Guillermo Hirschfeld*
ETA es el nombre de la banda terrorista que desde hace décadas actúa en España. Sus antecedentes son por todos conocidos: cientos de asesinatos, secuestros, atentados en toda la península y constituir una mancha, una verdadera tragedia para la democracia española.
Desde un tiempo a esta parte se especulaba que la banda terrorista ETA podía anunciar una tregua. En un video enviado a la BBC, la banda terrorista, el pasado fin de semana, anunciaba que ponía fin a sus "acciones armadas ofensivas". Las fuerzas políticas democráticas de España reaccionaron de forma contundente. El rechazo fue unánime. Tras el anuncio ambiguo y de corte fraudulento, se debe mantener la persecución con el brazo de la ley a la banda porque no deja de ser otra maniobra tramposa más a la que nos tiene acostumbrados. Cabe recordar que la decisión de la banda terrorista ETA de interrumpir sus "acciones armadas ofensivas" se produce por undécima vez en sus cincuenta años de existencia.
El comunicado de la banda no demuestra la voluntad de acabar con la violencia. Todos los "alto el fuego" terminaron en fracaso y decepción. ETA es una organización terrorista, pero también es el eslabón de un proyecto que busca implantar un régimen totalitario cuyo destino final es guiar, dictar y planificar el proyecto vital de las personas mediante el poder.
La historia nos indica que las concesiones políticas, el diálogo y apaciguamiento sólo acarrearon un fortalecimiento del terror frente a la democracia. En cambio, la lucha del Estado de derecho contra los terroristas, la persecución de las fuerzas de seguridad del Estado y detención de los miembros de la banda, la colaboración internacional y la presión social para que la violencia termine han arrinconado a ETA en los últimos años muy cerca del precipicio.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sobre todo, este proceso en la España democrática se marca con la ley de partidos políticos promovida por la administración del Partido Popular bajo la presidencia de gobierno de José María Aznar. Fue la que puso en una situación crítica a ETA, en primer lugar porque expulsó de las instituciones a las organizaciones vinculadas con el terrorismo y en segundo porque logró asfixiar financieramente a la banda terrorista.
Por cierto, esta ley de partidos fue reconocida como legítima y amparada por los tribunales y las máximas autoridades de derechos humanos de Europa. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la consideró una "necesidad social imperiosa" y juzgó que España estaba obligada a actuar como lo hizo para defender la democracia.
La ley de partidos española buscaba conciliar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en esa línea, que la salvaguarda de estos valores en España hacían "imperiosa" esa ilegalización de Batasuna-ETA añadiendo que "un partido político puede hacer campaña en favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones: (1) los medios utilizados al efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos; (2) el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales". Por tanto, no es sólo que se abandonen los métodos antidemocráticos, sino también las propuestas antidemocráticas, que no pueden ser defendidas ni siquiera por medios pacíficos. Y nadie debió preocuparse por la supuesta afectación del derecho al voto causada por esa declaración de ilegalidad, porque el derecho a votar partidos ilegales no existe, como es lógico.
Esta política fue toda una lección de principios y coraje político como de pragmatismo, en el sentido de que aquella vieja tesis de cierta izquierda condescendiente y resignada, que pensaba que la única manera de llegar al final de la violencia terrorista en España se desencadenaría necesaria y exclusivamente mediante un proceso de diálogo con los terroristas y el "éxito" radicaría en realizar la menor cantidad de concesiones posibles, quedaba derrumbada a la luz de los resultados que se iban obteniendo.
Hoy, lamentablemente no estamos en presencia de una tregua, de un final; todo parece llevarnos a la única conclusión posible: nos encontramos frente a una "parada estratégica" más que realiza la banda con la intención de introducir en las instituciones del Estado su brazo político. Dentro de esa hoja de ruta de ETA está la introducción de la ETA y la izquierda abertzale dentro de las instituciones vascas. He aquí la trampa, el ardid. Afortunadamente la banda carece de credibilidad dentro de España: la sociedad, y las fuerzas políticas le dan la espalda porque conocen su "juego". Por ello es importante que la comunidad internacional reconozca los elementos de análisis necesarios para comprender frente a qué fenómeno nos enfrentamos y no caer en ninguna ingenuidad política.
La única salida posible es la disolución y el fin del terrorismo. El abandono de las armas y el reconocimiento de las responsabilidades penales ante la justicia. La historia nos indica que cuando más cerca se estuvo de esta condición fue cuando se utilizó toda la firmeza del Estado de derecho y la fuerza de la ley contra la banda terrorista. El abandono definitivo de las armas, someterse a la justicia y la aceptación de un modelo compatible con la libertades cívicas y políticas de todos los ciudadanos españoles de dentro y fuera del País Vasco son la única salida para honrar la memoria de las víctimas y llegar a un final definitivo. Mientras tanto, se debe seguir con una política firme sostenida en la estrategia de la derrota por la vía de la democracia y el imperio de la ley.
* Profesor de derecho y politólogo. Coordinador de Programas para América Latina de la Fundación FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, España)
Infobae.com