¿Qué pasó el 30 de septiembre en Ecuador? Para la Conaie y otras organizaciones de izquierda, fue una rebelión social contra un gobierno cada vez más derechista, autoritario y antipopular.
Es probable que la profusa propaganda y el apasionamiento político hayan confundido a muchos “analistas” y les hayan impedido de ver el trasfondo de la violenta revuelta en la que murieron al menos seis personas.
Analizando con cabeza fría, ¿una rebelión policial –supuestamente alentada por el opositor Lucio Gutiérrez y por algunos grupos marginales de izquierda y del movimiento Pachakuti– sin apoyo de la derecha local y del gobierno de Estados Unidos puede calificarse como “golpe de estado”? Hay que recordar que la derecha ecuatoriana y el propio Departamento de Estado respaldaron plenamente al gobierno de Correa.
La crisis policial de Ecuador se parece mucho más al motín de uniformados de febrero de 2003 en Bolivia contra el “impuestazo” al salario que pretendió imponer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La chispa de la insurrección policial en Ecuador fue el proyecto de Ley de Servicio Público del gobierno que ha sido rechazado por el movimiento popular y sindical porque elimina varios beneficios sociales y bonificaciones extraordinarias para los trabajadores y la tropa policial.
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El proyecto de ley anula ciertos derechos de los trabajadores del sector público, incluidos policías y militares, como por ejemplo beneficios de jubilación, el derecho a pensiones, premios y otros, aseguró el vicepresidente de CEDECUT Edwin Medoya.
Los diputados de la oficialista Alianza País votaron en la Asamblea Nacional a favor de una ley acordada previamente con los trabajadores públicos, pero en un segundo debate el presidente Correa vetó la norma consensuada.
La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) explicaron que el principal responsable de la crisis política fue el propio gobierno de Correa, que “en vez de satisfacer las inmensas necesidades y reclamos de las masas ecuatorianas ha facilitado la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua y la expansión de la frontera petrolera”.
Según el vocero del MPD Stalin Vargas, el gobierno de Correa se ha ido derechizando y en la actualidad promueve un nuevo código de trabajo que privilegia a los empresarios y que podría dejar sin trabajo a 200 mil servidores públicos, dando continuidad a la vieja política económica neoliberal.
La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, demuestra que “un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, si no establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente”, advirtió la Conaie en un pronunciamiento público firmado por el presidente de la Conaie Marlon Santi, el presidente de Ecuarunari Delfín Tenesaca, el presidente de Confenaie Tito Puanchir y el presidente de Conaice Olindo Nastacuaz
La Conaie afirma que “mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado…”.
Frente a las críticas y a la movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agrocomerciales, el gobierno de Correa responde con violentas represiones, como la ocurrida en Zamora Chinchipe, en total alianza con los sectores empresariales emergentes más reaccionarios, se queja la Conaie.
El movimiento indígena ecuatoriano manifestó ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su “rechazo a la política económica y social del gobierno”, y consideró que la crisis social del jueves ha sido “provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos”.
La Conaie convocó a sus bases a mantenerse en alerta de movilización “contra el modelo extractivista” y en defensa de la verdadera democracia Plurinacional y de los “derechos de los trabajadores afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos”.
La organización indígena exigió al presidente Correa que abandone su “actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes (porque) ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la derecha y crea escenarios de desestabilización”.
Los sectores sociales críticos reiteraron que el gobierno de Correa está obligado a rectificar el proyecto de Ley del Servicio Público porque vulnera los derechos de los trabajadores y del pueblo de Ecuador.
Bolpress