El reciente viaje presidencial da nuevos motivos para dudar sobre su necesidad y para volver a preguntar: "¿quién está gobernando Bolivia?"
Índice de los Editoriales de Periódicos
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Los Tiempos: LOS RESULTADOS DEL VIAJE PRESIDENCIAL
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El Deber: Sombras sobre la libertad de expresión
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La Razón: Ser niños y pobres
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Cambio: Energía renovable
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La Prensa: La reforma urbana
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El Diario: Contaminación de las aguas del Titicaca
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El Mundo: Poco nuevo
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Opinión: Propiedad urbana y derecho propietario
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Clarín, Argentina: Retirada a medias de EE. UU. en Irak
Los Tiempos: LOS RESULTADOS DEL VIAJE PRESIDENCIAL
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El reciente viaje presidencial da nuevos motivos para dudar sobre su necesidad y para volver a preguntar: "¿quién está gobernando Bolivia?"
"Estoy contento por este viaje, el crédito es de libre disponibilidad. Por primera vez, en 180 años de vida como país, logramos recursos para integrar a los bolivianos y bolivianas". Así, con esas palabras, el presidente Evo Morales sintetizó los resultados de su visita a Corea del Sur.
La causa de tanto contento presidencial es muy concreta. Se trata, nada más, pero tampoco nada menos, que de la obtención del financiamiento necesario para construir cuatro puentes sobre otros tantos ríos de nuestro país. Para ello, logró un crédito de 250 millones de dólares, a 40 años plazo, con cinco de gracia y un interés anual del 0,1%. "Es como tener un crédito con 0% de interés", resaltó el Presidente al brindar su informe, temiendo tal vez que alguien no valore suficientemente el principal resultado de su periplo.
Y para despejar cualquier posible duda sobre la trascendencia de lo obtenido, Morales precisó que uno de los puentes será construido sobre el río Beni y otro sobre el río Madre de Dios, en Pando. El tercero unirá las dos riberas del río Mamoré, entre las poblaciones de San Ignacio de Moxos y Trinidad y el cuarto se ubicará sobre el río Banegas, en Santa Cruz.
Sobre la explotación del litio del Salar de Uyuni, que se suponía era el principal motivo del viaje de Morales, en cambio, parecen muy pocos los resultados obtenidos. Según el informe presidencial, en Seúl logró la firma de un "memorándum de intenciones" mediante el que Corea del Sur se compromete a cooperar a Bolivia en el desarrollo de las investigaciones en el tema del litio y… nada más.
Sin embargo, fue muy provechosa la visita que el mandatario boliviano hizo a algunas industrias productoras de baterías y artefactos electrónicos a base de litio, pues así pudo constatar "que existe interés surcoreano en cooperar en la investigación en el litio con sus especialistas, así como en realizar inversiones". Pudo ver también un vehículo que funciona con batería de litio. "Los expertos me demostraron y casi me convencieron que los carros a litio son totalmente ecológicos" -dijo- confirmando así cuán útil fue el primer viaje transoceánico que hizo a bordo de su flamante avión presidencial.
Ante tales resultados, sólo cabe poner en duda la eficiencia del trabajo que cotidianamente realizan los colaboradores del Presidente, pues ninguna de las gestiones que hizo en Corea del Sur parece haber ameritado su intervención directa por ser, como es fácil constatar, asuntos de importancia muy secundaria, nada que merezca la dedicación personal del Presidente de un Estado. Para ese tipo de tareas se supone que están los funcionarios de segundo y tercer orden jerárquico.
Así, el más reciente viaje presidencial, como casi todos los anteriores, ha vuelto a llamar la atención sobre la manera como están siendo distribuidos los roles en el Órgano Ejecutivo actual. No sólo porque da nuevos motivos para dudar sobre la verdadera necesidad de tanto viaje presidencial, sino también porque cada uno de ellos obliga, además, a preguntar: "¿quién está gobernando Bolivia?".
El Deber: Sombras sobre la libertad de expresión
La llamada ‘dupla K’, compuesta por el ex presidente argentino Néstor Kirchner y por su esposa -actual primera mandataria de la nación hermana- Cristina Fernández de Kirchner, aceleró de forma alarmante su autoritaria campaña en contra de la prensa independiente durante los últimos días. Tal ofensiva ha provocado alarma no solamente en el país vecino sino también entre diversos medios, gobiernos y organismos internacionales. Se ha pronunciado al respecto la Sociedad Interamericana de Prensa y el propio Departamento de Estado (Cancillería) de Estados Unidos lamentó la secuencia de hechos.
El ataque está centrado en los dos diarios de mayor circulación en Argentina, que son La Nación y Clarín. El pretexto es un pretendido “monopolio” de distribución de papel que sostienen ambas entidades periodísticas a través de la empresa Papel Prensa. Las primeras acusaciones de la Sra. Kirchner acerca del paquete accionario presuntamente comprado “mediante amenazas” y/o “aprovechando ventajas de la anterior dictadura militar”, han quedado refutadas de forma contundente. Con el pretexto de las “licencias de funcionamiento” –ya utilizado por el venezolano Hugo Chávez para silenciar a otros medios en su propio país- también se canceló el permiso de uno de los dos grupos para distribuir servicios particulares de Internet, causándole un fuerte daño económico.
El ataque prosigue inclemente. Ahora se está remitiendo un proyecto de ley al Congreso argentino para elaborar un “marco regulatorio” –sin alcances precisos- para “la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. Con respecto a Papel Prensa, conviene hacer notar que el grupo Clarín tiene hoy el 49% de la papelera, La Nación el 22% y un importante 27% corresponde al Estado. No se habla aún de “nacionalización”, pero la amenaza latente está ahí.
Desde la primera crisis agraria de 2008 los K arremetieron contra Clarín primero y La Nación después, por haber sido ambos fuertes críticos del enfrentamiento gubernamental con los agropecuarios. En el caso de Papel Prensa, se afirma que los Kirchner quieren aprobar una ley para que sea el Estado el que controle la producción de papel. Es un paso más para ahogar las voces críticas.
El proceso muestra la veta cada vez más autoritaria de una pareja obsesionada por conservar el poder. Para colmo, ahora la dupla K manipula a su antojo el triste reciente pasado argentino de la dictadura militar que gobernó desde 1976 hasta 1983. Fue un tiempo pretérito plagado de contradicciones, misterios, secretos, desaparecidos, abusos y múltiples desgracias. Para aclarar lo que corresponda, están la justicia y la vigencia de la no prescripción de crímenes de lesa humanidad. Pero ahondar el pasado solamente para enturbiar aguas y con la única finalidad de coartar la libertad de expresión es algo peligroso. La maniobra -de claro tinte político preelectoral- puede convertirse para los Kirchner en un verdadero ‘boomerang’ que los puede dañar a corto plazo.
Hay que seguir con atención lo que acontece en Argentina. Debemos velar -con las armas de la pluma y del pensamiento- por la preservación universal de la libertad de prensa y el derecho a opinar. Se ciernen ominosas sombras sobre Argentina y algunas regiones de América Latina. Bolivia no está exenta de ellas.
La Razón: Ser niños y pobres
Se confirma la necesidad de enfocar más políticas públicas en la reducción de la pobreza, sin excusas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló la semana pasada el “estado mundial de la infancia” y, de acuerdo con su informe, dos millones de niños —dos de cada 10 habitantes del país— viven en extrema pobreza, abandono o padecen violencia.
Sobre 10 millones de habitantes, no sólo dos millones de niños se encuentran en situación de extrema pobreza, sino que 800.000 trabajan en las calles, 6.000 no tienen hogar y 2.000 viven en cárceles porque sus padres cumplen condenas. El estado de indefensión que implica ser niño y además pobre se exterioriza de una manera incontrastable en estas cifras de la realidad boliviana.
Unicef menciona que en los últimos años hubo avances en salud, nutrición, educación; pero señala también que la pobreza, la discriminación, la violencia, el maltrato, el trabajo infantil aún son factores que violan los derechos del sector. A propósito, en medio de este panorama desalentador, resalta uno estimulante: la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con “importantes” avances. Esto no es poco, ya que sólo a través del conocimiento se podrá superar la actual situación.
El organismo internacional destaca también iniciativas tales como el programa multisectorial de desnutrición cero para menores de cinco años, así como los bonos Juana Azurduy y Juancito Pinto; este último garantizando la permanencia de más de 1,7 millones de niños y niñas en la escuela.
La política de los bonos, es decir, la entrega de dinero en efectivo a las familias, trajo polémica al país: para unos, es positiva porque permite a determinados grupos sociales que habitualmente no manejan dinero, contar con recursos que mueven los mercados. Para otros, se trata de un asistencialismo motivado en la prebenda política que sólo empuja a la flojera y no incide mucho en la economía.
Bolivia es el país con mayor desigualdad social en la región más desigual de todas en el mundo, según el PNUD. Está en el último lugar del ranking divulgado en julio de este año, detrás de Haití. Si dos de cada 10 niños viven bajo el umbral de la extrema pobreza, quiere decir que sus padres tratan de sacar adelante su hogar con menos de un dólar al día. Significa que estos niños no se nutren de una canasta básica alimentaria. Con el informe de Unicef se confirma la necesidad de enfocar más políticas públicas en la reducción de la pobreza, sin excusas.
Cambio: Energía renovable
Un informe del Ministerio de Hidrocarburos, difundido ayer por Cambio, desveló —en el marco del programa Electricidad para Vivir con Dignidad, que dispone de un fondo de 50,1 millones de dólares provenientes de recursos internos y externos— que la generación eléctrica por medios alternativos, como el eólico (que aprovecha el viento), el solar o fotovoltaico, además de microcentrales hidroeléctricas, ayudó a mejorar el abastecimiento de energía de 50 mil familias establecidas en zonas rurales de difícil acceso.
Las entidades financiadoras son la Unión Europea, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Banco Mundial, el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las alemanas GTZ y KFW, de la República de Alemania.
Según los datos proporcionados por por el ministro de Hidrocarburos y Energía, Fernando Vincenti, las obras en este sector, una vez que el proyecto se encuentre en plena ejecución, previsto para el 2012, se habrán beneficiado 107 mil 124 familias que habitan comunidades del área rural.
Hasta el momento, ese proyecto permitió que 9.255 familias sean beneficiadas con los sistemas fotovoltaicos, 500 con microcentrales hidroeléctricas, además de los proyectos eólicos que llegaron a 5.566 familias, y se encuentra en pleno desarrollo los estudios para la instalación de cuatro nuevas microcentrales hidroeléctricas en regiones rurales que no cuentan con el servicio de energía.
Los trascendente del caso es que esa iniciativa gubernamental redunda en beneficio de familias campesinas privadas del suministro de energía eléctrica por el viejo Estado colonial que secularmente los había marginado; pero también es destacable porque se trata de la generación de energía limpia, que no contamina el medio ambiente.
Es que las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. A escala mundial, las energías renovables podrían cubrir hasta un tercio del consumo de electricidad y reducir considerablemente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en un contexto en el que la vida misma está amenazada por el peligroso incremento de gases de efecto invernadero.
En el caso boliviano, el programa Electricidad para Vivir con Dignidad apunta a ambos objetivos: dar cobertura eléctrica a más de 100 mil familias campesinas hasta el 2012 y contribuir en la lucha global por un medio ambiente libre de contaminación.
En la actualidad, en el marco de las energías renovables que más se están utilizando, están la eólica y la solar generando energía limpia en varias partes del mundo. La energía solar, procedente del Sol, puede ser utilizada para producir energía eléctrica y energía térmica.
La energía del sol se transforma en electricidad mediante células fotovoltaicas, aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores. El material base para la fabricación de la mayoría de las células fotovoltaicas es el silicio. La eficiencia de conversión de estos sistemas es de alrededor de 15%. Aun así, un metro cuadrado puede proveer potencia suficiente para operar un televisor mediano.
En tanto que la energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para variados usos como cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria y de calefacción para la climatización de piscinas.
Por otro lado, la energía eólica es la fuente de energía que está creciendo más rápidamente y —según diversas fuentes científicas— podría cubrir hasta el 2020 el 12% de toda la electricidad mundial. No obstante, la energía eólica requiere condiciones de intensidad y regularidad en el régimen de vientos para poder aprovecharlos. Se considera que vientos con velocidades promedio entre 5 y 12.5 metros por segundo son los aprovechables.
El viento contiene energía cinética —de las masas de aire en movimiento— que puede convertirse en energía mecánica o eléctrica por medio de aeroturbinas, las cuales están integradas por un arreglo de aspas, un generador y una torre, principalmente.
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales.
Desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente, las energías renovables limpias se dividen en energía eólica, producida por el viento; energía geotérmica, generada a partir del calor interno de la Tierra; energía solar, generada a partir del Sol; energía undimotriz, generadas por las olas de mares y océanos; energía hidráulica, generada en ríos y corrientes de agua dulce en saltos que se producen en los mismos; energía mareomotriz, producida por las mareas de océanos y mares; y energía azul, que se produce por el desague de ríos de agua dulce en masas de agua salada.
En este sentido es loable la tarea asumida por el Gobierno nacional, porque no sólo apunta a suministrar energía eléctrica renovable a miles de familias campesinas, sino que se inscribe en la política global de los pueblos que luchan por su liberación y en defensa de la Madre Tierra, proceso del que el presidente Evo Morales es abanderado.
Es loable la tarea asumida por el Gobierno, porque no sólo apunta a suministrar energía renovable a miles de familias campesinas, sino que se inscribe en la política global de los pueblos que luchan por su liberación y en defensa de la Madre Tierra, proceso del que el presidente Evo Morales es abanderado.
La Prensa: La reforma urbana
Quizá sea necesario que se cambie la Constitución en el acápite en el que habla de la ?función social? que deben cumplir las propiedades urbanas
Los medios de comunicación están divulgando versiones preocupantes de proyectos de ley que aluden a una reforma urbana que el Gobierno se propondría aplicar desde los municipios que controla el Movimiento Al Socialismo (MAS). La última versión dice que las personas estarían libres de poseer hasta dos viviendas, pero que la tercera sería motivo de un impuesto elevado, que aumentaría más aún para el caso de un mayor número de viviendas.
Y se vuelve a aludir a la presunta intención del Gobierno de prohibir que en ciudades existan propiedades con superficie de terreno superior a los 500 metros cuadrados. En ese caso, los municipios tendrían autoridad para expropiar la superficie excedente.
El vicepresidente Álvaro García Linera respondió a la última versión diciendo que el Gobierno no tiene la intención de aplicar una reforma urbana. La aclaración parece oportuna, en vista de que medidas como las referidas sobre un límite a la cantidad de viviendas que puede poseer una persona podría provocar efectos desalentadores en el sector de la construcción.
En efecto, el ahorro interno, como lo revelan las estadísticas, se está refugiando en la compra de bienes inmuebles, por temor de los ahorristas a usarlo en proyectos empresariales. La tasa de inversión que se presenta en Bolivia sigue siendo la más baja de América Latina debido a la incertidumbre política que sigue minando la confianza de los inversionistas.
Las familias bolivianas tienen la costumbre de prever para la época de la jubilación la posibilidad de contar con alguna renta proveniente del alquiler de algún inmueble. La inseguridad sobre el sistema de jubilación ha convertido a esta práctica en una costumbre muy difundida.
Pero una ley como la antes mencionada en las versiones provocaría grandes problemas a las personas que hubieran hecho ese tipo de previsión para el tiempo del retiro. Además, si los ciudadanos no pueden invertir sus ahorros en viviendas, acabarían provocando una fuerte depresión en el sector de la construcción, que es el único boyante, fuera de las actividades ilegales.
Haría falta que el Gobierno anuncie de manera terminante que el sistema de la propiedad urbana no será cambiado. Quizá para ello sea necesario no sólo la declaración a los medios de comunicación, sino que se cambie la Constitución en el acápite en el que habla de la ?función social? que deben cumplir las propiedades urbanas.
Esa alusión es una permanente espada de Damocles que asusta a los propietarios, pues no se sabe cómo será el proceso por el cual se definirá si una vivienda cumple o no una ?función social?. Habría que cambiarla. Las garantías que desea dar el Gobierno tendrían que ser claras para que sean verdaderas garantías.
El Gobierno ha mostrado, en el campo petrolero, que puede revisar sus anteriores políticas y dar garantías a las inversiones. Del mismo modo tendría que tomar decisiones radicales para que, de una vez por todas, los ahorristas bolivianos dejen de temer que en cualquier momento sus propiedades sean afectadas, como ha ocurrido en Venezuela.
A grandes males, grandes remedios. Habrá que corregir la Constitución para aclarar este entuerto.
El Diario: Contaminación de las aguas del Titicaca
Propósitos de librar al Lago Titicaca de la contaminación han ocupado la mente de gobiernos nacionales, departamentales y municipales sin que puedan concretarse para evitar, efectivamente, la casi anulación o envenenamiento de las aguas; los empeños han durado el tiempo necesario para que se encuentre -en lo posible “con ayuda internacional”- sistemas que permitan encarar seriamente el problema.
El Titicaca es “sagrado” o es “maravilla” del mundo y tiene otros títulos que no condicen con la irresponsabilidad de abandono en que está: para ejemplo, basta citar el caso de Copacabana, cuyas playas están llenas de basura y, lo más grave, destino final de alcantarillados de viviendas y hoteles desembocan en esas aguas a vista de alcaldes, policías y quienes deberían vigilar que tanto atentado al sistema ecológico no sea práctica permanente.
¿Por qué hay lenidad, descuido, nomeimportismo, irresponsabilidad en la atención al Lago Titicaca? Todos los pueblos colindantes con las playas -seguramente también las del Perú- se sirven del lago para que sea el sumidero de basura y residuos de toda naturaleza sin que nadie ponga coto a semejante atentado. Las poblaciones que están a la vera del lago y, en casos, que explotan el turismo, hacen muy poco para limpiar por lo menos las playas y las aguas que llegan a ellas.
En Copacabana, Huarina, Batallas, Tiquina y otros sitios, hay puestos policiales y hasta de la Fuerza Fluvial y Lacustre de las FFAA a más de entidades o instituciones “cívicas que representan al pueblo” que tampoco se preocupan por problema tan grave como es el de la contaminación. Son grupos de personas que no le dan importancia a la preservación de las aguas de productos contaminantes; tampoco se preocupan por crear sitios especiales en pro del turismo.
Para la mayoría de las autoridades departamentales y municipales, el lago Titicaca es “apropiado para incrementar el turismo”; pero nada hacen en pro de esta industria que podría generar importantes ingresos y, además, servir de unión entre los pueblos que podrían planificar obras de mutuo beneficio tanto en el área de infraestructura como en los cultivos de productos alimenticios en tierras fértiles que, muchas veces, utilizan las aguas del lago y se corre el peligro de que esos productos resulten nocivos para la población.
Son las entidades como la Fuerza Fluvial y Lacustre, subgobernaciones, alcaldías y organizaciones civiles las que deben conjuncionar esfuerzos y encarar el problema con energía y no esperar que “el Gobierno lo haga” especialmente si ellos tienen conciencia de la importancia de su aporte que será en su propio beneficio.
Será preciso que el Gobierno, o más propiamente el Legislativo, aprueben una ley, previos los estudios pertinentes, por la que se prohiba terminantemente que las aguas sean sumideros de basura y desechos humanos y animales; que esas disposiciones consignen sanciones muy enérgicas para quienes las violen. En consonancia con las empresas de turismo, estudiar qué obras de infraestructura es preciso construir para reciclar parte de la basura y derivar a sitios muy alejados y profundos, mediante el sistema de alcantarillado, todos los desechos. No actuar con prontitud y vocación de servicio en este problema, implicaría que en pocos años las aguas resulten tan contaminadas que muchas especies de peces morirían, al igual que la vegetación, porque la contaminación le daría otro nombre: “el lago muerto” y sus aguas serían imposibles para el riego y el consumo animal y humano.
El Mundo: Poco nuevo
Las autoridades de Gobierno no han ahorrado elogios para presentar los alcances de su proyecto de Ley de Pensiones que pretende modificar el sistema de jubilaciones vigente en el país y que ha dado lugar en buena cuenta, a que las personas mayores, en muchos caos, tengan que resignarse a vivir todo el año con el Bono Dignidad que en buena cuenta no es otra cosa que el Bonosol o Bono Solidario, establecido con anterioridad.
Una de las preocupaciones de los gobernantes, pasada la Guerra del Chaco, fue precisamente la necesidad de retribuir de alguna manera el servicio prestado por las personas durante el desarrollo de su vida activa; en muchos sectores, el problema estaba prácticamente resuelto con el establecimiento de un sistema de jubilaciones.
Los gobiernos de David Toro, Germán Busch y Gualberto Villarroel, los tres militares, pero con una visión social muy profunda, sentaron las bases para un sistema de remuneración más justo, para las personas mayores, luego de su desempeño laboral y que comenzaron a concretarse con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en el caso de los trabajadores petroleros y de otros sectores que consiguieron similares beneficios, en base a negociaciones con sus empleadores, como es aún el caso de los trabajadores bancarios.
Con la llegada de la Revolución Nacional los estudios del sistema de jubilaciones tomaron como ejemplo la legislación que fue producto de la Revolución Mexicana y se dictó el Código de Seguridad Social que involucraba tanto el aspecto de salud como el de vejez, ambos en base a los aportes de los propios trabajadores, de sus empleadores y del Estado.
El sistema que no dejó de mostrar sus virtudes, hubiera sido mucho mejor si el Estado, como lo hizo en un principio, hubiera seguido cumpliendo con la parte que le correspondía, en lugar de distraer recursos en otros programas, tal vez más ambiciosos, pero sacrificando el interés de las mayorías a las que se menciona con frecuencia, pero que rara vez se las toma en cuenta, en ese tipo de decisiones.
Con el advenimiento del sistema neoliberal y el famoso decreto 21060 de triste memoria, los sistemas de jubilación y de salud resultaron separados, la Caja Nacional de Seguridad Social desapareció para convertirse en la Caja Nacional de Salud y el tema de las pensiones pasó a depender de las Administradoras de Fondos de Pensiones, de carácter privado.
La gran diferencia en este caso resultó ser el sistema de solidaridad que era característica del sistema anterior, en el cual los trabajadores aportaban para la pensión de los mayores, hoy los aportes de cada uno son al final su fondo de retiro, por lo que hoy el que no aporta no cobra.
Cabe recordar que en todos los gobiernos posteriores, incluyendo el actual, hubo reiterados intentos por utilizar los recursos de los Fondos de Pensiones para otros fines.
Si embargo, el mal mayor estuvo en el Estado que no fue capaz de cumplir con su parte, en ninguno de los casos, no hizo los aportes comprometidos y lo que fue peor, no pagó la cuota parte que le correspondía por el aporte para sus trabajadores e inclusive las cuotas retenidas de éstos, lo que llevó el sistema prácticamente a la quiebra.
En ese caso, los empresarios también tuvieron su parte negativa, tributando con dobles planillas de sus trabajadores y obligando a ellos a aportar en una proporción menor a la que les correspondía, en principio era una ventaja, pero a la larga pagaron las consecuencias y lo que es peor dejaron indefensos a los mayores.
El proyecto actual no es nuevo, los trabajadores dudan de que el dinero de los Fondos de Pensiones sea bien administrado por el Estado, y después de los intentos por disponer de esos recursos, queda la duda sobre la honestidad con que los gobernantes podrían manejar esos recursos para beneficiar a quienes llegada cierta edad, los han de necesitar con todo derecho.
La experiencia existe, lo importante es garantizar la actitud de quienes tengan que administrar los recurso.
Opinión: Propiedad urbana y derecho propietario
El Gobierno ha repetido en muchísimas oportunidades su absoluto respeto a la propiedad privada, tal cual establece la Constitución Política del Estado. Lo ha hecho el presidente del Estado Plurinacio- nal Evo Morales, recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera y poco antes el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo.
Y todas estas reiteraciones tienen su sentido y son oportunas porque en un asunto tan sensible como es la propiedad urbana o rural, es decir el derecho propietario de las personas que con esfuerzo y trabajo y medios honestos y lícitos han construido sus viviendas, una o más, cuando se habla sobre regularizaciones o reformas u otras calificaciones, lo primero que surge es un estado de preocupación, expresado en incertidumbre y temores. El temor que se presenta en una sociedad, por supuestas normas o leyes que pueden afectar la propiedad es algo que se va extendiendo como un reguero de pólvora y no se sabe nunca como puede epilogar.
Las aclaraciones o afirmaciones del ministro Delgadillo y del vicepresidente García Linera han sido concretas y en sentido de que el Gobierno respeta la propiedad privada, pero además afirmando que no se tiene elaborado ningún proyecto de ley de regularización de la propiedad urbana y regularización del derecho propietario sobre inmuebles urbanos. No hay nada oficial, han dicho, para añadir que están circulando papeles ?truchos? para atemorizar a la gente y que los propietarios de una, dos o tres casas tienen que estar seguros que no serán afectados, así tengan 500, 1000 metros o 3000.
Las autoridades han señalado que la presentación oficial de un proyecto de regularización no tiene fecha y es posible que se haga público recién a fin de año.
No cabe duda que las declaraciones del Ministro y del Vicepresidente son oportunas y tranquilizan a los propietarios de viviendas y predios urbanos. Lo que se conoce es que a mediados de junio pasado se empezaron a discutir algunos borradores en reuniones y eventos propiciados por un sector de las juntas vecinales; una de estas reuniones, la inicial, precisamente, se verificó en el coliseo de Huayra K?asa al sur de la ciudad en presencia del Viceministro de Vivienda y Urbanismo. En aquella oportunidad, se conoció un primer documento que desde luego no tiene valor oficial, pero que señala entre los objetivos de la ley y razones de interés social, la regularización de las condiciones de ocupación del hábitat urbano, lineamientos mínimos para el ordenamiento, la definición de la función social de la propiedad urbana y establecer sus mecanismos de aplicación, la regularización del acceso al suelo urbano, las normas de regulación y los mecanismos integrales (catastro urbano y delimitación de áreas urbanas) para la Regularización del Derecho Propietario Urbano, procesos excepcionales y extraordinarios y temporales de regularización, titulación individual y Registro en Derechos Reales, instituir los procedimientos de regularización individual y colectiva del derecho de propiedad sobre inmuebles urbanos.
Esto no es oficial, y la ciudadanía debería estar atenta a no ser sorprendida con otros supuestos proyectos que evidentemente no tienen ningún valor.
El vicepresidente García Linera y el ministro Delgadillo con las afirmaciones que han formulado hace poco, sobre este asunto, han aclarado un panorama que estaba creando cierta incertidumbre, en algo, que reiteramos, debe ser manejado con el debido cuidado y prudencia.
Clarín, Argentina: Retirada a medias de EE. UU. en Irak
El presidente norteamericano Barack Obama asumió con dos guerras heredadas del gobierno anterior, iniciadas por su antecesor George W. Bush luego de los atentados del 11-S de 2001: Afganistán, primero, e Irak después. Una de las principales promesas de campaña de Obama fue precisamente terminar con esas guerras lo antes posible.
En Afganistán, con la derrota de las milicias de Al Qaeda y evitando que el extremismo fundamentalista de los Talibanes retorne al poder. En Irak, terminando con una invasión militar que se arrastró en el tiempo sin otro logro que reconstruir a medias el estado nacional que desmanteló siete años atrás.
El anuncio del retiro de las tropas de combate de Irak para fines de este mes cumple con dicha promesa. Los costos de esta guerra para los EE. UU. son aún difíciles de calcular. Los muertos iraquíes suman decenas de miles. Su motivación original, la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y la amenaza que representaba el dictador Saddam Hussein para la paz mundial, quedó desvirtuada.
La Administración Bush elaboró una hipótesis errónea sobre el cambio de régimen y la guerra preventiva, pretendiendo que podría derrotar a Al Qaeda, instalar una democracia confiable en Irak y garantizar el acceso a los recursos petrolíferos del Golfo Pérsico.
Pero, luego de siete años, los EE. UU. anuncian el final de una guerra equivocada, que nunca debió haber comenzado, y cuyos costos se seguirán pagando por mucho tiempo.
Al cabo de siete años, los Estados Unidos anunciaron el retiro de las tropas de combate en Irak, enviadas para una guerra que nunca debió haber comenzado.