El representante legal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Antonio Santos, informó a EL DIARIO que la empresa siderúrgica canadiense Atlas Precious Metal tiene un plazo de tres meses para retirarse de la planta fundidora de Karachipampa porque el Estado decidió rescindir el contrato; sin embargo, el representante legal de la compañía, Jorge Valle, aseguró que se quedarán en Bolivia mientras siga el proceso arbitral.
“Atlas no tiene la mínima intención de continuar, tiene el plazo de tres meses partiendo de la fecha de notificación y a partir de esa, Comibol realizaría las acciones a tomar. Ellos (Atlas) solicitaron, en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Defensa Legal, que Comibol reconozca los 12 millones de dólares de inversión y el monto del valor de la boleta de garantía, condición para que se retiren del país”, manifestó Santos.
Para el representante legal de Comibol, la empresa al no haber respondido la notificación de fecha 15 de julio del año en curso, para que Atlas continúe con el proyecto de Karachipampa y presente una nueva póliza de garantía de cumplimiento del contrato, se da por entendido que están fuera.
EMPRESA
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Entretanto, Valle manifestó que lo más probable es que la empresa canadiense se retire del país porque Comibol se encuentra dificultando las negociaciones, además que la situación ya se encuentra muy tensa para llegar a un convenio de trabajo.
Sin embargo, informó que Atlas seguirá en el país para continuar con el proceso arbitral, porque ese sería el camino correcto.
“Con respecto al plazo de tres meses para irnos del país, no es cierto, porque no existe cosa alguna. No sé de donde la Comibol se inventa esos plazos o quién es el que lo orienta tan mal, pero él (Santos) y el ministro de Minería (José Pimentel) hablan cualquier cosa”, explicó Valle.
OTRA EMPRESA QUE SE VA
Jorge Valle dijo que esta es otra empresa que se va de Bolivia y se llevan con ella un aproximado de 145 millones de dólares que pensaban invertir en el país.
“No se puede creer en esta gente que no realiza propuestas serias, ni maneja como corresponde y el Gobierno no hace nada. Mediante las reuniones con el Ministerio de Defensa Legal, la ministra (Elisabeth Arismendi) se retiró de este conflicto, argumentando que cada parte debe hacer lo que le corresponda porque la Comibol no quiere llegar a acuerdos” manifestó Valle.
Además, el representante legal de la compañía, Jorge Valle, solicitó que se realice la continuación del arbitraje internacional que ya se notificó hace tres días a la Comibol, esperando una respuesta.
PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO
Por otro lado, la Comibol expresó que se desconoce totalmente la existencia de la planta de ácido sulfúrico que, según la empresa canadiense, se encuentra en Houston- Texas porque no realizaron la entrega de ningún tipo de comprobante de pago o algo que acredite esta planta.
Pero, el representante de la empresa canadiense declaró que esto es totalmente falso y que se presentó las fotocopias del contrato original, la documentación de adquisición, cotizaciones y hasta documentos del depósito del puerto. “Quieren desmerecer, no quieren creer, es por eso que queremos ir al tribunal arbitral”, manifestó.
Además, añadió que la empresa estatal no realizó ningún tipo de corroboración sobre la existencia de la misma porque señalan que la empresa canadiense debería demostrar la compra, por la inversión que ellos se comprometieron a través del estudio de factibilidad.
“La Comibol, a través de su presidente y el Ministro de Minería, en marzo de 2010, solicitó al representante legal de Atlas la documentación de respaldo que acredite la compra de esta planta; sin embargo, en ningún momento, desde que se hizo la petición de manera verbal y escrita, presentaron dichos documentos de compra y sólo presentaron unas fotocopias en ingles de una proforma de esta planta” manifestó Santos.
“Sabemos perfectamente que no se realizó la compra de la planta, de lo contrario ellos ya hubieran presentado las facturas”, finalizó. El Diario
Concesiones mineras llegan a su fin
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La Patria. Las concesiones mineras terminarán su vigencia en diciembre, asegura el ministro de Minería, José Pimentel, al señalar que la nueva relación será definida en la ley sectorial que está en proceso de elaboración.
Las cooperativas mineras de igual manera deben firmar contratos con el Estado, aun cuando “hay un derecho pre-constituido” igual “se tiene que cambiar también”, es decir “regirse con las nuevas normas”, aseguró el Ministro.
“Estamos trabajando con el borrador, esperamos que hasta fin de mes ya tengamos un primer borrador”, para luego consultar a operadores y otro involucrados en esta actividad extractiva, indicó la autoridad.
“Lo que nosotros pretendemos es que sí haya inversión privada, una buena inversión en el sector minero, pero para que el Estado pueda aprovechar de esa riqueza y pueda financiar su desarrollo con los excedentes que genera esta riqueza”, subrayó el viceministro de Desarrollo Productivo, Héctor Córdoba.
Ambas autoridades coinciden, en declaraciones por separado, que la Constitución Política del Estado especifica que los recursos naturales son de propiedad de los bolivianos.
En ese marco, “la adjudicación de concesiones ya no tiene vigencia”, puntualizó Pimentel. En tanto que Córdoba agregó que las empresas mineras que inviertan en el país recuperarán sus recursos y recibirán la ganancia legal.
La Carta Magna reconoce como recurso natural a “los minerales en todos sus estados”, por lo tanto “son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”, (artículos 348 y 349).
CUANDO LLUEVE MOJA A TODOS
Las actuales concesiones mineras se transformarán en contratos, con obligaciones en cuanto a las inversiones y la recuperación de los minerales y derechos “que tienen de explotar por tiempos determinados y en calidades y sujetos a todas las leyes de país”, indicó Pimentel.
La autoridad reiteró que “no” hay migración de contrato o modalidad, porque “las concesiones concluyen en el mes de diciembre”. Por lo tanto, habrá nuevos contratos, nueva relación y nuevo plazo, éste dependerá de cada contrato, pues en unas áreas ya estarán concluyendo y en otras van a empezar la actividad minera.
Mineros chicos, medianos, grandes y cooperativistas firmarán contrato con el Estado, tomando en cuenta “cada yacimiento y cada actor minero”, puesto que cada uno “tiene su particularidad que tiene que estar en el contrato”, aclaró el Ministro.
La “nueva forma de ver las cosas va a estar plasmada en la nueva ley minera para que los contratos que se suscriban con aquellas personas que ahora tienen concesiones permitan al Estado aprovechar de verdad la riqueza que ahora la CPE ha definido claramente como que es del pueblo boliviano”, remarcó el viceministro Córdoba.
Fuente: La Patria