Quizá el peor daño de la coca sea provocado a la imagen internacional del país y de sus ciudadanos. La captura de cientos de bolivianos sorprendidos en el exterior, especialmente en naciones limítrofes y en algunas de Europa, con cargas de cocaína es una vergüenza para todos.
La Razón
Editorial
Mientras la gran mayoría de las actividades económicas legales confrontan situaciones críticas, ya sea por falta de inversiones, por los precios o por restricciones a las exportaciones, el sector cocalero avanza en el territorio y en la realidad económica y social del país.
El episodio protagonizado por los cocaleros de los Yungas de La Paz, que exigían el permiso para comercializar su producto en Cochabamba y Santa Cruz, hizo que se conozca el avance de la coca en Bolivia. Los dirigentes yungueños, en efecto, dijeron que el Gobierno está tolerando la existencia de nuevas zonas de cocales ilegales, además de los del Chapare. Ahora, esas plantaciones están también en Yapacaní, en San Julián, en Rurrenabaque y en los parques nacionales.
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Esta denuncia de los cocaleros yungueños, hecha en nombre de la única zona del país donde se puede cultivar la coca legalmente, viene a contradecir, entonces, los informes del Gobierno nacional sobre el control de estos cultivos.
Según la versión oficial, los cocales ilegales se han reducido en extensiones superiores a lo comprometido. Eso fue, por lo menos, lo que afirmó el presidente Evo Morales cuando definió como injusta la sanción aplicada por Estados Unidos contra Bolivia para la suspensión de los beneficios del ATPDEA.
Pero en Yungas aseguran que los cultivos están cubriendo regiones de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, norte de La Paz y Beni. Los parques naturales también han sido invadidos por los cocales, según denuncias difundidas en Santa Cruz.
El daño que causa el cultivo de la coca a la economía boliviana es muy grande. Comienza por perjudicar actividades económicas legales, como el cultivo de café o de cítricos, amenaza a la industria turística en el Chapare, crea una competencia desleal en el pago de jornales que los otros cultivos no pueden cubrir y dañan la tierra. Además, según dirigentes campesinos del altiplano cochabambino, los cocaleros no pagan impuestos de ningún género. Tampoco aranceles de exportación de la hoja. Son miles de toneladas de coca que salen hacia Argentina todos los años y, al parecer, nadie cancela aranceles por esa millonaria exportación.
Quizá el peor daño de la coca sea provocado a la imagen internacional del país y de sus ciudadanos. La captura de cientos de bolivianos sorprendidos en el exterior, especialmente en naciones limítrofes y en algunas de Europa, con cargas de cocaína es una vergüenza para todos y una situación que debe cambiar.
El presidente Morales, surgido de los sindicatos de cocaleros del Chapare, de los que sigue siendo dirigente, proclama su oposición a la política de “coca cero”. Su argumento es atendible, en vista de que la hoja es consumida, en su forma original, por muchísimas personas en el país y también fuera de él. A cambio de esa postura, el Mandatario propone “cocaína cero”.
El problema es que se ha hecho muy difícil evitar que miles de toneladas de coca ilegal, que le llaman “excedentaria”, vayan al narcotráfico. Las capturas de droga en el país se han incrementado más del doble en los últimos años. Los que conocen de este tema dicen que lo que se captura, generalmente, representa apenas el 20% de la producción. Por lo tanto, Bolivia estaría ante el mayor crecimiento del narcotráfico de su historia.