errática política interna y la diplomacia internacional que implementó una señorial casta que heredó los privilegios de los colonialistas europeos, supuso la entrega a Brasil de 490.430 km2; a Perú, 250.000 km2; a Paraguay, 234.000 km2; a la Argentina, 170.758 km2 y a Chile, 120.000 km2.
No obstante, como si esas lecciones de la historia no hubieran sido suficientes, los paniaguados locales de intereses ajenos, nunca asumieron la defensa de la patria y, por el contrario alentaron la incursión de extranjeros para depredar los recursos de las regiones fronterizas, prosiguieron con la enajenación de la riqueza de todos los bolivianos, mientras se enriquecían con las migajas que dejaban los intereses ajenos a quienes servían.
Es en este contexto que el gobierno del Estado Plurinacional asumió el desafío de recuperar la soberanía patria sobre aquellas regiones secularmente abandonadas; y por eso creó la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas que tiene como misión sentar la presencia del Estado boliviano en todo su territorio y devolverle a sus habitantes la dignidad que les había sido arrebatada.
"El presidente Evo Morales ha sido absolutamente claro: se debe atender a todos los bolivianos sin discriminación, y resulta que los hombres y mujeres que viven en las fronteras son doblemente discriminados por la falta de un Estado que ejerza dominio sobre su territorio, y discriminados por los súbditos extranjeros que creen que los bolivianos somos sus peones", aseguró al respecto el director de la Ademaf, Juan Ramón Quintana.
Y desde su creación, Ademaf ya dio importantes pasos para cumplir con la tarea que le fuera encomendada. En este marco se inscribe el trabajo que cumplirá la Brigada Multidisciplinaria Solidaridad que ingresó hace pocos días a regiones cruceñas históricamente olvidadas y fronterizas con Brasil.
Esta brigada está integrada por efectivos del Ejército, Ministerio de Salud -a través de sus brigadas móviles Salud Familiar Comunitaria Intercultural-, médicos cubanos y bolivianos que se especializaron en el país caribeño, además de miembros de la Policía con su dirección de identificación. Lo destacable del caso es que más de 30.000 personas de 200 comunidades del departamento de Santa Cruz —en la frontera con Brasil— serán beneficiadas con la atención de salud en diferentes especialidades, además de la emisión de certificados de salud y carnetización. Ademaf no sólo recogerá información de las necesidades de esa macrorregión, sino que identificará las debilidades de las políticas públicas en el lugar, mientras que el Ejército también elabora su propio informe sobre seguridad del Estado en las fronteras.
Es que la obligación histórica del Estado con las comunidades de las zonas fronterizas se debe traducir en mayor atención con servicios básicos y con mayor volumen de inversión pública y en el menor tiempo posible, a fin de enmendar la desatención estatal que sufrieron sus habitantes.
Para lograr los objetivos, los ministerios del Estado Plurinacional se pusieron a disposición de los habitantes de las regiones fronterizas en coordinación con Ademaf, que a su vez instalará cuatro oficinas en la macrorregión fronteriza de Santa Cruz, ubicadas en Puerto Suárez, San Matías, San Ignacio de Velasco y Roboré; en Beni en las ciudades de Riberalta y Magdalena, mientras que en Pando se eligió a Cobija y Manoa, al extremo noroeste. Y durante la travesía que inició Ademaf —junto a otras entidades— ya identificó que la mayoría de las comunidades rurales jamás contó con un título propietario sobre sus tierras.
En ese sentido, es intolerable que un Estado que se precia de democrático no atienda las necesidades de todos sus habitantes, mucho más cuando la soberanía sobre nuestras regiones fronterizas no sólo se circunscribe a la jurisdicción territorial, sino también a la protección estatal de sus ciudadanos y la prestación de servicios públicos eficientes.
Por eso, la presencia estatal en la geografía patria no sólo preservará nuestra integridad, sino que apuntalará el control de los recursos naturales, beneficiará a los habitantes de las regiones fronterizas, pero fundamentalmente consolidará la soberanía nacional en territorios que el viejo Estado colonial había abandonado.
La presencia estatal en la geografía patria no sólo preservará nuestra integridad, sino que apuntalará el control de los recursos naturales, beneficiará a los habitantes de las regiones fronterizas y consolidará la soberanía nacional en territorios que el viejo Estado colonial había abandonado.
La Prensa: La Feria del Libro y sus beneficios
El desarrollo humano es una materia muy ajena a los objetivos buscados por los diversos gobiernos que se han sucedido en los anteriores 15 años.
Este fin de semana se cierra la 15ª versión de la Feria Internacional de Libro, un evento cultural organizado por la Cámara Departamental del Libro, que ha sabido ganar no sólo un espacio preponderante en la cotidianidad de los paceños que la esperan año tras año, también ha sido precursor de eventos similares en otras ciudades como Santa Cruz y Cochabamba, e impulsor de un innegable desarrollo que, a lo largo de 15 años, ha fortalecido nuestra industria editorial.
En verdad éste es uno de los objetivos que buscaba la Cámara Boliviana del Libro en la creación de este acontecimiento anual, además ?claro está? de acercar el libro a la cotidianidad de los bolivianos, algo que de alguna manera también lo ha logrado. En verdad cada versión de la Feria del Libro ha ido en permanente crecimiento pese a no pocas dificultades económicas que en algún caso obligó a prescindir de ciertos invitados de expectante nivel mundial, algo que, por otro lado, muchas veces se ha allanado gracias a la cooperación de algunas embajadas amigas. De todas maneras, cabe destacar que se trata de una feria muy esperada en círculos ciudadanos especialmente integrado por jóvenes.
Esta versión de la Feria, además de la innegable jerarquía obtenida por la visita de escritores y editores italianos, cuya producción no es muy conocida en nuestro país, ha mostrado algunos aspectos realmente importantes para su desarrollo que, por lógica, aportan a la creciente respuesta del público lector, especialmente entre niños y jóvenes colegiales que luego de llegar en delegaciones con sus colegios retornan acompañados de familiares, también este año hemos sentido la participación de alguna empresa privada, como el Banco Bisa, que impulsa una colecta de libros esencialmente dirigidos a los más jóvenes, que luego serán donados a diversas bibliotecas del país y hogares de niños.
Naturalmente, debemos recordar que el proyecto inicial se diseñó pensando en la posibilidad de tocar la sensibilidad del Gobierno nacional para lograr ciertas ventajas en materia impositiva, esencialmente pensando que el desarrollo de la industria editorial de países como Colombia fue impulsada por una política impositiva, que no sólo ha combatido con éxito a la piratería y ha permitido una oferta bibliográfica de mayor acceso para la población, también ha logrado el desarrollo de la industria en ese país. Este buen deseo, sin embargo, no ha tenido eco alguno en los diferentes gobiernos que se han sucedido desde entonces. En verdad el desarrollo humano es una materia ajena a las metas buscadas por los diversos gobiernos que se han sucedido en los anteriores 15 años, y el actual Gobierno no es una excepción.
De todas maneras, y pese a la total ausencia de algo parecido a un apoyo estatal, cabe destacar que la Feria Internacional del Libro se ha consolidado en nuestra cultura ciudadana, algo que se manifiesta año tras año con la creciente respuesta obtenida con las visitas del público al campo ferial, esto sin mencionar el crecimiento logrado por la industria editorial en todo el país en estos 15 años, algo que se hace evidente en la creación de ferias departamentales de libros en otras capitales departamentales, pese a la suposición general de que dado el desarrollo de internet, la literatura impresa tiene cada vez menos adherentes.
El Diario: Amenaza de peste bubónica
Una amenaza de magnitud inmensurable se cierne sobre la población boliviana, según informaciones confirmadas que llegan de localidades del interior del país. Se trata de que se han producido brotes de la gravísima enfermedad conocida como bubónica, que se convierte fácilmente en epidemia, todo ello facilitado por la pobreza extrema de algunos sectores sociales que, debido a la alimentación deficiente y falta de fuentes de trabajo, carecen de defensas orgánicas y, por tanto, son proclives a ser fáciles víctimas del mal.
La denuncia es aún más alarmante porque las condiciones higiénicas de algunas ciudades y pueblos son muy deficientes y en algunos de ellos no existe información y sus habitantes están a merced de infecciones que se propagan fácilmente y muchas de las cuales se vuelven más virulentas por la aparición de algunas condiciones determinadas por factores históricos.
En la historia de la medicina en Bolivia, la bubónica se presentó con características epidémicas en varias oportunidades y las ciudades que sufrieron sus mortales efectos fueron, entre otras, La Paz y Cochabamba. En efecto, como consecuencia de etapas de sequía, escasez y hambruna, se crearon las condiciones para que se propague el mal y éste, al adquirir carácter epidémico, produjo infinidad de víctimas mortales. En los años difíciles de 1879 y 1900, la bubónica se extendió con caracteres alarmantes entre las poblaciones bolivianas, al extremo de que cada día se recogía de las calles decenas de muertos.
El caso más patético fue el que se registró en 1879, cuando con motivo de la sequía y la hambruna estalló la epidemia o peste bubónica, cuyo origen estaba en ratas que llegaban a Bolivia junto con cargamentos de “ayuda” en harina y trigo de Chile que, por entonces, también sufría por los efectos de la peste bubónica. Se confirmó, además, que esos alimentos importados de ese país llegaban contaminados con la infección y se los vendía en los mercados, sin el menor cuidado por controlar y evitar la propagación de la terrible plaga. La epidemia de bubónica se prolongó varios meses y cuando el mal llegó a su máximo nivel y todo el país estaba postrado por los efectos de la mortandad, se produjo la invasión chilena al Litoral boliviano.
Desde entonces quedaron latentes en algunos lugares de Bolivia las bacterias y los animales que transmiten la bubónica, en particular las ratas y pulgas que son los vectores que transmiten la temible enfermedad de carácter mortal y contra la que actualmente no existen en el país los elementos necesarios para combatirla y menos las condiciones para prevenirla. Se debe recordar que en más de una oportunidad, investigadores extranjeros encontraron en algunos sitios de La Paz focos del microbio, así como ratas y pulgas transmisoras del mal, descubrimientos que, sin embargo, pasaron sin la atención y las medidas necesarias del caso. Ahora, como resultado de esos antecedentes, llegan noticias en sentido de que la bubónica ha reaparecido, sin que hasta la fecha se haya prevenido a la ciudadanía sobre la presencia de este nuevo flagelo, que se suma a otros que están diezmando a la población.
El país está a tiempo para tomar las medidas preventivas del caso, en particular ciudades como La Paz y Cochabamba, donde la bubónica tiene nefastos antecedentes y donde existen todas las condiciones para que el mal se presente y desarrolle como epidemia. En ese sentido es preciso que no sólo se removilice la población, sino también todas las autoridades relacionadas con la salud del pueblo que, hasta el momento, guardan silencio.
El Mundo: Con padrinos
Cuando se produjeron los luctuosos hechos de Caranavi, en los cuales se produjeron dos bajas, por los enfrentamientos entre dos sectores de la comunidad que exigían, por separado que se cumplan los ofrecimientos hechos por las autoridades en la época previa a las elecciones, de construir en ellas una planta de industrialización de cítricos. Las autoridades esperaron pacientemente que la sangre llegue al río, vieron con complacencia cómo se enfrentaban y según afirman algunos observadores, la Policía estuvo en medio de la trifulca, alentando a uno de los bandos en pugna, para que consiga imponerse al adversario. Los defensores de la Policía niegan ese hecho y por decir lo mejor, dicen que la institución del orden no intervino, estuvo como espectadora, mientras las vecinos trataban de imponer sus posición con bloqueos y otras medidas que dejaron los muertos con arma de fuego.
La Asamblea de Derechos Humanos hs desatado una investigación sobre los hechos y vaya maravilla, nos avisan que detrás de todo se encontraba el propio Ministro de Gobierno controlando las situación, es decir alentando los enfrentamientos y frenando a la Policía, para evitar que esta pueda parar los hechos.
Una vez conocido el informe, quedaba muy poco por analizar, el Ministro de Gobierno habían estado al tanto de la promoción, aliento y desarrollo los acontecimientos y por consiguiente resultaba corresponsable de los resultados.
Pese a la claridad con que se expresaba el informe, el mismo que era una ratificación de informes anteriores, las autoridades de gobierno no sólo desconocieron los informes, sino que brindaron su pleno apoyo al Ministro.
Expresada de esa manera, la situación nos muestra con claridad que cuando las personas tiene padrinos en el poder, pueden obrar si escrúpulos, de la forma que les parezca mejor, en este caso no podemos decir que es un actitud aislada, ya que además de respaldar al ministro en el tema Caranavi, el viceministro también merece el respaldo, cuando se le otorga un arresto domiciliario por un delito de corrupción que además de ser comprobado, tiene como corresponsable a otro detenido que es trasladado de un lado a otro, para evitar que se encuentre en lugares donde pueda ocasionar inconveniente.
Dirk Schmidt estará ahora en Palmasola, lejos de la sede de gobierno, después de haberse comprobado que tuvo participación en las presiones a las colonias menonitas para recibir sobornos, con el pretexto de que se podría expropiar las tierras y otras amenazas que pusieron en vilo a los agricultores foráneos.
Mientras algunos personajes guardan detención en las cárceles, fuera de lo establecido por las normas legales que impiden que una persona sea detenida y más aún incomunicada, por un tiempo prolongado, sin el respectivo proceso, otros ciudadanos que cuentan con apoyo, pasean a pesar de tener informes que prueban su participación en determinados delitos y tiene el respaldo del Ejecutivo en pleno que de esa manera echa por tierra la misión que se la he encomendado, la Ministra anti corrupción por ejemplo, en algún momento tendrá que explicar la actitud que ahora la pone al lado que quien deberán estar bajo su jurisdicción. Ya lo decía Calderón de la Barca, las cosas son del color del cristal con que se miran.
Opinión: Ley de acceso a la información pública
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un artículo establece que todo individuo tiene el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas. La jurisprudencia internacional reconoce que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca también el derecho a la información.
Durante los últimos años se han dado pasos importantes para introducir en las legislaciones de algunos países de la región una ley expresa sobre el derecho a la información o acceso a la información pública.
En Bolivia se viene analizando este importante tema con el propósito de concretarlo en una ley. En un país como el nuestro, una ley de esta naturaleza representaría una herramienta poderosa para que el manejo de la administración pública sea transparente y de conocimiento de la ciudadanía que podría participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones que afectan a su futuro. El concepto de acceso a la información no sólo está referido al trabajo de los periodistas, tiene que ver con empoderar a los ciudadanos y a la sociedad civil que, en lo ideal, actúa como vigilante contra cualquier abuso de autoridad.
El concepto, en líneas generales, suena bien y nadie podría estar en contra, pero hay que saber cuáles serán las limitaciones de la ley y si esta misma tendrá aplicación práctica. Hay que preguntarse si la mentalidad de la burocracia nacional, que siempre ha constituido una barrera para lograr información, podría adecuarse al cumplimiento de la norma que, en realidad, tiene un fundamento teórico que engloba el acceso de la información partiendo de la naturaleza pública de la misma, o sea de toda aquella información relevante a la vida y a las decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto.
Tradicionalmente, la burocracia en el país ha trabajado contrariamente a cualquier principio de acceso a documentos, lo ha hecho ocultando información, en medio de un sigilo y secretismo donde el proporcionar, por ejemplo, un estado de resultados, de licitaciones o cualquier otro asunto sobre el manejo administrativo y económico es imposible de obtenerlo. Que importante sería, por ejemplo, conocer información sobre la gestión en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la principal empresa estatal del petróleo o de otras entidades, ahora en manos del Estado, y que muchas de ellas incluso no tienen actualizadas sus páginas electrónicas. Sería algo innovador conocer asuntos sobre la seguridad del país que, por cierto, no pongan en riesgo la misma, pero que informen sobre la cooperación o asistencia militar o policial de paises amigos, y así otros asuntos en programas económicos y de desarrollo.
¿Será posible que Bolivia tenga una ley de la naturaleza de la que hablamos y que, principalmente, sea cumplida por el aparato administrativo estatal, municipal y de otras instancias?
Porque una cosa es el acceso a la información que no equivale a la publicidad de los actos de Gobierno. Acceder a la información es un derecho de cualquier persona que selecciona la información que requiere, pero informar sobre los actos de Gobierno es un deber del Estado que, como ahora, hace conocer sus proyectos, decisiones, resoluciones y otras normas.
¿Estarán de acuerdo los gobernantes para que el ciudadano acceda a los expedientes públicos, actas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos, documentación financiada por los presupuestos públicos, información sobre políticas, programas, planes, proyectos y otros?
Clarín, Argentina: El consumo de energía y el PBI
Las informaciones oficiales sobre el consumo de energía durante el año pasado abonan las sospechas sobre falta de credibilidad de las estimaciones sobre la evolución del PBI presentadas por el INDEC. Según las estadísticas de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en 2009 el uso de energía tuvo una caída del 1,3%, que alcanzó al 9,4% entre los usuarios con consumos mayores a 300kw. Cammesa es una sociedad integrada por actores privados del mercado eléctrico, pero su directorio está presidido por la Secretaría de Energía.
El INDEC, por su parte, informó que ese año el PBI tuvo un crecimiento del 0,9%. Esta discrepancia entre consumo energético y actividad económica no tiene precedentes en las series estadísticas de la década ya que, el único año que se registró una caída en el consumo energético fue en 2002, con un retroceso del 2,1%, cuando el PBI cayó un 10,9%.
La citada comprobación se suma a numerosas evaluaciones sobre niveles de actividad económica sectoriales de 2009, que muestran bajas no compatibles con un aumento del PBI. Según evaluaciones privadas, ese año, la caída de ese indicador habría sido del 2,5%.
La falta de credibilidad de las estadísticas oficiales, en primer lugar las referidas a precios al consumidor, constituyen un serio problema para la evaluación de múltiples variables económicas y sociales y contribuyen a generar incertidumbre sobre la situación y perspectivas de la economía, por lo cual es urgente recuperar el INDEC y sus estadísticas.
La caída en el consumo de energía durante 2009 contradice la estadística oficial de aumento del PBI en ese período, agregando desconfianza en las estadísticas del INDEC.