Albarracín ve represión fascistoide. Activista Quiroz, abogado de las familias de los dos estudiantes fallecidos en el desbloqueo policial en Caranavi dice que hace ocho meses milita en la Asamblea de Derechos Humanos.
El abogado Jorge Quiroz Quispe, quien junto a su esposa Claudia Lecoña patrocina el juicio por asesinato contra miembros de la Policía por la muerte de dos estudiantes en Caranavi, dijo que la acusación por supuestas sospechas de narcotráfico y los allanamientos a su oficina y domicilio fueron inventados para llevarse los documentos del caso. Reveló también que hace ocho meses trabaja con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y que no tiene cuentas pendientes en Perú, donde fue policía.
Ayer, el comandante General de la Policía, Óscar Nina, reiteró que Quiroz es buscado por la Policía Internacional (Interpol) en Perú por varios delitos. El abogado, en una entrevista con La Prensa, calificó de pésimo el trabajo de los agentes de inteligencia del país y aseguró que no tiene miedo.
1. ¿Cómo califica estas acciones hacia usted y su esposa?
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Del día que (Nina) hizo su conferencia de prensa, se desplegó toda una persecución en contra de nosotros, en contra de la doctora Lecoña y en contra mía.
2. ¿Cómo interpreta los allanamientos en su oficina y su domicilio?
Nos sentimos avasallados, nos hemos sentido violentados por la forma como se están llevando estos últimos eventos. Un día antes (el pasado jueves) nos presentó ante la comunidad nacional, ante la sociedad, como si fuésemos unos vulgares delincuentes.
Y (fue) nada menos que el jefe (general Óscar Nina), quien se supone maneja todo un sistema de inteligencia y debe estar informado de qué tipo de personas habitamos en este país, nos tilda de ejercer cargos que no nos competen. No cree que hayamos hecho los informes de Caranavi tanto el Defensor del Pueblo como la Asamblea Permanente, hecho que es ilógico, y nos amenaza, como se ha denunciado.
Él amenazó que nos iba a denunciar, y al día siguiente nos han denunciado, supuestamente, para recabar documentos e iniciarnos un proceso por sustancias controladas. Pero no se ha encontrado en la oficina ni en mi casa.
Se llevaron las computadoras de mi oficina y de mi casa. Ése es el gran descubrimiento de ellos, o será que creen que con las computadoras realizamos tráfico.
3. ¿Les dijeron quién hizo la denuncia?
No sabemos, porque conforme al requerimiento o la solicitud de allanamiento que hace el fiscal, está sin conocer; alguien, sin dar su nombre, llamó a la policía de narcotráfico. Ahí figura JDFELCN, es decir la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico La Paz. A la línea gratuita, que yo no conocía, habían llamado, y en base a eso dicen que nos van a procesar.
El allanamiento, que en realidad es una violación a los derechos humanos, porque pese a que somos abogados, y saben eso, inventan todo eso con la finalidad de llevarse los instrumentos con los que trabajamos en el caso de Caranavi.
Por parte de ellos se está cometiendo una violación al secreto profesional porque, además, en estos momentos no están esperando a que aparezcamos para que las abran, ni nada por el estilo. Probablemente ahora estén bajando toda la información y con ello conocer nuestras estrategias para la defensa.
Pero no hay temor, no hay nada, no tenemos miedo de nada.
4. ¿En qué instancia están las acciones que han asumido?
Nos hemos defendido mediante una acción de libertad, pero debemos entender que el Poder Judicial, en este momento, está presionado. No nos ha dado la razón, ha fallado en nuestra contra, el resultado ha sido adverso a nosotros, por un lado.
Sin embargo, le ha dado recomendaciones al general Nina para que no se pronuncie más en contra de nosotros.
5. ¿Podría decirnos quién es Jorge Quiroz y qué trayectoria tiene?
He nacido y estudié en Perú. He sido oficial de policía en mi país y dejé la institución de la Policía. A mí no me botaron, a mí no me sacaron, yo dejé la institución. Aquí hubo un malentendido y los agentes de inteligencia del general Nina no trabajaron en ese sentido. Para mí, como ex oficial, esa unidad de inteligencia se aplazó.
Dejé la Policía y cuando ingresé a Bolivia me dediqué a trabajar y a estudiar. Ingresé el 97 a Bolivia. El 98 inicié mis clases en la Facultad de Derecho, el 2002 terminé y en cuanto obtuve mi título regresé al Perú.
Allá enfrenté mis cuentas pendientes con la Policía, con todo aquello, y es por eso que no tengo ningún saldo o asunto pendiente. Regresé a Bolivia a desempeñarme como abogado. También me colegié en el Perú, soy abogado en ejercicio en el Perú. No hay nada oculto en mi vida ni nada por el estilo.
Además, desde que estuve en la universidad, desde el 2002, me dedico a la investigación del derecho, sacamos libros, vendemos libros, eso es lo único que hacemos. Los mismos que publicamos son los que vendemos y nos dan para comer, y los damos a menor precio que los de una fotocopiadora, por si acaso.
6. ¿Desde cuándo empieza su relación con Derechos Humanos?
Con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos nos contactamos hace ocho o nueve meses atrás. Una vez ahí, los compañeros de Caranavi llegaron —después de los hechos— y solicitaron nuestra intervención. A raíz de eso es que estamos metidos en este problema.
7. ¿Antes trabajó con la Asamblea?
No, nunca, nunca.
“Probablemente ahora estén bajando toda la información de los discos”.
“Fui oficial de policía, a mí no me botaron, no me sacaron, yo dejé la institución”.
PERFIL
Nombre: Jorge Quiroz Quispe; nació en Perú, es abogado de profesión y militante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Investiga temas de derecho y vende libros, con lo que dice sostener a su familia. Comparte un bufete con su esposa Claudia Lecoña.
Juez niega acción de libertad para el abogado
Una juez rechazó ayer la acción de libertad planteada por el abogado Jorge Quiroz y su esposa, de la misma profesión, Claudia Lecoña contra el comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, por las acusaciones de dicha autoridad contra la pareja de supuestas irregularidades y cuentas pendientes con la justicia. Sin embargo, se recomendó al General cuidar las acciones hacia ellos.
La defensa del comandante Nina argumentó que ninguna de las órdenes que dieron pie a los allanamientos de la oficina y el domicilio de los abogados, por sospechas de narcotráfico, habían sido firmadas por él, por lo que no se pudo comprobar que fuera promotor de aquéllos.
La recomendación para Nina es que él, sus representantes y la Policía “se abstengan” de realizar o promover acciones contra Quiroz y Lecoña. Los abogados anunciaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Evo asume responsabilidad
El presidente Evo Morales dijo que la decisión de intervenir el bloqueo de Caranavi, hecho en el que fallecieron dos personas, fue asumida por todo el Gobierno. De esta manera, defendió al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien actualmente es acusado de tener responsabilidad por esos decesos.
“La decisión que se tomó sobre el desbloqueo fue una decisión institucional del Gobierno Nacional”.
Los últimos días, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo dieron a conocer informes, por separado, sobre lo sucedido en Caranavi. Ambos coincidieron en que existía responsabilidad por uso de armamento letal.
El Presidente, por otra parte, también dijo que se tiene pruebas, como documentación y fotografías de funcionarios de la Embajada americana que se reunieron con algunos dirigentes, por lo que la acción se tornó política, ya que USAID habría financiado a algunos dirigentes de Caranavi.
Albarracín ve represión fascistoide
El ex defensor del pueblo Waldo Albarracín calificó como un acto de “represión fascistoide” el sorpresivo allanamiento de la fuerza antinarcóticos a la oficina de los abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Jorge Quiroz y Claudia Lecoña. “He visto con preocupación que efectivos policiales habrían irrumpido en el bufete del activista buscando vincularlo con algún delito. Es un acto de represión fascistoide. Fue un allanamiento arbitrario y abusivo”.
Opinó que hay una evidente intención gubernamental de declarar “enemigos, delincuentes o derechistas” a quienes denuncien irregularidades del Ejecutivo. Agregó que el Gobierno sólo respeta a las personas o instituciones que aplauden sus sistemas. “No hay un buen asesoramiento, no se está actuando con criterio, y esto puede dañar la imagen internacional del Poder Ejecutivo. Estas acciones pueden ser denunciadas ante Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana u otras entidades”.
Sólo se llevaron material digital
La mañana de ayer, la Fiscalía allanó el domicilio de los abogados Claudia Lecoña y Jorge Quiroz, activistas de la oficina de Derechos Humanos. Como sucedió el viernes en similar operativo en su bufete, los policías sólo llevaron computadoras y discos con información digitalizada.
En su oficina, Quiroz dijo que confiscaron dos computadoras, mientras que en su domicilio procedieron a llevarse todos los discos compactos (CD) y videos digitalizados (DVD) que encontraron.
El abogado manifestó que le parece extraño que se haya extraído este material, ya que, si bien la requisa fue por narcotráfico, la extracción de las máquinas y los CD hace sospechar que en realidad buscan información, tal vez las declaraciones de quienes dieron soporte a los informes por lo sucedido en Caranavi. La Prensa.