Caranavi: El Comandante de la Policía acusó a un abogado de orquestar una campaña y de ser delincuente. El aludido lo niega. Nina dice que informes de DDHH y el Defensor del Pueblo carecen de ecuanimidad.
Denuncia: el comandante de la Policía, Óscar Nina, ayer en rueda de prensa
La Prensa
Pasa al frente. El general Óscar Nina denunció ayer, en conferencia de prensa, que la Policía es objeto de una campaña de desprestigio a causa del desbloqueo de Caranavi y es víctima de una conspiración. Además, descalificó los informes presentados por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia y la Defensoría del Pueblo sobre esos hechos por considerarlos carentes de ecuanimidad.
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Entre el 7 y el 8 de mayo, 400 efectivos de la institución del orden fueron desplazados a Caranavi, donde desde hacía 12 días estaba bloqueada la única ruta al norte paceño por pobladores y colonizadores de la región. El enfrentamiento derivó en dos muertes y 29 personas heridas.
Nina calificó ese operativo como una “acción humanitaria” destinada a salvar a unas 1.500 personas que estaban en peligro de morir por inanición, pero lamentó que los informes de investigaciones no sean equilibrados.
Esos documentos responsabilizaron a la institución del orden de las muertes y la violencia, pero que la Policía “es la más interesada en que se esclarezcan los casos”.
“En este último tiempo la Policía Boliviana ha estado sufriendo una campaña de desprestigio, tras los hechos ocurridos en Caranavi, promovida por Jorge Wilder Quiroz Quispe, ex policía del Perú”, sostuvo Nina, y añadió que éste fue dado de baja de la Policía de ese país por narcotráfico.
Esos ataques, en criterio del Comandante, son una señal de que “hemos afectado intereses, tanto en el interior como en el exterior de la Policía, lo que fortalece el proceso de transformación interna de la institución”.
Quiroz Quispe es el abogado de los padres de los jóvenes asesinados en Caranavi, Mario Fidel Hernany y David Calizaya Mamani, así como de Richard Quispe y Luis Achu, dirigentes de los colonizadores, imputados de los delitos de asesinato, intento de homicidio y otros, pero quedaron en libertad, pues el Ministerio Público no pudo presentar pruebas fehacientes de los cargos.
Nina atribuyó a Quiroz Quispe la representación de la Defensoría del Pueblo en La Paz y a su esposa, Claudia Rosario Lecoña Camacho, como presidenta de la Asamblea paceña de Derechos Humanos.
Además, la autoridad policial dijo que el jurista fue imputado el 11 de junio de 1993 por los delitos de atentados contra la salud pública y tráfico de sustancias controladas y el 13 de agosto de 1996 se emitió una orden de captura en su contra. Señaló que se investiga si su esposa, Claudia Rosario Lecoña Camacho, tiene nacionalidad peruana, con lo que Quiroz Quispe perdería la ciudadanía boliviana adquirida por matrimonio.
El aludido respondió que en 1992 aprehendió a una persona en posesión de cocaína y que al realizar la denuncia el arrestado aseguró que faltaban cinco gramos del alcaloide. Se le abrió un proceso y fue declarado inocente.
“Combatí a la subversión durante 12 años y en 1997 abandoné un destino por la inseguridad que el Estado peruano daba a la Policía en las zonas de operaciones”. El proceso consecuente se cerró en 2007 y ahora pide su reincorporación. Aseguró que su esposa es paceña y que, junto con ella, forma parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, entidad a la que colabora profesionalmente sin percibir remuneración desde hace ocho meses.
Los colonizadores Richard Quispe y Luis Achu visitaron ayer al jurista en sus oficinas y le anunciaron que propondrán al Congreso Ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), que se instalará mañana, que apruebe un voto resolutivo de apoyo por la colaboración que les brinda.
Nina acusa y después se corrige
En conferencia de prensa ofrecida ayer, el comandante de la Policía, general Óscar Nina, informó que Jorge Wilder Quiroz Quispe y Claudia Rosario Lecoña Camacho, en su condición de representantes de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en La Paz, son quienes llevan adelante una campaña de desprestigio contra la institución del orden.
Horas después y mediante un comunicado, aseguró que “por un error involuntario, se atribuyó los cargos de representante del Defensor del Pueblo a Jorge Wilder Quiroz Quispe, y de presidenta de la Asamblea de los Derechos Humanos de La Paz a Claudia Rosario Lecoña Camacho, siendo que estas personas se presentan públicamente como miembros y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos”. El documento del Alto Mando da cuenta de que si bien se corrige el extremo anotado en las líneas precedentes, se mantiene el espíritu de la denuncia de una conspiración contra la Policía.
Defensor pide leer su informe
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió ayer a las autoridades gubernamentales y policiales que lean en toda su extensión el informe que emitió sobre los enfrentamientos ocurridos en Caranavi el 7 y 8 de mayo pasados.
“Que no se estigmatice el informe, sigo insistiendo en que si los señores ministros han empezado a leerlo, deben acabar de leer todo el informe porque es un documento de más de 80 páginas, y (hacer) una lectura que deje lugar para el preconcepto o el pretexto”.
Ratificó que el reporte que presentó “es completísimo, no es irresponsable, por el contrario, responde a un mandato constitucional y respeta los derechos humanos”.
Advirtió de que en caso de que el Ministerio Público no lo tome en cuenta, recurrirá a la Fiscalía General.
Villena se reunirá esta tarde con el Comandante de la Policía.
Informe del Defensor
Durante los hechos acontecidos en la localidad de Caranavi, se ha podido evidenciar que hubo acciones de la Policía Boliviana que vulneraron la dignidad de las personas, dentro de las que se distinguen aprehensiones indiscriminadas y el uso excesivo y desproporcional de la fuerza.
Aproximadamente 80 ciudadanos de la localidad de Caranavi fueron aprehendidos para su posterior traslado a la ciudad de La Paz a dependencias de la FELCC, vulnerándose los límites de la detención.
De las declaraciones que se obtuvo, se evidenció que funcionarios policiales ingresaron en domicilios donde se encontraban personas que no participaron en los hechos, especialmente en Villa Yara, Terminal y el Pantanal, violando el derecho a la inviolabilidad.
Informe de DDHH
El informe anotó que en el operativo de desbloqueo ordenado por el Ministerio de Gobierno se cometió una serie de vulneraciones a las garantías fundamentales y también acciones tipificadas como delitos, de las cuales responsabilizan al titular de Gobierno, Sacha Llorenti, y al comandante de la Policía, Óscar Nina.
El documento establece que el Gobierno sigue siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear, desechando el diálogo, lo que hubiera evitado la muerte de dos jóvenes estudiantes: Mario Hernany y David Calizaya. El primero recibió un disparo de fusil FAL, de nueve milímetros, según informes médicos, y el segundo fue herido por siete perdigones.
La Policía lanza una advertencia
Posición. Su Comandante ve una campaña de desprestigio contra esa institución
Alto Mando Policial. El comandante de la Policía, Gral. Óscar Nina (centro), ofrece una conferencia de prensa en La Paz. Fue ayer.
La Razón – La Paz
Tras la pelea que dejó dos muertos en Caranavi en mayo, y luego de conocerse los informes del Defensor y de Derechos Humanos sobre el caso, el comandante de la Policía, general Óscar Nina, advirtió ayer con procesar a quienes acusen de anomalías a su institución.
Nina lanzó la advertencia luego de ser cuestionado sobre las acciones de la Policía en Caranavi, en los informes de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y del Defensor del Pueblo, tras la intervención del bloqueo de caminos de colonizadores (7 y 8 de mayo) que duró más de una semana.
“Vamos a iniciar una acción judicial contra aquellas personas que busquen un protagonismo personal político a costa de una noble institución. Por favor, no utilicen a la Policía”, declaró ayer en una conferencia de prensa en el Comando Nacional.
Nina lamentó que exista una campaña de desprestigio en contra de la institución del orden e identificó al peruano Jorge Quiroz, nacionalizado boliviano, y a su esposa Claudia Lecoña, quienes a través de la APDHB estarían desacreditando a la Policía.
“En momentos en que nuestra Policía Boliviana estaba en procura del reconocimiento de nuestra población, de nuestra ciudadanía a la cual nos debemos, hemos empezado a sufrir una serie de ataques en contra de la institución y la consecuencia es que este proceso de transformación institucional, que llevamos adelante, nos ocasiona problemas”, afirmó el Comandante de la Policía.
Nina denunció, a través de un informe de la Interpol, que Quiroz “fue dado de baja ignominiosamente de la Policía del Perú, por delitos en contra de la salud pública y porque estuvo ligado al narcotráfico”.
Desafío. En su defensa, Quiroz negó que hubiera participado en la redacción del informe de la APDHB o que esté en campaña contra la Policía y lo desafió a que pruebe si tiene algún vínculo con el narcotráfico. Afirmó que formó parte del equipo de abogados que investigó los hechos violentos de hace tres meses.
Quiroz aclaró que él se retiró voluntariamente de la Policía peruana y exigió a Nina que, luego de haber develado públicamente su conexión con esa entidad, le dé seguridad personal a él y a su familia. Además, le responsabilizó de lo que les pueda pasar.
Respecto al operativo policial de Caranavi, Nina aseguró que el mismo se ejecutó con el fin de desbloquear la carretera “en una operación netamente humanitaria”, que quiso rescatar a más de 1.500 personas “en riesgo de inanición”, después del bloqueo.
Los informes de la APDHB y del Defensor del Pueblo indican, por separado, que la Policía tiene responsabilidad en la violencia generada en Caranavi.
El conflicto en Nor Yungas
Promesa
Evo Morales ofreció a Caranavi, el 2006, una planta procesadora de cítricos.
Cambio
A sugerencia del Fidel Surco, Morales anunció el 17 de marzo que la planta iba a estar en Alto Beni.
Plantón
El Gobierno no se reúne con pobladores de Caranavi, quienes decidieron iniciar bloqueos el 17 de abril.
Operativo
Tras una semana, en un operativo policial de desbloqueo, mueren Fidel Hernany y David Calizaya.
La APDHB rechaza las acusaciones de Nina
El asesor jurídico de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Roberto Quiroz, rechazó las acusaciones del comandante de la Policía, general Óscar Nina, que aseguró que el informe de Caranavi de su institución era una campaña de desprestigio.
“El informe no es una acción dirigida contra la institución policial. No se trata de satanizarlos, sino de establecer la verdad de los hechos y establecer las responsabilidades”, sostuvo Quiroz. Nina apuntó a los abogados de la APDHB, Jorge Quiroz y su esposa Claudia Lecoña, de iniciar una campaña de desprestigio contra la fuerza del orden, desde esa entidad.
La Asamblea lamentó que Nina no hubiese presentado, a la opinión pública, un informe técnico del trabajo efectuado en Caranavi o “como toda autoridad, iniciar acciones si consideraba que una persona transgredió derechos”. El peruano Jorge Quiroz cree que el Ministerio de Gobierno y la Policía intentarán detenerlo para intimidarlo y para que deje el caso Caranavi.
Defensor irá a la Fiscalía si ignoran su informe
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió ayer con recurrir a la Fiscalía General de Estado si el Ministerio Público de La Paz no toma en cuenta su informe sobre los hechos violentos de Caranavi, donde perecieron dos personas entre el 7 y 8 de mayo, en un operativo policial de desbloqueo.
Villena dijo que si el caso en La Paz no va por buena vía, “vamos a apelar al Fiscal General, para que sea de su conocimiento el informe defensorial, para que se investigue ese trabajo de foja cero porque vemos que hay un camino que está contaminado con un alto grado de politización, que es peligroso para la administración de la justicia”.
El Gobierno rechazó el miércoles 25 el informe del Defensor del Pueblo que cuestionó el uso excesivo de la fuerza policial en el desbloqueo de Caranavi.
Villena no descartó en acudir a organismos internacionales si el caso no se resuelve en la justicia boliviana, luego de agotar todas las instancias legales, pero pidió dejar hacer su trabajo a las instancias investigativas. Por otro lado, dijo haber pedido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Denis Racicot, que se pronuncie sobre su informe emitido desde su oficina.