Organizaciones rechazan la imputación fiscal contra 3 periodistas de Sucre. En La Paz un juez ordena detención de Hugo Mopi, periodista pandino.
Los periodistas salieron en una marcha de protesta para defender la vigencia de la Ley de Imprenta.
Sucre/CORREO DEL SUR
Ponen en duda la Ley de Imprenta y periodistas de Sucre reaccionan
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La Constitución reconoce una ley especial del sector; la única en vigencia es la Ley de Imprenta
Los fiscales que llevan adelante la investigación del caso 24 de mayo pusieron en duda la vigencia de la Ley de Imprenta, al defender la imputación que formularon contra tres periodistas por delitos que ellos consideran ordinarios, en el marco de la nueva Constitución. El conjunto de los trabajadores de la prensa reaccionó ayer, de manera enérgica, ante esa decisión.
El fiscal de Materia, Gustavo Carrión, remarcó que, según la Constitución Política del Estado, no hay privilegios especiales para nadie; sin embargo, añadió, si los imputados consideran lo contrario, deben hacerlo conocer al juez que resolverá si les corresponde un proceso especial.
De hecho, el artículo 107 de la Carta Magna, parágrafo II, reza que «La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley». En Bolivia, la única norma vigente en este ámbito es la Ley de Imprenta.
Carrión insistió en que en este caso deben aplicarse las leyes ordinarias porque se trata de delitos que no están consignados en la Ley de Imprenta, y dejó que la defensa de los imputados haga valer, en su oportunidad y donde corresponda, su derecho a ser juzgados con esa norma.
«Para salud de todos, que los imputados agarren su abogado y planteen algún recurso ante el juez, quien es el que determina si se aplica la Ley de Imprenta o la ley ordinaria», apuntó Carrión.
En criterio de la comisión de fiscales, los periodistas imputados, detrás de sus micrófonos u ordenadores de información, más allá de informar y dar cobertura a un hecho noticioso, motivaron que determinadas personas asumieran una conducta, precisamente «por información distorsionada».
Consultado, el fiscal General, Mario Uribe, señaló de manera escueta que habría que analizar la situación de cada uno de los imputados, al afirmar que «tal vez no se trata de delitos de imprenta».
El pasado martes 31 de agosto, la comisión de fiscales que investiga los hechos del 24 de mayo, Dante Romay, Gustavo Carrión y Jhonny Escobar imputaron formalmente a los periodistas Roger Gonzáles, Delfín Ustarez y Daniel Villavicencio, este último coordinador de prensa de CORREO DEL SUR, por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y apología pública del delito.
El 24 de mayo de 2008, el periodista de este diario trabajó cubriendo el desarrollo de los hechos informativos, que se reflejaron en la edición del día siguiente.
SUMAN VOCES DE PROTESTA
Una marcha contundente le dijo no a la vulneración de la Ley de Imprenta. Los trabajadores de la prensa de Chuquisaca se manifestaron y pidieron al Ministerio Público enmarcarse a la ley y dejar sin efecto las imputaciones penales contra sus miembros.
Ayer, los afiliados de cinco sindicatos de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca marcharon por el centro de la ciudad haciendo conocer su repudio a la imputación de tres periodistas, a cargo de una comisión de tres fiscales que sigue el caso 24 de mayo.
La ejecutiva de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Alcira Barja, dijo que los periodistas de Chuquisaca «son perseguidos» por cumplir su labor informativa y, por esto, denunció ante el país y a las organizaciones internacionales de la prensa, la vulneración de derechos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y director de CORREO DEL SUR, Marco Dipp, añadió que la imputación penal a los tres periodistas de Chuquisaca es un nefasto precedente con el que el Ministerio Público se constituye en un instrumento de persecución y represión a la labor de los periodistas.
«Creemos que este es un lamentable exceso y un acto de desconocimiento a los procedimientos legales, a los derechos constitucionales que asisten a los trabajadores de la prensa y a los medios de comunicación», manifestó.
Asimismo, el dirigente del Sur de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Ramiro Echazú, dijo que están consultando con sus asesores legales, para emitir un pronunciamiento oficial, pero se mantienen firmes en que la norma que regula el ejercicio de la prensa es la Ley de Imprenta.
Ordenan detener a periodista Hugo Mopi
El juicio por la masacre de Porvenir continuará el viernes 10 de septiembre
La Razón, La Paz.- El Tribunal 6° de Sentencia que juzga a 26 ciudadanos por la masacre de la comunidad pandina de Porvenir, ocurrida el 11 de septiembre del 2008, declaró en rebeldía al periodista Hugo Mopi y demandó su aprehensión.
Durante la audiencia del caso realizada ayer, donde se presentaron 19 acusados, el Tribunal observó la ausencia de Mopi, quien había justificado su ausencia manifestando la carencia de recursos económicos, situación que rechazó el presidente del Tribunal, César Portocarrero, y “ordenó su aprehensión, arraigo y anotación preventiva de sus bienes”.
Freddy Panique, representante del Comité Impulsor del proceso judicial, explicó que en la audiencia se presentaron Danilo Huari, Olman Pino y Rosendo Domínguez, a quienes se les revirtió su rebeldía.
El juicio continuará este viernes 10 de septiembre. Se dará curso a la etapa más importante, a través de la fundamentación de las acusaciones en dos turnos, mañana y tarde, para apresurar el proceso, según los estableció el Tribunal. La masacre de Porvenir tiene como principal acusado a Leopoldo Fernández, ex prefecto del departamento de Pando.