Érase una vez un país cuyas finanzas públicas estaban quebradas, luego de algunos años de superávit fiscal malgastado en pagar burocracia, propaganda y prebendas, y sin un trabajo previsor de atracción de inversiones. Para llenar el hueco financiero, el equipo económico de ese país decidió tomar grandes cantidades de deuda externa, pero pronto se vio que eso sería lento e insuficiente. Alguien señaló que, como el gobierno tenía nexos de diferentes maneras con el narcotráfico, podían canalizarse fondos de esa multimillonaria actividad ilegal para cubrir el desfinanciamiento del Tesoro. Compleja tarea, sin duda, la de “blanquear” los fondos para que ingresaran a las arcas del Estado. Ya anteriormente se había ensayado el tema en pequeña escala, a través de cheques que un “país amigo” giraba a ciertas alcaldías y que no pasaban por los controles públicos habituales. Pero ahora se requería una reingeniería financiera a gran escala. Finalmente, a alguien se le ocurrió que esto podía hacerse a través de nuevos impuestos que pagaría un sector legal, que a cambio se dedicaría a “lavar” grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico. Todos (gobierno, narcotraficantes y empresarios de ese sector legal) se frotaron las manos. Y la ruleta comenzó a girar. Esperemos no vivir nunca en un país así, ¿no?
El 11-S de Quintana
Se cumple un nuevo aniversario del trágico atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que en su momento contó con el beneplácito de varios “revolucionarios” locales. Pero en Bolivia la fecha también nos recuerda otro hecho luctuoso, perpetrado en la localidad pandina de Porvenir. A lo largo de los últimos dos años, se han ido acumulando indicios sobre una planificación gubernamental del violento conflicto que acabó con muertos de ambos bandos, autonomistas y masistas. Pocos días atrás, un documental realizado por César Brie (insospechable de tener simpatía alguna por la oposición) y las declaraciones del ex sicario oficialista Blusher Alpire arrojaron nuevas luces sobre el tema. “Ayudé a Quintana a preparar el enfrentamiento del 11 de septiembre en Pando”, dijo Alpire, en un testimonio que, esperemos, sirva algún día para una condena a los verdaderos culpables en la Corte Penal Internacional.
Nemesia con “C”
Problemas del analfabetismo gubernamental: el decreto presidencial 0407 del 23 de enero de 2010, que designaba como nueva ministra de desarrollo rural y tierras a Nemesia Achacollo, incluía un horror gramatical que puede tener graves consecuencias jurídicas. El asunto es que la norma en cuestión nombraba ministra a “Nemecia” Achacollo, legalmente una persona diferente a la que ha ocupado el cargo por estos meses. Jurídicamente, por lo tanto, todas las acciones llevadas adelante por Achacollo al frente de su cartera serían nulas de pleno derecho, desde el pago de sueldos a los funcionarios hasta las reversiones y dotaciones de tierras. Mediante un nuevo decreto (0626 del 3 de septiembre de 2010) el gobierno pretende subsanar su error, obviando que el cambio de nombre no tendría efecto retroactivo alguno.
¿Se va Arminda?
Corre con fuerza el rumor de una inminente sustitución de Arminda Méndez como fiscal de distrito de Santa Cruz, cargo que podría ir a parar a manos de Zenón Rodríguez. ¿Las razones? Su actuación en el caso de Dirk Schmidt y el presunto encubrimiento a los loteadores-asesinos que quemaron a un hombre días atrás…
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