Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB denunció el intento de acallar testimonios sobre el caso Caranavi y el Gobierno admite que investigan a Quiroz por este caso.
La Prensa
Herrera denuncia el intento de acallar a activista de la Asamblea
La Paz / Erbol.- Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), denunció ayer el intento de acallar testimonios sobre el caso Caranavi, de los activistas de esa organización.
“Tenemos información al respecto de que militantes de base, en coordinación con la presidente de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal, habrían sufrido allanamiento de oficinas por una denuncia anónima. No queremos creer que se pretende presionar y cerrar la voz de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país”. Aseveró que, de comprobarse este hecho, se estaría vulnerando el derecho de libertad de acción de las personas a través de la intimidación, y ratificó el respaldo de la Asamblea al informe sobre los asesinatos acaecidos en Caranavi.
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Gobierno admite que investigan a Quiroz por el caso Caranavi
Operativos: Primero se dijo que los allanamientos eran por una denuncia anónima relacionada con tráfico de drogas.
Allanamiento: efectivos antidrogas salen de la oficina de Quiroz y Lecoña
El Gobierno de Evo Morales admitió que los allanamientos a la oficina y al domicilio de los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña fueron consecuencia de sus vínculos con las investigaciones de las muertes de dos jóvenes colonizadores de Caranavi en los enfrentamientos violentos con la Policía del 7 y 8 de mayo.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, reveló que el Ejecutivo está detrás de la investigación a los profesionales y de los allanamientos efectuados el viernes y sábado pasados por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), aunque en su momento se dijo que estos actos tuvieron lugar debido a una denuncia por supuesto tráfico de droga.
Ayer, en el programa El pueblo es noticia de la estatal Boliviana de Televisión, le consultaron: “¿El allanamiento fue en función a este requerimiento y a este antecedente de narcotráfico que tiene el señor Quiroz en el Perú?”.
Chávez respondió: “Es en función a la investigación de Caranavi. En Caranavi (Quiroz) ha resultado siendo un poco más el portavoz, entonces tiene que dar testimonio de lo que ha ocurrido. La investigación ha sido aperturada (sic) y está abierta en este momento y tiene que dar cuenta finalmente de quiénes son los responsables”.
Luego continuó: “Hemos actuado legalmente, la Policía ha actuado ejercitando la función que cumple en la investigación penal y seguramente habrá resultados en los siguientes días con relación a la evidencia que tenga en la oficina de este abogado”.
El objetivo de los allanamientos, según Chávez, es que la pareja de activistas de derechos humanos comparezca ante la Fiscalía. Chávez explicó: “Si yo me pongo a hablar de un tema (caso Caranavi), que también soy parte y abogado, tengo que conocer y brindar detalles ante el Ministerio Público con elementos que puedan cooperar para ver si han habido otros elementos adyacentes, (como) puede ser financiamiento o vinculación con las personas y eso también tiene ser objeto de investigación”.
Sin embargo, también dijo que el abogado “se hace la víctima de una supuesta persecución, la única entidad que persigue a este señor es la justicia del Perú por un delito de narcotráfico. Creemos que está en el marco de la investigación que se ha dado, los dos muertos en Caranavi, y en algún momento tiene que rendir cuentas sobre este extremo”.
Para Quiroz y su esposa, lo contradictorio en esta actuación de la Fiscalía y la Policía es que los allanamientos se derivaron de una denuncia de tráfico de drogas y ahora se dice que fueron por elementos relacionados con Caranavi.
Se llevaron documentos
Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), durante los allanamientos a la oficina y domicilio de los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, se llevaron tres computadoras, dos de ellas portátiles y una de mesa, y muchas herramientas de trabajo, como cinco libros en edición y un centenar de documentos.
Según Lecoña, “había decenas de demandas, documentos de pruebas, entre ellas de Caranavi. Seguramente ya conocen las estrategias que íbamos a emprender, violando el ejercicio de la abogacía”.
Agregó que sólo pretendían “colaborar con las víctimas que perdieron a sus seres queridos, pero nos sentimos solos y vulnerables ante la persecución policial desplegada”.
Agregó que el comandante de la Policía maneja bastante poder y que están “probando” esa medicina por los atropellos que sintieron, además del seguimiento.
Recordó que el Gobierno boliviano, en días recientes, no ha recibido requerimientos por parte de Perú.
Para destacar
Dos informes: La APDHB y la Defensoría del Pueblo presumen que la Policía y Sacha Llorenti son responsables de las muertes.
Contradicciones: El Ejecutivo dice que actuaron legalmente en los allanamientos, efectuados por policías antidrogas.
Destiempo: El Gobierno y la Policía no hicieron nada ante el requerimiento peruano contra Quiroz desde 22 de enero de 2006.
Acciones: Los afectados se sienten desprotegidos y dicen que acudirán a organismos internacionales de derechos humanos.