Ayllus dan ultimátum a Evo para liberar a imputado de linchamiento de 4 policías. Exigen que en 24 horas los fiscales abandonen la región.
Los comunarios del norte potosino amenazan con tomar el penal de Cantumarca y exigen la renuncia de los fiscales de Uncía y Llallagua. Si alguna autoridad del Estado es sorprendida en el lugar, “sufrirá las consecuencias”. 
Encuentro. El presidente Morales (izq.) recibe documentos de los mallkus de los nueve ayllus potosinos.
Daniela Romero – La Paz, La Razón
Ayllus de Uncía desafían a la autoridad y amenazan a los investigadores
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Los nueve ayllus del Norte de Potosí dieron un plazo de 24 horas para que los fiscales que investigan la ejecución de cuatro policías en Saca Saca (Uncía) renuncien y dejen en libertad a Hilarión E.G., único sospechoso que guarda detención en Potosí.
Luego de reunirse con el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno, los mallkus Boris Antonio y Simón Colque dieron una conferencia de prensa en la que informaron de las conclusiones de un cabildo realizado el fin de semana, en el que se tomaron éstas y otras resoluciones.
“Los fiscales de Potosí deben renunciar en 24 horas porque están deteniendo indebidamente a personas que no están involucradas”, aseveró Colque en referencia a Sandro Fuertes, fiscal del distrito de Potosí; y Trifón Romero, representante del Ministerio Público en Llallagua, Potosí.
Los ayllus también conminaron a agentes de inteligencia de la Policía o personal encubierto a abandonar la zona y anunciaron represalias contra los “enemigos internos” por proporcionar información a las autoridades sobre el asesinato de los cuatro uniformados en mayo pasado.
“Quien sea de los fiscales o policías que entre a nuestro territorio o camuflados de civil van a atenerse a las consecuencias”.
“Yo recomiendo al fiscal, a los hermanos Fuertes y Romero, que deben retirar en 24 horas al personal que tiene detenidos, sino en 100 flotas o en 50 flotas los ayllus guerreros nos vamos a lanzar a la ciudad de Potosí”, advirtió.
Al ser consultado sobre estas advertencias, el vocero de Gobierno Iván Canelas dijo que el Ejecutivo pedirá a los nueve ayllus que se sometan a las leyes.
El sábado, Hilarión E.G. fue enviado a la cárcel pública de Kantumarca de Potosí por ser uno de los sospechosos de haber torturado y luego matado a los policías Nelson Alcócer Casano, Miguel Ramos Palluni, Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias entre el 23 de mayo y el 3 de junio.
Simón Colque anunció que investigarán a los “enemigos internos” de las comunidades. “Los vamos a sancionar según nuestros usos y costumbres como hombres revolucionarios. Más bien no hagan despertar al monstruo que está durmiendo”, enfatizó.
Ambos mallkus denunciaron una persecución política a los pueblos indígenas y a gente inocente. Colque afirmó que los ayllus están de acuerdo con que se haga una investigación, pero que también indaguen por qué los cuatro policías fueron hasta la localidad de Saca Saca si trabajaban en unidad de Oruro. “Se tiene que investigar sin atropellos a nuestro propio territorio. La justicia ordinaria y la indígena comunitaria deben coadyuvarse”, apuntó.
La Fiscalía seguirá adelante
Ante las amenazas de los ayllus, el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, afirmó que la investigación del linchamiento seguirá y que tomará los recaudos necesarios. “Estamos tomando las previsiones del caso. Hemos dispuesto todo lo que por ley corresponda para prever cualquier atentado contra los fiscales”, señaló a La Razón.
Aseveró que los dos mallkus que lanzaron esas amenazas “no tienen ningún tipo de representatividad”. Explicó que la investigación se la realiza actualmente desde la ciudad de Potosí. El director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Óscar Muñoz, señaló que los investigados serán citados por edictos para cuidar a los investigadores.
Ayllus dan ultimátum a Evo para liberar a imputado de linchamiento
Anuncio: Boris Colque (centro) amenaza con asumir acciones de fuerza en Potosí
La Prensa
Exigencia: Los comunarios del norte potosino amenazan con tomar el penal de Cantumarca y exigen la renuncia de los fiscales de Uncía y Llallagua. Si alguna autoridad del Estado es sorprendida en el lugar, “sufrirá las consecuencias”.
Las autoridades originarias de los nueve ayllus del norte potosino les dieron ayer en el Palacio un ultimátum al Presidente y al Ministerio Público para la liberación de Hilarión E. G. y la destitución de los fiscales de las poblaciones de Llallagua y Uncía.
Entre el lunes 24 de mayo y el martes 1 de junio, Nelson Alcócer Casano, Miguel Ramos Palluni, Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias, efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, fueron asesinados por los comunarios.
Representantes de los ayllus Puraca, Layme, Qaracha, Aymaya, Pumani, Chullpa, Sicuya, Jucumani y Qaqachaka ratificaron ayer que apoyan a Evo Morales y aseguraron que Hilarión E. G. es inocente de la imputación.
El mallku de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosino, Boris Colque, aseguró que “los nueve ayllus de la provincia Bustillo hemos sacado una resolución de ser los guardianes en nuestros territorios. Si entran los fiscales o policías a nuestro territorio, así sea camuflados de civiles, van a sufrir las consecuencias. Los fiscales de Potosí, Uncía y Llallagua deben renunciar en 24 horas”.
Los comunarios amenazaron con trasladarse a la cárcel de Cantumarca para rescatar a su compañero preso. “Si no lo ponen en libertad en 24 horas, nosotros, en 50 flotas, nos vamos a lanzar a Potosí”. Colque dijo que la justicia sólo funciona en un sentido en este caso.
El diputado uninominal de esa circunscripción Luis Gallegos (MAS) aseveró que la resolución es consecuencia de la certeza de que Hilarión E. G. “no ha participado en los hechos y lo agarraron. Es injusto; no sabemos en qué artículo de las leyes se indica que agarren a personas que no han hecho nada. Por eso creo que están molestos los ayllus”.
El dirigente admitió que “está mal que se intente tomar (la cárcel) por la fuerza, pero sabemos que las organizaciones toman decisiones. También estaría mal que no se investigue de verdad quiénes son los culpables y simplemente se lleven a una persona inocente”.
Hilarión E. G. fue imputado del presunto delito de instigar a los campesinos a ejecutar a los policías, pues dos días antes de que éstos hubieran sido capturados, su hijo de 22 años Adalid E. C. fue atracado y asesinado para robarle el automóvil en el que trabajaba como taxista entre las localidades de Uncía y Llallagua.
Johnny Castelú, abogado de los familiares de las víctimas, indicó que el detenido incluso se llevó uno de los cadáveres y el vehículo en el que los policías se desplazaron desde Oruro hasta proximidades de la comunidad de Saca Saca, aunque hasta el momento ese motorizado no fue hallado.
Después de la salida de los campesinos del Palacio Quemado, el Gobierno, según el vocero Iván Canelas, ratificó su decisión de cumplir las leyes en este caso. No obstante, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Óscar Muñoz, reveló que los uniformados no ingresarán a la zona para ejecutar las órdenes de aprehensión libradas por la Fiscalía.
“Estamos dispuestas a enfrentarnos”
Lola Pallarico, viuda del cabo Rubén Cruz asesinado en Saca Saca a fines de mayo pasado, aseguró que si los comunarios del norte potosino marcharan sobre Potosí para liberar a Hilarión E. G., “las familias de los policías muertos estamos dispuestas a enfrentarnos, pero no vamos a permitir que triunfe la injusticia”.
La entrevistada reiteró que desde que se conoció el caso recibieron amenazas por teléfono y otras vías, “pero eso ya no nos intimida, nos da más impulso para seguir adelante en nuestro empeño de que se castigue a los asesinos de nuestros esposos”, aunque aseguró que quien es el blanco preferido de los ataques anónimos es su abogado patrocinante Johnny Wálber Castelú.
Entre tanto, los trámites para cobrar los seguros de vida y las pensiones que les corresponde han quedado paralizados, en parte porque “últimamente nos hemos abocado a investigar los sucesos y hemos descuidado las gestiones, pero en todo caso, no tenemos apoyo del Gobierno, y la Policía no nos coopera como quisiéramos”.
Mientras continúa la búsqueda de los probables autores de la muerte de los cuatro policías, los familiares de las víctimas temen que hubieran huido del país.
“Usaremos la fuerza si los comunarios intentan liberarlo”
El fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, que dirige a los investigadores del linchamiento de cuatro policías en Saca Saca, advirtió ayer que el Ministerio Público apelará al uso de la fuerza pública si los comunarios intentan liberar por la fuerza a un sospechoso de ser linchador.
—Las autoridades originarias de los ayllus dieron plazo para que el detenido por el linchamiento de los policías sea liberado, ¿qué opina al respecto?
—Primero, si creen que es inocente el detenido, que nos digan quiénes son los autores para que la responsabilidad del detenido pueda reconsiderarse. Segundo, como Ministerio Público, no podemos estar sujetos a ninguna amenaza; si ellos quieren poner en libertad a la fuerza a una persona, nosotros haremos el uso de la fuerza pública necesaria.
—¿Qué significa eso?
—Que vamos a impedir una acción violenta, no podemos permitir que se cometan mayores arbitrariedades en el departamento de Potosí.
—¿Y qué dice sobre la advertencia en contra de los fiscales en la región?
—Si vemos que no hay garantías para los fiscales que desempeñan sus funciones, vamos a decidir que se desplacen de los asientos a otros donde sí tengan seguridad. No vamos a permitir que se atente contra la integridad física y la seguridad de todos los fiscales.
Sandro Fuertes / Fiscal interino del Distrito de Potosí.