El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

Lo que acaban de aprobar los diputados puede convertirse en un instrumento de violación de la libertad de información y opinión

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Nueva doctrina para las FFAA

2. Bajo el Penoco, El Día: Oí camba, perate aú

3. Los Tiempos: El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

4. El Deber: Reflexiones en el Bicentenario

5. La Razón: Modelo según Fidel

6. Cambio: Cinco antiterroristas cubanos

7. La Prensa: En contramano con la justicia y la razón

8. El Diario: Es urgente combatir al narcotráfico

9. El Mundo: Pulverizados

10. Opinión: Cochabamba es la tierra de la integración

11. Clarín, Argentina: La utilización política de los derechos humanos

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El Día: Nueva doctrina para las FFAA

El anuncio de la entrega de las bases de discusión sobre la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, por parte del Ministro de Defensa al Comandante de las Fuerzas Armadas, ha concitado la expectativa de la opinión pública. Sin duda, el Gobierno pretende unas Fuerzas Armadas modernas, según el propio anuncio oficial, de manera que la institución castrense pueda asumir un nuevo rol en los destinos del país, ligados íntimamente al proyecto político del Estado Plurinacional y las normativas de la nueva Constitución Política del Estado. En otras palabras, se ha señalado que se incorporarán importantes avances en materia de seguridad y defensa.

Sin embargo, todavía no resulta convincente el argumento de la existencia de variadas amenazas internas y externas para el Estado Plurinacional, como lo ha promovido el oficialismo para otorgar un nuevo rol a las FFAA. Si así fuera, debe haber pleno conocimiento que ello implica mayor personal castrense con nueva formación y equipamiento, en directa concordancia con los adelantos científicos y tecnológicos de la época y plenamente involucrados en la lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas, de personas, lucha contra el terrorismo, crimen organizado, contrabando y el calentamiento global. Como puede apreciarse, un nutrido cúmulo de responsabilidades sólo posibles de asumir si se dan condiciones para una real imbricación política e ideológica integral.

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De hecho, esto significa una participación plena y consciente de las FFAA en el desarrollo del país en el marco de un modelo sino similar, al menos muy cerca al de los países de la otrora órbita socialista. Todavía más, dentro de un marco social, económico y político que el más notorio representante de la Cuba socialista ha señalado como desfasado frente a los nuevos desafíos del presente y futuro del país. Es posible que se afirme que la coyuntura histórica es distinta, por lo que las connotaciones de la nueva doctrina de las FFAA devienen en un modelo novedoso y práctico. Está por verse si los procesos marchan juntos y resultan factibles de aplicarse.

Lo plausible de esta situación es que las propias FFAA en su conjunto son las que deberán decidir si adoptan esta nueva doctrina que propone el Gobierno, que a decir de la oposición busca sólo el sometimiento de la institución castrense al oficialismo. Pese a las suspicacias, ha quedado muy claro el elevado grado de responsabilidad a encarar, una vez identificadas las amenazas y riesgos internos y externos, y señalados los escenarios político-estratégicos, mundiales, regionales y estatales que se presentan como los retos del futuro para el Sistema de Seguridad y Defensa del Estado, cuyo eje gira sobre el nuevo rol y doctrina de las FFAA.

Se trata, nada menos, que de un proceso de internalización en las FFAA de las bases filosóficas del Estado Plurinacional, su constitucionalización y pluriculturalidad, de los fundamentos, visión estatal, estructura y recursos asignados al sector Defensa para llevar adelante la misión institucional. En otras palabras, se busca la acción integral Estado-Sociedad y FFAA a través de una reforma estructural de largo alcance y que pretende la defensa de la soberanía nacional y la seguridad del país desde la óptica del estado socialista comunitario que persigue el Gobierno. Lo cierto es que el futuro del país depende de lo que se haga o deje de hacer en este punto.

Puede verse un cúmulo de responsabilidades posibles de asumir si se dan las condiciones idóneas para un nuevo rol de las FFAA.

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Bajo el Penoco, El Día: Oí camba, perate aú

Con la ley del racismo, los bolivianos debemos tener mucho cuidado a la hora de hablar si no queremos terminar en la cárcel. Cualquier lenguaje ofensivo puede ser motivo de una denuncia y los suspicaces podrán arruinarnos hasta la comida. Por ejemplo, alguien podría sentirse discriminado con un rico “sonso” por lo que habrá que decirle “brochetta de yuca a la muzzarela”. En el Beni, esos deliciosos cogotes rellenos llamados “Camba muerto” tendrán que cambiar de nombre. ¿Y a la “papa imilla” qué le decimos?. Ya no nos podremos comer una “negra” (morcilla) en el churrasco y  hasta los restaurantes italianos tendrán que pensar en otra cosa para sus “penne a la putanesca”. Será tan complicada la cosa, que alguna comparsas cruceñas “Cunumis”, “Cambas Vagos” y otras tendrán que rebautizarse; la “Madre India” tendrá que ser “Progenitora Originaria” y al “Camba Florencio” debemos recordarlo de otra manera para no meternos en líos. Seguramente no se acabará la discriminación, pero de que habrá “cacería de brujas”, eso nadie lo duda.

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Los Tiempos: El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

NUESTRA PALABRA

Lo que acaban de aprobar los diputados puede convertirse en un instrumento de violación de la libertad de información y opinión

En el camino hacia el establecimiento de un sistema autoritario en el país, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley contra el racismo que ha sido aprovechado para atacar en forma abierta la libertad de expresión y opinión. De un plumazo, los diputados del oficialismo -al parecer con la aquiescencia de algunos periodistas alineados con el Gobierno– han vulnerado importantes principios universalmente reconocidos sobre este delicado tema y están por lograr lo que el viejo sistema de partidos políticos no lo pudo hacer: que los periodistas sean procesados, por su oficio, en el marco del Código Penal.

¿Qué establece el proyecto de ley? Que "los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación en relación con su responsabilidad de generar opinión pública" y dispone "que los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como la Internet, eliminen de sus programaciones lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio" (Art. 6/III, Incs. c y d). El artículo 16, que el "medio de comunicación que autorizare o publicare ideas racistas y de discriminación será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación". Y el artículo 25 dispone la incorporación al Código Penal de un capítulo  "denominado ‘delitos contra la dignidad humana’, con las siguientes penas. Racismo, con pena de tres a siete años. Discriminación, de uno a cinco años. Difusión e incitación al racismo o la discriminación, de uno a cinco años. Organizaciones o asociaciones racistas, de uno a cuatro años. Insultos y agresiones verbales racistas, trabajo hasta 18 meses y multa de 150 días".

Como en muchos otros casos, alguna gente considera, de buena fe, que hay abusos que cometemos en el oficio de la información que no son debidamente procesados, por lo que hace falta que la regulación y la autorregulación funcionen en forma debida. Pero, está claro que ése no es el propósito que anima a los diputados del MAS. Esos artículos muestran que el objetivo es infundir temor a los operadores de medios para que asuman una posición pasiva en su compleja labor de informar correctamente a la ciudadanía. Además, las sanciones previstas retrotraen a tiempos medievales al reponer castigos de privación de libertad (cárcel) a los presuntos delitos de opinión que serán procesados como dispone el Código Penal, es decir, a través del Ministerio Público, que ha sido convertido en una agencia de represión política en el país, y un sistema judicial que, como también se observa en los últimos años, se ha rendido a las presiones provenientes del Órgano Ejecutivo y el MAS.

En ese contexto, lo que acaban de aprobar los diputados es una norma que presuntamente está dirigida a un bien mayor (la lucha contra el racismo) pero que fácilmente se puede convertir en un instrumento de violación de la libertad de información y opinión. Es de esperar que los senadores, recogiendo el pedido que los periodistas han hecho a través de sus diversas organizaciones gremiales, eliminen este intento de sancionar la opinión.

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El Deber: Reflexiones en el Bicentenario

Debemos recordar que la tendencia a mezclar el recordatorio de lo cívico-histórico con el baile, el desfile y otros actos ceremoniales no es algo peculiar de la región cruceña, sino también de autoridades y pueblos de todas las regiones del país. Acaso en las del occidente se halle mayormente arraigada la tendencia festiva que nos legaran los españoles para honrar esto y aquello, tal como lo registran en sus relatos los cronistas del periodo colonial.

Las autoridades españolas celebraban con fiestas (misas, concentraciones, desfiles y bailes públicos) que duraban semanas, el onomástico del Rey de la Corona hispánica o la posesión oficial del presidente de la Real Audiencia de Charcas.

Tales costumbres se mantuvieron tras la Independencia de 1825, con la diferencia de que los ritos ceremoniales no tenían ya nada que ver con España, sino con procesos, hechos y personajes de la República. Lo hispánico formal, sin embargo, se mantuvo casi al pie de la letra.

Santa Cruz conserva aún muchos rasgos de los fastos ceremoniales de los tiempos de la Colonia. Aquéllos se manifiestan ahora en los que han sido programados para la celebración del Bicentenario del pronunciamiento cruceño por la Independencia. Mucha fiesta, baile y gran despliegue ceremonial. Ocurre, bueno es destacarlo, que tras apagarse los decibeles de esta algarabía cívica a la antigua, la región volverá a encararse con los males que actualmente nos aquejan y que, al parecer, durante los referidos festejos, no inducirán a reflexión alguna por parte de quienes se hallan en la obligación de hacerlo, por ser autoridades o líderes cívicos.

Esa reflexión debe analizar no sólo un presente tan conflictivo como el que vivimos, sino también un futuro signado de incertidumbres de toda clase. ¿Cómo resolver los problemas que hoy confronta no sólo la región cruceña, sino también su propia capital? ¿Cuáles son los planteamientos de la política regional para soluciones reales?

Hubiera sido encomiable que dentro del programa de festejos del Bicentenario se consignara algún tipo de encuentro de amplia participación institucional y vecinal que debata los temas referidos y llegue a conclusiones que sirvan de orientación para cuanto Santa Cruz deba o tenga que hacer en el presente y en el futuro.

El pasado es pasado y hay que celebrarlo, pero sin desconectarse del presente y del futuro. Un presente y un futuro que exigen reflexiones insoslayables en todo recordatorio cívico y con mayor razón al conmemorarse la mayor gesta cívica cruceña. Tales reflexiones también deben y tienen que encontrar su espacio en medio del jolgorio y de las actividades meramente protocolares.

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La Razón: Modelo según Fidel

Fidel Castro ha vuelto a asombrar al mundo con su idea de que “el modelo cubano no nos sirve ni a nosotros”, una de las frases para recordar y marcar entre los hechos destacados de la historia, aunque ayer desmintiese que lo dijo, atribuyendo la frase a la mala interpretación del periodista que le entrevistó sobre los 51 años de la revolución que él mismo lideró en su país.

Pero, ¿qué dirán los presidentes que guían sus pasos mirando a este octogenario? ¿Dónde quedó el aguerrido comandante en jefe de la revolución? Parece ser el mismo, sólo que ahora reconoce sus errores y pisa tierra firme antes de que la sociedad cubana en pleno le reclame por no haberse subido al carro de la modernidad.

Su afirmación de que el modelo impulsado por él ya no funciona, realizada para la revista The Atlantic al periodista estadounidense Jeffrey Goldberg, fue interpretada por éste como que Castro reconocía que el Estado tiene un papel demasiado grande en la vida económica de su país. Es eso y también un espaldarazo a las reformas que promueve su hermano Raúl.

Aunque las autoridades se nieguen a aceptar su apertura al mundo de los capitales y prefieran hablar de una “actualización del modelo económico cubano”, la isla poco a poco va cambiando, si no en lo político, cuando menos en lo económico y en lo social.

En el año 2008, Raúl Castro empezó a insinuar esos cambios hasta llegar a autorizar la apertura de negocios privados y la contratación de mano de obra para contrarrestar los problemas ocasionados por la dependencia exclusiva de la participación del Estado en la economía. Hoy en día, se anuncia el despido de al menos un millón de trabajadores estatales como producto del colapso del viejo modelo económico que, ahora, además, es desacreditado por su propio padre, Fidel.

En medio está el bloqueo comercial impuesto por EEUU, una política unilateral muy cuestionada porque, en definitiva, perjudicó a los propios isleños que sufrieron de múltiples privaciones, aunque no por esa única causa.

Hace décadas que los cubanos no viven bien dentro de la isla. Su excesiva dependencia de las importaciones, entre otros motivos, ha ido minando al comunismo decadente y ajeno al contexto internacional.

Después de los primeros atisbos de una apertura a mayores espacios del mercado, el reconocimiento de la caducidad del antiguo modelo podría ser desmoralizante para los idealistas del comunismo. Fidel sabe que no son tiempos para seguir dependiendo exclusivamente del Estado. ¿Qué opinan al respecto los presidentes sudamericanos que ven en él a un líder y, sin embargo, impulsan cada vez con más fuerza una ola nacionalizadora, en desmedro de la inversión privada?

Luego de conocer el nuevo pensamiento de Fidel, da la sensación de que el anciano líder rejuvenece y se renueva, mientras que los jóvenes caudillos se vuelven retrógrados.

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Cambio: Cinco antiterroristas cubanos

Hace cinco días falleció en Estados Unidos el reverendo Lucius Walker, incansable luchador por la libertad de cinco cubanos injustamente encarcelados acusados de terrorismo por las autoridades de ese país. Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino y Fernando González cumplen duras penas en cárceles estadounidenses por el único delito de haber evitado que nuevos actos terroristas se planifiquen y se ejecuten, desde Miami, en contra de la Revolución Cubana.

La trágica noticia de la muerte de Lucius —líder de la fundación interreligiosa Pastores por la Paz— llegó a las prisiones donde cada uno de los cinco se encuentra detenido. Tres de ellos, Hernández, Guerrero y Labañino, expresaron su pesar por tan irreparable pérdida mediante una carta difundida el viernes.

En el mensaje de Gerardo, quien cumple dos injustas cadenas perpetuas más 15 años en prisión, recuerda que Lucius, bajo las más exigentes circunstancias, puso a prueba su fidelidad y principios, enfrentando obstáculos, aparentemente insalvables, para llevar a Cuba la solidaridad del pueblo de Estados Unidos, aun bajo agresivas políticas de sus gobiernos.

"Algún día se impondrá la fraternidad entre ambos pueblos, dando paso a todo lo que nos une. Ése será el mejor tributo a su memoria, coraje, integridad y perseverancia y sincero espíritu cristiano, que lo hicieron tan querido por el pueblo cubano", agregó Gerardo.

Antonio Guerrero, condenado a 21 años y 10 meses de cárcel, comentó que a través de su madre recibió la noticia del fallecimiento de Lucius, incansable luchador por la paz y los derechos civiles, e incondicional amigo de la Isla.

Como dijo José Martí —agregó Antonio en su mensaje—, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, y así sabemos que la presencia de este gran hombre y amigo será eterna y que su obra no se detendrá. En tanto que Ramón Labañino, condenado a 30 años de prisión, expresó en su nota que conmovió profundamente "conocer la dura noticia de la partida del entrañable hermano".

"Un incansable luchador por el bien de la humanidad, en la defensa de los mejores valores de los pueblos de Estados Unidos y de Cuba, que siempre batalló por hacer realidad el sueño de ver el fin del bloqueo y las mejores relaciones de respeto y amistad entre nuestros países, se ha marchado", añadió Ramón.

Es que la obra y el legado del reverendo Lucius Walker para la construcción de una nueva sociedad justa y solidaria ha sido reconocido no sólo por Cuba, país que soporta un cruel e inhumano bloqueo económico por parte de la más grande potencia que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra, sino por todos los pueblos que luchan por su liberación definitiva.

Esos cinco luchadores antiterroristas cubanos, reconocidos como héroes por su pueblo, cumplen injustas condenas desde septiembre de 1998 por monitorear a grupúsculos contrarrevolucionarios asentados en Miami y que buscan destruir la Revolución Cubana.

El 12 de septiembre de 1998, hace exactamente 12 años, Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René fueron detenidos por agentes de los servicios secretos de Estados Unidos cuando cumplían, como única misión, averiguar los planes de los grupos terroristas anticubanos que operan libremente en Miami, para alertar a su patria sobre esas funestas pretensiones.

Una vez capturados, fueron víctimas de un juicio manipulado en la ciudad de Miami, territorio completamente hostil dominado por la más radical disidencia cubana. A tenor con las propias leyes de Estados Unidos y el Derecho Internacional, esa ciudad era el lugar menos indicado para realizar un juicio justo e imparcial contra los presos antiterroristas caribeños.

Fue en Miami donde se articularon varios atentados contra Cuba, como el acto terrorista del 6 de octubre de 1976 al Douglas DC-8 de Cubana de Aviación, en el que fallecieron sus 73 ocupantes, entre ellos el equipo nacional de esgrima cubano. Documentos desclasificados en 2005 desvelaron que el atentado contra el vuelo 455 fue obra de Luis Posada Carriles, agente a sueldo de la CIA y ex miembro del Ejército Norteamericano.

Esos documentos de la CIA indican que esa agencia estadounidense "tenía inteligencia concreta, de avanzada, tan temprano como junio de 1976, sobre planes de grupos terroristas cubanos exiliados de atacar con una bomba un avión de línea de cubana".

Es en este contexto que el 12 de septiembre de 1998 esos cinco héroes cubanos fueron detenidos y posteriormente condenados acusados de terrorismo, un acto de barbarie al que no son ajenos sujetos anticastristas del exilio cubano en Miami con fuertes vínculos con la CIA.

Es por eso que en este aniversario del encarcelamiento de los luchadores cubanos es necesario que el mundo conozca que más de una década de esos 12 años Gerardo, Ramón y Antonio han permanecido en prisiones de máxima seguridad; que René y Gerardo no han podido ver a sus esposas. Son 12 años en que los cinco fueron obligados a permanecer más de 635 días en celdas de máximo aislamiento.

Son 12 años de dolor para cinco familias cubanas que han visto crecer a sus niños sin el abrigo de sus padres, han tenido que despedir a sus seres queridos sin el consuelo de sus amados hijos. Son 12 años de visas manipuladas, de vergüenza para la justicia del país que pretende dictar cátedra al mundo en materia de derechos humanos, son 12 años de un impune atentado en contra del género humano.

Son 12 años de dolor para cinco familias cubanas que han visto crecer a sus niños sin el abrigo de sus padres, de vergüenza para la justicia del país que pretende dictar cátedra al mundo en materia de derechos humanos y de un impune atentado en contra del género humano.

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La Prensa: En contramano con la justicia y la razón

La difamación y la calumnia son los mejores pretextos, por subjetivos que sean, para aplicarlos contra cualquiera que muestre su desacuerdo?

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha sostenido que la condena de dos años y ocho meses de cárcel para el ex presidente Jorge Quiroga, por lesionar moralmente a un banco, no es razonablemente aceptable. Esa declaración, conectada a su esperanza de que la sentencia sea revisada para estar de acuerdo con el Sistema Interamericano, constituye una de las más duras críticas a la justicia boliviana, pero también al Gobierno.

El que cualquier persona sea condenada a prisión por injuriar o calumniar a una persona jurídica es una aberración inaceptable. Este tipo de acciones que atentan contra la razón y la justicia sólo puede producirse bajo un Gobierno intolerante que, además, alienta esta clase de irregularidades legales y demuestra que ha desaparecido la independencia de poderes, esencial para la democracia.

Se ha visto con sorpresa cómo el Gobierno, a través del segundo hombre del país, hizo causa común con un banco al que no se cansó de asegurar que era privado, aunque el Estado tenga más del 80 por ciento de las acciones. Con este criterio, deberíamos convenir entonces con que ninguna de las empresas petroleras ?nacionalizadas? pertenece al Estado, porque en cada una de ellas el Estado tiene mayorías accionarias muy pequeñas.

Son actitudes como ésta, en la que se desnudan influencias indebidas, presiones políticas, violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, las que generan un daño significativo, no sólo interno, sino internacional, a la imagen del régimen gobernante y del país.

No pasa inadvertida para la comunidad internacional que el Gobierno boliviano incurra en acciones que van contra principios básicos de la sociedad establecidos y reconocidos como sagrados e intocables en el mundo democrático. Están las persecuciones implacables a opositores políticos mediante la aplicación de una irracional ?ley corta? dirigida a alcaldes y gobernadores de la oposición. Con ello, no sólo se busca pulverizar a los adversarios políticos, sino eliminar cualquier obstáculo en su marcha hacia el objetivo final de controlar totalmente el poder.

La difamación y la calumnia se han convertido en los mejores pretextos, por muy subjetivos que sean, para aplicarlos contra cualquiera que muestre su desacuerdo con el Gobierno, aunque no sea necesariamente opositor.

La aprobación de leyes, como la de Régimen Electoral o la del racismo, en proceso de aprobación, constituyen flagrantes violaciones a la libertad de expresión porque contravienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el sistema jurídico interamericano y los principios de la libertad de expresión. Ambas son una aplicación antidemocrática de la censura previa desterrada del mundo civilizado.

El Gobierno debe entender que por este camino de irrespetos, su popularidad y todas las simpatías que despertó, y que ya empezaron a caer, entrarán en un tobogán, no sólo dentro, sino fuera del país. Pero, además, sobre todo debe reflexionar en torno al daño enorme que se le está haciendo al país y a la democracia, de la que se considera un baluarte.