Según el fiscal de Distrito, Sandro Fuertes, Villena melló la dignidad de los fiscales con sus declaraciones “alejadas de la verdad” sobre el caso del linchamiento de los cuatro policías en Uncía
Familiares de los policías linchados en Uncía y el abogado Johnny Castelú. – Afka Periodista Invitado
Los Tiempos. Por Erbol El Potosi y – Agencia. Potosí |
La Fiscalía de Distrito de Potosí analiza enjuiciar al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, por los presuntos delitos de desacato y difamación que habría cometido al realizar declaraciones “alejadas de la verdad” sobre las investigaciones que realizan los fiscales de ese distrito sobre el linchamiento de cuatro policías en la comunidad de Cala Cala, Uncía, en mayo pasado.
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El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, informó que una junta de fiscales definirá hoy si enjuician al Defensor del Pueblo porque presuntamente dañó la honra y dignidad de los policías y fiscales que investigan lo ocurrido el 22 de mayo en uno de los ayllus potosinos.
“Como Ministerio Público, nos sentimos afectados toda vez que este funcionario público (Villena) ha faltado a la verdad, nos ha ofendido en el ejercicio de nuestras funciones. (…) Por lo tanto, cometió el delito de desacato y ahora veremos después de una junta de fiscales la posibilidad de llevar adelante una acción judicial en contra de esta autoridad”, manifestó Fuertes.
Villena, en pasados días, –según Fuertes– realizó una serie de declaraciones a la prensa potosina en el sentido de que la Fiscalía y la Policía no estarían encarando de forma eficiente las investigaciones en el caso denominado “ayllus de Uncía” e incluso habría aseverado que se actuó negligentemente habida cuenta de que los investigadores no hablan el idioma de los originarios de los ayllus.
Asimismo, –dijo– se tomó la atribución de calificar de ilegítima la detención de Hilarión Escapa, uno de los sindicados por el linchamiento.
“No vamos a permitir que una autoridad sin conocimiento alguno de todos los actos que se han realizado exprese opiniones alejadas de la verdad. Por consiguiente, como funcionarios públicos nos sentimos dañados en nuestra honra y dignidad, y tenemos que hacer conocer a todo el Estado boliviano que vamos a tomar las medidas que el caso aconseje para que se pueda reparar el daño que nos ha causado”, sentenció Fuertes.
Sandro Fuertes dijo que todos los investigadores hablan perfectamente el idioma quechua y aclaró que en el norte potosino no se conversa en aymara.
“Lo aseverado (por el Defensor) no tiene base, no tiene algo que lo sustente. Viene dañando la honorabilidad de la Policía y Ministerio Público sin tener respaldo”, expresó el fiscal.
Aseguran avances en la identificación de los autores
En cuanto a los resultados de las investigaciones, el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, recordó que a la fecha en el caso existen seis probables autores del linchamiento de los policías identificados, uno de ellos actualmente detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca: Hilarión Escapa Gallego.
Por su parte, el fiscal Juan Carlos Ramírez, cabeza de investigación, en idioma quechua hizo conocer los nombres de cinco sospechosos más, que el Ministerio Público está buscando tras emitir los mandamientos de aprehensión.
“Eloy Janayu, Anaclero Mendoza, Juan Coyo, Ángel Coyo, Hilarión Escapa Gallego y Filomena Muruchi Torino”, detalló al dar a conocer que estas personas fueron citadas ya por edictos y se está a la espera de que se presenten en los plazos señalados por ley, caso contrario se declarará su rebeldía.
Ramírez hizo esa declaración en quechua para desvirtuar las declaraciones del Defensor, que denunció que las indagaciones estaban estancadas debido a que los fiscales del caso no hablaban los idiomas originarios de los comunarios de Uncía y que supuestamente tenían que recurrir a traductores para tomar declaraciones de los pobladores.
El Fiscal General aclara que no renunció
Mario Uribe desmiente la especulación que se dio el fin de semana
Sucre – El fiscal general del Estado, Mario Uribe, desmintió ayer los rumores de su posible renuncia al cargo que ostenta, difundidos el último fin de semana, y aseguró que “ni siquiera le pasó por la mente” abandonar sus actuales funciones.
“(A) mi autoridad, ni siquiera se le ha pasado por la mente renunciar al cargo. De tal manera, yo continúo cumpliendo mis funciones con normalidad y reitero, jamás, ni siquiera hemos referido de soslayo, si quiere, la posibilidad de la renuncia”, expresó Uribe, quien, durante la jornada de ayer, realizó sus actividades normales y participó de la audiencia del juicio de responsabilidades en el caso conocido como Octubre Negro en la Corte Suprema.
Nota. Dijo que desconoce la fuente de la información y la calificó como tendenciosa. “No conocemos exactamente de dónde habría salido (la noticia), pero estoy seguro de que desde el interior de la Fiscalía General, no”, indicó.
La Fiscalía General, a través de un comunicado de prensa, aclara que la versión difundida es falsa y reprueba que algunos medios de comunicación hayan especulado al respecto. Agrega que el jefe del Ministerio Público, conforme manda la ley, está desarrollando sus competencias de acuerdo con la Carta Magna, en defensa de la legalidad e intereses de la sociedad.
Suspenden audiencias de "octubre negro" por enfermedad de uno de los jueces
El Deber. Las audiencias dentro del juicio de responsabilidades contra dos ex ministros de Estado y cinco ex jefes militares juzgados por el caso denominado "octubre negro" quedaron suspendidas hasta el próximo lunes debido a la súbita enfermedad de uno de los miembros del Tribunal.
La audiencia fue postergada inicialmente en horas de la mañana debido a la inasistencia de uno de los conjueces, por lo que la vista debía reinstalarse a primera hora de la tarde de este lunes en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, según información oficial, el ministro Hugo Suárez sufrió una descomposición que obligó a su internación en una clínica de esta ciudad, donde deberá permanecer en observación por algunos días.
El Tribunal resolvió convocar a una nueva audiencia el próximo lunes 27 de septiembre, cuando deban reinstalarse el proceso que todavía se encuentra en la fase de presentación de pruebas periciales y testigos ofrecidos por la Fiscalía General.
Durante los últimos días comparecieron ante el Tribunal expertos en balística que se refirieron básicamente al tipo de munición empleada durante los enfrentamientos ocurridos en el departamento de La Paz durante los meses de septiembre y octubre del año 2003.
Esos peritos llegaron a la conclusión de que el material utilizado por las fuerzas militares era el mismo que se utiliza en conflictos bélicos, lo que reforzó la hipótesis de la Fiscalía de que las Fuerzas Armadas dispararon sobre civiles utilizando munición de combate.
Sin embargo, fuentes de la defensa de los cinco ex jefes del Alto Mando Militar cuestionaron esos informes indicando que la munición descrita por los peritos del Ministerio Público ya no se utiliza en las Fuerzas Armadas bolivianas desde hace casi tres décadas atrás.
A las audiencias asisten solamente los ex ministros de Trabajo, Adalberto Kuajara Arandia, y de Desarrollo Sostenible, Eric Alberto Reyes Villa, mientras que en la parte acusada están los ex jefes militares Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Juán Véliz Herrera, Luís Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza. ANF