Una ley peligrosa

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Ley contra el racismo

2. Bajo el Penoco, El Día: La ley boliviana

3. Los Tiempos: LOS INDESEABLES FANATISMOS RELIGIOSOS

4. El Deber: El Beni en el sistema integrado

5. La Razón: Una ley peligrosa

6. Cambio: Hace dos años…

7. La Prensa: El Beni en el sistema integrado

8. El Diario: Angustias del pueblo por la debilidad del Gobierno

9. El Mundo: Fatídica

10. Opinión: Seguridad social de salud y un nuevo sistema

11. Clarín, Argentina: Ocultamiento de la pobreza real

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El Día: Ley contra el racismo

El nuevo proyecto de ley contra el racismo y la discriminación que ha sido puesto en consideración de la Cámara de Diputados a instancias del oficialismo, se muestra como una normativa dura y de doble filo. De aprobarse, generará más de una tensión en un terreno de por sí delicado y complejo, como es el asunto del racismo y con tantas aristas como es el de la discriminación. La intención de sancionar, incluso con la privación de la libertad, a quienes incurran en actos discriminatorios de cualquier índole, especialmente en el terreno laboral, parece dirigido intencionalmente al sector privado, aunque uno de sus acápites señala duras penas para los propios funcionarios públicos.

Por donde se vea, la normativa persigue desterrar el racismo y la discriminación en el país, así sea por la vía de la justicia. Sin duda que, si se aprecia las buenas intenciones del Gobierno, la medida legal resulta plausible porque se sustenta en la defensa de uno de los derechos fundamentales del ser humano. El hecho que la normativa sancione actos de no admisión o despido de una fuente de trabajo, por ejemplo, cuyos móviles sean de índole racista o discriminatoria, constituiría un importante avance si las cosas se hacen bien y apegadas a lo justo. No obstante, habrá que considerar el alcance y límites de esta normativa para evitar se caiga en el abuso perjudicando a empleadores privados.

En todo caso, la necesidad de aprobar códigos de ética en las empresas para sancionar administrativamente actos de discriminación y racismo no tardará en imponerse ante un proyecto de esta naturaleza, para que en el interior de las mismas empresas se actúe de acuerdo a normas claras de tolerancia y amplitud de criterio. De esta manera también habrá que establecer instancias de denuncia y de seguimiento a procesos administrativos y disciplinarios contra los funcionarios infractores que, según la gravedad de las faltas, se habrá de conducir hasta las instancias judiciales, con posibilidad incluida de cárcel.

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Sin duda que estamos yendo de sorpresa en sorpresa, como una muestra palpable que Bolivia es un país muy difícil de entender. El mismo hecho que se haya impulsado un proyecto contra el racismo y la discriminación está poniendo en evidencia la presencia de un importante nivel de intolerancia en el país, que hasta hace un tiempo daba la impresión de ser inexistente o banal. Es muy posible que el grado de confrontación política haya tenido su peso específico en esta problemática que hoy se pretende combatir desde normativas duras que se espera estén destinadas a todos por igual.

Existe una justificada susceptibilidad de parte de la opinión pública nacional, que sospecha que el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación pretende además de una tarea de prevención, coartar el derecho a la expresión en los medios de comunicación y ejercer sobre ellos una especie de control con el pretexto del racismo y discriminación. La duda ha sido sembrada, puesto que si en ellos se incluyeran notas discriminatorias, se procederá a la sanción económica o suspensión de la licencia de funcionamiento. Lo que puede ser un instrumento de control. Esta desconfianza se profundiza aún más si se toma en cuenta que en el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación no se aclaran cuáles las agravantes que ameritan llevar una denuncia a las esferas judiciales para un juicio penal. Sería deseable que el Gobierno arroje luz sobre esas sombras.

Pretende coartar el derecho a la expresión en los medios de comunicación y ejercer sobre ellos una especie de control.

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Bajo el Penoco, El Día: La ley boliviana

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se ha sorprendido por la forma cómo se están aplicando las leyes en Bolivia, y dijo no entender “cómo puede haber delito de injuria o calumnia contra una persona jurídica”, es decir contra el Banco Unión, que inició un juicio al ex presidente Jorge Quiroga, sentenciado a dos años y ocho meses de cárcel. Lo que no entiende don Miguel es que este régimen, que fácilmente mezcla hechicerías con supuestas filosofías andinas, considera que las piedras tienen sexo y que sienten, lloran y ríen como cualquier ser humano. El canciller David Choquehuanca dijo alguna vez que los derechos de las hormigas están primero que los derechos humanos, idea que ratificó el presidente Morales cuando afirmó que la Pachamama está primero que el hombre. La coca es sagrada, la casa del jefazo es patrimonio nacional y a este paso, cualquier rato aparece un santo en el gabinete. Con todo esto se consolida aquello de que “no hay cosa peor que la ley boliviana”.

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Los Tiempos: LOS INDESEABLES FANATISMOS RELIGIOSOS

Las manifestaciones de fanatismo como la que hoy atemorizan al mundo parecen ser algo más que síntomas de patologías individuales

Hoy, 11 de septiembre, se cumplen nueve años de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y, como ya es habitual desde entonces, la fecha se conmemora con actos de lo más diversos. Algunos de ellos, signados por el odio, la intolerancia religiosa y la avidez de venganza. Otros, inspirados más bien en la urgente necesidad de que las heridas abiertas ese día, así como todas las que por fanatismos de toda índole han regado de sangre la historia de la humanidad, sean restañadas para dar lugar a la convivencia pacífica y mutuamente enriquecedora entre creencias y culturas que no por distintas están condenadas a ser incompatibles entre sí.

Este año, esta fecha tan cargada de simbolismo es esperada con más miedo que esperanza. Es que ha llegado a tal punto el fanatismo y la agresividad de algunos líderes de las tres principales religiones monoteístas que no parecen infundados los temores de que en pleno Siglo XXI se reediten escenas que hasta hace poco se consideraban relegadas a las páginas más oscuras de la historia medieval.

La más reciente expresión de ese fenómeno es la amenaza lanzada por un pastor devoto del fundamentalismo protestante estadounidense que, en señal de protesta por el propósito de construir una mezquita en el centro de Nueva York, ha advertido con quemar ejemplares del Corán en lo que no puede ser interpretado sino como una provocación, o incluso una especie de declaración de guerra religiosa dirigida a los musulmanes.

En efecto, así ha sido entendido tal despropósito no sólo por los más radicales clérigos islámicos, sino también por los más proclives al entendimiento entre las religiones. Asimismo, los más importantes e influyentes líderes seculares y religiosos del mundo entero, como el papa Benedicto XVI pasando por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hasta los gobernantes de los más diversos países, han aunado sus esfuerzos con el propósito de disuadir a quienes se sienten llamados a desencadenar "la ira de Dios" contra quienes no comparten sus creencias.

Lo más alarmante es que abundan los motivos para temer que entre quienes encabezan las huestes de modernos guerreros religiosos abundan los individuos que han perdido el pleno uso de sus facultades mentales. Es el caso del pastor estadounidense que prepara la pira para quemar el Corán, cuya hija, como otras personas de su más estrecho círculo, ha advertido que se trata de un demente que requiere urgente ayuda psiquiátrica.

En otras circunstancias, y si ese fuese el caso, el asunto podría ser resuelto con una camisa de fuerza o unos fármacos que alivien la salud mental de quienes se consideran ejecutores terrenales de voluntades divinas. Desgraciadamente, tal fórmula no parece suficiente porque las manifestaciones de fanatismo como la que hoy atemoriza al mundo parecen ser algo más que síntomas de patologías individuales.

Es alentador, sin embargo, constatar que son muchos los líderes judíos, cristianos -católicos y protestantes- y musulmanes -sunitas y chiitas- que han unido sus voces para convocar a sus respectivos seguidores a mantener la serenidad y sumarse a un esfuerzo ecuménico para preservar la paz.

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El Deber: El Beni en el sistema integrado

Aunque es un hecho demasiado tardío, la interconexión eléctrica que llegó a Trinidad a principios de este mes es un acontecimiento que se debe saludar como corresponde. La planificación de esta obra duró quince años, según las memorias del Estado boliviano, que ha dejado a toda la Amazonia nacional en virtual abandono desde 1825.

Esta demora es más inexplicable si se toma en cuenta que la inversión necesaria para la conexión Caranavi-Trinidad sólo demandó una inversión de US$ 38,2 millones, cifra inferior al costo del avión presidencial.

Fue necesario levantar 828 torres para cubrir los 370 kilómetros, con cuatro subestaciones intermedias, para que una región que representa un cuarto del territorio nacional reciba energía eléctrica del sistema integrado.

Los benianos dicen que ellos pagaban por la energía eléctrica producida por plantas termoeléctricas las más altas tarifas del país, debido a que el combustible para moverlas debía ser llevado en un costoso sistema de transporte que comprendía uso de camiones cisterna y de barcazas.

Es bien sabido que el precio de los combustibles en la región amazónica es mayor que en el resto del país, precisamente por las dificultades del transporte.

Pero el hecho de que los habitantes de esa región no cuenten con energía segura los ha dejado sin posibilidades de progresar y de vivir con las elementales condiciones que hacen el bienestar. Como es bien sabido, la energía es el factor esencial para el desarrollo de las actividades económicas.

El departamento del Beni figura en todas las estadísticas nacionales sobre economía en los nueve departamentos en el penúltimo puesto.

La falta de energía segura y a precios competitivos ha mantenido a ese departamento y a toda la región -con las tasas extremas en Pando- en total desventaja respecto del resto del país o, como dice un himno, condenados a ser sólo el futuro de Bolivia.

Un país que demora 185 años en incorporar a un departamento como el Beni al esfuerzo pleno del desarrollo tenía que estar atrasado. Pando sigue postergado, aunque las inquietudes políticas de los últimos años lo han incorporado a las mayores tensiones, a tal punto que es el único departamento que tiene ciudadanos en calidad de refugiados políticos en el extranjero.

La llegada del Sistema Nacional Integrado de electricidad a la ciudad de Trinidad es una muy buena señal, aunque esté tan demorada. Significa que el país está entendiendo que debe poner en marcha a todas sus regiones si quiere progresar.

También significa este hecho que el centralismo no puede seguir viviendo de espaldas al resto del país, con actitudes de desprecio a regiones específicas.

Esto, sumado a las diferentes preferencias políticas que se dan en esas regiones, ha generado que el centralismo haya decidido tratarlas con mano de hierro, cuestionando incluso a sus autoridades elegidas.

Podría el país estar ante la perspectiva de que el centralismo vaya aprendiendo que Bolivia está en todas partes, con la misma intensidad, y que no hay regiones con más bolivianidad que en otras.

Nuestros líderes tienen mucho que aprender, pero les ayudaría mucho conocer todo el país.

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La Razón: Una ley peligrosa

Los medios y sus componentes, que incluyen al público, perderían la libertad de expresión

Por un lado, la ley en cuestión es un paso significativo en la lucha por la defensa de los derechos humanos en Bolivia pero, por el otro, conlleva el riesgo de que sea aplicada en forma discrecional. Los elementos subjetivos pueden cambiar totalmente el espíritu de la norma.

Los asambleístas del oficialismo, a la hora de explicar el contenido del proyecto de ley, mencionan, entre otros argumentos, que el objetivo es modificar el relacionamiento de las personas sobre la base del respeto mutuo. Qué bueno que se propongan enfocarse en la prevención, generando conciencia de este tema en las escuelas.

El racismo y otras formas de discriminación aún perviven en el país y no está mal que se busquen alternativas para combatir estos problemas casi endémicos de la sociedad. Mas, se debe tener cuidado de no llevar el asunto a un extremo tal que provoque exactamente el efecto contrario al deseado: esto podría derivar en la exacerbación del odio entre bolivianos.

Entre los artículos controversiales destacan dos que restringen la labor de los medios de comunicación al obligarles a velar por el contenido de sus artículos. Desde el momento de la promulgación de la norma, ningún medio escrito, radial o televisivo podrá contener notas discriminatorias, bajo sanción económica o suspensión de la licencia de funcionamiento.

Se puede perseguir un fin saludable, pero el conflicto se presenta en el momento en que se corre el riesgo de que la ley sea manipulada o quede a expensas del criterio —bueno o malo— de tal o cual persona. En lo subjetivo de esta legislación radica el problema.

Claramente, los medios de comunicación (y los componentes que intervienen en el proceso de la comunicación, entre ellos, el lector, el oyente y el televidente) perderían uno de sus principios más elementales: la libertad de expresión. Además, sobre periodistas y medios podría desatarse una suerte de persecución legal, al estar permanentemente bajo la lupa de gente malintencionada o con intereses políticos y de otra índole; gente interesada en perjudicar o interferir en la labor profesional de las empresas periodísticas independientes.

No se cuestiona la voluntad de castigar el racismo y cualquier forma de discriminación, sino la posibilidad que se abre de controlar los contenidos que se publican en los medios, lo cual sentaría un funesto precedente para la democracia boliviana.

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Cambio: Hace dos años…

Hace dos años, sicarios al servicio del entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, consumaron una de las masacres más espantosas de las que Bolivia tenga memoria. El 11 de septiembre de 2008, 13 personas —entre campesinos y estudiantes normalistas, de una multitud que se dirigía a la ciudad de Cobija para instalar un ampliado departamental— fueron asesinadas por impactos de proyectiles disparados por armas de fuego, decenas quedaron heridas y un número aún indeterminado están desaparecidas.

Ayer, luego de superar un sinuoso camino, lleno de obstáculos sembrados por los abogados defensores de los sospechosos de ese crimen de lesa humanidad, el Ministerio Público fundamentó ante un juez la acusación en contra del principal inculpado: Leopoldo Fernández Ferreira, cómplices y encubridores.

El fiscal Eduardo Morales planteó el procesamiento de los implicados por los delitos de asesinato, homicidio, asociación delictuosa, lesiones graves y gravísimas, concurso real y participación criminal; identificó al ex prefecto pandino como al autor mediato del crimen cometido en la región de Porvenir y, por lo tanto, se ratificó en el pedido de condena a 30 años de privación de libertad en el marco del juicio oral instaurado contra Fernández y otros 25 sospechosos.

Las investigaciones desvelaron que el otrora poderoso político derechista era el líder de una estructura criminal bien organizada, que tenía el control de la voluntad de los funcionarios que trabajaban bajo sus órdenes y que fue ese poder que ostentaba el causante de la masacre, amén de las amenazas, persecuciones y torturas a las que fueron sometidas las víctimas por parte de empleados de la Prefectura de Pando, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) y la Alcaldía de Porvenir.

El representante del Ministerio Público expuso que los delitos contra los trabajadores del agro fueron cometidos cuando éstos estaban desarmados y apenas contaban con un plato, una cuchara y un caneco para asistir al ampliado convocado por el líder de su federación.

Las investigaciones desnudaron que el ex prefecto fue responsable directo de la creación de una fuerza armada paralela a la legalmente establecida y cuya tarea era mantener la estructura de poder que ostentaba en Pando.

Por la gravedad del delito cometido y porque esa matanza de inocentes campesinos era parte de un proceso sedicioso en contra la unidad de la patria, el 12 de septiembre de 2008 el Gobierno decretó en ese departamento un estado de sitio en defensa de la vida, con el pleno respaldo del pueblo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

No obstante, y como una muestra del inmenso poder económico y político que tenía, Fernández desafió la implementación de esa medida constitucional. Y con su pose de cacique impune desautorizó desde su feudo a su colega de Tarija, Mario Cossío, quien, a la medianoche de ese día, se reunía con autoridades de Gobierno en el Palacio Quemado para intentar buscar un acercamiento con Fernández.

"No vamos a permitir que se aplique un estado de sitio que ya no tiene sentido y razón de ser en un país que creíamos que había avanzado mucho en la institucionalidad y que hoy se viene todo abajo, estamos retrocediendo 20 años. Cuando volví a hablar con Mario Cossío le dije que ya no llevaba mi representación porque había otra situación en la región y yo no podía dialogar con este tipo de cosas", declaró.

"Están muy equivocados (el Gobierno) si creen que con esto (estado de sitio) nos van a amedrentar, si creen que con la vaina del sable, con los tiros, con los muertos, vamos a huir", advirtió Fernández. Y un día después, el 13 de septiembre, justificó la masacre al verter una falaz versión que generosamente recogieron los medios de comunicación vinculados a corrientes neofascistas que aún operan en el país.

"Todos (campesinos) venían armados, hicimos unas zanjas para evitar que lleguen hasta Cobija, era uno de los últimos recursos que teníamos (…) Les va a costar implementar un estado de sitio abusivamente. Creyeron que Pando era el eslabón más débil", afirmó entonces sin lamentar, en ningún momento, por las víctimas que cobraron sus grupos de choque.

Pero pudo más la decisión de un pueblo cansado de tanta impunidad y el estado de sitio sí fue implementado. A las 10.45 del 16 de septiembre de 2008, efectivos militares detuvieron a Fernández Ferreira en Cobija, lo embarcaron en una aeronave que despegó a las 11.04 de la capital pandina y llegó al aeropuerto de El Alto a las 12.50. Se había dado el primer paso para buscar justicia para las víctimas de la masacre de Pando. Sin embargo, transcurridos dos años de ese crimen de lesa humanidad, muchos autores y cómplices de esa matanza aún se pasean impunes por las calles de Cobija, de la brasileña vecina Brasilea y de otras ciudades bolivianas.

Ante las evidencias acumuladas sobre la asociación criminal que encabezara Fernández, es previsible que sus abogados insistan en que al ex prefecto le corresponde un juicio de responsabilidades —como si hubiera sido electo para promover el asesinato de personas—, que es ‘víctima de una persecución política’ y que el caso debería ser trasladado a Pando.

Existe una sola posibilidad de que Fernández Ferreira y sus cómplices sean declarados inocentes: es que no haya víctimas. No obstante, ahí están los muertos, los huérfanos, las viudas… y un pueblo que a dos años de la masacre exige que se haga justicia.

Existe una sola posibilidad de que Fernández Ferreira y sus cómplices sean declarados inocentes: es que no haya víctimas. No obstante, ahí están los muertos, los huérfanos, las viudas… y un pueblo que a dos años de la masacre exige que se haga justicia.

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La Prensa: El Beni en el sistema integrado

La llegada del Sistema Integrado de Electricidad a Trinidad significa que el país ya entiende que debe poner en marcha a todas sus regiones?

Aunque es un hecho demasiado tardío, la interconexión eléctrica que llegó a Trinidad a principios de este mes es un acontecimiento que se debe saludar como corresponde. La planificación de esta obra duró 15 años, según las memorias del Estado boliviano, que ha dejado a toda la amazonia nacional en virtual abandono desde 1825.

Esta demora es más inexplicable si se toma en cuenta que la inversión necesaria para la conexión Caranavi-Trinidad sólo demandó una inversión de 38,2 millones de dólares, cifra inferior al costo del avión presidencial.

Fue necesario levantar 828 torres para cubrir los 370 kilómetros, con cuatro subestaciones intermedias, para que una región que representa un cuarto del territorio nacional reciba energía eléctrica del sistema integrado.

Los benianos dicen que ellos pagaban por la energía eléctrica producida por plantas termoeléctricas las más altas tarifas del país, debido a que el combustible para moverlas debía ser llevado en un costoso sistema de transporte que comprendía uso de camiones cisterna y de barcazas.

Es bien sabido que el precio de los combustibles en la región amazónica es mayor que en el resto del país, precisamente por las dificultades del transporte.

Pero el hecho de que los habitantes de esa región no cuenten con energía segura los ha dejado sin posibilidades de progresar y de vivir con las elementales condiciones que hacen el bienestar. Como es bien sabido, la energía es el factor esencial para el desarrollo de las actividades económicas.

El departamento del Beni figura en todas las estadísticas nacionales sobre economía en los nueve departamentos en el penúltimo puesto.

La falta de energía segura y a precios competitivos ha mantenido a ese departamento y a toda la región ?con las tasas extremas en Pando? en total desventaja respecto del resto del país o, como dice un himno, condenados a ser sólo el futuro de Bolivia.

Un país que demora 185 años en incorporar a un departamento como el Beni al esfuerzo pleno del desarrollo tenía que estar atrasado. Pando sigue postergado, aunque las inquietudes políticas de los últimos años lo han incorporado a las mayores tensiones, a tal punto que podría considerarse como el único departamento que tiene ciudadanos en calidad de refugiados políticos en el extranjero.

La llegada del Sistema Nacional Integrado de Electricidad a la ciudad de Trinidad es una muy buena señal, aunque esté tan demorada. Significa que el país está entendiendo que debe poner en marcha a todas sus regiones si quiere progresar. También significa este hecho que el centralismo no puede seguir viviendo de espaldas al resto del país.

Esto, sumado a las diferentes preferencias políticas que se dan en esas regiones, ha generado que el Gobierno haya decidido tratarlas con mano de hierro, cuestionando incluso a sus autoridades elegidas.

Podría el país estar ante la perspectiva de que el Estado centralista vaya aprendiendo que Bolivia está en todas partes, con la misma intensidad, y que no hay regiones con más bolivianidad que en otras.

Nuestros líderes tienen mucho que aprender, pero sin lugar a dudas les ayudaría mucho conocer todo el país.